A pesar de pensar diferente ... Poder Judicial del Perú no condenará a nativos amazónicos awajún

Publicado en 26 junio 2011 por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Perú: Poder Judicial archiva proceso contra Alberto Pizango y otros dirigentes nativos

25-6-2011

Dirigentes nativos Alberto Pizango y Marcial Mudarra, en foto de archivo.

Servindi, 25 de junio, 2011.-

Luego de más de dos años de investigación, el juez del 37º Juzgado Penal de Lima decidió archivar la investigación judicial seguida contra Alberto Pizango, Marcial Mudarra y otros dirigentes nativos por el delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de “apología a los delitos de sedición y motín”, al no haberse comprobado la realización de los mismos.

La denuncia fue interpuesta por el Ministerio Público el 22 de mayo de 2009, luego de que el dirigente máximo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) hiciera un llamado a la insurgencia, entre otras declaraciones, en el marco de la lucha de los pueblos amazónicos para que se deroguen varios decretos lesivos a sus derechos.

La resolución del juez señala que los hechos no configuran apología a los delitos de sedición y motín ya que los mensajes no contienen una incitación capaz de establecer en la población amazónica la influencia necesaria para perpetrar los delitos denunciados y sólo canalizaban la voluntad de la población que era la búsqueda de la derogación de los decretos legislativos en cuestión.

El Ministerio Público, además, había presentado como pruebas de su denuncia un comunicado que fue difundido en el portal de Aidesep, y las declaraciones en la conferencia de prensa en la que emplea las frases: sentir admiración “por la lucha heroica de 35 días, pasando hambre, frío, calor, sufriendo agresiones intensas”, “hemos ido a buscar el diálogo con el primer ministro, con el presidente del Congreso, con los dirigentesde las bancadas parlamentarias, todos nos han respondido lo mismo: ‘no nos interesan los pueblos indígenas ni sus derechos’”.

La Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) asumió desde un inicio la defensa legal del indígena Marcial Mudarra Taki, líder de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas Región San Lorenzo (Corpi-San Lorenzo). Tenía claro que los cargos por los cuales se acusaba carecían de sustento jurídico penal.

Para la Comisedh, esta resolución reivindica la lucha del pueblo amazónico por el respeto a sus derechos.

http://lamula.pe/2011/06/25/peru-poder-judicial-archiva-proceso-contra-alberto-pizango-y-otros-dirigentes-nativos/Servindi

ALBERTO PIZANGO: “Nuestro único delito es pensar diferente.”

Hace 6 días

Por Javier Mejía

Esta fue una semana donde los términos conflictos sociales, pueblos originarios y líderes regionales estuvieron en el ojo de la opinión pública.

Que son unos salvajes; que quieren dividir el país; que truncan el progreso de millones de ciudadanos; que son unos resentidos sociales; que no deberían llamarse peruanos. No se indigne. Seguramente en su entorno social ha escuchado opiniones como éstas.

Imagínese que usted es uno de los que piensa así. A su lado está el líder amazónico Alberto Pizango. Escúchelo. Póngase en su lugar. Entender al Otro (que en realidad es parte de Nosotros) es el reto de todos los peruanos. Yo lo hice. Estas son sus respuestas.

Subido por The10sanmarcos el 18/06/2011

ENTREVISTA A LIDER AWAJUN ALBERTO PIZANGO

Díganle a Amnistía Internacional que en lo de Bagua su opinión no vale

Demanda judicial contra líder selvático Alberto Pizango por ...

25 Jun 2011 – Luego de dos años de investigación, el Juez del37° Juzgado Penal de Lima, decidió archivar el proceso seguido contraAlberto Pizango Chota, ...
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Nada impedirá que el Congreso investigue el Caso ... - cinabrio blog

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Bonos verdes REDD en entredicho para ... - cinabrio blog

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¿Quién es Pizango?
Un hasta ahora poco conocido perfil político, ideológico y familiar del líder indígena que ha marcado la irrupción dramática de un nuevo actor en la inestable escena política nacional: la organización de los olvidados pueblos amazónicos del oriente peruano.

Por Edmundo Cruz / la republica.pe

Una fuente vinculada a la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que conoce de cerca la evolución de la organización representativa de 44 etnias y 1,786 comunidades indígenas, aceptó introducirnos en el mundo de esta organización social para centrar nuestra indagación en la personalidad de Santiago Alberto Pizango Chota, presidente de la matriz nativa, ahora en el exilio obligado.

¿Quién es en realidad Segundo Alberto Pizango Chota?, ¿cuáles son sus ideas políticas, su ideología, cuáles fueron las fuerzas que lo alentaron en esta lucha?, ¿hubo injerencia de partidos políticos de izquierda o de gobiernos o movimientos extranjeros? Estas son preguntas que siguen flotando en el ambiente después de la ofensiva de descrédito que se desató contra él y Aidesep.

Sin partidos
Sobre la vinculación con los partidos políticos la explicación es clara. Hay una etapa, entre el 2008 y el 2009, relata la fuente, cuando el movimiento amazónico, como movimiento nacional, se proyecta mas allá de sus linderos y emprende la defensa de sus derechos pero debe pasar obligatoriamente por la venia del Congreso. Ante esa situación la directiva de Aidesep acordó hablar no con una sino con todas las bancadas políticas, inclusive la bancada fujimorista y Unidad Nacional, esta última tenía una posición principista en contra del movimiento amazónico aún mas radical que el APRA.

Por supuesto, se habló con el Partido Nacionalista, el Bloque Popular, con Perú Posible y Acción Popular. La fuente aclaró, ante una pregunta nuestra, que jamás ha habido una conversación política de Aidesep con Patria Roja. No hay ninguna vinculación orgánica con ningún partido político de izquierda.

Cabe recordar que esta matriz se organizó durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, en los años de la reforma agraria y la ley de comunidades nativas (1969). Antes eran comunidades aisladas. Los awajún, asháninkas y shipibos hacían sus gestiones por su propia cuenta. A raíz de esa ley convergen a Lima y son organizados por Sinamos que, como se recordará, pregonaba la doctrina del no-partido. Desde entonces son muy celosos de la manipulación partidaria. Esto no quiere decir que algunos partidos, como el Nacionalista, hayan levantado la bandera del movimiento amazónico como propio, pero eso ya está fuera del alcance de Aidesep, organización que niega cualquier coordinación o alianza con los nacionalistas.

La ideología
En realidad, Alberto Pizango no es un político en el sentido occidental del término o en la acepción criolla de tal actividad, explica nuestro informante. Él es un político que mira el mundo a partir de la cosmovisión indígena. Es un líder espiritual para su gente, pero la espiritualidad indígena difiere de lo que nosotros podemos entender por espiritual. Su concepción de territorio, por ejemplo, es mucho más amplia que las cosas materiales que contiene. De allí que el indígena se resista a llamar recurso natural al bosque. Para él, el bosque es la residencia de sus ancestros y no tanto un recurso natural, allí habitan todos los seres que son parte de su mundo y de su vida. No es tan sencillo comprender el modo de pensar de un líder nativo como Alberto Pizango. Tan es así que César Hildebrandt terminó una entrevista que le hiciera antes del 5 de junio diciéndole con toda honestidad: “Mira, yo no te entiendo nada”.

Biografía
Alberto Pizango es un shawi. Una etnia eminentemente espiritualista, posee los mejores médicos naturales de toda la amazonía. Conocen mejor que nadie las propiedades de las plantas maestras: el tabaco y el ayahuasca, que son los insumos básicos de sus prácticas espiritualistas. Pizango se mantiene fiel a estas prácticas ancestrales, tiene dos maestros con los que hace retiros de una semana para rituales con las plantas maestras. “Yo mismo lo he acompañado a algunas de esas prácticas de una semana”, cuenta la fuente.

El próximo 31 de agosto, Alberto Pizango cumplirá 45 años. Es natural de la comunidad nativa de Irapay, distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto. No se ha occidentalizado. Sus palos siguen puestos allá, en su tierra natal, Irapay. “Cuándo volveré a mi chacra, cuándo volveré a mi escuela”, comenta a menudo. “Somos seis hermanos”, recuerda Segundo Chuquipiondo Chota, el menor, de 23 años. Es promotor de una ONG en Lima y gentilmente ha accedido a relatarnos la vida de Alberto, su hermano por línea materna. Segundo tiene el teléfono en la mano para llamar a su madre Luz Emérita Chota si necesita consultar un dato.

A los 17 años Alberto era uno de los profesores practicantes mas jóvenes de su comunidad. Ingresó a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana UNAP, facultad de educación, especialidad de lengua y literatura y se graduó como Licenciado en Educación Bilingüe Intercultural.

A los 23 años empezó su carrera de profesor titulado, a pedido de la comunidad de Pampayaco. Enseñó durante 18 años en unas 15 comunidades. A los 24 años desposó a Sonia Huiñapi Pizango siguiendo las prácticas ancestrales. Tuvo 4 hijos: Plinio, José Luis, Luis Alberto y Yanui Huisan. El mayor lo acompaña en Lima. Los menores acompañan a su madre en Yurimaguas. Como maestro rural bilingüe asume y difunde la cosmovisión de sus antepasados. Construye su discurso político con parábolas. “Este es un chichirichi (pájaro de la fauna regional que destruye el nido del otro)”, dijo refiriéndose a las personas que no hacen nada y después se montan en las cosas que otros hacen. El 2008, cuando se hizo la primera gran movilización indígena, él hablaba de la estrategia de la huangana (nombre de un chancho salvaje muy gregario que ataca en grandes grupos, de 100 o 200) para llamar a los nativos a que imiten al animal. Si nos atacan, nos arrinconan, aplicamos la estrategia del sajino huérfano. Por cierto, conducir un movimiento de alrededor de 400 mil peruanos pertenecientes a unas 71 etnias que hablan 67 lenguas originarias distintas no es una labor sencilla. Y Alberto Pizango obviamente debe haber cometido errores. Es destacable que se haya erigido en el vocero interlocutor de una representación social tan vasta y complicada.

El asilo que se le ha otorgado está rodeado de un movimiento internacional de solidaridad evidente, que no exhibieron otros casos como el asilo de Javier Valle Riestra en España, por ejemplo. Debe, sin embargo una explicación pública al país sobre la conducción del movimiento que pasó por la cruenta experiencia del 5 de junio y que ahora concluye victoriosa. La declaración que ha rendido ante un fiscal en la embajada de Nicaragua en Lima tiene fines estrictamente judiciales. El poder de los nativosLa Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) reúne en su base a 1,350 comunidades indígenas, que a su vez agrupan a unas 44 etnias.Encima de las comunidades están las Federaciones y en un tercer nivel las Organizaciones Regionales. En el nivel más alto está el Consejo de Coordinación Ampliado, el Consejo Directivo y como la más alta instancia la Asamblea General.

Aidesep tiene en la actualidad siete soportes regionales. Uno de ellos es la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), de la que forman parte todos los pueblos del Bajo Marañón. Aquí se ubica el río Paranapura, en cuyas orillas está Irapay, la tierra natal de los Pizango. La Asociación ha logrado la recuperación de 13 millones 788 mil hectáreas, a través de la titulación de tierras comunales. Ha titulado a 300 maestros indígenas especializados en educación bilingüe.

Fuente: La Republica

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Torrentes de sangre en el Amazonas

A comienzos de junio, el presidente peruano Alan García, un aliado del presidente norteamericano Barack Obama, ordenó a camiones antimotines, helicópteros de combate y centenares de compañías de armamento pesado atacar y dispersar una protesta pacífica y legal organizada por los miembros de comunidades indígenas de la selva peruana, quienes protestaban contra la entrada de compañías mineras transnacionales en sus tradicionales tierras natales. Docenas de indígenas fueron asesinados o se encuentran desaparecidos, muchos fueron heridos y arrestados, así como varios policías peruanos, mantenidos como rehenes por los protestantes indígenas, fueron asesinados durante el asalto. El presidente García declaró la ley marcial en la región para imponer su unilateral e inconstitucional mandato en el que otorga los derechos de explotación minera a las compañías extranjeras, las cuales infringen la integridad de las tradicionales comunidades indígenas del Amazonas.

Alan García no es un desconocido en lo que se refiere a masacres promocionadas por el gobierno. En junio de 1986, ordenó a los militares bombardear las prisiones capitalinas, las cuales albergaban centenares de prisionero políticos que protestaban contra las condiciones de encarcelamiento (el resultado fue de más de 400 víctimas “oficiales”). Tiempo después, oscuras fosas comunes revelaron docenas de muertos. Esta notoria masacre ocurrió mientras García auspiciaba una reunión de la, así llamada, “Internacional Socialista” en Lima. Su partido político – APRA (Alianza por la revolución americana) -, miembro de la “Internacional”, fue de estas tendencias “nacional-socialistas”, frente a cientos de funcionarios social-demócratas europeos. Acusado de apropiación indebida de fondos gubernamentales y de entregar en 1990 su despacho con una tasa de inflación de casi 8000%, aceptó apoyar a Alberto Fujimori, entonces candidato presidencial, a cambio de amnistía. Cuando Fujimori impuso una dictadura en 1992, García se auto-exilió en Colombia y, posteriormente, en Francia. Regresó el 2001 cuando prescribieron los cargos de corrupción que se le imputaban y Fujimori era obligado a dimitir entre acusaciones de haber organizado escuadrones de la muerte y espiado a sus críticos. García ganó las elecciones presidenciales del 2006 en una segunda vuelta contra el candidato nacionalista pro-indígena y ex-oficial del ejército, Ollanta Humala, gracias al financiamiento y apoyo mediático de sectores de la derecha limeña, oligarquías de orígenes étnicos europeos y agencias americanas de “cooperación” transoceánica.

De regreso en el poder, García no dejó duda alguna acerca de su agenda política y económica. En octubre del 2007, anunció su estrategia para colocar a las compañías mineras transnacionales en el centro de de su programa de “desarrollo” económico al mismo tiempo que justificaba, bajo el rótulo de “modernización” la reubicación de los pequeños productores de comunidades y pueblos indígenas.

García hizo aprobar leyes congresales acordes con el “Tratado de libre comercio para las Américas” (ALCA) promovido por USA. Perú fue uno de los tres únicos países latinoamericanos que apoyaron la propuesta americana. Él abrió su país al saqueo sin precedentes de sus recursos, mano de obra, tierra y mercados a manos de las transnacionales. Esto fue una violación del acuerdo negociado en la Organización Internacional del Trabajo (1969) que obligaba al gobierno peruano a consultar y tratar con los habitantes indígenas la explotación de sus tierras y ríos. Bajo esta política de apertura, el sector minero de la economía se expandió con velocidad y obtuvo enormes beneficios de los, sin precedentes incrementos mundiales en los precios de compra, así como del crecimiento de la demanda asiática (China) de materias primas. Las corporaciones multinacionales fueron atraídas por las bajas tasas corporativas peruanas, los pagos de regalías, el casi libre acceso al agua y las baratas tarifas eléctricas subsidiadas por el gobierno. La aplicación de regulaciones ambientales fue suspendida en estas regiones, frágiles ecológicamente, llevándolas a extendidas contaminaciones de ríos, agua subterránea, aire y suelos en las aledañas comunidades indígenas. Los tóxicos de las operaciones mineras acabaron en matanzas masivas de peces e inutilizaron el agua para el consumo humano. Las operaciones diezmaron los bosques tropicales, minando de ese modo los medios de vida de cientos de miles de aldeanos comprometidos con el artesanado tradicional, la recolección forestal de subsistencia y otras actividades agrícolas.

Las utilidades de la bonanza minera acaban, inicialmente, en manos de las compañías transoceánicas. El régimen de García distribuye las rentas del estado a sus simpatizantes, entre los que se encuentran los especuladores financieros e inmobiliarios, importadores de bienes de lujo así como compinches políticos de los exclusivos, amurallados y altamente custodiados barrios limeños y country-clubs. Así como los márgenes de utilidad de las multinacionales alcanzaron un increíble 50% y las ganancias gubernamentales excedieron el billón de dólares, las comunidades indígenas carecieron de vías pavimentadas, agua potable, servicios de salud y escuelas. Peón aún: experimentaron un veloz deterioro de sus vidas cotidianas a medida que el influjo del capital minero condujo al incremento de los precios de medicinas y alimentos básicos. Incluso el Banco Mundial en su Reporte Anual del 2008 y los editores del Financial Time de Londres instaron al régimen de García a confrontar el creciente descontento y la crisis entre las comunidades indígenas. Delegaciones de comunidades indígenas viajaron a Lima para entablar un diálogo con el Presidente y pedirle que se ocupe de la degradación de sus tierras y comunidades. Los delegados fueron recibidos a puertas cerradas. García manifestó que “el progreso y la modernidad provienen de las grandes inversiones realizadas por las multinacionales… (y no de) los pobres campesinos que no tienen un centavo para invertir”. Él interpretó los llamados a un diálogo pacífico como signo de debilidad entre los habitantes indígenas del Amazonas e incrementó, en consecuencia, sus subvenciones a las concesiones de explotación entregadas a las corporaciones multinacionales para que continuaran adentrándose en la selva. Cortó virtualmente toda posibilidad de diálogo y acuerdo con las comunidades indígenas.

Las comunidades indígenas del Amazonas respondieron formando la Asociación Inter-étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Celebraron protestas públicas durante siete semanas que culminaron en el bloqueo de dos autopistas internacionales. Esto encolerizó a García, quien se refirió a los manifestantes como “salvajes” y “bárbaros” y envió a unidades de policías y militares para ahogar la acción popular. Lo que García descuidó fue el hecho de que una significativa proporción de los indígenas de estos pueblos sirvieron como reclutas del ejército y combatieron en la guerra de 1995 contra Ecuador mientras otros fueron entrenados en organizaciones comunales de autodefensa. Estos veteranos combatientes no fueron intimidados por el estado de terror y sus reacciones a los iniciales ataques policiales que terminaron con heridos de ambos lados, es decir, policías e indígenas. Entonces, García declaró “guerra a los salvajes” mediante el envío de armamento pesado, helicópteros y tropas blindadas con orden de “disparar a matar”. Los activistas de AIDESEP reportaron más cien muertos entre los que se cuentan protestantes indígenas y familiares de éstos: los indígenas fueron asesinados en las calles, en sus casas y en sus lugares de trabajo. Se sospecha que los restos de numerosas víctimas fueron arrojados en quebradas y ríos.

Conclusión

El régimen de Obama, previsiblemente, no emitió juicio alguno de inquietud o protesta frente a una de las peores masacres de civiles peruanos en esta década (perpetrada por uno de los aliados más cercano a los americanos en el sur del continente). García, durante sus conversaciones con el embajador norteamericano, acusó a Venezuela y Bolivia de instigar el “levantamiento” indígena y citó como prueba de sus acusaciones una carta de apoyo del presiden boliviano Evo Morales a la Cumbre Intercontinental Indígena que tuvo lugar en Lima. Se declaró la ley marcial y toda la región amazónica peruana se encuentra cubierta por militares. Los mítines fueron prohibidos y los familiares de los desaparecidos están impedidos de buscarlos.

En toda América latina, las más importantes organizaciones indígenas han expresado su solidaridad con los movimientos indígenas peruanos. En Perú, los movimientos sociales, sindicatos y grupos de defensa de derechos humanos organizaron una huelga general el 11 de junio. Temiendo el despliegue del descontento general, “El Comercio”, periódico conservador limeño, advirtió a García que adoptara medidas conciliatorias para impedir un levantamiento urbano general. El 10 de junio fue declarada una tregua de un día, pero las organizaciones indígenas rechazaron ponerle fin al bloqueo de carreteras hasta que el Gobierno de García rescindiera sus ilegales decretos de cesión de tierras.

Entretanto, un extraño silencio se cierne sobre la Casa Blanca. Nuestro habitualmente dicharachero presidente Obama, tan afecto a recitar lugares comunes acerca de la diversidad y la tolerancia así como a elogiar la paz y la justicia, no puede encontrar una sola frase dentro de su preparado guión para condenar la masacre de legiones de indígenas en la amazonía peruana. Cuando egregias violaciones de derechos humanos son cometidas en América latina por un “presidente-cliente” apoyado por USA, que sigue las fórmulas de “libre mercado” dictadas por Washington, la liberalización de leyes ambientales y hostigamientos en contra de países anti-imperialistas (Venezuela, Bolivia, Ecuador), Obama prefiere la complicidad a la condena.

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