Amenazas corporativas restringen margen de maniobra de los gobiernos, afirman desde REDES - Amigos de la Tierra

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

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Amenazas corporativas restringen margen de maniobra de los gobiernos, afirman desde REDES - Amigos de la Tierra

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La organización uruguaya REDES - Amigos de la Tierra y el Programa Uruguay Sustentable organizaron una actividad para profundizar sobre la problemática de los Tratados de Protección de Inversiones y sus consecuencias para la aplicación de políticas públicas en Uruguay y la región.

Allí afirmaron que la demanda de Philip Morris que enfrenta Uruguay en el CIADI -el tribunal de solución de disputas relativas a inversiones del Banco Mundial-, demuestra que ningún país está ajeno a los desafíos que imponen estos Tratados de Protección de Inversiones para la soberanía nacional y para la aplicación de políticas públicas.

“La coyuntura regional está marcada por dos fuerzas que van en sentidos opuestos: por un lado, el gran poderío económico, político y jurídico que tienen las empresas y corporaciones transnacionales. Por otro, la demanda por reformas en el sistema multilateral para hacerlo más democrático y multipolar, para apoyar el derecho al desarrollo de todos los países del mundo”, señalaban los organizadores en la convocatoria.

Karin Nansen, de REDES - Amigos de la Tierra Uruguay, comenzó recordando que los acuerdos bilaterales de inversión “florecieron en los años 90”, y que muchas organizaciones de América Latina empezaron a analizar esta problemática en 2004, entre otras cosas porque la relación inversor-Estado era también un componente importante en los TLC que se discutían por esa época.

Luego, en febrero de 2010, Philip Morris presentó su demanda ante el CIADI a raíz de las políticas anti-tabaco de Uruguay, alegando que estas disposiciones violaban el tratado bilateral de inversión entre Uruguay y Suiza.

Entre otras cosas, la tabacalera argumentó que Uruguay violó los derechos de propiedad intelectual y que eso configuraría una expropiación. A pesar de que en una primera instancia debió intentar litigar en Uruguay, la Philip Morris replicó que en otros tratados de protección de inversión que suscribió el país sudamericano no estaba incluido ese requisito de iniciar el proceso en el país en el que está radicada la inversión.

Nansen hizo hincapié en que Uruguay argumentó que la corporación tabacalera, en realidad, no hizo una inversión en el país, y por eso no corresponde que el CIADI arbitre en este caso.

“Eso abrió un debate interesante, de cuándo una inversión implica desarrollo y cuándo afecta ese desarrollo. Tenemos que discutir cuál es el marco más conveniente para este desarrollo”, planteó Nansen.

Sebastián Valdomir, también de REDES - Amigos de la Tierra Uruguay, recordó que en 2004 Uruguay sometió a plebiscito una reforma constitucional del agua, y se resolvió que todas las privatizaciones del agua pasan a ser ilegales y que las concesiones debían caer.

En ese contexto, la empresa Suez, que tenía los servicios al este del arroyo Maldonado, le hizo saber al gobierno que la empresa podía ampararse en el tratado de inversiones Uruguay y Francia, y litigar contra el Estado. “El primer gobierno del Frente Amplio tuvo que negociar y pagó la indemnización. La decisión del soberano se vio coartada por las presiones corporativas”, graficó Valdomir.

Otro ejemplo citado fue el de la segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. En ese caso, la empresa belga Katoen Natie amenazó en ese mismo sentido y terminó incidiendo en la elaboración de las políticas públicas, en este caso en materia logística.

“La amenaza corporativa restringe los márgenes de maniobra de los gobiernos”, concluyó Valdomir, que también puso como ejemplo los argumentos del consorcio Montes del Plata –formado por capitales Finlandia y Chile- al momento de oponerse al Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR).

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Otra era

Tratados de inversiones son “formas de neocolonialismo latente”

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En el marco del seminario taller “Inversiones y Soberanía en Uruguay y el Contexto Regional”, organizado en Montevideo por REDES – Amigos de la Tierra Uruguay y el Programa Uruguay Sustentable, el ex vicecanciller de Ecuador, Kintto Lucas, enumeró cuál ha sido la experiencia de ese país en materia de tratados de protección de inversiones.

Recordó que Ecuador pudo denunciar la inconveniencia de la adscripción al CIADI y de los acuerdos de protección de ese tipo, dejando atrás “temores que no son fundados”.

“Muchos piensan que si denunciamos vamos a perder todas las inversiones, nos van a cerrar todas las puertas. Hay temores que se van tratando de imponer desde algunos equipos económicos, pero cuando se toman las medidas no ocurre eso”, planteó Lucas.

En Ecuador, como en otros países de América Latina, se firmaron tratados bilaterales de protección de inversiones en la década del noventa, pero luego la lucha contra el ALCA y el TLC con Estados Unidos derivó en la resistencia también a esos acuerdos de promoción y protección, que persiguen, en el fondo, los mismos fines que los tratados comerciales, según el ex diplomático.

Recordó además que en aquel momento surge una lucha paralela contra la petrolera Oxy, similar a la que tiene ahora Argentina con Repsol, y ya se advertía que esa empresa podía recurrir al CIADI, entre otras cosas. La Oxy vendió un pozo petrolero sin autorización y a raíz de eso, en medio de una gran presión popular, el Estado retomó el control a través de Petroecuador.

Lucas también señaló que en el marco de la discusión por la Asamblea Constituyente se consideró necesario establecer que el Estado no puede ceder soberanía viéndose obligado a comparecer en tribunales internacionales para resolver los litigios con privados.

Luego puso como ejemplo a Brasil. Dijo que la presidenta de esa país, Dilma Rousseuf, planteó en la última reunión del Mercosur en Montevideo que “ni muerta” firmaba un tratado bilateral de protección de inversiones. “Todos deberíamos seguir ese camino, incluso para pedir inversiones en conjunto”, sugirió Lucas.

En otro pasaje de su intervención, rememoró que la Chevron Texaco, que provocó grandes daños ambientales en la Amazonia ecuatoriana, también recurrió a un arbitraje con Ecuador, argumentando que eso daños correspondían a Petroecuador y por eso apeló al CIADI.

También advirtió que hay un grupo de abogados que promueven especialmente los juicios de las transnacionales en el CIADI, algo que los países deberían “denunciar en conjunto, por ejemplo a través de la Unasur”. Lucas concluyó que no hay que tener “temores” al momento de dar este tipo de batallas, ya que está demostrado que “no te van a invadir los marines”.

 

Más de lo mismo

Economista uruguayo criticó tratados de protección de inversiones

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El jueves 7 de junio, se llevó a cabo el taller “Inversiones y Soberanía en Uruguay y el Contexto Regional”, organizado en Montevideo por REDES – Amigos de la Tierra Uruguay y el Programa Uruguay Sustentable. La actividad sirvió para profundizar sobre la problemática de los Tratados de Protección de Inversiones y sus consecuencias para la aplicación de políticas públicas en Uruguay y la región.

En ese marco, el economista uruguayo Jorge Notaro vinculó el flujo de las inversiones internacionales con la acumulación del capital, y recordó, como por si acaso, que dentro de poco tiempo, más precisamente en 2016, se cumplirán 100 años de la publicación del libro "El imperialismo, fase superior del capitalismo" de Vladimir Lenin, que en cierta manera adelantó lo que pasaría más adelante con la Segunda Guerra Mundial y el nuevo mapa político internacional que configuró.

Notaro detalló que desde ese momento la acumulación de capital en los países desarrollados ha continuado provocando flujos de inversión hacia otros países, con dinámicas que han ido cambiando con los años.

Más en el plano local, habló de cómo Uruguay, a instancias del movimiento sindical y otras organizaciones sociales, se salvó de la ola de privatizaciones de los años 90, dejando un panorama mejor al que encontró, por ejemplo, el ex presidente argentino Nestor Kirchner cuando asumió. En ese momento, y como consecuencia de las políticas del menemismo, Kirchner encontró a todos los servicios públicos privatizados, por ejemplo los trenes, el petróleo y la telefonía.

Según Notaro, a principios del siglo XXI hay una nueva ola de privatizaciones, ahora en busca de recursos naturales (tierra, agua, recursos mineros), que están amparadas en tratados bilaterales de inversiones.

El economista consideró que los Tratados de Protección de Inversiones y los tribunales de arbitraje internacional -como el CIADI-, significan una pérdida de soberanía para los países, y negó la idea de que no existan alternativas a esas herramientas. “Brasil nunca firmó tratados bilaterales de inversiones, y los conflictos con las transnacionales se dirimen en la Justicia brasileña. Bolivia y Ecuador están denunciando esos tratados y renegociando uno por uno. Pero Uruguay sigue firmando, y cada tratado es un poco de soberanía que se pierde”, se lamentó.

Notaro piensa que “no hay justificaciones” para decir que es necesario darle garantías al capital, y que tanto Argentina como Uruguay deberían hacer lo mismo que Brasil, además de regular la entrada y salida de capitales, algo que en el caso uruguayo está establecido a través de un decreto de la última dictadura militar.

Al momento de hablar de las alternativas, Notaro resumió su punto de vista planteando la necesidad de una “política de inversiones nacional y popular”. Eso incluye que los trabajadores tomen conciencia y aprendan a gestionar la economía (“sembrar socialismo dentro del capitalismo).

En el caso de Uruguay, y vinculado a esto, dijo que el Instituto Nacional de Colonización es “una buena herramienta”, aunque sería “un grave error” si el gobierno no concreta la entrega de las 250 mil hectáreas que prometió para este período.

Luego recordó cómo en el caso de la empresa nacional Conaprole (Cooperativa Nacional de Productores de Leche) los productores lecheros pasaron a participar en la fase de industrialización; y planteó que algo similar podría hacerse en la industria frigorífica, a través de un control tripartito de la cadena, con la participación de trabajadores, productores y el Estado.

Imagen: http://www.ecoportal.net

(2012) Radio Mundo Real
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