Argentina: La impunidad a toda vela: dos jefes de la represión a casita

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

La Cámara de Casación concedió arresto domiciliario a Bignone y a Riveros.
 
El Tribunal Oral dispuso que la condena a perpetua se cumpliera en una cárcel común, pero Casación consideró que esa medida era “arbitraria”. Denuncian que el fiscal Romero Victorica no fue a la audiencia en la que se resolvió el tema.

 Por Adriana Meyer

“Una burla más del sistema judicial.” Así calificó Iris Avellaneda el fallo de la Cámara de Casación que otorgó el beneficio del arresto domiciliario a los genocidas Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros, condenados a prisión perpetua por el asesinato, entre otros casos, de su hijo de 15 años, el “Negrito” Floreal Avellaneda, cometido durante la dictadura. La mujer, a su vez sobreviviente del centro clandestino El Campito que funcionó en Campo de Mayo, anunció que apelará la resolución y que denunciará al fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica por no concurrir a la audiencia convocada por el tribunal para resolver el pedido de los represores, finalmente concedido, de purgar su condena en la comodidad de sus hogares.

Entre abril y agosto de 2009, Iris Avellaneda estuvo todos los días en la primera fila, sentada junto a su marido Floreal, durante las audiencias del juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. Ayer recordó que esos jueces “condenaron a Santiago Omar Riveros por el asesinato de mi hijo y las torturas que me propinaron en el centro clandestino de Campo de Mayo a la pena de prisión perpetua de cumplimiento en cárcel común”. En aquel momento, la defensa oficial del imputado solicitó que el cumplimiento de la condena fuera en su domicilio, petición que fue denegada por el tribunal que lo condenó expresando específicamente que el beneficio no correspondía “en virtud de la gravedad y el carácter de los delitos sancionados (crímenes de lesa humanidad), las altas penas a las que había sido condenado”, y aplicó la regla general según la cual “quienes resulten condenados por estos delitos cumplan la sentencia en cárcel común”.

Hace dos semanas, los jueces de la Sala 2 de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobucci, Juan Fégoli y Luis García, revocaron esa parte de la sentencia porque consideraron “arbitraria” la decisión de que cumplan la condena en cárcel común, y dictaron el cumplimiento de la pena en su casa. “La resolución invoca la avanzada edad de ambos, que son octogenarios, pero creemos que no cambiaron sus condiciones de salud, de modo que no corresponde modificar un aspecto sustancial de la condena”, dijo una de las abogadas del caso, Sabrina Dentone, de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre (LADH). Ese organismo de derechos humanos analiza la posibilidad de apelar el fallo mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, en forma conjunta con las demás querellas que participaron de aquel proceso. Hasta ayer, la medida que beneficia a los genocidas no se había hecho efectiva, porque estaba pendiente una notificación a la fiscalía de Casación, según comentó a Página/12 Pedro Dinani, otro de los letrados de la LADH que representó a los Avellaneda.

Avellaneda y su madre fueron detenidos por una patrulla militar y policial en un violento allanamiento a su casa de Munro. Los represores buscaban a su padre, un delegado sindical comunista, que logró escapar. Iris y el Negrito Floreal fueron llevados primero a una comisaría y luego a Campo de Mayo, cuya máxima autoridad era Bignone, como comandante de Institutos Militares. Meses después el cuerpo del chico apareció en la costa de Uruguay con signos de haber sido salvajemente torturado y muerto por empalamiento, y la madre fue enviada a la cárcel de Olmos.

Respecto de la ausencia del fiscal Romero Victorica en la audiencia sobre el pedido de prisión domiciliaria de Bignone y Riveros, Avellaneda dijo que espera “una investigación y la correspondiente sanción al miserable colaborador de los genocidas que hace tiempo debiera haber sido removido” de su cargo. “Esta decisión es contraria a la jurisprudencia mayoritaria que se ha elaborado en ese sentido y a toda razón de justicia y beneficia a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad”, se lamentó Iris. Y advirtió que “lo que se busca con estas decisiones es tornar nula la justicia por la que hemos luchado por más de treinta y cinco años, se les permite pasar el resto de sus vidas en su casa, rodeados de sus afectos, lo que les fue negado a los 30.000 compañeros desaparecidos”.

Tomado de Casapueblos.
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

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