Bolivia: Fiscal en caso de terrorismo forzado a renunciar por amenazas y desinformación

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

 

El fiscal Marcelo Soza se apartó de la investigación del caso de la célula terrorista neutralizada en abril de 2009, que pretendía dividir Bolivia, debido a las constantes campañas de desprestigio en su contra.

Según señalaron medios nacionales de prensa, Soza argumentó su decisión en una carta a la Fiscalía General del Estado, a causa de las acciones mediáticas de desinformación.

Explicó que a una semana de iniciada la fase conclusiva de la investigación estatal, comenzaron a tergiversarla mediante la presentación de imágenes, entrevistas, vídeos y grabaciones de dudosa procedencia, lo cual evidenció un marcado trasfondo político.

El magistrado añadió que las amenazas anónimas hacia su persona y su familia, recibidas durante dos años, se agudizaron con la presentación de la acusación y con la audiencia conclusiva. 

Lamentó que diversos medios privados de comunicación se prestaran a montar una campaña tendente a desnaturalizar una investigación que calificó de imparcial e independiente.

También confirmó la existencia de un grupo armado con conexiones internacionales contratado por operadores locales para atentar contra la integridad territorial de Bolivia y promover un quiebre institucional.

“Desde que me hice cargo de la investigación, caso 3372/09, por el delito de terrorismo y alzamiento armado en contra de Mario Tadic y otros, he sido víctima de una serie de difamaciones, calumnias e injurias por parte de políticos, imputados, abogados, defensores y también otras personas que tratan de hacer creer a la población en general que este hecho nunca existió y que todo fue armado por el Gobierno, por lo que la vía más fácil es atacar la dignidad de las personas, en este caso la mía, para desprestigiar toda la investigación”, dice textualmente Soza en su carta.

“Estos aspectos provocan la imposibilidad de protegerme y proteger a mi familia, ya que se trata de una cadena de personas en la que se encuentran involucrados extranjeros con antecedentes peligrosos, políticos, empresarios, instituciones cívicas, logias y como individuo y parte de esta sociedad, me encuentro en alto riesgo personal y familiar”.

Soza asumió la investigación del caso separatismo en abril de 2009, luego de desbaratar la Policía al grupo liderado por el croata-boliviano Eduardo Rozsa Flores, abatido el 16 de en una acción que significó el desmoronamiento de la oposición boliviana.

El pasado 11 de abril comenzó la vista pública en la Corte de Justicia de Cochabamba.

Desde la primera jornada de la audiencia, la Policía veló por la seguridad de los detenidos que llegaron de La Paz, Santa Cruz y Beni para evitar situaciones incómodas, al tratase de un proceso de seguridad nacional.

A partir de la apertura del proceso, las investigaciones dirigidas por el fiscal Marcelo Roza se encaminaron a agrupar la información encontrada en la computadora y en los papeles de Roza.

La célula terrorista pretendía invertir 20 millones de dólares en comprar armas altamente destructivas, como misiles, para encender una guerra civil en Bolivia, según explicó el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

Los mercenarios perseguían además tomar la Octava División de Ejército, en el departamento de Santa Cruz, y desencadenar una revuelta con el magnicidio del presidente Evo Morales.

En el grupo irregular había personas con ciertas especialidades como el combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas e inteligencia.

Como si fuera poco, hallaron evidencia de que Rozsa mantenía contacto con la Agencia Centra de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Meses después, a fines de 2009, el gobierno boliviano expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), tras acusarla de financiar actividades contra la integridad de las autoridades, lo cual demostró la injerencia de la nación norteña en los asuntos internos de Bolivia.

Asimismo, declaró persona no grata al embajador norteamericano, Philip Goldberg, y lo culpó de incitar conflictos separatistas.


Fuentes: Prensa Latina, FM Bolivia

 

¿Habrá logrado la derecha fascista paralizar la investigación sobre complot para asesinar a Evo?

 

Eduardo Rózsa Flores, líder del grupo terrorista boliviano-húngaro croata.

CONTRAINJERENCIA – ¿Habrá logrado la derecha fascista a paralizar la investigación sobre su complot para asesinar a Evo?, se preguntan muchos observadores al constatar como el fiscal Marcelo Sozatuvo que renunciar a dirigir la investigación de la conspiración asesina de una banda de mercenarios europeos y de opositores de Santa Cruz, que entre 2008 y 2009 intentó encender una guerra civil y asesinar al Jefe del Estado, Evo Morales.

Soza asumió la investigación luego que la Policía desbaratara, el 16 de abril de 2009, en un hotel de Santa Cruz, una gavilla de milicianos europeos, veteranos de la guerra secesionista de los Balcanes, a principios de la década de los ’90 del siglo pasado.

La banda, encabezada por el mercenario boliviano-húngaro croata, Eduardo Rózsa Flores, fue contratada a fines de 2008, luego de fracasar un golpe cívico prefectural contra el presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado en agosto de ese año en las urnas con el 67% los votos. 

El ex líder civil de Santa Cruz y acaudalado empresario Branco Marinkovic, fue acusado de financiar, junto a otros grupos de poder empresarial, las acciones de la célula de mercenarios europeos.

Una Comisión Multipartidaria del Congreso boliviano de entonces, integrada por legisladores oficialistas y opositores al gobierno de Morales, confirmó, tras una indagación de varios meses, que el grupo terrorista de Rosza, que llegó a Bolivia a cuenta gotas entre octubre de 2008 y marzo del año siguiente, planeaba encender una guerra civil en Santa Cruz y luego promover la separación de la rica provincia boliviana del resto del país andino amazónico.

Tras un atentado con explosivos a la residencia en Santa Cruz del cardenal boliviano Julio Terrazas, el 14 de abril de 2009 y otros anteriores a esa fecha a la casa de dirigentes del gobiernista Movimiento al Socialismo, en esa ciudad oriental, la Policía boliviana halló un arsenal de potentes explosivos en una tienda de la Cooperativa de Teléfonos local (Cotas) en la Expocruz.

Servicios de la inteligencia boliviana lograron infiltrar a Rozsa antes del 16 de abril, uno de cuyos operadores locales, Ignacio Villa Vargas, ‘El Viejo’, reveló los alcances de la banda de milicianos europeos y sus pretensiones en Bolivia.

La Comisión Multipartidaria del Congreso boliviano de 2009 tuvo acceso a una serie de correos electrónicos enviados, de ida y vuelta, por Rozsa, sus cómplices y sus financiadores locales, sobre cuya base el fiscal Soza fundó las certezas de la investigación que la semana pasada entró a su fase conclusiva.

También sobre fotografías y documentos fiscales (facturas) que confirmaron las actividades irregulares de Rózsa y sus cómplices.

El periodista español, Julio Alonzo, corresponsal de guerra en Europa y que siguió a Rozsa en la campaña de los Balcanes, que atomizó a la ex Yugoslavia, con centenares de miles de muertos, incluso en ejecuciones sumarias y genocidio racial, dio fe de las acciones irregulares de Rozsa, que a su vez, en declaraciones a un periodista húngaro, Andreas Kepes, antes de su tristemente célebre incursión boliviana, reveló el contenido de los aprestos para los que fue contratado en Bolivia.

Tras dos años de investigaciones, Soza formalizó, el 17 de diciembre último, a 39 personas vinculadas a la célula terrorista, tras realizar “la valoración sobre el grado de participación de cada uno de ellos en el caso y también porque hemos encontrado suficientes elementos de convicción que los involucran en el hecho terrorista”.

Los acusados detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro, de La Paz, son: Mario Francisco Tadic Astorga, Elod Toaso, Juan Kudelka Zalles, Gelafio Santiesteban, Adalberto Torrez, Mauricio Melgar Roca, Solilo Salces, Gelafio Santiesteban Hurtado, Zvonko Matkovic Ribera, Jorge Eduardo Ribero Durán, Osvaldo Pereira Rivera y Hugo Paz Lavadenz.

Los recluidos en el penal de Palmasola Santa Cruz, son Hugo Vázquez Ortiz,  Fernando Hevia y Juan Carlos Velarde, Alcides Mendoza, Juan Carlos Guedes (detención domiciliaria), Mario Herrera Sánchez, Eduardo Soza Chávez, Rodolfo Justiniano, Marco Monasterios, Gary Prado Arauz, Lucio Añez Pedrazas, Juan Carlos Santiesteban, Ronald Castedo, Gary Prado Salmón, Fernando Hevia Correa y Herlan Camacho, que fue liberado por su avanzada edad, y Ronald Suárez imputado en libertad.

Entre los prófugos formalizados figuran Marinkovic, el abogado de la Cámara de Industria y Comercio Alejandro Melgar Pereira, el ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) David Cejas López, el ex dirigente de la UJC Alfredo Saucedo Ayala, el abogado Alejandro Brown Ibáñez, el ex gerente del Comité Cívico Lorgio Balcázar Arroyo, el ex funcionario de la Fexpocruz Enrique Vaca Pedraza, además de Hugo Achá Melgar, Rony Hurtado Vaca, Luis Alberto Hurtado Vaca, e Ignacio Villa Vargas.

 

Con información de ABI.

 

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