Brasil: La sociedad público-privada por la hegemonía regional / Parceria público-privada por hegemonia regional

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

 

La sociedad público-privada por la hegemonía regional

BNDES/Itamaraty amplían participación de empresas brasileras en países vecinos

 
Eduardo Sales de Lima
Brasil de Fato
http://www.brasildefato.com.br/
Traducción de Correspondencia de Prensa
 
 
El discurso de la integración regional y de la defensa conjunta del territorio sudamericano ha servido a distintos fines. Instituciones como el Mercosur (Mercado Común del Sur), la Unasur (Unión de las Naciones Sudamericanas) y el Consejo Regional de Defensa de América del Sur, ampliaron las posibilidades de la diplomacia brasilera en la región. Tales ansias progresistas posibilitaron el acceso de las transnacionales con sede en Brasil al mercado regional latinoamericano.

Para la ampliación del metro de Santiago, fueron puestos en libertad $ 209 millones para proyectos transnacionales de Alstom - Foto: Ariel López

Los grandes conglomerados de ingeniería y construcción, así como algunos grandes proveedores de manufacturas, son los principales beneficiados con los créditos públicos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) direccionando las obras. Según Ana Saggioro Garcia, investigadora del Instituto Rosa Luxemburgo, el interés y el lucro de esas empresas son privados y no hay todavía estudios que puedan mostrar con datos cual es el retorno de esa inversión para la economía brasilera como un todo, principalmente para la clase trabajadora. Para ella, el direccionamiento de los recursos públicos del banco resulta, en gran medida, en la concentración de ciertos sectores de la economía brasilera y no en una distribución del ingreso.

"No hay una integración productiva que sea igualitaria para todos los países, muy por el contrario. Brasil es el productor principal, y el resto de los países vienen a complementar las necesidades de la economía brasilera. Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores) refuerza una institucionalidad muy grande de esa intergación", explica Ana Garcia.

Como recuerda la investigadora del Instituto Rosa Luxemburgo, los fondos del BNDES son públicos, provienen del Tesoro Nacional, de los impuestos y contribuciones públicas, como el Fondo de Amparo al Trabajador. El banco también capta recursos en el mercado externo y bancos extranjeros.

Queda cada vez más claro que por medio de una política externa "amigable", el país buscó (y busca) la hegemonía regional en términos geopolíticos y económicos. "La tentativa de Brasil es tornarse un liderazgo que va a equilibrar las crisis en la región y va a demostrar que es capaz de cargar con los costos de ese poder, de ser hegemónico", afirma Garcia.

Como ejemplo, cita los casos de nacionalización del petróleo boliviano en 2006, cuando Petrobras aceptaba la decisión soberana de aquel país, y de la renegociación del precio de la energía comprada a Paraguay (antes muy barata), oriunda de la represa de Itaipu. "Lula abrió las puertas porque consiguió legitimidad sin la violencia que la derecha brasilera quería", subraya Ana Garcia.

Banco público

La integración regional, a partir del gobierno Lula, surge como respuesta alternativa al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). El BNDES concede créditos por 1.900 millones de dólares para ampliación de gaseoductos en Argentina, y beneficia a diversas empresas en proyectos de integración basados en infraestructura, incluidos en el IIRSA (Integración de la Infraestructura Sudamericana), que sobre todo apuntan a la explotación de los recursos naturales volcados a la exportación.

 

Estaciones de venta de combustible de la estatal brasileña Petrobras en Cochabamba, centro de Bolivia - foto: Marcello Casal Jr / ABr
Sustentando el proyecto hegemónico regional, el papel del BNDES se destaca, pues financia el apoyo tecnológico y comercial. En los últimos diez años, el financiamiento de obras regionales con recursos del banco traspasados a las empresas aumentó 1.185%.

Como destaca Ana Saggioro Garcia en su tesis de doctorado, el propio Ministerio cita las obras concedidas a los grandes grupos con financiamiento público brasilero: en Argentina, para la construcción y ampliación de la red de gaseoductos con aproximadamente 1.900 millones de dólares (Odebrecht y Confab). Para el acueducto de la provincia de Chaco, 180 millones de dólares (CON, Techint, OAS, Isolux).

En Bolivia, la autovía San Ignacio de Moxos-Villa Tunari tendrá 332 millones de dólares (OAS); el Proyecto Hacia el Norte-Rurrenabaque-El Chorro, queda con 199 millones de dólares, y la autovía Tarija-Bermejo contará con 179 millones de dólares (Queiroz Galvao).

Se suman a esto la construcción de grandes usinas hidroeléctricas en Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y República Dominicana, por las empresas Odebrecht, Camargo Correa y OAS. Como recuerda un artículo de Luiz Fernando Novoa, de la Universidad Federal de Rondônia, la relación entre empresas y Estado, en estos casos, es directa, y se explicita con la constante penetración de ellas por dentro del aparato estatal (en ministerios, comisiones, o por la vía informal de la amistades y lobbys). Así, las empresas influencian las políticas públicas, tanto para ser beneficiadas por grandes obras, como para recibir créditos e incentivos fiscales.

El economista Paulo Passarinho, aclara todavía que esas transnacionales que actúan en América Latina, no son necesariamente brasileras: "Muchas extranjeras, pero con filiales en Brasil (a francesa Alstom, por ejemplo), se aprovechan del país y de su política externa como una plataforma de lanzamientos de sus propios proyectos para la propia región. Aprovechando, justamente, de esa 'aureola' progresista que la política externa brasilera tiene". Un ejemplo: en Chile, Alstom tendrá la ampliación del metro de Santiago con 209 millones de dólares, y Mercedes-Benz el apoyo al Proyecto Transantiago (exportación de ómnibus), con aproximadamente 350 millones de dólares.

Afectados

El capital brasilero apoyado por agentes del Estado, no se expande sin afectar a poblaciones y trabajadores que viven en torno de esos proyectos, que destruyen sus medios de vida y el medio ambiente.

El BNDES viene financiando el proyecto de construcción de una carretera de 306 km que pretende conectar las localidades de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos en Bolivia. La carretera atraviesa el Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), y las poblaciones exigen la inmediata paralización de las obras, pues, entre otros motivos, eso viola la Constitución Política del Estado Boliviano, la Ley Boliviana de Medio Ambiente, y la Reglamentación de Áreas Protegidas.

En Ecuador, hay denuncias de que Petrobras ha practicado la extracción de petróleo en el Parque Nacional de Yasuni, un área rica en biodiversidad, habitada por varias comunidades indígenas. En el mismo país, la Odebretch, utilizando recursos del BNDES, es acusada de no cumplir leyes ambientales y de haber causado la destrucción de comunidades ribereñas. Una auditoria identificó fraude, sobrefacturación y fallas técnicas en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco.

Lo que ocurre en esos dos países son solamente ejemplos que pueden servir, sobre todo, al pueblo brasilero empujado con la idea de pertenecer a una "nación potencia". Para Ana Saggioro Garcia, el desafío dentro de la propia sociedad brasilera sería construir un nuevo consenso que pueda superar la idea de que somos mayores y "más desarrollados" que nuestros vecinos sudamericanos o que los africanos. "Al mismo tiempo, quebrar esa lógica de que precisamos "desarrollarnos" siguiendo el modelo europeo y estadounidense (o chino), difundida fuertemente en los gobiernos militares, y que hoy es retomada", concluye

Parceria público-privada por hegemonia regional

BNDES/Itamaraty ampliam participação de empresas brasileiras em países vizinhos

19/01/2012

 

Eduardo Sales de Lima

da Redação

 

 

Para a ampliação do metrô de Santiago, foram liberados 209 milhões

de dólares para a transnacional Alstom - Foto: Ariel López

O discurso da integração regional e da defesa conjunta do território sulamericano tem servido a distintos fins. Instituições como o Mercosul (Mercado Comum do Sul), a Unasul (União das Nações Sul-americanas) e o Conselho Regional de Defesa da América do Sul ampliaram as possibilidades da diplomacia brasileira na região. Tal anseio com ares progressistas possibilitou o acesso das transnacionais com sede no Brasil ao mercado regional latino-americano.

Os grandes conglomerados de engenharia e construção, assim como alguns grandes fornecedores de manufaturas, são os principais beneficiados com os créditos públicos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) direcionados às obras. Segundo Ana Saggioro Garcia, pesquisadora do Instituto Rosa Luxemburgo, o interesse e o lucro dessas empresas são privados e não há ainda estudos que possam averiguar com dados qual é o retorno desse investimento para a economia brasileira como um todo, principalmente para a classe trabalhadora. Para ela, o direcionamento dos recursos públicos do banco resulta, em grande medida, na concentração de certos setores da economia brasileira, e não em uma distribuição de renda.

“Não há uma integração produtiva que seja igualitária para todos os países, muito pelo contrário. O Brasil é produtor principal, e o restante dos países vêm a complementar as necessidades da economia brasileira. O Itamaraty [Ministério das Relações Exteriores] reforça uma institucionalização muito grande dessa integração”, explica Ana Garcia.

Como lembra a pesquisadora do Instituto Rosa Luxemburgo, os fundos do BNDES são públicos, provindos do Tesouro Nacional, de impostos e contribuições públicas, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O banco também capta recurso no mercado externo e bancos estrangeiros.

Fica cada vez mais claro que por meio de política externa “amigável”, o país buscou (e busca) a hegemonia regional em termos geopolíticos e econômicos. “A tentativa do Brasil é se tornar uma liderança que vai equilibrar as crises na região e vai demonstrar que é capaz de arcar com os custos desse poder, de ser hegemônico”, afirma Garcia.

Como exemplo, cita os casos da nacionalização do petróleo boliviano em 2006, quando a Petrobras aceitava a decisão soberana daquele país, e da renegociação do preço da energia comprada junto ao Paraguai (antes muito barata), oriunda da Usina de Itaipu. “Lula abriu portas porque conseguiu legitimidade sem a violência que a direita brasileira quis”, atesta Ana Garcia.

 

Banco público

A integração regional, a partir do governo Lula, surgia também como resposta alternativa à Alca – Área de Livre 1,9 bilhões de dólares é o crédito que o BNDES concede a obras de ampliação de gasodutos na Argentina Comércio das Américas e beneficiaria diversas empresas em projetos de integração regional baseados na infraestrutura, embutidos na Iirsa (Integração da Infraestrutura Sul-Americana), que objetivavam sobretudo a exploração de recursos naturais voltados à exportação.

Sustentando o projeto hegemônico regional, o papel do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social se destaca, pois financia o apoio tecnológico e comercial. Nos últimos dez anos, o financiamento de obras regionais com recursos do banco repassados às empreiteiras aumentou 1.185%.

Como Ana Saggioro Garcia destaca em sua tese de doutorado, o próprio Ministério cita as obras concedidas aos grandes grupos com financiamento público brasileiro: na Argentina, para a construção e ampliação da rede de gasodutos com aproximadamente o crédito de 1,9 bilhão de dólares (Odebrecht e a Confab). Para o aqueduto do Chaco, 180 milhões de dólares (CNO, a Techint, a OAS e a Isolux).

Na Bolívia, a rodovia San Ignacio de Moxos-Villa Tunari terá 332 milhões de dólares (OAS), o Projeto Hacia el Norte – Rurrenabaque-El-Chorro fica com 199 milhões de dólares e a Rodovia Tarija - Bermejo contará com 179 milhões de dólares (Queiroz Galvão).

 

Postos de venda de combustível da estatal brasileira Petrobras em

Cochabamba, na região central da Bolívia - Foto: Marcello Casal Jr./ABr

Somam-se a isso a construção de grandes usinas hidrelétricas no Peru, Venezuela, Equador, Colômbia e na República Dominicana pelas empresas Odebrecht, Camargo Correa e OAS. Como lembra em artigo o sociólogo Luiz Fernando Novoa, da Unir-Universidade Federal de Rondônia, a relação entre empresa e Estado, nestes casos, é direta, e se explicita com a constante penetração delas dentro do aparelho estatal (em conselhos, ministérios, ou pela via informal de amizades e lobby). Assim, elas influenciam políticas públicas, tanto para serem beneficiadas por grandes obras, quanto para receberem créditos e incentivos fiscais.

O economista Paulo Passarinho, atenta ainda que essas transnacionais que agem na América Latina não são necessariamente brasileiras. “Muitas estrangeiras, mas com filiais no Brasil (a francesa Alstom, por exemplo), se utilizam do país e da nossa política externa como uma plataforma de lançamento de seus projetos para a própria região. Aproveitando justamente dessa “aura” progressista que a política externa brasileira tem”, explica Paulo. Um exemplo: no Chile, terá a ampliação do metrô de Santiago com 209 milhões de dólares (Alstom) e apoio ao Projeto Transantiago (exportação de ônibus) com aproximadamente 350 milhões de dólares (Mercedes-Benz).

 

Atingidos

O capital brasileiro apoiado por agentes do Estado não se expande sem atingir populações e trabalhadores que vivem em torno desses projetos, que destroem seus meios de vida e o meio ambiente.

O BNDES vem financiando o projeto de construção de uma estrada de 306 km que pretende ligar as localidades de Villa Tunari e San Ignacio de Moxos, na Bolívia. A estrada rasga o Tipnis (Território Indígena e Parque Nacional Isiboro Sécure), e as populações pedem a imediata paralisação das obras, pois, entre outros motivos, isso viola a Constituição Política do Estado Boliviano e a Lei Boliviana de Meio Ambiente e a Regulamentação de Áreas Protegidas.

No Equador, há denúncias de que a Petrobras tenha praticado extração de petróleo no Parque Nacional de Yasuni, uma área rica em biodiversidade, habitada por várias comunidades indígenas. No mesmo país, a Odebrecht, utilizando recursos do BNDES, é acusada de não cumprir leis ambientais e de ter causado a destruição de comunidades ribeirinhas. Uma auditoria identificou fraude, superfaturamento e falhas técnicas na construção da hidroelétrica São Francisco.

O que ocorre nesses dois países são somente exemplos que possam servir, sobretudo, ao povo brasileiro “empolgado” com a ideia de pertencer a uma “nação potência”. Para Ana Saggioro Garcia, o desafio dentro da própria sociedade brasileira seria construir um novo consenso que possa superar a ideia de que somos maiores e mais “desenvolvidos” que nossos vizinhos sul-americanos, ou que os africanos. “Ao mesmo tempo, quebrar essa lógica de que precisamos nos “desenvolver” no mesmo modelo europeu e estadunidense (ou chinês), difundida fortemente nos governos militares, e que hoje é retomado”, conclui.

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