“Carnicero de Accomarca" Teniente Telmo Hurtado es traído a juicio al Perú
"Tenemos que realizar esas cosas por ustedes”, afirmó en 1985 el Teniente Telmo Hurtado a la comisión del Senado que lo entrevistó como parte de su investigación sobre los hechos.
.
Para unos cálculos 15,000, para otros cálculos 50,000 suman las víctimas de la guerra interna en el Perú, solo en Accomarca 69 campesinos peruanos fueron asesinados por las fuerzas del orden empeñadas en una venganza ciega.
El Teniente Telmo Hurtado, uno de los implicados en la masacre llegó a cumplir pena de cárcel, la amnistía que el Gobierno de Alberto Fujimori realizó en 1996 le permitió reintegrarse al Ejército, algo que pasó desapercibido hasta que en 1999 la revista Ideele lo descubrió luego de que fuera ascendido al grado de mayor.
.
Ante el escándalo, Fujimori lo destituyó y cuando en 2001 la Comisión por la Verdad y la Reconciliación (CVR) comenzó a investigar de nuevo el caso de Accomarca huyó, vía Colombia, a Estados Unidos.
Allí fue arrestado en 2007 gracias a una orden de captura internacional, y en 2009 se logró que se aprobara su pedido de extradición, proceso que debido a las continuas apelaciones y habeas corpus no culminó hasta hoy.
Para la abogada de las víctimas de Accomarca, Karim Ninaquispe, la lentitud con la que se desarrolló el proceso de extradición se debe a la “falta de compromiso del Gobierno peruano”, que “ha obstaculizado” el proceso.
La importancia de la presencia de Hurtado en el proceso judicial civil, que arrancó el pasado noviembre, radica, según la abogada, en la información que éste pueda dar durante su interrogatorio no sólo sobre el operativo, sino también sobre quién lo ordenó y quienes encubrieron la masacre.
Llegó a Lima, Telmo Hurtado, exteniente acusado de masacre en Accomarca
Víctimas en vigilia por llegada del “Carnicero de los Andes"
El reportaje sobre la masacre en Accomarca
Viernes 15: Marcha contra el indulto y la impunidad
.
Subido por esteban2500 el 14/07/2011
subido por www.lamula.pe
Lima, 14 jul (EFE).- El exteniente del Ejército peruano Telmo Hurtado, principal acusado del proceso judicial que juzga la muerte de 69 campesinos peruanos en 1985, llegó hoy a Lima procedente de Estados Unidos, desde donde fue extraditado.
En un vuelo procedente de Miami, a donde llegó en 2001 buscando refugiarse de la justicia peruana, Hurtado aterrizó hacia las 21.00 hora local (2.00 GMT del viernes) en el aeropuerto de Lima, tras lo que fue trasladado, con grandes medidas de seguridad, a las oficinas de requisitorias de la policía.
“Son 26 años de lucha de los familiares de las víctimas para que esta persona sea juzgada por un tribunal peruano”, señaló a Efe la abogada Karim Ninaquispe, responsable de la acusación civil en el juicio por la masacre de Accomarca.
Los hechos de los que se acusa al milita peruano ocurrieron en dicha localidad, situada en la región andina de Ayacucho (cuna de la organización maoísta Sendero Luminoso), el 14 de agosto de 1985, cuando una patrulla militar asesinó a 69 campesinos de la zona, entre ellos ancianos, mujeres y niños.
Los responsables de las muertes, entre ellos Hurtado, jefe de la patrulla, fueron condenados poco después de los hechos por un tribunal militar, pero no por asesinato, sino por los delitos de Abuso de Autoridad y Negligencia.
Como recordó Ninaquispe, durante el juicio, Hurtado “asumió la responsabilidad de lo ocurrido” y justificó la muerte de mujeres y niños bajo las circunstancias de lucha armada que se vivían en la zona.
“Uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño, en estos momentos que estamos viviendo. Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá. Nosotros tenemos que realizar esas cosas por ustedes”, afirmó en 1985 el militar a la comisión del Senado que lo entrevistó como parte de su investigación sobre los hechos.
Aunque llegó a cumplir pena de cárcel, la amnistía que el Gobierno de Alberto Fujimori realizó en 1996 le permitió reintegrarse al Ejército, algo que pasó desapercibido hasta que en 1999 la revista Ideele lo descubrió luego de que fuera ascendido al grado de mayor.
Ante el escándalo, Fujimori lo destituyó y cuando en 2001 la Comisión por la Verdad y la Reconciliación (CVR) comenzó a investigar de nuevo el caso de Accomarca huyó, vía Colombia, a Estados Unidos.
Allí fue arrestado en 2007 gracias a una orden de captura internacional, y en 2009 se logró que se aprobara su pedido de extradición, proceso que debido a las continuas apelaciones y habeas corpus no culminó hasta hoy.
Para Ninaquispe, la lentitud con la que se desarrolló el proceso de extradición se debe a la “falta de compromiso del Gobierno peruano”, que “ha obstaculizado” el proceso.
La importancia de la presencia de Hurtado en el proceso judicial civil, que arrancó el pasado noviembre, radica, según la abogada, en la información que éste pueda dar durante su interrogatorio no sólo sobre el operativo, sino también sobre quién lo ordenó y quienes encubrieron la masacre.
“Se van a poder establecer las responsabilidades legales a esferas mucho más altas que hasta ahora, que solo atañe a un grupo de personal militar”, explicó Ninaquispe.
Del mismo modo, la abogada cree que ver y escuchar a Hurtado será importante para los deudos de las víctimas, los 69 ejecutados más otros tres testigos que desaparecieron posteriormente.
“Creo que es importante que lo vean y también que ellos puedan escuchar lo que Hurtado tenga que decir y lo mínimo es que les pida perdón”, afirmó Ninaquispe.
El reportaje sobre la masacre en Accomarca
La Comisión de la Verdad y Reconciliación identificó durante el proceso de su trabajo aproximadamente 4 mil 600 sitios de entierro de víctimas de la guerra interna, tal como figura en su informe final.
Este es el reportaje que en el 2007 realizó el programa “Sin rodeos” del Ideele, sobre el lento proceso de exhumación e identificación de peruanos y peruanas por parte del Estado en el distrito de Accomarca, en Ayacucho.
Y es que en este lugar, el 14 de Agosto de 1985, 62 campesinos fueron ejecutados extrajudicialmente en la zona denominada LLoccllapampa, por efectivos militares pertenecientes a la patrulla Lince al mando del subteniente, Telmo Hurtado.
Como se sabe, Hurtado acaba de llegar a Lima para responder ante la justicia por estos asesinatos, por lo que resulta pertinente recordar este interesante reportaje de la periodista, Patricia Wiesse. Aquí te lo dejamos:
Historia de la masacre de Accomarca (Ayacucho). Encubrimiento del Estado y lucha por la justicia. clioperu.blogspot.com
Subido por rafaelponc el 14/07/2011
CAMINANDO HACIA LA MUERTE: EL EJERCITO DEL PERÚ FUE VERDUGO DEL PUEBLO DEL PERÚ
Víctimas en vigilia por llegada del “Carnicero de los Andes"
Familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca se encuentran realizando una vigilia a las afueras del aeropuerto internacional Jorge Chavez, esperando la llegada del Teniente del Ejército Peruano, Telmo Hurtado, señalado como el militar que perpetró este crimen.
Conocido como el “Carnicero de los Andes”, Hurtado llega al país tras un proceso de extradición desde los Estados Unidos, país en el cual se encontraba escondido y prófugo de la justicia. Señalado como el culpable del asesinato de 69 personas de aquella localidad ayacuchana, entre cuyas victimas se encontrarían mujeres, niños y ancianos, Hurtado deberá responder ante los tribunales de justicia por aquel hecho.
La prensa, apostada también a las afueras del aeropuerto, se encuentra expectante de la llegada del militar. Aquí les presentamos algunas fotos tomadas por la reportera de la cadena internacional Univisión, Maria Luisa Martinez vía Twitter (@mluisamartinez).
Viernes 15: Marcha contra el indulto y la impunidad
Hace 9 horas
Conmemorando los 19 años de perpetrada la matanza en la que murieron 9 estudiantes de la universidad La Cantuta a manos del Grupo Colina, los familiares de las victimas, distintas organizaciones y colectivos de la sociedad civil han organizado una marcha hacia la plaza San Martín contra el indulto y la impunidad.
Ante la posibilidad de que se le otorgue un indulto al ex presidente Alberto Fujimori, se ha convocado esta marcha con la finalidad de recordar no solo a las víctimas de aquel condenable hecho por el cual fue condenado a 30 años de prisión, sino también a las victimas cuyos culpables de sus muertes aun siguen sin ser procesados por la justicia.
Con la consigna “Ni indulto ni Impunidad”, la concentración para la marcha se realizará en la plaza dos de mayo a las 5 Pm. La caravana se movilizará hacia la plaza San Martín en el centro de Lima, plaza en la cual desde las 8 de la noche se presentarán músicos y artistas sobre el escenario.
Los copiamos a continuación la programación del evento. Mayor información puede hallarse disponible en el evento en Facebook de la marcha. (Ni indulto ni impunidad)
PROGRAMACIÓN
8:00 p.m.
Introducción: 5 minutos
Sikuris / músicos de la cantuta (5 min)8:05 p.m.
Primer acto: 11 minutos
Pronunciamiento / colectivos organizadores (5 min.)
CENFOUNE – U.de la Cantuta /Danza (6min.)8:16 p.m.
Segundo Acto: 11 minutos
Miguel Vásquez / Trovador (6 min.)
Representante familiar caso: La Cantuta (5 min.)8:27 p.m.
Tercer Acto: 11minutos
CAFUME – U. La Cantuta /Danza (6 min.)
Representante Sindical de Casos sin resolver (5 min.)8:38 p.m.
Cuarto Acto: 20 minutos
Marita (Colect. Mujeres Dignidad) y Sandra Suazo Activista /Poesía (5 min)
Representante estudiantil de La Cantuta (5 min.)
Intervención y acción mujeres (10 min.)8:58 p.m.
Quinto Acto: 12 minutos
Pedro Mo / hip hop (7 min)
Representante familiar caso Bagua (5 min)9:10 p.m.
Sexto Acto: 5 minutos
Hermanitas Quispe/ Música (5 min.)9:15 p.m.
Séptimo Acto: 19 minutos
Pronunciamiento / colectivos organizadores (5 min)
Piero Bustos – Del Pueblo /Música (14 min.)
----------------------------------------------
OFICIAL http://www.aprodeh.org.pe/sem_verdad/memoria/accomarca01.htm
CASO ACCOMARCA
“La población sirve a Sendero para sustentarla... para curar sus heridas... para darle protección y encubrirla... para renovar sus cuadros... la contra subversión debe impedir que la subversión
gane a la población... y como lo señala el Operativo Huancayocc, eliminar las zonas rojas”
Declaración de Sinesio Jarama ante el Senado (17/09/1985)
El 14 de agosto de 1985, un atroz crimen estremeció Ayacucho. La comunidad de Accomarca, ubicada en la provincia de Vilcashuamán, fue el escenario donde la sangre de los comuneros se entremezcló con balas, incendios y granadas de los efectivos militares. La masacre dejó sesenta y nueve pobladores muertos, así como un largo camino para que la justicia alcance a sus familias.
Los hechos
Al recibir información de presencia terrorista en la comunidad de Accomarca (Vilcashuamán), el Jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, Wilfredo Mori Orzo ordenó la elaboración de un plan cuyo propósito consistía en la captura y/o destrucción de elementos terroristas existentes en la quebrada de Huancayocc. De esta manera nace el denominado “Plan Huancayocc”
Así, el 9 de agosto de 1985, efectivos del ejército llegaron a San Sebastián de Huamanmarca, distrito de Huambalpa, donde además de asesinar a ocho personas, saquearon y quemaron sus viviendas. En Lloclla, Huancayoc, Pitecc y Ahuaccpampa siguieron sus incursiones. Así, antes de retirarse a Vilcashuamán, habrían asesinado a Seferino Baldeón Palacios, Pelayo Quispe Palacios y Cornelio Quispe Baldeón.
En los días siguientes, las patrullas del Ejército continuaron ocasionando desmanes en Quinuas, Runcua y Pitecc, donde se encontraron con otras patrullas que llegaron de Vilcashuamán y Huambalpa. Entonces enrumbaron hacia Accomarca, adonde llegaron a las cinco y treinta de la tarde.
En la mañana del 14 de agosto, las patrullas del subteniente EP Telmo Hurtado Hurtado y la del teniente EP Juan Rivera Rondón –aproximadamente 25 efectivos– bajaron a Llocllapampa, ubicado a tres kilómetros de Accomarca. Ahí, bajo el pretexto de una asamblea, los militares reunieron a 69 comuneros en la plaza de dicho poblado.
Los agruparon en tres viviendas, previa separación de hombres, mujeres y niños: a los hombres los encerraron en la casa de Cipriano Gamboa, a las mujeres en la casa de César Gamboa y a los niños los llevaron a la casa de Rufina de La Cruz. Pero, tal como indican los testigos, las mujeres fueron llevadas previamente a una acequia en donde las habrían violaron. Ello se deduce de los gritos que escucharon los comuneros mientras permanecían escondidos entre los matorrales.
Los militares acusaron a los pobladores de terroristas, ya que tenían referencias de que en Llocllapampa funcionaban dos escuelas populares y un centro de abastecimiento senderista, con municiones, alimentos y frazadas. Luego empezaron los disparos y tras ello, la desesperación. Las mujeres gritaban aterrorizadas, los ancianos pedían auxilio, los niños lloraban. Sin embargo los efectivos no cesaban en su accionar, por el contrario, procedieron a incendiar las viviendas y finalmente les lanzaron granadas.
A las cuatro de la tarde, los efectivos se retiraron. Los pobladores que habían logrado escapar regresaron al lugar y observaron la horrible escena: 39 adultos y 23 niños ejecutados.
Pero la masacre aún no había terminado. En las semanas siguientes fueron asesinados varios testigos del múltiple crimen con el evidente propósito de ocultarlo y sustraer a los responsables de la acción de la justicia.
Así, el 8 de setiembre, efectivos militares mataron a Brígida Pérez Chávez y a su hijo Alejandro Baldeón, testigos de la matanza de Accomarca. Al día siguiente, efectivos el ejército del cuartel de Vilcashuamán detuvieron a Martín Baldeón Ayala, de 66 años de edad y lo llevaron a la base de Vilcashuamán. Diariamente, su esposa Paulina Pulido Palacios acudía al cuartel para entregarle alimentos. Pero el 16 de setiembre fue detenida. Nunca más se supo del paradero de ambos.
La investigación
El 11 de setiembre de 1985, el Senado nombró una comisión investigadora presidida por Javier Valle Riestra que tenía como propósito, investigar las matanzas de Pucayacu y Accomarca.
Dos días después de nombrada la comisión, el entonces diputado Fernando Olivera encontró ocultos los cuerpos de cinco personas –sin rigor mortis, sangrantes, asesinadas a balazos– en nichos del cementerio de Accomarca. Según el testimonio de Viviana Baldeón Pulido, horas antes del arribo de la comisión investigadora, militares habrían llegado a la zona y eliminado a los testigos.
Como parte de sus indagaciones la comisión senatorial entrevistó al subteniente Telmo Hurtado en el cuartel “Los Cabitos” (Ayacucho). Hurtado no mostró arrepentimiento alguno por lo ocurrido e incluso llegó a justificar el asesinato de niños aduciendo que los comunistas iniciaban el adoctrinamiento de sus seguidores desde muy temprana edad.
El 12 de octubre, la comisión investigadora emitió su informe final. Concluyó que en el caso Accomarca-Llocllapampa, se perpetró un delito común y no castrense, que es probable que la cifra de víctimas fuera de aproximadamente 69 y que no se demostró si hubo violación sexual. Asimismo, indicó que era necesario estudiar si los autores materiales actuaron en virtud de órdenes verbales o si sus acciones respondieron a la formación recibida.
Acciones Judiciales
El 17 de setiembre, el fuero militar abrió instrucción contra el Sub Teniente Telmo Hurtado y otros militares por abuso de autoridad y homicidio en agravio de 69 civiles fallecidos en Accomarca. Simultáneamente, el juez instructor ad hoc abrió instrucción por homicidio calificado.
Pese a que la responsabilidad de los altos mandos y mandos intermedios estaba clara en la matanza de Accomarca –en tanto era producto de la política dirigida desde el Estado a través del Presidente de la República y los altos mandos del Ejército y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas– el caso fue ventilado en la justicia militar por decisión de la Corte Suprema, en marzo de 1986. En ese fuero, Telmo Hurtado fue absuelto de los delitos de homicidio, negligencia y desobediencia, y sólo fue condenado –por abuso de autoridad– a seis años de prisión y al pago de 500 soles por concepto de reparación civil a los deudos de las víctimas. El resto de efectivos militares fue absuelto.
Siete años más tarde, el Consejo Supremo de Justicia Militar, confirmó la sentencia y la reparación otorgada. Para entonces Telmo Hurtado ya ostentaba el grado de capitán. Posteriormente, en mayo de 1999, la prensa informó que Hurtado laboraba normalmente en la Sexta Región Militar del Ejército y que incluso ya había ascendido a mayor.
Todas las reacciones y acciones de las Fuerzas Armadas y del propio presidente Alan García –quien ofreció modificar la política subversiva pero los posteriores atropellos y violaciones a los derechos humanos comprueban que no lo hizo– se dirigieron a encubrir los hechos y a encontrar un chivo expiatorio –Telmo Hurtado– quien pese a su responsabilidad en el caso no es el único implicado. Los altos mandos y mandos intermedios, así como todos los que participaron en la planificación, coordinación, ejecución y encubrimiento de este crimen de lesa humanidad tienen una deuda pendiente con la justicia y con la nación.
La denuncia
El 2 de febrero pasado, la fiscal especializada en derechos humanos Cristina Olazábal, presentó la denuncia contra el ex presidente Alan García, por delito de omisión impropia, y otros altos mandos militares (entre ellos, César Enrico Praeli, ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Jorge Flores Torres, ex ministro de Guerra; Sinesio Jarama Dávila, jefe de la Segunda Región Militar; Wilfredo Mori Orzo, jefe político militar de Ayacucho; Nelson Gonzáles Feria, ex jefe del Estado Mayor; César Martínez Uribe, ex comandante del Estado Mayor; José Williams Zapata, ex jefe de la compañía Lince; entre otros) por el asesinato y genocidio de 69 pobladores de la comunidad de Accomarca.
Desde entonces, la fiscal Olazábal fue objeto de duras críticas por parte de sectores vinculados al partido aprista, así como de continuos hostigamientos y amenazas. Asimismo, en abril pasado, la Fiscalía Suprema de Control Interno solicitó su destitución, pero el pedido no prosperó. Pese a ello, la magistrada ha recibido el respaldo de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, así como de los propios afectados por la violencia quienes destacaron su labor.
El 1º de abril pasado, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, emitió la Resolución Administrativa No 075-2005 en la que señalaba que “los Juzgados Penales Supraprovinciales que funcionan en el distrito judicial de Lima tienen competencia para conocer delitos contra la humanidad (...), así como los delitos conexos a los mismos, acontecidos en cualquier lugar del territorio nacional”. Con ello, el caso Accomarca y otros en los que hubiera tres o más agraviados, fueron trasladados a Lima.
El 1º de junio, el titular del Tercer Juzgado Supraprovincial, Walter Castillo, abrió proceso con diversos mandatos de detención a más de 20 militares, presuntamente responsables de la matanza de Accomarca pero decidió archivar, en primera instancia, la denuncia penal que emitió la fiscal Cristina Olazábal contra Alan García, tras determinar que no se han presentado las pruebas suficientes para abrir un proceso penal al líder aprista. Tampoco abrió instrucción contra el ex ministro de Guerra, Jorge Flores Torres; el ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Enrico Praeli; ni contra el ex jefe de la Segunda Región Militar, Sinesio Jarama Dávila.
Área de Comunicación
APRODEH
prensa@aprodeh.org.pe
http://www.aprodeh.org.pe
----------
