Casi una tercera parte de los refugiados del mundo son de Palestina

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Raquel Martí*

Martes 22 de noviembre de 2011, por Revista Pueblos

En 1948, 700.000 personas palestinas fueron despojados de sus tierras, sus hogares y de sus recuerdos, convirtiéndose en refugiados. Hoy son más de 4,8 millones, la tercera parte de los refugiados del mundo que, de alguna manera, siguen esperando con anhelo el regreso a sus hogares y el reconocimiento de su trágica historia. Una espera interminable dado que Israel no reconoce su estatus ni permite su retorno y además mantiene militarmente ocupado el territorio palestino.


Después de más de 60 años de expropiación, exilio y condición apátrida, en los que las condiciones de los refugiados de Palestina lejos de mejorar se han agravado, UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina, gestiona 58 campamentos de refugiados donde presta asistencia, protección y defensa a 4,8 millones de refugiados de Palestina en 58 campamentos dispersos en la franja de Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria, en espera de una solución pacífica y duradera a su difícil situación.


LAS CONSECUENCIAS DE LA OCUPACIÓN

Durante más de 60 años, la población refugiada de Palestina se ha enfrentado al desarraigo, el despojo, el conflicto armado, la seguridad alimentaria, la pobreza, etc. Además de la situación anteriormente descrita la población refugiada de Palestina se enfrenta a la ocupación militar israelí desde 1967.

La ocupación del territorio palestino vulnera sistemáticamente los derechos de la población, afecta a sus vidas y a sus medios de subsistencia, además, los condena a la pobreza crónica, al sufrimiento y al desplazamiento forzoso. Las violaciones, que han convertido a los palestinos en una población desprotegida y privada de todo derecho, responden a una política discriminatoria llevada a cabo por Israel desde que en 1967 ocupara el territorio palestino, incumpliendo el Derecho Internacional e impidiendo una resolución pacífica al conflicto.

Otro asunto que dificulta duramente la vida y evolución de la población es el desplazamiento forzoso de la población palestina en la Zona C (el 60 por ciento de Cisjordania que está bajo control de Israel) y en Jerusalén Este mediante un sistema de desalojos, órdenes de demolición, revocación de permisos de residencia, cierres y restricciones de circulación. Se trata de una política de discriminación hacia los palestinos, en la que el 50 por ciento de la población afectada son niños. Esta experiencia suele tener un fuerte impacto en su bienestar psicológico, generando la aparición de problemas emocionales y de comportamiento, con consecuencias negativas en el logro educativo y en el aumento de la deserción escolar de los menores.

Por otra parte, en Jerusalén Este el Gobierno de Israel aplica una política cuyo objetivo es alterar el equilibrio demográfico, negando el derecho al crecimiento natural de la población palestina. OCHA estima que anualmente la población palestina necesita construir unas 1.500 viviendas para cubrir sus necesidades demográficas, si bien Israel concede únicamente unas 400 licencias anuales, por lo que aproximadamente el 28 por ciento de las casas de Jerusalén oriental se han edificado sin permiso, o lo que es lo mismo, 60.000 personas estén en riesgo de demolición de sus viviendas.

La población rural afronta una situación similar. El desplazamiento forzoso, contrario al derecho internacional, no sólo concierne a la población urbana de Jerusalén oriental, sino también la periferia rural donde decenas de refugiados que viven en la zona están siendo físicamente separados de Jerusalén, un área tradicionalmente importante para la vida política, económica, cultural y religiosa de la población. Esta situación no sólo afecta a su estatus residencial, sino a su acceso a los servicios de educación y salud, así como al desarrollo y planificación de sus comunidades.

En la misma línea, la sistemática prohibición de la libertad de movimiento es otro de los factores clave de la política de ocupación israelí. El desplazamiento de los palestinos está severamente restringido mediante un complejo sistema de prácticas administrativas y políticas, así como por la existencia de 516 obstáculos -bajo la forma de check-points, barreras, bloques de hormigón, etc.- que forman parte del sistema de cierres cuyo máximo exponente es el muro que Israel construye sobre Cisjordania.

En este sentido, la construcción del muro está teniendo un profundo impacto humanitario que afecta a las vidas y el sustento de cientos de miles de palestinos. Muchas de las comunidades más afectadas tienen una alta proporción de refugiados. Cuando el muro esté completado, aproximadamente el 15 por ciento de su trazado estará sobre la Línea Verde y el 85 por ciento en terreno cisjordano. Este trazado condenará a prácticamente 33.000 palestinos a quedar atrapados entre el muro y la Línea Verde; aproximadamente 126.000 palestinos permanecerán rodeados por tres de sus lados, mientras que unos 28.000 palestinos estarán literalmente encerrados por los cuatro costados.

No podemos dejar a un lado las consideraciones de la legislación internacional y en este sentido, la política de construcción de asentamientos israelíes en el territorio Palestino ocupado, así como el traslado de colonos, contraviene al derecho internacional y socava la búsqueda de una paz negociada. La ley también prohíbe la confiscación de la propiedad privada o de bienes públicos y obliga a la potencia ocupante a administrar el territorio de manera que respete los derechos de la población local, incluyendo la prohibición de modificar la composición demográfica del territorio. El número de colonos en el territorio Palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, ha seguido aumentando y es probable que pase ya del medio millón. Aunque el 26 de septiembre de 2010 expiró la “moratoria" de 2010 de diez meses fijada por Israel con respecto a la expansión de asentamientos, según el último informe del Relator Especial de Naciones Unidas, durante el tiempo que duró la moratoria, los colonos no cesaron de construir establecimientos públicos, así como viviendas cuyas obras habían comenzado anteriormente. En los últimos meses se ha desatado un autentico furor constructivo que amenaza, una vez más, con expulsiones y demoliciones de viviendas palestinas.

El sistema dual de carreteras, como ocurre con la aplicación dual del régimen jurídico, crea dos ámbitos en Cisjordania: uno para los colonos israelíes y otro para los palestinos. Este hecho es particularmente visible en la construcción de una red de caminos alternativos diseñados para los desplazamientos de los palestinos, mientras se institucionaliza el control militar israelí de las principales carreteras existentes en el territorio palestino ocupado que son sólo accesibles para los colonos israelíes.

No hay que olvidar que las incursiones del ejército israelí en Cisjordania y en los campamentos de refugiados, incluida Jerusalén oriental, siguen cobrando numerosas vidas, daños a la infraestructura pública y la destrucción de bienes civiles.

LA INFANCIA EN EL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO

Un hecho especialmente grave es el relativo al trato que recibe la infancia en el territorio Palestino ocupado. Según el Relator Especial de Naciones Unidas, desde el año 2000 se ha producido la muerte de 1.335 niños palestinos resultado de la presencia militar y de colonos israelíes.

Desde marzo de 2010, los soldados israelíes han disparado a 17 niños que recogían grava en la zona de amortiguación de Gaza para ayudar a la economía de sus hogares. Por otro lado, en el mismo año se registraron 256 menores de edad en los centros de detección israelí, entre ellos 34 de entre 12 y 15 años, cuyos delitos están relacionados con el lanzamiento de piedras o la participación en manifestaciones contra la ocupación o la construcción del muro. Cada año, alrededor de 700 menores de edad de Cisjordania son juzgados en tribunales militares israelíes tras ser detenidos, interrogados e internados por el ejército israelí. Estos niños además, denuncian graves violaciones de sus derechos durante los interrogatorios

ATRAPADOS EN LA FRANJA DE GAZA

La política de ocupación sobre la franja de Gaza se basa en el bloqueo que Israel ejerce desde que en el 2007 declarara la franja como “territorio hostil” a raíz de la victoria de Hamas en las elecciones legislativas.

El bloqueo es igualmente contrario al derecho humanitario Internacional, supone una violación masiva de los derechos humanos de la población, impide que la población se libere de la dependencia de la ayuda humanitaria, e imposibilita la reconciliación entre las dos fuerzas políticas mayoritarias de Palestina. El bloqueo israelí sobre Gaza ha creado una crisis humanitaria sin precedentes. En la actualidad las cifras de desempleo registradas (45 por ciento) se encuentran entre las más altas del mundo y la inseguridad alimentaria alcanza casi al 80 por ciento de la población. Este bloqueo ha producido que el número de personas que viven con menos de un dólar al día y solicitan diariamente asistencia alimentaria a la UNRWA se haya triplicado en los últimos dos años (de 100.000 a 300.000). El bloqueo repercute significativamente en los niños y jónes, que alcanzan más de la mitad de la población de Gaza, privándoles de futuro y abriéndoles la puerta hacia la radicalización.

En cuanto a la reconstrucción de Gaza, tras la agresión militar israelí Plomo Fundido que dejó casi 1.400 víctimas mortales (414 niños) y más de 5.000 heridos (1.855 niños), Israel apenas ha autorizado la entrada de materiales de construcción. UNRWA necesita construir 100 escuelas para cumplir con la obligación de educar a la siguiente generación en Gaza. A pesar de ello, las autoridades israelíes sólo han aprobado 100 proyectos humanitarios de organismos internacionales, 43 de ellos a la UNRWA, los cuales equivalen al 11 por ciento del presupuesto que la Agencia necesitaría implementar en la franja de Gaza.

Por otro lado, UNRWA se ve obligada a introducir la ayuda humanitaria en Gaza a través del paso de Kerem Shalom, dado que Karni, el paso de mayor capacidad, ha sido cerrado por Israel. Al ritmo actual de entrada de mercancías, la Agencia necesitará 75 años para completar el programa de reconstrucción. El cierre de Karni no sólo reduce la entrada de materiales a la Agencia, sino que produce un impacto devastador en el sector privado en Gaza y en los programas de organizaciones humanitarias como UNRWA. Además, el cierre de Karni también hace que sea casi imposible alcanzar las metas de exportación establecidas por el Acuerdo sobre Acceso y Movimiento de 2005 firmado por el Gobierno israelí y la Autoridad Palestina en el que se preveían 450 camiones de exportaciones diarios.

Además del bloqueo, otra medida que de forma alarmante vulnera los derechos humanos de los palestinos es el establecimiento por parte de Israel de una zona denominada de “amortiguación” que penetra 1.500m en Gaza desde la frontera, donde la población tiene prohibida la entrada y donde los militares disparan a todo aquel que penetre en la misma. Como resultado de esta medida, 58 palestinos perdieron la vida (22 civiles) y 233 resultaron heridos (incluidos 208 civiles) en 2010. Las fuerzas militares israelíes también obligan a los barcos de pesca de Gaza a no alejarse más de tres millas náuticas de la costa para faenar y disparan en señal de advertencia si sobrepasan ese límite.

UNRWA es considerada como uno de los actores que más contribuyen a la estabilidad regional hasta que se alcance una solución justa a la situación en la que se encuentran los 4,8 millones de refugiados de Palestina. En este contexto, la labor humanitaria de la UNRWA sólo tendrá efectos duraderos si se lleva a cabo en el marco de un proceso político significativo.


*Raquel Martí es directora ejecutiva de UNRWA Comité Español.

Este artículo ha sido publicado en el nº 48 de Pueblos - Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2011.

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