Chile: Aportes de lesbianas a la mejora de la Ley que establece medidas en contra de la discriminación.

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

 

Tortas que luchan

El análisis que les presentamos se divide en dos partes. La primera enfatiza aspectos generales de la ley. Estos, de modo permanente vuelven a aparecer en la segunda parte que resalta elementos específicos considerados fallos de algunos de sus artículos. Cabe decir que la mirada que ha movilizado este análisis se centra en relevar aquellos puntos que son susceptibles de mejora, muchos de los cuales, desde hace años han sido enunciados por distintas lesbianas.

Agradecemos el debate y la alimentación de los fallos que hemos percibido desde nuestras particulares perspectivas. En este sentido invitamos a las compañeras lesbianas a generar sus aportes y mejoras al texto escribiendo a ideassingenero@gmail.com. Sus aportes fortalecerán la claridad respecto de un tema que a todas nos concierne y que es parte de un debate que transgrede nuestros límites geográficos. 

1.- Aspectos generales

La ley fue concebida como Ley Marco por la sociedad civil. Lo indicado implicaba que una vez promulgada todos aquellos artículos discriminatorios o que favorecen la discriminación fueran derogados y/o modificados. Este carácter conocido como efecto dominó no es atributo de esta ley, por lo que artículos discriminatorios como el 365 del Código Penal chileno, que sienta las bases de la diferencia establecida para el consentimiento sexual entre homo y heterosexualidad, seguirán operando. De este modo, se anticipa el restringido escenario sobre el cual esta ley se aplicará.

Si bien, esta ley se puede entender como una plataforma que propicia la transformación cultural, esto que es tan importante, seguirá dependiendo de los jueces y de la razón que éstos apliquen. Su arbitrio es el que finalmente decide si una categoría es realmente discriminatoria o está sometida a derecho. En este sentido, inquieta que muchos de los juicios sobre diversidad sexual se hayan sustentado más en preceptos morales que en la objetividad. Recordar los casos de Karen Atala o Sandra Pávez sustenta lo indicado. Si el carácter de la ley es exclusivamente judicial, como profundizaremos más adelante, vale plantear que en el contexto descrito, existe plena posibilidad de que las conductas poco objetivas de la justicia se sigan reproduciendo. El inadecuado funcionamiento del recurso de protección amparado constitucionalmente para los casos en que se viola la igualdad -que podemos entender como una de las grandes causas de la demanda histórica por esta ley- avala lo descrito.

La ley no concreta un enfoque pluralista. El derecho a la diferencia se resguarda tibiamente, en tanto, no se plantean formas ni mecanismos que fortalezcan que nuestra voz sea considerada en el diseño de acciones que promuevan, intervengan, evalúen la no discriminación. Lo planteado, se vincula a que la ley no establece acciones afirmativas a desarrollar en pro de la no discriminación. Las acciones afirmativas se refieren al trato preferencial que se otorgará a grupos discriminados para acceder a recursos, servicios, bienes, que mejoren su calidad de vida limitada por la discriminación que les ha afectado[1]. Por otra parte, lo indicado se relaciona con que la ley carece de institucionalidad, o sea, que no existe una instancia que se encargue de su cumplimiento y mejora. Se convierte así en una ley general que no tiene presupuestos para operar y asumir el desarrollo de acciones preventivas. Ambos aspectos iluminan nuevamente el restringido espacio de su acción.

Dicho lo anterior, pasemos a la revisión de algunos de sus artículos. No está de más indicar que no somos abogadas, que nuestra intencionalidad es apoyar la mejora de  los contenidos de la ley a través de la difusión de los mismos el análisis que articulamos y el debate que éste pueda generar.

2.- Sobre sus artículos

Lo indicado hasta la fecha encuentra un firme asidero en el artículo 1 que establece el objeto de la ley:

Artículo 1°.- Propósito de la ley. La presente ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.

El propósito de la ley reduce la función del Estado a una acción judicial específica. Esto quiere decir que no se hará cargo de prevenir, erradicar, promocionar la no discriminación. Una ley que no contemple estos aspectos -planteados desde un inicio- no logra ser pertinente ni efectiva frente al fenómeno de discriminación que afecta a distintas comunidades políticas y personas en nuestro país. Además, lo planteado implica que los órganos del estado producirán/reproducirán un carácter pasivo frente a la discriminación ya que no están llamados a desarrollar acciones específicas al respecto. De este modo, el cumplimiento de los marcos normativos, los tratados internacionales suscritos por Chile corren el riesgo de seguir siendo vulnerados. Volviendo a lo indicado en el subtítulo Nº 1, es evidente que existe la posibilidad de que jueces y otras entidades gubernamentales no apliquen justicia tal y como lo exige la discriminación. Sin estar incorporados a una estrategia transversal que la prevenga pueden seguir reproduciendo prácticas que socavan el principio de objetividad con base en sus propios prejuicios. Vale enfatizar, que la discriminación a la diversidad sexual no heterosexual se ha basado fundamentalmente en ello, dada la regulación patriarcal que opera en los contenidos del sistema sexo/género vigente.

En este contexto, someramente descrito, cabe resaltar que el contenido de este primer artículo sienta las bases de lo extremadamente reducido y por ende incierto impacto de la ley. Las acciones en contra de la discriminación sólo representan una acción judicial que será desarrollada lógicamente cuando esta ocurra. O sea, no se puede generar un proceso judicial si no existe delito, por eso, se habla de que la ley que establece medidas en contra de la discriminación, sólo opera cuando la conducta discriminatoria ya ha sido ejercida; no se preocupa de prevenirla, ni de erradicarla. De este modo, la agresión violenta a una lesbiana deberá suceder para que la ley actúe. Para nosotras, los esfuerzos deben enfatizar que estos hechos no se desarrollen. Si bien, es bueno contar con esta prohibición legal de discriminación, esta no servirá de mucho si no se realizan los esfuerzos necesarios para prevenir y evitar incluso que la ley tenga que actuar.  Mil veces preferimos que no haya violencia basada en la discriminación a miles de casos que la sancionen sin prevención.

El segundo artículo de la ley, si bien aporta a la modernización de la legislación chilena referida a la no discriminación ya que establece una prohibición legal de la misma; limita y restringe la discriminación tan sólo a las categorías que allí se enuncian. Para nosotras este tema no es menor, pues aunque suene majadero, lo que no se ve no existe y lo que no existe no tiene derechos. Esta afirmación que releva no sólo el estatus legal de la ciudadanía, sino también sus otras dimensiones como lo son el de la participación y el goce de un amplio espectro de derechos como lo son los derechos sociales, pone en duda nuevamente los alcances de la ley desde varias perspectivas que describimos en las siguientes líneas.

El artículo que lista las discriminaciones arbitrarias prohibidas indica:

 Artículo 2°.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, identidad de género, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

 La primera perspectiva que informa sobre las falencias de la ley  es que si bien su actual contenido incorpora la orientación sexual, esto no necesariamente implica el reconocimiento integral de la violencia a lesbianas. Esto que re inscribe a la sujeta lesbiana en un marco biologicista limita su potencia transformadora del mundo y de la ley. Si bien este concepto cumple con las normativas internacionales al respecto, olvida que muchas lesbianas –también gays y bisexuales- no denuncian las causas reales de la discriminación, lo que configura la posibilidad de que los antecedentes que se recaben sobre este tipo de violencias expongan cifras falsas que alienten la decisión política de no desarrollar acciones preventivas respecto de la diversidad sexual por considerarlo innecesario. Puede sonar majadero y rebuscado/a para algunos/as,  pero lo indicado se afirma en la realidad –que bastante bien reconocemos- y en no asumir como verdad absoluta las convenciones conceptuales respecto de la “diversidad sexual”, pues en su construcción nosotras no hemos participado[2]. Considerar la ausencia de acciones afirmativas, el enfoque no preventivo de la ley que libera al Estado de garantizar escenarios de igualdad y libertad para todas las personas, entre otras, por cierto, que detona esta inquietud.

Vale establecer que el concepto de orientación sexual alude hacia donde se dirigen los deseos sexo/afectivos de una persona. Esto, que reduce la vivencia política no heterosexual, ha generado que sujetas lesbianas, a modo de ejemplo, sean interpretadas culturalmente como mujeres que aman a otras mujeres facilitando que sus vulnerabilidades específicas no sean consideradas por las plataformas legales. Esta realidad que se ha vivido en distintos países facilita que lesbianas y bisexuales sean incorporadas al conjunto homogéneo que el modelo liberal ha construido en torno a la mujer.  Un análisis muy interesante sobre este punto es el que desarrolla Raquel Platero en Lesbianas centrado en la sociedad española.

La preocupación indicada se profundiza con la eliminación del listado de discriminaciones arbitrarias del concepto de género. El uso de este concepto es inadecuado aún en Chile, pues muchas personas establecen que alude exclusivamente a la mujer. De hecho, el enfoque de género gubernamental reproduce este fallo, pues se circunscribe a generar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No obstante lo indicado, destacamos lo contradictorio que es que este concepto, objeto de acciones de transversalización que se implementan en varios ministerios, no sea considerado por la ley[3].

El género se refiere a la construcción cultural de la diferencia sexual. De otra forma dicho, se refiere a cómo la marca biológica (sexo) es interpretada y representada por la cultura (género). Para que se entienda mejor: todas las personas tenemos un sexo; según el que poseamos, la cultura determina un comportamiento, es decir, se naturaliza la relación entre sexo y género. Esta relación naturalizada impone que el sexo –lo biológico- sea relacionado con el género -lo cultural- de un modo en que se transforma en verdad absoluta. Así, la mujer se asocia a características que la construyen como débil, emocional, sumisa, otros, respecto de los hombres: fuertes, racionales, inteligentes. O sea: se es mujer y por ello definitivamente se es débil, emocional, sumisa. Esta construcción cultural de la diferencia sexual, del todo artificial, forja que según la diferencia sexual o marca biológica se construyan relaciones de dominación masculina y subordinación femenina. Sin duda, que esta concepción convencional del género es discriminatoria, pero como ya dijimos no está contemplada por la ley. Es importante indicar que al ser el género una construcción cultural sus contenidos son posibles de ser modificados. Así, desestabilizar las construcciones de desigualdad que le habitan, facilita la incorporación de lesbianas y bisexuales; también de travestis y gays, lo que fisura, vale decir, el sentido binario del género. Para lograr este cometido, es del todo necesario que el concepto género sea re incorporado al listado de prohibiciones legales de discriminación que establece la ley. Enfatizamos que al ser erradicada esta categoría -presente en todas las versiones y modificaciones que ha tenido esta propuesta desde el 2002 a la fecha- se reduce la protección a la que mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, gays pueden acceder. Considerar que convencionalmente las políticas de género aluden a la mujer, implica que su no inclusión especialmente afecte a lesbianas y bisexuales.

Con base en lo someramente indicado, la prohibición de discriminación por sexo y orientación sexual no abarca todas las discriminaciones que se desprenden de la regulación sexual. El género, valga la reiteración, debe estar incorporado, pues naturaliza que el sexo perteneciente a una mujer u hombre sea más o menos valorado por nuestra cultura.

Valoramos enormemente que el criterio identidad de género sea incluido por esta ley. No obstante, manifestamos nuestra inquietud respecto de los discursos públicos que se han vertido en torno a éste, pues en ellos late un sentido normalizador que requiere ser develado. La revisión de los discursos expuestos públicamente moviliza el ideario de que este concepto alude exclusivamente a personas trans y al derecho de que haya una coherencia legal entre su expresión de género –masculina, femenina- y el nombre. Esto disfraza una nueva forma de naturalización de la relación sexo/género, o sea, al vestirse como mujer, se obtiene el derecho de ser nombrada como tal. No estamos en desacuerdo con ello, es el derecho que cada quien tiene, sólo relevamos que de este modo se refuerza una mirada binaria sobre la sexualidad, es decir, o se es femenina o se es masculino con la carga cultural que esto implica. Lo indicado, que refuerza la práctica del “pasar por” en la cultura dominante no desestabiliza las construcciones violentas de estos contenidos, por el contrario, refuerza la heterosexualidad. Importante es indicar que la identidad de género alude a la expresión cultural del sexo con el que una persona se identifica, es decir, si se siente hombre (masculino), mujer (femenina), pero también implica otros modos de expresión. Parafraseando a la activista travesti chilena Claudia Rodríguez: “(…) ni totalmente femeninas, ni totalmente masculinas (…)” o ninguna de las dos, o muchas al mismo tiempo. Con base en los discursos mencionados y en la educación heteronormada que recibimos, los otros modos de expresión pueden ser anulados, apoyando que las personas trans se acoplen al sentido formal de comportamiento que la cultura impone a un hombre y a una mujer. Esto, subvierte su potencia trasformadora al inscribir “lo” trans en el modelo genérico hegemónico. Si bien, el activismo trans, travesti, transexual en muchos casos trasgrede estas significaciones, debemos asumir que muchas personas no están tan preocupadas de este debate y sólo desean -lo que es del todo legítimo- limitar la tremenda violencia a la que su identidad de género las expone[4]. Lo indicado puede facilitar procesos de normalización, a través de negociaciones, que por lo general, dejan a la hegemonía dominante ocupando el mismo sitial. Basta pensar en la reproducción de la heterosexualidad que someramente se describe en las líneas anteriores.

Enfatizamos en este punto que todas las personas poseen identidad de género. Las lesbianas y las mujeres no mujeriles, por lo general, trasgreden el mandato cultural y poseen una identidad de género no concordante con lo que la cultura designa. De este modo introductorio, vale decir, la identidad de género no puede ser reducida públicamente sólo a la expresión travesti. Lo anterior, que entendemos, enfatiza la violencia que afecta a esta comunidad, debe comprender que al modelar de este modo el registro conceptual tan limitado de quienes toman las decisiones, reduce la violencia que afecta a otras comunidades sexuales. Creemos en el énfasis que se ha movilizado respecto de la identidad de género, pero alertamos sobre las restricciones identitarias que incluye y que ocultan otras violencias. Esa es labor de la educación que escasamente podrá aportar a este cometido si es que el objeto de la ley es tan restringido.

Pensando en que la lucha política trans coincide en el futuro logro de la Ley de identidad de género, se hace impostergable que  se potencie la reflexión en torno a la binariedad genérica, pues dicha ley no debería reforzar al género como una unidad constitutiva natural. Los derechos que tras esto se intentan conquistar no deben ser reducidos a la figura normalizada del género. Pudiera ser, que en este contexto, emergieran exclusivamente consignaciones femeninas o masculinas, dejando de lado las partituras malsonantes de su representación inicial para instaurar y fijar la ficción genérica bajo los efectos de la regulación social. Cabe enfatizar que las personas transgéneras ilustran la construcción artificial de la relación naturalizada entre sexo/género, lo que aporta a su  subversión en la copia que delata su no originalidad, por esto mismo, es que es necesario develar aspectos normalizantes que faciliten que una ley de identidad de género no capitalice -bajo ningún punto de vista- la inversión del régimen heterosexual, a través de los espacios legales de amabilización que ésta provea.

En este punto emerge otro fallo de la ley que se refiere a la eliminación del listado del criterio “o cualquier otra condición” que estuvo desde un inicio presente. Considerar que la cultura se construye de modo permanente y que en ese contexto las formas y expresiones discriminatorias van adquiriendo nuevas formas, exige que este criterio sea considerado, pues la expresión de la discriminación no es fija y menos responde a una sola categoría aislada. Desde esta perspectiva, surge la natural interrogante respecto de la discriminación múltiple. El listado de causales de discriminación arbitraria no considera que éstas operen de modo múltiple en las personas; por el contrario tiende a generar una separación de las categorías que ocultan su entrecruzamiento. No se discrimina sólo por ser lesbiana, sino también, porque se es pobre, mujer, por la ideología y otras variables al mismo tiempo.  Como lesbianas la opresión múltiple es un tema significativo, pues muchos de los casos de violencia que vivimos, como ya ha sido planteado, quedan registrados exclusivamente como violencia a la mujer, por el temor a develar la identidad. En este caso y en muchos más existe un entrecruzamiento de variables discriminatorias, que así como está planteada la ley, no están siendo consideradas. Lo indicado – tomamos posición- debe tener un trato especial.

La modernización de la ley debe responder a las prácticas culturales reales de discriminación, por lo tanto, debe contemplar las nuevas formas en que ésta se expresa y la opresión de carácter múltiple que afecta a las personas. De otra forma dicho: La erradicación de la discriminación corresponde a la lucha social permanente por la igualdad y libertad. Considerar lo planteado, implica anticiparse a nuevas formas y prácticas discriminatorias y también a las que se han ocultado. En este punto, es importante generar una crítica sobre lo que se indica respecto de la “justificación razonable”. La definición de lo razonable, sin duda, anticipa un acto de exclusión. Lo razonable se construye con referencia en aquello que es irrazonable y que por esto se debe ocultar o erradicar.  Las definiciones de lo razonable e irrazonable –es importante enfatizar- son definidas por la cultura dominante y operan restando objetividad a los fallos de quienes aplican la justicia.

Ya planteamos que el objeto de esta ley no considera acciones preventivas ni de promoción de la no discriminación. Lo indicado, denuncia la falta de voluntad gubernamental para desarrollar políticas diferenciadas o acciones afirmativas, lo que oculta la vulnerabilidad de ciertos grupos y la propia violencia del estado. Insistiendo – en lo que puede ser llamado majadería por algunos/as- no pone en juego mecanismos que prohíban la propia discriminación estatal. Enfatizamos de este modo, que esta entidad sigue reproduciendo fórmulas que vulneran el legítimo derecho a decidir sobre lo que nos pertenece: nuestros cuerpos. Si en el marco de la discusión de esta ley, a modo de ejemplo, el gobierno que representa al estado obliga a las mujeres embarazadas a hacerse el test del VIH o sigue criminalizando el aborto; podemos decir que no existe una práctica de no discriminación estructural que nos ponga al centro. Por el contrario, podemos observar que la discriminación estatal se naturaliza hasta dejar de ser entendida como tal. La violencia del estado debería ser comprendida por esta ley e incorporada como un criterio prohibido de discriminación.

Otro contenido del artículo 2 se refiere a:

Se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso precedente, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6°, 11°, 12°, 15°, 16° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.

Si bien el énfasis puesto en estos artículos que aluden a la vida privada y la honra, libertad de conciencia y religión, libertad de enseñanza, libertad de opinión e información, derecho de asociación, libertad de trabajo y contratación, libertad económica respectivamente, son un acierto, creemos que deberían incluirse todos los criterios que asegura el artículo Nº 19. No incluirlos redunda en un enfoque no preventivo de la discriminación de esta ley. Pensar en la protección de la salud como derecho fundamental no contemplado y que es resguardado por al artículo Nª 19, implica una atención que no se capacitará por ley para atender a lesbianas respecto de sus específicas vulnerabilidades.

Sobre la sanción a la discriminación la ley establece lo siguiente:

Artículo 3°.- Acción de no discriminación arbitraria. Los directamente afectados por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria podrán interponer la acción de no discriminación arbitraria, a su elección, ante el juez de letras de su domicilio o ante el del domicilio del responsable de dicha acción u omisión.

Artículo 4°.- Legitimación activa. La acción podrá interponerse por cualquier persona lesionada en su derecho a no ser objeto de discriminación arbitraria, por su representante legal o por quien tenga de hecho el cuidado personal o la educación del afectado, circunstancia esta última que deberá señalarse en la presentación.

También podrá interponerse por cualquier persona a favor de quien ha sido objeto de discriminación arbitraria, cuando este último se encuentre imposibilitado de ejercerla y carezca de representantes legales o personas que lo tengan bajo su cuidado o educación, o cuando, aún teniéndolos, éstos se encuentren también impedidos de deducirla. 

Artículo 5°.- Plazo y forma de interposición. La acción deberá ser deducida dentro de noventa días corridos contados desde la ocurrencia de la acción u omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento cierto de ella. En ningún caso podrá ser deducida luego de un año de acontecida dicha acción u omisión.

Hay varios aspectos que nos inquietan respecto de estos contenidos. El primero tiene que ver –nuevamente- con que la única vía de respuesta estatal frente a la discriminación es la judicial. Es redundante respecto de lo ya indicado, pero es necesario para nosotras, enfatizar que la medida judicial es insuficiente si es que el estado no adopta un conjunto de medidas para prevenir, sancionar, erradicar y reparar la discriminación. Por otro lado, pensando en un proceso que paso a paso debería facilitar la presentación de denuncias, es que nos resulta un tanto inquietante que no se geste, para el caso de la diversidad sexual, un resguardo de la identidad –libre de utilizar- de quien interponga la acción. Lo indicado, puede resultar contradictorio, algo así como una especie de llamado a la no visibilización, sin embargo, se sustenta en lo ya indicado, respecto del temor que muchas personas tienen de visibilizar su identidad por el castigo social al que se pueden ver expuestas. En este contexto, recordamos un conversatorio desarrollado en Chile el año 2007 en el que participó Beatriz Gimeno. La activista española indicaba que la cantidad de lesbianas que se habían casado en ese país era significativamente menor a la cantidad de gays que habían contraído el vínculo, esto, porque casarse implicaba la visibilidad de la identidad lesbiana lo que las enfrentaba a una serie de discriminaciones familiares, laborales, entre otras. Vale pensar entonces, que la visibilidad que pudiera estar implicada en la interposición de esta acción, podría determinar su no utilización por muchas personas aún sujetas a la opresión descrita. Si bien, la ley debería ir prodigando nuevos escenarios en donde esto no ocurriera, se insiste en que no provee mecanismos preventivos que faciliten que esto en el futuro sea así.

Por otra parte, se indica que la acción en ningún caso podrá ser presentada luego de un año de acontecida la discriminación. Esto es una dimensión verdaderamente problemática, pues percibirse como persona discriminada muchas veces implica mucho más tiempo del considerado por esta prescripción. Lo anterior, informa sobre la escasa comprensión de la ley de lo que implica el fenómeno de discriminación para una persona lesbiana; también para una persona bisexual, travesti, gay, intersex.

En muchas ocasiones las lesbianas han naturalizado la violencia a tal punto que consideran que dichas prácticas son correctas. Muchas personas viven un proceso lento para asumir su identidad no heterosexual. Muchas también, en ese camino, se dan cuenta de que han sido objeto de prácticas violentas. Este proceso puede durar más de un año, lo que nos permite especular que muchas de estas personas no sean capaces de interponer este tipo de acción cuando ocurran, ya sea, porque no las perciben como tales o porque no están preparadas para hacerlo. Lo ponemos más claro: Muchas lesbianas en un proceso lento se asumen como tales. Este es un primer paso. En este proceso -no poco conflictivo- comparten con alguien de su confianza lo que les “está ocurriendo”. Un tercer paso –de acuerdo con generalizaciones pesquisadas a través de estudios- corresponde a encontrase con sus pares, lo que en muchas ocasiones es beneficioso para su proceso de empoderamiento. En este tránsito –muchas- no desestiman el apoyo psicológico que en muchas ocasiones se extiende por mucho más de un año. Percibir la discriminación como tal es parte también de este deambular. Recordamos los casos en este instante de varias estudiantes de secundaria que se fueron de su liceo, en el año 2005. Esto -que fue registrado en el Informe de Derechos Humanos que elaboró Toli Hernández para Mums- daba cuenta de sus afirmaciones sobre que ellas se habrían retirado de esos centros educativos por su propia voluntad. Jamás consideraron que dicha voluntad estuvo supeditada a las presiones de profesoras/profesores de dichos Liceos. No sabemos cuáles son los criterios para determinar este plazo, sin embargo, creemos que en consideración de lo indicado, esto debería ser revisado.

El artículo Nº 6 se refiere a la admisibilidad del recurso. Relevamos nuevamente la potestad de un juez para determinar si este acto es en realidad discriminatorio o se sostiene en el derecho. Nos extenderemos un poco más en el artículo Nº8:

Artículo 8°.- Informes. Deducida la acción, el tribunal requerirá informe a la persona denunciada y a quien estime pertinente, notificándolos personalmente. Los informes deberán ser evacuados por los requeridos dentro de los diez días hábiles siguientes a la respectiva notificación. Cumplido ese plazo, el tribunal proseguirá la tramitación de la causa, conforme a los artículos siguientes, aún sin los informes requeridos.

La implementación de leyes antidiscriminatorias en América Latina informa sobre lo vital que es probar que los actos discriminatorios han existido. La experiencia que se ha acopiado al respecto ha establecido que una buena estrategia para facilitar el proceso probatorio es que se incluya en las leyes antidiscriminatorias la inversión de la carga de la prueba. Esto implica que quien debe probar que no discriminó es la parte demandada, lo que libera a la víctima de ser quien presente las pruebas. Si bien esto puede ser considerado por el juez, se sugiere su explicitación en los contenidos de leyes o reglamentos que aborden la no discriminación. Cabe indicar, que esta modalidad probatoria favorece aquellos casos en donde las pruebas son insuficientes- lo que puede deberse a las obstrucciones que enfrente la demandante-; facilita probar la intención discriminatoria cuando la acción no se manifiesta expresamente y también permite determinar la existencia de barreras o prejuicios en sistemas que pueden haber normalizado la discriminación.

Desde el artículo Nº 9 al Nº 11 los contenidos redundan en el establecimiento de plazos, audiencias, presentación de pruebas, entre otros. Nos detenemos en el artículo Nº 12:

Artículo 12.- Sentencia. El tribunal fallará dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que la causa hubiera quedado en estado de sentencia. En ella declarará si ha existido o no discriminación arbitraria y, en el primer caso, dejará sin efecto el acto discriminatorio, dispondrá que no sea reiterado u ordenará que se realice el acto omitido, fijando, en el último caso, un plazo perentorio prudencial para cumplir con lo dispuesto. Podrá también adoptar las demás providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Si hubiere existido discriminación arbitraria, el tribunal aplicará, además, una multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio.

Si la sentencia estableciere que la denuncia carece de todo fundamento, el tribunal aplicará al recurrente una multa de dos a veinte unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal.

Enfatizaremos que sólo se menciona a personas, sin hacer distinción entre aquellas que son jurídicas y naturales. Al hablar de aquellas jurídicas nos referimos a instituciones o empresas. Creemos que para estos casos se debe explicitar que la restauración del imperio de derecho obliga a desarrollar políticas de no discriminación, pues pudiera ser que una transnacional con millones de dólares en ingresos prefiera mantener ciertas conductas y políticas discriminatorias y pagar un monto poco relevante en consideración de sus entradas de dinero.

Se considera un acierto de la ley la modificación del artículo 12 del Código Penal que considera como “circunstancia agravante de la responsabilidad criminal el cometer el delito o participar en él por motivos discriminatorios”. Nada dice -ya lo planteamos del artículo 365 o del 373 del Código Penal que rige –este último- sobre la moral y las buenas costumbres. Tampoco agrega nada sobre el artículo 161 del Código del Trabajo que faculta el despido por necesidades de la empresa. Los tres artículos mencionados han sido enunciados de modo permanente por la sociedad civil como artículos que deben ser derogados, los dos primeros y transparentados sus contenidos en el caso del 161. La ley también considera modificaciones al estatuto administrativo para funcionarios municipales que establecen como prohibición y causal de destitución de los funcionarios públicos la discriminación arbitraria.

La ley contempla 15 artículos que pueden ser revisados en esta misma página.


[1] Un ejemplo apropiado, desde el posicionamiento lésbico, tiene que ver con la salud. Si bien se podría resguardar que todas las lesbianas accedan a la salud sin discriminación, esto no será posible si no existe capacitación médica para ello. Se puede contar con la mejor disposición de las/os profesionales de la salud para otorgar este servicio, sin embargo, dicha disposición requiere de ciertas plataformas diferenciadas que permitan, entre otros, que las lesbianas accedan sin temor, que reciban atención con base en sus vulnerabilidades, en definitiva, que se les atienda en función de su “ser lesbiana”. Atenderlas sólo desde el resguardo de los principios  de igualdad en la atención, no considera las diferencias que poseen respecto del público que habitualmente es asistido en estas instancias. La capacitación médica es un paso ineludible en este tránsito que de seguro aporta a disminuir, a modo de ejemplo, la doble prevalencia al cáncer de mamas que poseen respecto de una mujer heterosexual.

[2] La sub representación de la voz lesbiana en la construcción de esta y otras leyes sostienen lo indicado. Este punto, vale definir, no se centra en la postura escueta y angosta de que las lesbianas no participan en política, o que son las “que llevan la contra” a cualquier propuesta política. Este punto se centra, entre otros, en que existe un demoledor modelo de participación centrado en el sujeto hegemónico LTGB que reproduce los fallos de la ciudadanía liberal en donde la masculinidad gay opera en lo público del mismo modo en que el hombre heterosexual lo ha hecho, recluyendo a las mujeres al ámbito de lo privado. La sexualidad homosexual no es neutra y eso se ha expresado a través de los distintos conflictos y tensiones que han sido datados históricamente.

[3] El Informe de Salud Lésbica y bisexual: Construyendo nuevas realidades del 2011, elaborado por ISIG autogestionadamente para ILGA LAC, consigna que sólo en Perú -de 11 países latinoamericanos indagados- se ha enunciado a la sujeta lesbiana como tal en el Plan de No Violencia en contra de la mujer 2009-2015.

[4] Es reconocida la tremenda violencia que afecta a travestis. En este escenario, que implica además que en la región metropolitana chilena un 75% de personas trans no terminen la secundaria, es fácil advertir que este tipo de reflexiones ocupen un espacio marginal, en tanto, superar la violencia física, por mencionar sólo un tipo de violencia que las afecta, ocupa un legítimo lugar de mayor importancia. Considerar además que la identidad trans se posiciona pública y políticamente desde la enunciación trans femenina/trans masculino aporta a la inquietud que se plantea.

 

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franchecha 11/21/2011 18:34


Interesante.estamos tan ensimismadas en nosotras mismas, parte del éxito neoliberal, que a veces no vemos más allá.Una ley de este tipo es importante, pero más importante me parece como el
escrito cuestiona cosas de base como la heterosexualidad.Si estos aspectos no son considerados ni una ley servirá para que vivamos mejor