Colombia ha puesto nombre y apellidos a casi 10.000 cuerpos que habían sido sepultados sin identificar desde hace décadas.

Después de cinco meses de trabajo, el ministro de Interior y Justicia colombiano, Germán Vargas Lleras, dio a conocer este viernes la identidad de 9.969 cadáveres enterrados en fosas comunes y cementerios de diferentes puntos del país sin que nadie los hubiese reclamado.  “NN” (siglas con las que son enterrados los cuerpos de identidad desconocida) por identificar, subrayó Vargas Lleras, de los que se estima que un tercio pertenece a menores de edad.

Según el registro oficial, en Colombia hay 57.414 personas desaparecidas. De ellas, 15.600 han sido consideradas como desapariciones forzadas, cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que han colaborado. Entre ellas hay 3.000 mujeres y otros 3.000 menores de 20 años en el momento de su desaparición. 

El avance en la identificación de desaparecidos es fruto de una iniciativa del senador Iván Cepeda del Polo Democrático. En declaraciones a Público, Cepeda destacó el largo camino que queda por delante: “De los “NN” cuya identificación acaba de entregarse, al menos 437 son víctimas de agentes estatales. Estamos ampliando la indagación a cementerios de las regiones de Meta y Guaviare, entre ellos del de la Macarena, donde la Fiscalía tiene localizados a 1.800 enterrados como “NN”, todos ellos entregados por la autoridad militar a los forenses y entre los que ya hemos identificado a algo más de 200 presuntos “falsos positivos” (jóvenes y campesinos a los que tras asesinarles se les vestía de uniforme para presentarlos como miembros de la guerrilla).

Víctimas de bombardeos

El senador del Polo Democrático ha pedido al Gobierno que entregue las “órdenes de batalla” en las que el Ejército registra sus operaciones. El objetivo es contrastar esas bitácoras con los testimonios de habitantes de las zonas donde los militares combatieron a la guerrilla de las FARC dentro del Plan Colombia. Según Cepeda, “uno de los casos más graves es el de la localidad de Granada, en cuyo cementerio han sido localizados 66 personas enterradas en dos fosas, con un número importante de menores, cuyas casas pudieron ser bombardeadas”.

Para el representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, “la desaparición forzada es una de las violaciones de los derechos humanos más graves que existen, y Colombia, lamentablemente, sufre un récord alarmante, es uno de los países del mundo con más desaparecidos”.

No hay condenas significativas en aplicación de la llamada “Ley de Justicia y Paz”, que juzga a paramilitares desmovilizados ya que sus máximos jefes han sido extraditados a Estados Unidos para que respondan por delitos de narcotráfico y, según muchos analistas, para que no desvelen las tramas negras que implicarían a amplios sectores de la sociedad colombiana. Aún así, hasta el momento se han confesado 4.420 casos de desaparición forzada por agentes del paramilitarismo, que investiga la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Durante las últimas semanas han visitado Colombia representantes de Naciones Unidas, como el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Philip Alston, que se interesó especialmente por los falsos positivos, cuyo número supera los 2.000, según fuentes judiciales. La mayoría de los falsos positivos han sido identificados, pero aún se desconoce la identidad de centenares de personas “muertas en combate” que, según la ONU, podrían ser casos de “ejecuciones extrajudiciales” que deben pasar a la justicia ordinaria.

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