Colombia: ¡SE METIERON A LA CASA- No financiación Minera en las Universidades!

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

En el pasado mes de Mayo la Universidad de Caldas, en cabeza del rector Ricardo Gómez, firmó un contrato de prestación de servicios con la compañía minera transnacional Anglo Gold Ashanti (AGA), prueba de la imposición gradual de la lógica mercantilista en ésta Alma Máter, y como tal, manifestación de la política económica del Estado colombiano, orientada hacia el fortalecimiento de la gran minería, por encima de los derechos fundamentales de las comunidades y los intereses generales de los colombianos. Ante dicha situación la Federación de Estudiantes Universitarias FEU, como parte activa de la dinámica estudiantil de la Universidad de Caldas, invita a la reflexión sobre algunas de las implicaciones que generaría dicho acuerdo, evidenciando que éste no es independiente de otras problemáticas generales, como la reforma a la ley 30 de 1992 (actualmente discutida en el Congreso de la República).

En la medida en que es el gobierno del Dr. Juan Manuel Santos quien establece la gran Minería como uno de los ejes que impulsa la inversión extranjera y permite reducir el déficit fiscal al elevar –según él- el crecimiento económico. La puesta en marcha de esta “locomotora de la minería” como parte de un proceso iniciado por el gobierno del Dr. Álvaro Uribe Vélez1, implica un proceso de reorganización jurídica de la actividad minera (Ley 1382 de 2010, Decreto 2715 de 2010), que entre otras medidas, aumenta la restricción de la minería artesanal o tradicional, a la vez que permite la flexibilización de la tributación para los inversionistas extranjeros, en aras de facilitar la confianza inversionista. Esta apuesta por la gran minería impone la presencia protagónica de poderosas compañías mineras trasnacionales, en contraste con la exclusión y persecución a los pequeños mineros; compañías como Gran Colombia Gold Corp, Medoro Resources Ltd, Anglo Gold Ashanti, Gold y Mineros, y Greystar, han recibido concesiones y permisos para la explotación minera en el territorio nacional, incluyendo zonas protegías y zonas de ecosistemas frágiles como los páramos. Relacionado con esto se encuentra la persecución a los pequeños mineros (mineros artesanales) en el marco de la lucha contra la minería ilegal (Ley 1382 de 2010, Decreto 2715 de 2010). Encauzando el uso de la fuerza del Estado a señalar, penalizar y encarcelar a quienes buscan en la pequeña minería una forma de sobrevivir, en un contexto marcado por la desigualdad, la exclusión social, política y económica: en Marzo de este año el Departamento de Policía de Caldas, dio a conocer la captura de seis personas en el Municipio de Neira, los elementos incautados fueron: 3 bateas medianas hechas en madera; 2 macetas medianas con cabo de madera; 2 machetes; 2 cinceles medianos en acero; 2 barras de acero; 1 pala; y 1 azadón de arrastre. El delito: explotación minera ilegal y violación a la explotación minera, sin los permisos y licencias correspondientes (Código Penal, Código de Minas). Demostrando así el favorecimiento a las grandes compañías mineras y la persecución a labriegos y mineros artesanales por parte de las instituciones del Estado, en consecuencia con el modelo neoliberal, en el cual, las funciones del Estado se reducen a tareas policivas y de vigilancia, orientadas a garantizar el cumplimiento de las concesiones, licitaciones y demás contratos, para la explotación minera, es decir, el monopolio de las trasnacionales sobre nuestra territorios, los recursos y la biodiversidad. Y es en éste escenario, que da su aparición la explotación minera de la Anglo Gold Ashanti (AGA).

La AGA es una de las tres primeras compañías de explotación aurífera en el mundo, en los últimos años ha sido cuestionada por los gravísimos e irreparables daños ambientales generados por la explotación de oro en diferentes lugares, incluyendo Ghana, y la violación de derechos humanos denunciada por agencias internacionales como Green Peace “que incluyen torturas y asesinatos por parte del personal de seguridad privado de la compañía” (SEMANA, pág. 27 de enero de 2011). En el país ya existen denuncias sobre esta práctica de la AGA., se le imputó la tortura y asesinato en Febrero del año pasado, de dos mineros de la comunidad de la Serranía de San Lucas: Omar Alonso Ospina y su hermano José de Jesús Restrepo, miembros de la federación de mineros en la región del sur de Bolívar (Fedeagromisbol), (www.pacificocolombia.org).
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En el país la AGA ha solicitado contratos en más de 21 departamentos y un total de 2.114 solicitudes para la explotación minera; desde 2007 ha orientado actividades de este tipo en La Colosa, reserva minera de 4.000 hectáreas, ubicada cerca al municipio de Cajamarca en Tolima, que posee un estimado 12 millones de onzas. Las actividades de exploración emprendidas por la AGA en este proyecto, han sido cuestionadas por iniciarse sin los permisos necesarios otorgados por las instituciones competentes como es el caso de CORTOLIMA; para este proyecto la AGA, tiene presupuestado alrededor de 2 billones de dólares, lo que representa el proyecto de explotación minera a cielo abierto más ambicioso que se haya realizado en el país y la región. Este proyecto entra a ser apoyado desde hace pocos días por la Universidad de Caldas, quien se compromete a realizar un monitoreo ambiental permanente de los aspectos bióticos, hidroclimáticos e hidrogeológicos, durante la fase de exploración, firmando un contrato de prestación de servicios por dos mil diez millones doscientos quince mil doscientos quince pesos ($2.010.215.215).

Este contrato hace parte de una de las exigencias para iniciar el proyecto de explotación minera a cielo abierto, impuestas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) a la AGA, y a pesar de ser ofrecido con anterioridad a la Universidad del Tolima, ésta se niega a realizarlo debido a las limitaciones y condicionamientos que se le imponen. En contraste la Universidad de Caldas, en cabeza del rector Ricardo Gómez, celebra dicho contrato de manera anormal (no es tenida en cuenta la opinión de los representantes de estudiantes y profesores al Consejo Superior, ni la comunidad académica en general), negando la discusión y análisis, como es el deber ser de una institución académica. Siendo evidente que en el contrato existen una serie de condicionamientos a la Universidad, como en el caso de la cláusula de confidencialidad, la cual reza que no se deben divulgar los resultados sino están de acuerdo las dos partes, y por lo tanto, no se puede publicar los resultados del monitoreo ambiental sin que la Anglo Gold sea consultada. Este hecho genera desconfianza sobre las pretensiones de la AGA, ya que puede “no jugar limpio” y esconder los verdaderos impactos que generará el proyecto minero de La Colosa.

A partir de estos elementos, se da pié a poner en tela de juicio a la administración de la Universidad de Caldas, quien tiene dentro de su programa institucional la responsabilidad social con la región y el país, en la medida en que es evidente que la Universidad con la celebración de este contrato, es cómplice de la violación imputada a la AGA de los DD HH en Colombia y países africanos. A la vez que se limita y condiciona la investigación científica en la Universidad, particularmente a programas como: Biología, Geología e Ingeniería Agronómica. Al restringir y debilitar, no sólo la autonomía en la investigación, sino a redefinirla con base a una lógica mercantil, orientada a favorecer los intereses de compañías extranjeras y a aumentar el rendimiento de sus capitales económicos. Todo esto en detrimento de la investigación, que posee como fin último, mejorar las condiciones sociales de la población, a la par del mantenimiento y cuidado de la biodiversidad. Esto pues, no difiere, por lo contrario complementa el proyecto de reforma al modelo de educación (reforma ley 30) que busca disminuir la participación estatal en la actividad educativa en aras de fortalecer la presencia de capitales e intereses privados.

Apoyadas por una política económica que impulsa la gran minería, persiguiendo al minero artesanal y sin tener en cuenta el impacto ambiental, cultural y social, las compañías mineras, en ese caso la AGA, se NOS METIERON EN LA CASA. Se metieron en nuestro territorio, en nuestra región para excavar y exprimir nuestra riqueza natural. La misma por la que vinieron los europeos hace más de 500 años. Pero también se metieron en nuestra Universidad con la complacencia de una administración que a toda costa pretende desarrollar una educación pública bajo la lógica del mercado.

Esta acción emprendida por la U de Caldas requiere de una férrea resistencia por parte de la comunidad universitaria y de las distintas expresiones sociales, populares, académicas y ambientalistas de la ciudad y la región; es necesario articular los esfuerzos de cada uno de los actores que se ven afectados y alterados por esta apuesta, es clave generar discusiones desde la academia, acerca del significado de la Autonomía Universitaria y el papel de la ciencia en la actualidad. Es prioritario, también, emprender una serie de acciones conjuntas de las distintas expresiones sociales, populares, ambientalistas y estudiantiles que impliquen demandas jurídicas, movilización en la calle y difusión para la comprensión de la magnitud del problema. No podemos dejar que mientras se NOS METEN EN LA CASA, se continúe en la dispersión, la ambigüedad y la división de los movimientos: estudiantil, ambientalista y social. Por eso desde la Federación de Estudiantes FEU y el proceso de la Marcha Patriótica, invitamos de manera honesta a la resistencia, la movilización y la defensa de la casa.

Por eso decimos:

¡No a la injerencia de la Anglo Gold Ashanti en la Universidad de Caldas!
¡Por Una Universidad del tamaño de nuestros sueños!


FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS FEU-Caldas


NOTAS: 1 Durante el gobierno de Uribe Vélez se ofrecieron atractivos beneficios y ventajas que favorecieron la inversión de transnacionales mineras en el país. Solo entre 2002 y 2009, las concesiones sólo en los páramos pasaron de 70.000 a 122.000 hectáreas. Mientras que el área titulada para la explotación minera pasó de un millón a 8.5 millones de hectáreas (El Espectador, 23 de enero de 2011). Esta apuesta incluyó la posibilidad de realizar explotaciones mineras en zonas protegidas. Para el mes agosto del 2010 habían 8.827 títulos oficialmente otorgados por INGEOMINAS a distintas empresas extranjeras y nacionales, de los cuales 571 (203 mil hectáreas) estaban ubicadas en parques nacionales y regionales naturales, páramos, humedales y zonas de reserva forestal protectoras (Desde Abajo, Noviembre 2010).
ELSALMON - Revista Cultural

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