¿Cómo vive un migrante en Brasil?

Sao Paulo, Brasil. Desde la década de los noventa y de forma creciente, Brasil se ha convertido en un receptor de migrantes. La crisis económica en Europa y Estados Unidos ha influido en este proceso al generar un flujo de retorno hacia América Latina, mismo que desemboca en la nación sudamericana. Hacia este país se redirecciona también parte del desplazamiento de africanos, tradicionalmente dirigido hacia el viejo Continente. Ante este importante flujo de migrantes, diversas organizaciones brasileñas que luchan por sus derechos, denuncian la inexistencia de una política nacional que vele por la atención, la inserción social y la seguridad de estas personas.

Paulo Illes, coordinador del Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía del Migrante (CDHIC), indica que el mayor flujo de migrantes en Brasil proviene de naciones vecinas como Bolivia, Paraguay y Perú. Se trata de personas que llegan en busca de trabajo. Illes explica que esta situación se intensificará ya que “quienes regresan de Europa y Estados Unidos tampoco encuentran en sus países las condiciones para permanecer ahí. Por ejemplo, hay una perspectiva de que vuelvan 350 mil bolivianos para el 2012. Aunque también es probable que vayan a Argentina y Chile, su destino principal será Brasil. Argentina fue el principal receptor de inmigrantes sudamericanos hasta el 2002, pero la recesión económica que vivió el país y el aumento del desempleo hicieron que muchos migraran a Brasil. Hoy, gran parte de la migración latina en Sao Paulo proviene de ese contexto”, señala Illes.

Para Illes, la emergente economía brasileña, las obras de la Copa Mundial de Futbol del 2014 y el mercado laboral –con grandes negocios como el de los frigoríficos, que concentran fundamentalmente mano de obra africana-, resultan imanes para los migrantes, quienes se encuentran expuestos a la discriminación, explotación y al trabajo esclavo debido a la fragilidad de las leyes brasileñas.

“El país se rige por una legislación que fue redactada en los ochenta, durante la dictadura militar, por lo que el extranjero es tratado como una amenaza para la seguridad nacional. Esto posibilita su cooptación por parte de la policía federal. Es lo que vemos: la policía hace su propia ley. Brasil tampoco ratifica la convención de la ONU sobre los derechos de los migrantes; ellos no tienen derecho a votar en ninguna instancia. El propio estatuto no permite su organización política y por ello las asociaciones tienen denominaciones culturales, económicas. Todo esto genera una gran dificultad en su lucha diaria”, refiere basándose en su experiencia como articulador y vocero de algunas de estas comunidades.

Otro obstáculo para la normalización de la migración consiste en la fragmentación existente entre las diversas instituciones relacionadas con este tema. Si bien existe una secretaría de política migratoria, “es muy específica, no hay una instancia que se preocupe íntegramente por el migrante. Se involucran el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, pero cada uno por su lado. La propia Secretaría de Justicia hace juego con la Policía Federal, es decir, quien dicta las leyes con quien no las obedece. Por otra parte, esta división política en la que cada estado dicta sus normas tampoco ayuda. En Sao Paulo no tenemos ninguna política estatal de seguridad”, afirma Illes.

Paulo Illes manifiesta además que esta situación dificulta las denuncias y la toma de medidas frente al trabajo esclavo. Recientemente, el caso Zara constituyó una muestra de la presencia de este tipo de explotación, al descubrirse en Sao Paulo dos oficinas en las que se confeccionaban de manera informal prendas de vestir para el grupo español Inditex, dueño de la reconocida marca internacional.

De acuerdo con Repórter Brasil, el Ministerio de Trabajo halló mediante una investigación evidencias de contratación ilegal, trabajo infantil, condiciones degradantes, jornadas de trabajo de hasta 16 horas y encierro, pues los empleados no podían abandonar el local sin autorización previa. Además, los salarios recibidos ni siquiera rozaban el salario mínimo declarado en Brasil. Uno de los cargos levantados contra la empresa fue el de “discriminación étnica e indígena quechua y aimara”.

Para Illes, éste es un ejemplo de cómo operan las transnacionales de confecciones y alimentos, entre otras: “dicen que entran al país a negociar con una empresa regularizada, en este caso la AHA, que además de sus 32 oficinas, tiene otras ramificaciones donde el trabajo es totalmente informal. Detrás siempre están los migrantes produciendo bajo una súper explotación, en condiciones de esclavitud. Es difícil descubrir sucesos como éstos en las grandes ciudades, pues se esconden entre las realidades urbanas”.

Añade: “Nosotros trabajamos con unos 100 senegaleses; son impresionantes las movidas de las empresas para no reconocer sus derechos. Ellos llegan a Sao Paulo, Paraná y Río Grande del Sur, y enseguida comienzan a trabajar en frigoríficos de Perdigão y otras compañías. Luego, como estas empresas tienen muchas ramificaciones, van pasando a los trabajadores de una a otra. Muchos migrantes no tienen más opción que hacer lo que les ordenan, pues con ese trabajo pagan a las redes que los hicieron llegar al país”.

Asimismo, resulta preocupante el hecho de que no se discuta cómo actuará el gobierno para acabar con este panorama y regularizar a los trabajadores. “En días recientes se creó una ley sobre el trabajo esclavo, pero sin realizar consulta alguna. En general, las medidas quedan dentro del marco de la empresa, que hará todo por limpiar su nombre”.

Junto con otras organizaciones, el CDHIC defiende la creación de una política nacional de migración segura. En ese sentido ha encaminado diferentes iniciativas. Con el apoyo de los movimientos sociales, el Consejo Nacional de Migraciones presentó al Ministerio de Justicia una propuesta que aún no ha recibido respuesta. Igualmente, una Ley de Migraciones se encuentra empantanada en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados en Brasilia. Una suerte similar corre la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Migrantes y sus Familiares, archivada en la Casa Civil del gobierno. En Sao Paulo, la propuesta de una Coordinadora del Migrante aguarda por una luz verde en el gabinete de la prefectura.

“La migración es la falta de todas las cuestiones por las que luchan los movimientos sociales. Hoy, como fruto de la crisis económica y del sistema capitalista en general, las personas se ven orilladas a seguir este proceso. Nosotros queremos abrir en el Foro de las Migraciones un debate en torno a si continuaremos hablando de la eliminación de la pobreza o de la distribución de la riqueza, pues algunos gobiernos pretenden combatir la pobreza por medio de subsidios, pero no a partir de la generación de empleos y del cuestionamiento al modelo capitalista”, argumenta Illes. En este momento la integración recobra su importancia, principalmente “para que los movimientos sociales ayuden no sólo a la constitución de una nueva ciudadanía, sino para convertir el continente en un lugar de todos.”

Pero, a la vez, recuerda que son grandes los desafíos en este camino por los derechos de los migrantes. “Aún estamos en lo básico: conseguir que estas personas tengan sus papeles, que logren existir. Por esa razón, considero que los movimientos sociales no deben esperar a que sean los migrantes quienes se acerquen. El proceso tiene que darse de otra forma. Hay que darles confianza, ver cómo viven, cómo trabajan, integrarnos nosotros a su lucha”.