Congreso español aprueba la reforma constitucional sin consenso y con alto rechazo popular

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Rubalcaba junto al portavoz de CiU, Duran Lleida.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este viernes la Proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución Española para incluir un principio de estabilidad presupuestaria gracias a los votos de PP y PSOE.  Se ha aprobado con 316 votos a favor y 5 en contra (CC, UPyD y dos diputados socialistas, entre ellos el ex coordinador de CC.OO, Antonio Gutiérrez).

Como ya ocurrió en el pleno para su admisión a trámite, ambos grupos se han quedado solos -con la única excepción de UPN- en el refrendo, y han rechazado conjuntamente todas y cada una de las enmiendas presentadas por los grupos minoritarios de la Cámara Baja.

La gran incógnita de la jornada se ha despejado finalmente: como ya hizo en el debate del pasado de martes, CiU ha optado por no votar en protesta por su exclusión de la reforma, que se ha visualizado en la votación al ser rechazadas sus ocho enmiendas por parte de los dos grupos mayoritarios de la cámara.

Negociación con CiU hasta última hora

La votación se ha retrasado y hasta último momento los portavoces del PP y PSOE, Soraya Sáenz de Santamaría y José Antonio Alonso, han estado negociando con el grupo de CiU en las mismas bancadas del Congreso para tratar de incorporarles en el consenso de la reforma. En el marco de esta negociación, PP y PSOE han introducido tres enmiendas transaccionales a las enmiendas de CiU para buscar la abstención pero finalmente no se han podido someter a votación por la oposición del diputado de IU, Gaspar Llamazares, que se ha quedado en la cámara pese a la ausencia de su grupo. “Me he ido en espíritu con mis compañeros, y he dejado mi cuerpo para vetar las transacciones de PPSOE y CIU en justa correspondencia”, ha indicado posteriormente Llamazares a través de su cuenta de Twitter.

El resto de grupos han expresado su rechazo más rotundo y el gesto más claro ha sido el del grupo de ERC-IU-ICV, que ha optado también por no votar y ausentarse de la Cámara Baja para “no ser cómplices” de este “golpe a la Constitución”, según habían indicado en la defensa de sus enmiendas. A esta retirada se han sumado los diputados de BNG y Nafarroa Bai. Previamente, estos dos grupos han retirado sus enmiendas como señal de protesta y, consecuentemente, no han sido sometidas a votación.

Además, varios diputados socialistas tampoco han acudido a la votación aunque no se han ausentado en el momento de la misma. Los diputados socialistas Manuel de la Rocha, José Antonio Pérez Tapias y Juan Antonio Barrio han decidido no acudir y han argumentado que han preferido permanecer en sus despachos en la Cámara para no romper la disciplina de grupo. Ningún diputado del PSC ha roto la disciplina de voto del grupo socialista.

Con la aprobación en el Congreso, la Proposición conjunta de PP y PSOE pasa ahora al Senado, que convocará este mismo viernes un pleno para el próximo miércoles 7 de septiembre para tramitar en lectura única la reforma.

Protestas en las afueras del Congreso

Los alrededores del Congreso de los Diputados fueron bloqueados por un dispositivo policial desplegado por la presencia de un grupo de manifestantes convocados por el 15M en contra de la reforma.

Los agentes bloqueron la plaza de Neptuno, uno de los principales accesos, e impidieron el tránsito por ella, “sólo pueden pasar residentes y acreditados”, argumentaban los policías. También pidieron la documentación de todo el que se acercaba a las inmediaciones de la Cámara Baja.

Cerca de quince furgones policiales custodiaban el edificio, y una veintena de agentes siguieron a los manifestantes en su recorrido por las calles colindantes. La calle Cervantes, la calle Echegaray, la calle Príncipe, la calle Ventura de la Vega fueron algunas de las que recorrieron los indignados al grito de ”hace falta ya una huelga general” o ”exijo votar el cambio constitucional” para mostrar su rechazo a la reforma.

Con la aprobación de esta reforma constitucional, cuando un municipio, diputación, comunidad o el estado central esté en una situación difícil, por tener muchas deudas y obligaciones de pago, además de ingresos, cada euro que entre en tesorería tendrá que ir destinado a pagar la deuda e intereses, no pudiendo pagar sueldos, pensiones, prestaciones,… ni ningún tipo de gasto hasta que no haya cubierto totalmente dicho importe.


LibreRed.net (Con información de agencias)

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