Costa Rica: El Estado no es ni un ciudadano ni un feligrés; por lo tanto, debe ser laico

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

¿Qué significa que la mayoría diga ser católica?

El Estado no es ni un ciudadano ni un feligrés; por lo tanto, debe ser laico

Ana Lucía Fonseca R. Profesora de filosofía, Universidad de Costa Rica aluciafons@hotmail.com

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Costa Rica es hoy el único país latinoamericano que declara la confesionalidad del Estado en su Constitución Política. La razón legitimadora de este anacronismo es la misma de siempre: una confusión cuyo soporte ideológico consiste en extralimitar el principio de las mayorías.

La confusión. Esta se da entre el orden civil y el orden religioso, entre los derechos de la ciudadanía y los de la feligresía. Según el artículo 90 de la Constitución, la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los costarricenses mayores de dieciocho años. Como es claro, no toda la población del país es ciudadana, pues la ciudadanía implica los derechos y deberes políticos que se adquieren, en principio, con la mayoría de edad.

En cambio, la feligresía es el conjunto de creyentes que forman parte de una comunidad religiosa, comparten un credo y practican un culto. En nuestro país, ciertamente, la feligresía más numerosa es la católica. Pero... ¿qué se sigue de esto?

La extralimitación. El argumento más frecuente para defender la confesionalidad del Estado costarricense apela al número, a una mayoría de creyentes: si la mayoría de la población dice ser católica, la religión oficial será el catolicismo. (Nótese aquí, aunque no ahondaré en el asunto, que una cosa es decir que se pertenece a una determinada religión y otra ser parte activa de su feligresía).

Según el argumento, entonces, las concesiones y beneficios dados por el gobierno del Estado a una iglesia (por ejemplo, permitir y legitimar su injerencia en la educación pública o exonerar de impuestos a todas sus “temporalidades”) están justificados en una cuestión estadística pues dependen del número de feligreses. Y esta es la estadística que ha servido de fundamento para declarar que el Estado es confesional.

La apelación al principio de las mayorías puede parecer convincente en este caso, pero no es así. El argumento es falazmente complejo pues asume que el Estado debe ser católico en vista de que la mayoría de la población dice ser católica. Es fácil notar que tal aserto supone una respuesta afirmativa a una pregunta más de fondo y más crítica: ¿debe el Estado tener una religión? Pero la falacia no termina aquí, pues, además, se asume que si la mayoría lo dice, entonces debe ser cierto y, si la mayoría dice que profesa la “única religión verdadera”, el Estado debe profesarla también.

Pero el Estado no es ni un ciudadano ni un feligrés.¿Qué tal si respondemos que el Estado no debe tener ninguna religión, aunque la mayoría de su población crea practicar la “religión verdadera”? Ciertamente, los regímenes democráticos se basan en el criterio de las mayorías para que laciudadanía tome decisiones civiles, pero esto es muy diferente a invocar tal criterio con el fin de justificar una religión oficial, solo porque una determinada feligresía es mayoritaria.

Si tenemos en cuenta la distinción entre ciudadanía y feligresía, el Estado no debe ser confesional (tampoco ateo) aunque la mayoría de sus habitantes lo sea. El Estado no es ni un ciudadano ni un feligrés, es una unidad política y territorial que, por definición y por principio, no puede tener fe alguna. La fe la tenemos o no los seres humanos, no la forma como nos organizamos políticamente dentro de un territorio.

Que la nación, como conjunto de habitantes con cierta unidad cultural, profese (o diga profesar) mayoritariamente una religión, es una realidad histórica; que la República, como forma de gobierno, y el Estado, como unidad territorial y política, tengan una religión es un anacronismo (resabio del derecho divino) que solo conduce a formas de pensamiento teocrático y excluyente.

Por eso, solamente un Estado laico puede, mediante un gobierno verdaderamente democrático, garantizar a la nación completa la libertad de cultos o la libertad de no tenerlos, y no romper con favoritismos el principio de igualdad ante la ley.

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