Costa Rica: Protesta social, huelga y negociación en la Caja

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Fuente: José Luis Vega Carballo  |  2011-12-14
Protesta social, huelga y negociación en la Caja

Columna “Pensamiento Crítico”

I

Tener éxito en la movilización y la protesta social, en movimientos de huelga y paros, en concentraciones, marchas y otros eventos callejeros es común en nuestro país y los sectores sociales han adquirido una valiosa experiencia al respecto, lo mismo que logrado entrenar a cerca de dos mil activistas de muy buena calidad, los cuales han adquirido una buena escuela en la dirección y manejo de esas actividades. Pero los logros alcanzados en ellas, las dirigencias  sindicales y no-sindicales no los pueden trasladar adecuadamente al plano político de la negociación con las contrapartes gubernamentales, partidista-parlamentarias o empresariales, situación que les produce importantes déficits de poder y contratiempos, cuando no frustraciones y hasta sensible derrotas. 

Y menos se alcanzan los resultados positivos esperados en el campo de la acumulación de fuerzas y poderes, cuando los avances de esas dirigencias son transferidos al plano de lo electoral, como algunas han permitido lamentablemente que sucediera; por ejemplo, cuando con motivo de la gran lucha social contra la firma del TLC con los Estados Unidos habían ellas  y su seguidores transitado con éxito por la ruta de la movilización y la confrontación en un espacio donde sus contrincantes no tenían tantas ventajas como las que arrastraban en la materia de organizar y ganar elecciones, dado que el TSE no supo darle otro formato (como bien podía hacerlo) al proceso que el Movimiento del NO al TLC venía ganando en las calles, antes de que fuera desplazado y descarrilado mediante el artificio de un referendo hecho a la medida de los intereses del Movimiento del Sí.   

De ahí que sea muy frecuente el observar cómo mucho de lo que se avanza y gana en la calle (a veces todo) se pierde luego en la mesa de diálogo o negociación, adonde para peor de  males es común que los dirigentes sociales concurran dando palos de ciego y volteretas sin suficiente conocimiento, preparación ni evaluación del terreno y las posibles consecuencias del cambio en el estilo de manejo del conflicto. Esto cuando la disputa no es simplona e ingenuamente sacada de la calle abruptamente, sin medir bien los efectos del giro en la situación, y llevada a sedes judiciales; a tribunales donde se meten los abogados y jueces, los asuntos se dilatan y complican y, en un país donde la ley y la institucionalidad están hechas para favorecer a los ricos y poderosos, además es fácil salir burlado y trasquilado. Aquí se evidencia cómo también puede ser un grave error de estrategia y táctica el transformar candorosamente un conflicto sociopolítico e ideológico en una querella judicial, en la cual se corren otros riesgos; porque allí las partes buscan establecer quien tiene la razón o la verdad a su favor, pero deben hacerlo según la legislación y el criterio voluble de los jueces. Y por más independientes, imparciales y serios que éstos sean, la lógica social de la confrontación se desnaturaliza en estrados judiciales, adquiere otra forma y toma rumbos distintos a los que traía cuando se ventilaba en el plano político y estaba allí sujeta a los intereses y contradicciones de la sociedad civil y las clases sociales. La lucha contra Riteve en el 2004 es un caso donde el movimiento social tuvo una sensible pérdida, precisamente porque de repente fue transferida al plano legal por parte de lo que se llamó en aquel entonces el “Movimiento Cívico Nacional”, liderado por la ANEP y un grupo de actores que posteriormente desviaron la lucha del TLC hacia el formato electoral de un referendo, haciendo que el movimiento social sufriera una sensible derrota, de la cual apenas se recupera. Otra lucha donde se confió demasiado (y aún se confía) en la posibilidad de ganarla en instancias judiciales, es la que todavía libra Sintrajap por la no privatización de los muelles de Limón, y en la cual se ha subestimado (cuando no sacrificado) el potencial de la lucha popular y la movilización callejera de las comunidades del Caribe, entre otras.

II

Así las cosas en materia de movimientos y luchas sociales, las dos recientes huelgas en la CCSS han dejado un sinsabor que conviene examinar. La primera, ocurrida hacia finales de julio de este año, ya la hemos analizado y evaluado en esta columna y remitimos al lector a esos análisis (Nuestro País, ediciones entre el 17 de julio y 24 de agosto de 2011); la segunda, llamada de los anestesiólogos y prolongada según parece más allá de la cuenta a lo largo de dos semanas por las dificultades del proceso negociador y la polarización de posiciones e intereses específicos de las contrapartes, también es digna de evaluación. Y aunque a diferencia de la primera, los huelguistas lograron  varias importantes concesiones por el fondo de sus demandas (entre ellas: vacaciones profilácticas, no represalias por participar en la protesta, restitución en sus puestos de dos médicos despedidos por motivo de persecución sindical), el conflicto deja mucho que lamentar en materia de forma o procedimiento. O sea, que debido al estilo con que se manejó el proceso por los actores de ambas partes, éste demostró fallas que se vienen repitiendo no solo dentro sino también fuera del ámbito laboral y gremial de la Caja, las que conviene enfocar y corregir, si se quiere en el movimiento social y sindical que este tipo de confrontaciones dejen mejores dividendos y reciban mayor respaldo entre la opinión pública; y especialmente entre las clases medias y trabajadoras que muchas veces no perciben las ventajas que los actores sociales extraen para dichas clases cuando finalmente se debe negociar un acuerdo porque los conflictos, al igual que las guerras, no deben ni pueden prolongarse indefinidamente. Veamos. 

El origen de la huelga de los anestesiólogos se ubicó en fallas de anteriores negociaciones y en incumplimientos de acuerdos a su vez mal pactados, ya veremos por qué. Según fuentes de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos (de las cuales no tenemos por qué dudar) el 16 de julio de 2009, a raíz de la carencia de anestesiólogos en el país (de la cual son grandes responsables las altas autoridades de la Caja) se firmó un acuerdo entre ese Colegio, la Asociación Costarricense de Médicos Anestesiólogos y la Gerencia Médica a fin de estimular la formación de más profesionales, evitar su fuga hacia otros países o al sector privado, ofrecerles mejores condiciones laborales y de atención a sus problemas de salud ocupacional, y extenderles varios incentivos comunes a otros sectores profesionales. Además, se aprobó efectuar una investigación acerca de los riesgos laborales del sector que, en caso de comprobarse (como en efecto sucedió) serían causa de un pago adicional por una peligrosidad amplificada por jornadas extenuantes y el pésimo estado de las salas de operaciones en casi todos los hospitales. A eso se agregaría el disfrute de vacaciones profilácticas. Se supuso que todo esto quedaría cumplido para enero de este año, pero no fue así. Las autoridades de la institución haciendo gala de su prepotencia y desprecio por todos los trabajadores y los propios asegurados implicados en los problemas de atención y de quirófano, desconocieron las reglas del juego y los acuerdos pactados de buena fe por los médicos, violando así sus derechos humanos y laborales; lo cual les obligó a declarar la huelga, no obstante haber ellos estado de acuerdo en postergar por varios meses pagos prometidos y merecidos por consideración a la mala situación financiera de la Caja (también una calamidad de plena responsabilidad de sus autoridades). ¿Por qué sucedió este descalabro, que adicionalmente significó graves infracciones de parte de las autoridades institucionales a los derechos de los asegurados, quienes sabemos corren iguales o mayores peligros que el personal médico en estas crisis que agobian a la Caja; y quienes también sufren desde hace años los impactos letales de la impericia e irresponsabilidad de la presidencia ejecutiva y las gerencias?

III

Para responder a la anterior interrogante no hay que mirar solo a la deficiente formación y baja condición ética o mala fe de algunos actores (aspectos que sin duda jugaron su parte), sino a dos factores esenciales en el procedimiento utilizado para llegar a los convenios. 

A) Primero, a no haberse puesto los negociadores anteriores, ni los que ahora pusieron punto final a la huelga de este noviembre (incluido el fondo de lo pactado en ambos casos), bajo el manto y protección efectiva de tipo judicial ofrecido por la Ley No. 7727 de “Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social”; la cual le otorga fuerza vinculante de ley tanto a los procesos de negociación, mediación o arbitraje como a los  arreglos que a ella se acojan desde fuera de sede jurisdiccional. De haberse adoptado esta precaución, los actores que violaron los acuerdos hubieran terminado eventualmente en un juzgado y siendo rechazados por la opinión pública y moral de la sociedad. B) y segundo, que no se nombraron personas garantes ni mecanismos de control de los acuerdos, lo que dejó a voluntad de las partes el que se cumplieran o no; lo cual es una manera de dejarlos al garete y en el aire para que se transgredan sin mayores sanciones ni consecuencias materiales. Tan importante es llegar a convenir el final de un conflicto mediante acuerdos que satisfagan a las partes, como lo es dejar claro el cómo se van a cumplir los términos de cualquier acuerdo o contrato entre ellas. Si esto se descuida, se transforma en el tipo de error muy frecuente que se viene dando en huelgas, paros y otras disputas; y al que se debe y puede poner remedio, aplicando en el manejo de esas reyertas un mayor profesionalismo en cuanto al uso sistemático de métodos y estrategias de negociación, entre ellas las de la “negociación por principios” en contraposición a las de la “negociación por posiciones”. Pero esto no fue todo. 

IV

Otro punto álgido fue el mal planteo de las negociaciones como tales, la gran cantidad de costoso tiempo perdido en dilaciones innecesarias, aunque quizás premeditadas al calor de la mala fe, la intransigencia o tendencia a encerrarse en posiciones rígidas sin centrarse en intereses compartidos y necesidades legítimas. O por causa de una mal llamada “falta de comunicación” dentro de la Caja y en otras instancias, lo que no es otra cosa que el producto de la impericia de los actores de ambos bandos, institucional y sindical, cuando interactúan ignorantes de las buenas prácticas profesionales y técnicas en una materia clave para ambos como es la solución de controversias. De allí que los escenarios del diálogo y de la quizás mal llamada negociación (cuando es realizada “a la tica”) estén saturados de improvisados y atolondrados representantes de grupos de presión o de organizaciones estatales y/o privadas que del arte de llegar a acuerdos productivos, durables y justicieros, no saben nada de nada, excepto agredirse, amenazarse, presionarse y chantajearse con un estilo mafioso e improductivo que llaman “dialogar”. 

Mucho hay y habrá que hablar sobre esta materia; y lo seguiremos haciendo aquí en aras de lograr una mejor gobernabilidad y un más provechoso manejo de nuestra conflictividad en pro de reforzar la paz y la cooperación cuando enfrentamos comunes problemas en un clima de opinión tan agitado como el que vivimos.

 

El pais de Costa Rica

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