Cuatro militares condenados a 6.060 años por exterminio de 201 campesinos en Guatemala

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

 

LA TRIBUNA – El Tribunal de Alto Impacto condenó a Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip, Daniel Martínez y Carlos Carías a purgar 6.060 años de prisión por la muerte de 201 campesinos, entre ellos un centenar de niños, de la comunidad Dos Erres, en Petén, a unos 500 kilómetros al norte de la capital, en una de las atrocidades cometidas en el país en el marco del conflicto armado que se prolongó por 36 años.


Carías estaba a cargo de un destacamento cercano a la comunidad y entregó información que fue determinante para ejecutar la matanza, con el agravante de que “se apropió de los enseres de las pobladores, aprovechó el peligro común y la calamidad por la que pasaban los pobladores de las Dos Erres, quienes fueron masacrados”, señaló el tribunal en el fallo. 

La sentencia fue emitida así: treinta años por cada muerte, más treinta años por el delito contra los deberes de humanidad. Carías, tuvo la misma condena con seis años adicionales por el delito de hurto. El código penal guatemalteco estipula que la máxima pena que un reo puede cumplir en reclusión es de 50 años.

MASACRE CON ALEVOSIA

El Tribunal dijo que la masacre se dio con alevosía porque los autores llegaron por la madrugada, y los pobladores no tuvieron ninguna oportunidad de defensa, fue planificada y hubo ensañamiento, porque el exterminio llegó al extremo de “desaparecer a la población del mapa geográfico”.

A las afueras del tribunal, un improvisado altar con velas donde se leía la palabra “justicia” fue hecho con pétalos de rosa rojos por sobrevivientes de la masacre.

Otros sobrevivientes y familiares lloraron al escuchar el fallo, aplaudieron y se pusieron de pie. Parientes y partidarios de los condenados le gritaron al tribunal que estaba parcializado.

El Tribunal dio valor probatorio a los testimonios, documentos y peritajes presentados en el debate que duró siete días y ordenó continuar las investigaciones hasta atrapar a todos los responsables.

“Esperamos muchos año por ver la justicia, no éramos delincuentes, yo vi cuando mataban a la gente, a nosotros nos tuvieron durante cinco horas hincados, metían sus fusiles en nuestra boca amenazando con matarnos, porque les pedíamos que no mataran a los demás”, expresó Raúl Gómez, uno de los sobrevivientes que compareció como testigo. Carías sostuvo que “con gusto pongo de nuevo el pecho por la institución honrosa que es el Ejército, no es justa esta sentencia, somos inocentes”.

Las acciones legales comenzaron el 14 de julio de 1994, cuando fue denunciada la existencia de un cementerio clandestino en la aldea Dos Erres, en el departamento norteño de Petén, fronterizo con México. “Con esa denuncia se dio inicio a la persecución penal, porque se autorizó la exhumación”, dijo la directora de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, querellante en la causa, Aura Elena Farfán, a la AFP.

La exhumación en la fosa común estuvo a cargo de un equipo de forenses argentinos que localizó 162 osamentas, pero el proceso legal se estancó durante seis años debido a que la defensa exigía amnistía, invocando los acuerdos de paz firmados en 1996.

Sobre la base de las investigaciones, testimonios y pruebas de ADN, en marzo de 2000 se solicitó a un Tribunal la detención de 18 militares. La guerra civil entre guerrillas marxistas y las tropas gubernamentales dejó más de 200 mil muertos y desaparecidos en la nación centroamericana, según una comisión de la verdad auspiciada por las Naciones Unidas, implementada después del fin del conflicto, en 1996.

 

Tomado de

Contrainjerencia

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