Desempleo a 15% y violencia extrema: Puerto Rico vive profunda crisis a 113 años de invasión de EEUU
NÉSTOR ROSA-MARBRELL / PL - Con un desempleo oficial que supera el 15 por ciento y un índice de asesinatos de 640 en lo que va de año, los puertorriqueños han visto desaparecer la aparente estabilidad brindada por la presencia política y económica estadounidense.
El gobierno encabezado por Luis G. Fortuño, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), no ha conseguido frenar la descomposición social, como prometió, y por el contrario parece encaminado a profundizar las desigualdades en la población, al dejar en la calle en su primer año de mandato a unos 30 mil empleados gubernamentales.
El sociólogo Hiram Guadalupe Pérez advirtió que la aplicación por Fortuño de una política neoliberal ha afectado al sector profesional, los obreros y los pequeños y medianos comerciantes, por lo que les ha correspondido asumir “el mayor costo económico y social de las medidas de control fiscal articuladas desde el poder gubernamental”.
“Estos grupos que sostienen en sus hombros el peso contributivo del país, han confrontado una pérdida gradual de su posicionamiento social y, lo que es peor, son los menos atendidos por el Estado en medio de la desaceleración económica y padecen de un apresurado empobrecimiento en su condición de vida”, advirtió.
A su juicio, el gobierno de Fortuño tiene dirigidas sus prioridades “al fortalecimiento de los sectores más ricos y poderosos de la sociedad” a los que el Estado rescata de sus aprietos, “como ha quedado evidenciado en las ayudas recurrentes que se le ofrecen a las entidades financieras mediante los subsidios otorgados al mercado de viviendas”.
A pesar de la intención de Washington de proporcionar un barniz de autonomía al ELA, establecido el 25 de julio de 1952 para hacerlo coincidir con el día de la invasión, la realidad es que en el último medio siglo su “autosuficiencia” ha quedado menguada por la injerencia de las autoridades federales estadounidense.
El dividido liderazgo del Partido Popular Democrático (PPD), bajo cuyo palio se creó el ELA, reconoce en la actualidad su “insuficiencia” como gobierno propio, aparte de las limitaciones que impone Estados Unidos a su posible desarrollo en el ámbito de las relaciones económicas internacionales.
El estatuto político, caracterizado de colonial por el anexionista PNP, de gobierno, y el oposicionista Partido Independentista Puertorriqueño (PIP, socialdemócrata), es defendido por un sector de la dirigente del PPD que niega su condición de subordinación a los poderes plenarios del Congreso norteamericano.
José Alfredo Hernández Mayoral, miembro de la junta de gobierno del PPD, afirmó que Puerto Rico “no es una colonia” porque así lo consignó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1953.
Hernández Mayoral, hijo del ex gobernante Rafael Hernández Colón, pasó por alto que desde la década de 1970 el Comité de Descolonización de la ONU ha emitido múltiples resoluciones a favor de que Estados Unidos solucione la situación colonial de Puerto Rico, a lo que ha prestado oídos sordos.
Ubicados en bandos opuestos, la mayoría de los puertorriqueños abogan actualmente por la terminación del estatuto de subordinación al poder imperial estadounidense, unos aferrados a su deseo de culminar la anexión de esta isla de 3,8 millones de habitantes y los otros anhelantes de alcanzar la soberanía para integrarse al concierto de naciones libres.
El ex presidente del PNP Hernán Padilla sostiene que el pueblo “clama por que le pongan fin al estatus colonial y le abran las puertas a la igualdad dentro de la federación de estados de la nación americana o que le den la independencia para forjar su propio futuro”.
Mientras el presidente del PPD, Alejandro García Padilla, empuja la colectividad hacia una línea de mayor coincidencia con el anexionismo, el líder del PIP, Rubén Berríos Martínez, ve acercarse la hora de la “suprema definición”, como la llamó el patricio nacionalista Pedro Albizu Campos, de ser “yanquis o puertorriqueños”.
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