El ministerio de Economía intentó tapar el escándalo de la familia Botín

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Los inspectores de Hacienda tuvieron que puentear al propio ministerio ante la protección que este hace de los banqueros.

 

Ni Zapatero, ni Salgado, ni Rubalcaba. Quien hizo todo lo posible para que la familia Botín fuera investigada por un supuesto delito fiscal en la Audiencia Nacional fueron los inspectores de Hacienda, que no se conformaron con la regularización practicada por los implicados e insistieron en trasladar el caso al fiscal, frente al criterio de Economía, que había dado todas las facilidades posibles para cerrar el asunto con un acuerdo privado sin publicidad.
Así lo confirman varias fuentes conocedoras de la situación. "A los inspectores de grandes contribuyentes no les tiembla la mano porque están acostumbrados a 'emplumar' a todo el mundo, incluyendo grandes multinacionales norteamericanas en casos como las ETV (entidades de tenencia de valores). Se intentó un acuerdo para evitar el delito fiscal en el 'caso Botín' pero los inspectores se empeñaron en seguir investigando", señala una de ellas.
Otra fuente añade que "una cosa es una decisión política (la invitación para regularizar) y otra es que a un inspector no le cuadre. Los altos cargos del ministerio, el fiscal o el juez podían haber tumbado la petición de los inspectores, pero nadie quiso jugársela con algo tan escandaloso y respetaron el criterio de los profesionales".
Como se recordará,  el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite el 16 de junio una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Emilio Botín, su hermano Jaime, cinco de sus hijos, entre ellos Ana Patricia, y otros cinco sobrinos ante la inminente prescripción de supuestos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. El motivo es la ocultación en el banco HSBC en Suiza de un patrimonio que superaría los 2.000 millones. Economía pretendía evitar el escándalo
De esta forma, los Botín resultan ser los mayores implicados en el escándalo de las cuentas del HSBC que estalló el verano pasado. Entonces, el Ministerio de Elena Salgado optó por enviar un requerimiento invitando a regularizar ese dinero en vez de abrir inspecciones a todos los nombres que aparecían en este fraude. Esto provocó fuertes protestas y acusaciones de "trato de favor" y de "amnistía fiscal encubierta" tanto de los inspectores y los técnicos de Hacienda como de algunos grupos políticos. E incluso llevó a una guerra de declaraciones entre Economía y sus empleados.
Una guerra de la que han final han salido victoriosos los segundos al conseguir llevar a la familia Botín a los tribunales. "En Hacienda hay quien reconoce que el asunto se les ha ido de las manos por el empeño de los inspectores, porque el Ministerio no quería que esto acabase con publicidad y en la Audiencia Nacional", asegura una de las fuentes consultadas. "Jamás en la historia la Agencia Tributaria había tenido información de alguien con 2.000 millones ocultos en Suiza. Y en vez de mandarles la inspección, les permite regularizar. No se hizo ninguna inspección porque a la cabeza de la lista estaba Botín y toda la gestión del caso estaba orientada a que estos señores pudieran arreglarlo sin escándalo", señala una tercera fuente. ¿Por qué Botín se la jugó? La familia Botín reconoció el mismo día 16 haber ingresado en Hacienda 200 millones por este caso y sus abogados insisten en que con eso han cumplido todas sus obligaciones tributarias. Sin embargo, los inspectores no se dieron por satisfechos y encontraron indicios de que podría no ser suficiente. Además, el auto del juez Andreu señala que el volumen y la complejidad de la documentación aportada requiere más tiempo para investigar. De ahí que se diera traslado al fiscal para evitar que el ejercicio 2005 prescribiese el 30 de junio. 

La gran incógnita de este asunto es por qué, ante la oportunidad extraordinaria para regularizar, los Botín no lo hicieron de forma que no quedara lugar para la duda y se arriesgaron al escándalo. "Se han equivocado con su estrategia, si te quedas corto te juegas que te pase esto. No se entiende cómo envían documentación en inglés y francés sin traducción -que no tiene validez oficial- ni cómo no se sientan con los inspectores para explicarles hasta el más mínimo detalle, porque han tenido un año para ello", opina la primera fuente.


  ElConfidencial.

Tomado de

Insurgente


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