El Obispado de Ourense y la Xunta de Galicia asfixian a un centro de acogida para enfermos de SIDA

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

El Gobierno del popular Núñez Feijóo recorta a la mitad los fondos que dedicaba el bipartito

El Obispado de Ourense y la Xunta de Galicia asfixian a un centro de acogida para enfermos de SIDA
La actuación del obispado de Ourense y de la Xunta de Galicia, que preside el ‘popular’ Alberto Núñez Feijóo, puede provocar que enfermos de SIDA, en su mayoría en una situación de alta dependencia, que son atendidos en una casa de acogida puedan verse en la calle. La Iglesia pretende el desalojo de la vivienda y el Gobierno de Feijóo redujo a la mitad su subvención dejando a la asociación que gestiona el centro en una situación financiera penosa. Otra vivienda similar en Vigo se vio abocada al cierre en agosto pasado por estos recortes.
El Obispado de Ourense y la Xunta de Galicia asfixian a un centro de acogida para enfermos de SIDA
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (i), junto al delegado del Gobierno, Samuel Juárez Casado. EFE

La casa de acogida que gestiona la asociación Comité Ciudadano Antisida de Ourense, fue cedida por el Arzobispado de Ourense en 1993, a través de un acuerdo que establecía que los gestores solo tendrían que hacerse cargo del gasto corriente (agua, electricidad y el impuesto a la vivienda), según datos de El País.

El obispado solicita el desalojo
El clero reclama ahora a la asociación el pago del alquiler desde 2009 y de facturas que, según dice, están impagadas. El Comité Ciudadano Antisida de Ourense asegura que “los pagos de esos conceptos están al día” y que “las personas encargadas de la parte económica del Obispado solicitaron una rescisión del acuerdo de cesión gratuita y ahora buscan una forma de hacernos pagar un contrato de alquiler”.  Si no se consiguiera un acuerdo amistoso, el obispado interpondrá una demanda de desahucio.

Enfermos sin recursos
En la vivienda viven enfermos que provienen de centros penitenciarios y de unidades asistenciales de drogodependencias. Personas que no cuentan con recursos para sobrevivir ni otro lugar de residencia. Allí se le suministra el tratamiento farmacológico que necesitan. Su estancia cuesta cada día unos 50 euros.

El centro funciona también como hospital de día
El centro presta dos tipos de servicios, la zona de residencia en la que viven ocho personas y otra que funciona como hospital de día, con una sala multiusos, donde enfermos externos pueden consultar Internet, leer prensa, entablar relación con otras personas o simplemente tener una dirección postal en la que recibir el correo.

Feijóo recortó los fondos a la mitad
Además de la amenaza del Obispado , el centro es víctima de los tijeretazos del Gobierno del popular Núñez Feijóo, que recortó a la mitad los fondos que recibía la asociación. Entre 1994 y 2000, recibía del Gobierno gallego 43 euros al día por persona. Entre 2005 y 2009 la cifra varió cada año, pero nunca se redujo significativamente. Durante el Gobierno bipartito de PSOE y BNG (2005-2009) la cuantía incluso se elevó hasta los 55 euros, lo que suponían unos 160.000 euros al año.

Los recortes obligaron a cerrar a un centro en Vigo
No ha sido el único centro de este tipo que ha sufrido los recortes de la Xunta de Galicia con el PP en el poder. La casa de acogida de Vigo tuvo que cerrar en agosto de 2011 por similares problemas de financiación.

 

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La Iglesia amenaza con desahuciar a ocho enfermos de sida por impago

La vicaría de Ourense reclama facturas pendientes de una casa de acogida cedida en 1993

Varios inquilinos tienen la movilidad limitada

Ourense
 

Usuarios del piso de acogida del comité ciudadano antisida de Ourense. / NACHO GÓMEZ

Ocho enfermos de sida que viven en un piso de acogida gestionado por la asociación Comité Ciudadano Antisida de Ourense podrían quedarse en la calle si la vicaría para asuntos económicos del obispado de Ourense no da marcha atrás en la reclamación de una supuesta deuda contraída en un piso de su propiedad. La reclamación, que ha iniciado su tramitación judicial con la celebración de un acto de conciliación, consiste en el pago del alquiler desde 2009 y de facturas de gasto corriente. La vicaría no se queda ahí y también solicita el desalojo de la vivienda. El siguiente paso, en caso de no llegar a un acuerdo amistoso, pasaría por la interposición de una demanda de desahucio y su posterior ejecución. Fuentes del obispado consultadas por este periódico reconocen la reclamación patrimonial y añaden que “no van a hacer ninguna declaración”, porque el asunto “está siguiendo su curso legal con normalidad”.

En esta casa de acogida —la primera del Estado abierta por una asociación ciudadana— viven enfermos que provienen de centros penitenciarios y de unidades asistenciales de drogodependencias que no tienen otro tipo de recurso para sobrevivir y que, en caso de tener que abandonar las instalaciones, no tendrían dónde residir. En algunos casos, mantenerlos en un hospital únicamente para suministrarles el tratamiento farmacológico tendría un coste de hasta 400 euros al día, frente a los, aproximadamente, 50 euros que supone su estancia en estas instalaciones.

El obispado provincial no se pronuncia
porque el asunto sigue su “curso legal”

El piso fue cedido por la Iglesia hace casi dos décadas. Hasta la ausencia de obispo en la diócesis —el puesto ha estado vacante los dos últimos años— las relaciones entre ambas partes eran buenas. De hecho, los responsables del Comité señalan firmemente que “sin la ayuda de la Iglesia, la casa de acogida no existiría”. El acuerdo firmando en 1993 y prorrogado en numerosas ocasiones hasta su caducidad hace dos años, establece una cesión gratuita de la vivienda, mientras que las facturas de gasto corriente (agua, electricidad, IBI, etcétera) deben ser asumidas por la asociación. La vicaría para asuntos económicos reclama el pago de facturas atrasadas, aspecto que niegan desde la asociación. “Los pagos de esos conceptos están al día”, matizan.

Desde el Comité Ciudadano Antisida defienden la actuación de todos los obispos hasta la fecha, que “han apoyado la casa de acogida sin excepción” y achacan la situación al desgobierno que rige la diócesis por la ausencia de prelado desde hace dos años. “Las personas encargadas de la parte económica solicitaron una rescisión de ese acuerdo de cesión gratuita y ahora buscan una forma de hacernos pagar un contrato de alquiler”, afirma uno de los responsables. Las cuentas de la asociación —muy mermadas desde 2009 por los recortes de la Xunta de Galicia— no posibilitan asumir el pago de rentas. “No estamos en condiciones de asumir el pago de un alquiler, ya sea en ese piso o en otro porque el dinero casi no nos llega ni para mantenimiento”. Tienen claro que es necesario buscar fuentes de financiación alternativas a las Administraciones públicas. Los ingresos para mantener el proyecto en marcha no se limitan a subvenciones directas, que además obligan a la posterior auditoría de las cuentas. Los socios pueden aportar una cuota anual voluntaria de 200 euros, pero el montante total que suman con ellas es demasiado pequeño.

“Buscan una forma de hacernos pagar un alquiler”,
dice el Comité Antisida

El piso puesto en cuestión por los responsables económicos del obispado oferta dos servicios. Una zona de residencia en la que viven ocho personas —para la que hay lista de espera— y una zona que funciona a modo de hospital de día, con una sala multiusos. Allí trabajan cinco personas. Hasta los recortes en las subvenciones directas —reducidas a la mitad desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta—, había más empleados, pero tuvieron que prescindir de ellos. Además de ofrecer una atención muy personalizada en cada caso y de evitar su exclusión social, los empleados ofertan cursillos o coordinan las tareas del hogar.

Algunos habitantes presentan una movilidad muy limitada por lo que tienen que desplazarse a las consultas médicas acompañados siempre por el personal laboral del centro. La mayoría tienen problemas relacionados con la dependencia de la droga, ya que se contagiaron por el uso de jeringuillas compartidas. Y es que precisamente, la toxicomanía y la cárcel están en el historial de muchos de los enfermos. Otros presentan una autonomía suficiente para ser independientes. De hecho, los hay que han abandonado el centro voluntariamente, pero la mayoría nunca acaban reinsertándose en una sociedad que hace oídos sordos con el sida. En la casa de acogida han muerto varios enfermos durante sus dos décadas de existencia. Los afectados que están en la calle y que se valen sin ayuda, pueden acogerse al programa de día. Allí se oferta una sala de usos múltiples en la que pueden consultar Internet, leer prensa, entablar relación con otras personas o algo tan simple como tener una dirección postal en la que recibir correo.

La diócesis está organizando estos días la toma de posesión de Leonardo Lemos Montanet —hasta ahora canónigo de la catedral de Santiago de Compostela— como nuevo obispo de Ourense. Será el próximo 11 de febrero. El Comité centra todas sus esperanzas en que la llegada del nuevo responsable diocesano reconduzca la situación y permita mantener la buena relación que existía hasta la fecha.

 

Un coste “alto para el beneficio social”

Los problemas que ponen en riesgo la continuidad del piso no tienen su origen directo en la reclamación de esas supuestas deudas. La crisis de financiación tiene a su principal responsable en la Xunta de Galicia. Entre 1994 y 2000, recibían del Gobierno gallego 43 euros al día por persona. Entre 2005 y 2009 la cifra variaba cada año, pero nunca se redujo drásticamente. Durante el Gobierno bipartito de PSOE y BNG (2005-2009) la cuantía se elevó hasta los 55 euros, lo que suponían unos 160.000 euros al año. Tras la vuelta del PP a la Administración autonómica, los fondos se han recortado a la mitad. La Consejería de Bienestar bajó la asignación un 28% en 2009. El tijeretazo no se quedó ahí y en 2010 recortó otro 24%. No fue la única por la que se pasó la recortadora presupuestaria. Estas organizaciones vieron caer en picado sus ingresos en todas sus sedes de Galicia. De hecho, la casa de acogida de Vigo cerró en agosto de 2011.

 La secretaria general de Familia y Bienestar, Susana López, llegó a afirmar en el Parlamento gallego que “el coste [de la casa de acogida de Ourense] resulta muy alto” para “el beneficio social” que reporta. Y justificó su afirmación en informes de la inspección. Una de las principales reivindicaciones vinculadas con estas casas de acogida es que sean consideradas un “recurso sociosanitario”. Esto implicaría que se reconozca que desarrollan un importante papel en la atención sanitaria. Los responsables de la casa de Ourense recalcan, además, que su labor no se limita a un servicio social como puede ser un comedor público. “Esto es un servicio de emergencia, porque esta gente no tiene adónde ir si hay que echar el cerrojo”. Pero parece que los responsables económicos del obispado de Ourense, o lo desconocen, o lo ignoran.

 

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Mabel G 01/14/2012 19:41


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