“En Colombia la oposición fue masacrada”

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

ENTREVISTA | IVÁN CEPEDA, ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS Y DIPUTADO POR EL POLO DEMOCRÁTICO

“En Colombia la oposición fue masacrada”

Desde el Movimiento de las Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda ha sido uno de los más destacados luchadores en la defensa de los derechos humanos contra el terrorismo de Estado en Colombia. Versión completa

Emma Gascó y Martín Cúneo, Bogotá (Colombia)
Lunes 19 de diciembre de 2011.  Número 163
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Iván Cepeda. Foto de Emma Gascó

En 1994, el senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda fue ejecutado por paramilitares a las órdenes del Estado. Desde entonces, su hijo, Iván Cepeda, se ha dedicado a la lucha contra la impunidad. La demanda interpuesta al sistema interamericano de justicia ha llevado al Gobierno de Juan Manuel Santos a admitir la responsabilidad del Estado en este crimen, que formó parte de la masacre de miles de cargos y activistas de esta formación de izquierda creada en 1985 por desmovilizados de las FARC y miembros de otras organizaciones. Desde 2010, Iván Cepeda es diputado por el Polo Democrático Alternativo.

DIAGONAL: ¿Qué ha significado el período de Álvaro Uribe en la historia de Colombia?

IVÁN CEPEDA: El régimen de Uribe va a ocupar un lugar descollante en la historia universal de la criminalidad y del ejercicio arbitrario del poder, tanto por la cantidad como por la variedad de formas de acción criminal que se realizaron. Uribe incentivó a través de formas legales la conformación de los ejércitos paramilitares y el arrasamiento de regiones enteras a través de masacres y desplazamientos para que círculos agroindustriales y terratenientes se quedaran con esas tierras. Luego, para encubrir todo lo que hizo mientras ascendía políticamente y durante su presidencia, creó aparatos criminales para frustrar las investigaciones, coaccionar a los jueces y borrar de la faz de la tierra a los defensores de derechos humanos.

«En Colombia, la impunidad se está resolviendo en buena parte por la acción de los movimientos sociales»

D.: ¿Cuál ha sido el papel de los movimientos de derechos humanos en la lucha contra este plan criminal?

I.C.: Las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y el movimiento sindical, a pesar de múltiples ciclos de exterminio, han logrado consolidar redes muy influyentes tanto en el exterior como dentro del país. Se han llevado a los tribunales a más de 80 parlamentarios, a ministros, a generales... Y cada vez se cierra más el círculo en torno a Uribe, van cayendo sus exministros, sus secretarios privados, sus hijos están en proceso de ser investigados, etc. Las organizaciones han ido acumulando pruebas y creando los caminos jurídicos. Ha sido un trabajo de difusión, de movilización, de mucha resistencia en las zonas del país donde se ha producido la incursión paramilitar, de ir madurando una posición crítica frente a la violencia que ejerce la guerrilla, de ir trabajando por la paz. En Colombia, la impunidad se está resolviendo en buena parte por la acción de los movimientos sociales. Todo esto tampoco hubiera sido posible sin un sector del poder judicial con vocación democrática, muy respetuoso con los derechos humanos y con la Constitución, que han ido haciendo su trabajo en medio de amenazas e inmensas dificultades.

D.: ¿Cómo se enmarca en este contexto la reciente Ley de Víctimas del Gobierno de Santos?

I.C.: Sin la lucha de las víctimas no se hablaría ahora de restituir tierras o de reparación. No es que de un momento a otro los políticos responsables se arrepintieran. Muchas de las figuras del Gobierno actual, empezando por el propio presidente, han formado parte de esa misma trama. Pero es una conquista insuficiente. Lo que se ofrece en esa ley son unos mínimos niveles de ayuda a comunidades y a víctimas. Se les ofrece una indemnización y un poco de tierra, pero a cambio de que renuncien a la búsqueda de la justicia, que es políticamente lo más importante, porque es lo que puede debilitar esos poderes. Además, una persona que obtenga su título de tierra y en esa tierra haya un proyecto de carácter palmicultor o minero, va a tener que admitir a la fuerza que ese proyecto siga en su tierra [a cambio de un alquiler o una participación]. El movimiento es perfecto, es una legalización de las transacciones.

«El Gobierno privilegia la privatización, la pauperización del trabajo, pero con un lenguaje políticamente correcto»

D.: ¿Cómo se explica el cambio de discurso de Santos?

I.C.: La explicación más obvia es que Santos y Uribe responden a sectores económicos y sociales distintos: uno más aristocrático; el otro, más relacionado con el narcotráfico. A esta explicación hay que sumarle otras dos. La primera es que estamos en una fase del capital distinta. Ya hubo una fase de acumulación, que consistió en el despojo de millones de hectáreas de tierra, en gigantescos desplazamientos de población, para llegar a la etapa en la que estamos, que es una reproducción intensiva del capital. Ahora se trata de poner esas tierras a producir, en las manos de multinacionales, para que las desequen, extraigan toda la riqueza mineral y petrolífera, siembren pino, palma, etc. Para esto se requiere otro lenguaje. Las compañías no pueden venir aquí, comprar unas tierras y que en un futuro le aparezca la desagradable sorpresa de que esa tierra es de unos campesinos que fueron masacrados. La inversión necesita seguridad. Santos no puede presentarse con las manos untadas de sangre, es necesario guardar una cierta imagen. El actual es un Gobierno que privilegia la privatización, la pauperización del trabajo, de políticas incorrectas, pero con lenguaje políticamente correcto. La otra es que ahora hay un contexto internacional muy diferente, lo que se llama el mundo multipolar, con el surgimiento de otros centros de poder en el mundo, el eclipse que apenas comienza a darse del imperio estadounidense, el proceso de integra- ción en América Latina, etc.

D.: Dentro de este proceso, el Estado ha reconocido su culpabilidad en el asesinato de tu padre, el senador de la Unión Patriota (UP), Manuel Cepeda.

I.C.: Este reconocimiento se consiguió gracias a las organizaciones de víctimas, que le hicimos buena parte del trabajo a la Fiscalía demostrando la responsabilidad material de los suboficiales del Ejército y su actuación con paramilitares. El Gobierno de Santos tuvo que presentar un reconocimiento pleno: el Estado mató a Manuel Cepeda, no sólo no lo protegió sino que se alió con los paramilitares, lo asesinó e hizo todo lo posible para que reinara la impunidad, desprestigió su nombre, pisoteó la dignidad de sus familiares y terminó de acabar con el partido político al que pertenecía. Con este reconocimiento se cierra la discusión: en Colombia la oposición fue masacrada. Ahora se van a tener que reconocer los otros cinco mil o diez mil crímenes [de miembros de la Unión Patriótica]. Se está comenzando a romper el mito del Estado víctima, del Estado democrático en el cual hay una gente que se comporta de forma terrorista, que rompe ese Estado democrático.


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