Felipe Calderón a la Corte Penal Internacional

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

http://www.petitiononline.com/CPI/


CONFERENCIA   DE   PRENSA


DENUNCIA EN CONTRA DE FELIPE CALDERÓN, ET. AL. 

ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL


MARTES 11 DE OCTUBRE, 10:00 AM

CLUB DE PERIODISTAS

(Filomeno Mata No.8, Centro Histórico)


·      El país atraviesa por una crisis humanitaria de enormes proporciones

·      La errada estrategia militar contra el narcotráfico y la sociedad ha devastado al país entero

·      Es urgente utilizar todas las vías pacíficas y legales a nuestro alcance para detener el derramamiento de sangre

 

El martes 11 de octubre, a las 10 a.m. un grupo de abogados, periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil expondremos las razones que serán presentadas en la Haya frente a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar a Felipe Calderón, a sus altos mandos militares y civiles, así como a los narcotraficantes que atacan a nuestra sociedad, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos,  230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y 1,300 jóvenes y niños asesinados.  Existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado.

Esta situación se debe por igual a la acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno.  Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados. La falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del ejecutivo federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.

Frente a la imposibilidad de buscar justicia a nivel nacional, en fechas próximas presentaremos ante el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, la solicitud formal para que se inicie una investigación sobre la situación prevaleciente en México.  Nuestra petición está respaldada por más de 20 mil firmas--autógrafas  y electrónicas-- de ciudadanos mexicanos,  lo que la convierte en la denuncia civil más grande que haya recibido la CPI en su historia.

La petición continúa abierta para recibir nuevas firmas adherentes en http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html El sitio garantiza la identidad de las personas y la no duplicidad de las firmas que respaldan nuestra petición.


Denunciarán a Calderón en La Haya por crímenes de lesa humanidad

Académicos y activistas advierten que a raíz de la guerra contra el narcotráfico que emprendió su gobierno "existe una constante violación" a los derechos de la población civil.

Víctor Ballinas
Publicado: 10/10/2011 14:01

 
México, DF. Abogados, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil denunciarán al presidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional, así como a sus altos mando militares y civiles, y también a los narcotraficantes que atacan a los mexicanos, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Mañana martes juristas y defensores académicos darán a conocer la denuncia contra Calderón debido a que “declaró el inició de una guerra contra el narcotráfico el 11 de diciembre de 2006 como resultado de ello México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 2 30 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados”
.

Además, subrayan en su denuncia los defensores y la sociedad que “existe una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”.

Sostiene en su denuncia que esta situación se debe por igual “a las acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12 por ciento de los delitos son denunciados y el 8 por ciento investigados. La falta de autonomía de la PGR y la inmunidad del Ejecutivo federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria”.

Aseveran en la denuncia que “vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas, sin embargo aun en las guerras existen límites y en esta se han rebasado de forma catastrófica: El ejercito mexicano ha asesinado a civiles incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares, y operativos. Ha torturado y asesinado a civiles a sabiendas que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hecho para no castigar a los responsables, ejemplo de ellos es el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010.

“El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometidas por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, ejemplo de ellos son los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

“Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. Es tan evidente que se trata de una política del gobierno panista – concebida desde Washington – que incluso se ha comenzado a legislar para convertirlas en una obligación a cargo de las autoridades”.

Entre otros que ya se han adherido a la denuncia firman John Mill Ackerman, del IIJ de la UNAM, Manuel Fuentes, de Anad; José Rosario Marroquín, del Centro Prodh, Julio Scherer Ibarra; Rafael Barajas El Fisgón; Octavio Rodríguez Araujo entre otros.

Son ineficientes los mecanismos gubernamentales de investigación y búsqueda, señala
La desaparición forzada es el delito más preocupante en México: CIDH

Relator del organismo interamericano condena militarización de la seguridad pública

Censura la persistencia del arraigo y las pésimas condiciones de las cárceles

Exige proteger a migrantes

Foto
El relator de la CIDH para México, Rodrigo Escobar Gil, demandó crear una fiscalía especializada para la atención de las desapariciones forzadasFoto Carlos Cisneros


Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Sábado 1º de octubre de 2011,

Las desapariciones forzadas son el crimen de lesa humanidad más preocupante para el país, ya que afecta gravemente a miles de personas –las víctimas y sus familiares–, sin que el gobierno haya implementado mecanismos de investigación y búsqueda eficientes, advirtió el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, Rodrigo Escobar Gil.

Al presentar las conclusiones de la visita realizada por especialistas de dicho organismo –que comenzó el lunes pasado y concluyó ayer–, el funcionario delineó algunas de las principales inquietudes en la materia. Condenó el poder de los grupos criminales, las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos, la persistencia del arraigo, la militarización de la seguridad pública, las pésimas condiciones del sistema carcelario y la vulnerabilidad de los migrantes.

Las desapariciones forzadas son el tema que más preocupa a esta relatoría, porque es el más atroz de los crímenes, pues afecta a la víctima y a su familia, que es sumida en la peor de las angustias, deploró Escobar Gil, y apremió al Estado mexicano a implementar mecanismos de búsqueda efectivos, así como a diseñar alertas y procedimientos para atender estos casos.

Demandó otorgar apoyo sicológico y económico a los familiares de los desaparecidos, capturar y juzgar a los responsables –para romper así con la impunidad– y crear una fiscalía especializada en el tema.

En el documento donde resume las conclusiones de la visita la CIDH advirtió que existe un aumento de las quejas por desaparición forzada –la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habló de 5 mil–, sin contar todos los casos no denunciados.

Aunque el organismo interamericano encomió algunos avances importantes, entre ellos la reforma constitucional de derechos humanos del pasado 10 de junio, la restricción del fuero militar y la reforma al amparo, señaló que en el país aún existen la tortura, las fallas al debido proceso, el trabajo infantil y la discriminación y violencia contra sectores vulnerables, como mujeres, indígenas, discapacitados y homosexuales.

De acuerdo con la información recabada por la CIDH, entre 2008 y 2010 la violencia criminal ha aumentado 50 por ciento cada año, con más de 34 mil asesinatos ocurridos en los cinco años recientes, como parte de una ola de criminalidad en la cual también participan servidores públicos.

En sesión de preguntas y respuestas, Escobar Gil señaló que el tema de los grupos paramilitares no fue abordado con los representantes del gobierno mexicano, pero consideró que si dichas bandas existen, se trata de una situación muy grave, ya que so pretexto de servir a la comunidad, se generaría más violencia y daños graves, de consecuencias imprevisibles.

To:  International Criminal Court- Corte Penal Internacional

Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.
Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran.

Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México).
Se han repetido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, debido al contexto de conflicto armado en el que nos encontramos. México, Afganistán y Somalia, son las naciones con el mayor número de reporteros secuestrados y nuestro país es el más peligroso del continente para los medios de comunicación (Reporteros sin fronteras).

Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica:
El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma.
El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo 8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma.

Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron “vendidas” por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Los cárteles de la droga practican mutilaciones cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 c) i y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma.

Además se han generalizado los ataques a centros de rehabilitación en donde se agrupa a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por citar solamente algunos. Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 e) iv) del Estatuto de Roma.

Estos son solamente algunos de los crímenes que vivimos cotidianamente en México.
El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad, pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables. Lamentablemente los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al titular del ejecutivo federal (artículo 108 constitucional) añadiéndose a ello la falta de autonomía del fiscal en México (Procurador General de la República), lo que también significa que no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta crisis. Tampoco es posible llevar ante la justicia a los soldados que materialmente han violado, torturado, desaparecido y asesinado a mexicanos debido al inaceptable alcance del fuero militar. Cuando un soldado comete cualquier delito en contra de civiles, los hechos son juzgados por tribunales militares (art. 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, por lo que México está violando derechos humanos (Caso Radilla Pacheco vs. México).

Ante la negativa en nuestro país para castigar a los responsables de estos crímenes, corresponde a la CPI terminar con la insultante impunidad que ha prevalecido en México, desde hace por lo menos 4 años. Pedimos al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el artículo 15.1 del Estatuto de Roma de la CPI.
Sincerely,

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