Guatemala Derechos de los niños y explotación infantil

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Cristiano Morsolin
Operador de redes internacionales para la defensa de los derechos de los niñxs y adolescentes. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS. Colabora con BICE, Terre des Hommes TDH, Centre Tricontinental CETRI
Adital

El día 12 de junio se conmemora el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil y pese a los múltiples esfuerzos por la erradicación, Guatemala sigue siendo el país de Centroamérica y el Caribe con más niñez trabajadora. Según el documento, Informe de la Situación de la Niñez y Adolescencia en Guatemala 2009-2010, elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), el tema de niñez trabajadora continúa generando debate, ya que por un lado se exigen mejores condiciones laborales para los pequeños, como proceso formativo y por el otro la erradicación del trabajo infantil.

El informe indica que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes que desempeñan algún tipo de actividad económica están por debajo de la edad mínima para laborar y dos de cada diez realizan actividades domésticas por más de 28 horas a la semana. De acuerdo con el estudio, en el país el trabajo infantil ha sido una práctica común en las familias de las comunidades campesinas, indígenas y no indígenas, lo que se aprecia en los índices que demuestran que Guatemala es la nación de Centroamérica y el Caribe con más niñez trabajadora.

En mayo del 2010 se realizó en La Haya, Holanda, la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil donde se presentó un informe al respecto, según el cual se debe intensificar la lucha contra esta práctica, ya que el 60 por ciento de la niñez mundial, labora (ver análisis: http://www.voltairenet.org/Diferentes-miradas-sobre-trabajo).

El Observatorio SELVAS ha conversado con Carlos Alarcón Novoa - Coordinador del Área de Cultura de Paz - Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

Ha comentado que "en Guatemala, desde el año 1996, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), a través del Área de Cultura de Paz, ha realizado un seguimiento de la situación de los Derechos de la Niñez y Adolescencia con la publicación de 13 informes anuales sobre esta materia. Los resultados de dicho seguimiento muestran que, desde entonces y con diversas matices, la situación presenta indicadores por debajo de lo deseado para lograr el bienestar de la niñez y adolescencia como lo mandatan la Ley de Protección Integral y los convenios internacionales sobre niñez y adolescencia. Esto se hace evidente en las distintas piezas de información presentadas a lo largo del informe. La cual evidencia la carencia de las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de todas sus capacidades:

En el año 2010 Guatemala ocupó el último lugar en Desarrollo Humano en la región. Esta posición coincide con el aumento de la pobreza extrema en el país por debido a efectos de las crisis de alza de precio de los alimentos y económica mundial. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Durante el año 2008, el incremento del 11.4% en los precios de los alimentos pudo haber aumentado la cifra de pobreza en Guatemala, pasando del 51%, en 2006, al 56% para el año 2008(1).

El sub registro de nacimientos alcanza hasta el diez por ciento. De acuerdo con ese dato, los niños y niñas que en la actualidad carecen de identidad podrían ser hasta 600 mil a los cuales se les están vedando toda una serie de derechos fundamentales para el desarrollo.

Evidenciamos la ineficacia para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia y que ésta tiene una expresión territorial coincidente, las más de las veces, con la geografía social de la pobreza. Las estadísticas confirman que la vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia es mayor entre la población rural e indígena:

Se evidencia que la desnutrición crónica se concentra hasta en un 51% en el área rural, siendo más elevada en la zona nor-occidental en donde se registra un 64.8%(2). En el año 2009 identificó un total de 21,419(3) casos de desnutrición crónica y aguda. Hasta el mes de octubre del año 2010 se reportó un total de 11,554casos de desnutrición aguda en todo el país. La mortalidad materna sigue siendo uno de los problemas más graves en salud del país, con 290 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, mientras que la mortalidad infantil es de 26 por cada cien mil niños nacidos vivos.

La tasa de embarazos en niñas y adolescentes también ha sido una de las problemáticas agravadas en los últimos años, en 2009 se reportó 41,529, incrementándose para el 2,010 en un 7% con un reporte de 44,786. Siendo los departamentos Huehuetenango, Baja Verapaz y San Marcos los que demuestran una alta incidencia en esta problemática.

Se exige ampliar el enfoque de protección integral a través de la organización social y la ejecución de políticas públicas tendentes a la protección económica. Esto implica desarrollar políticas y estrategias integrales para eliminar toda forma de discriminación, incluyendo la discriminación en el acceso a los servicios de salud y educación. También fortalecer la implementación del Sistema de Protección Integral, su estructura institucional, coordinación, planificación, recolección de datos y presupuesto. 

En Guatemala la tenencia legal e ilegal de armas, los niveles de impunidad existentes y la inequidad que se manifiesta en ausencia de oportunidades de la población para incorporarse a los sistemas educativo y laboral son causas de ingreso de la población a diferentes actividades ilegales. El sector poblacional de la adolescencia requiere mayor atención e inversión por parte del Estado guatemalteco para brindarle oportunidades de desarrollo integral.

Durante el bienio 2009-2010 existieron 3,366 muertes de personas menores de 18 años de las cuales el 28% fueron por causas de proyectil de arma de fuego y arma blanca, el 72% restante fueron por asfixia, intoxicación, traumas, muertes en hospital, neumonías, bronconeomonias, quemaduras, heridas por hechos de transito los cuales llevan un matiz de negligencia de los portadores de obligaciones.

Se reporta que 696 adolescentes(4) fueron ligados a procesos en conflicto con la Ley Penal, generando un aumento del 41% en comparación del 2009 (413 casos). Hechos como el robo, asesinato, extorsión, violación y portación ilegal de armas son causas que durante el 2,010 han incrementado su recurrencia. 

La gratuidad en la matrícula escolar establecida por el Gobierno de la República según el Acuerdo Gubernativo 226-2008 propició, en el bienio 2009 – 2010, el incremento de la cobertura escolar en todos los niveles de educación. Sin embargo este incremento no modificó la tendencia histórica que muestra que el porcentaje de adolescentes matriculados en los grados del nivel básico 44%y diversificado 23% es comparativamente menor que el porcentaje del nivel de educación primaria 95%.

Demandamos

Al Estado primordialmente que asuma su papel de garante en la generación y aplicación de políticas que prevengan integralmente la violencia hacia la niñez y adolescencia, y evidencien soluciones concretas y pasos seguros ante el contexto violento que afecta a la población joven de nuestro país; sin represión, sin exclusión sin criminalización. Las denuncias por violencia hacia los niños, niñas y adolescentes van en aumento, y el nivel de impunidad de las mismas es tan alto como el del resto de la población guatemalteca. Esto, a la vez que exacerba la vulnerabilidad de la niñez y adolescencia, potencia la acción violenta y criminal en contra de ellos y ellas.

La problemática del maltrato y violencia sexual registró un total de 410 casos de denuncias por violación de derechos de niños, niñas y adolescentes. De éstos, 233 casos por abuso físico, emocional y/o psicológico, 39 por violencia sexual y 82 por descuido o negligencia(5). Los delitos que conoció el Ministerio Público en el año 2009 fue de 392,126, de los cuales 13.26% tuvo una relación directa con niñez y adolescencia. La PDH reportó un total de 665 delitos sexuales(6) en personas menores de edad, el cual demuestra un aumento del 15% durante el bienio, en donde el 95% de los casos son niñas y adolescentes mujeres entre 12 y 17 años.

Hacemos un llamado

Primeramente a las familias guatemaltecas para que estén atentas ya que el 25% de las agresiones contra niños, niñas y adolescentes son producidas por una persona cercana o familiar.

A los docentes de centros educativos para que denuncien cualquier acto que evidencie violencia hacia la niñez y adolescencia a la cual atienden.

Al Estado primordialmente, para que genere acciones que garantice la prevención del mal trato y violencia sexual y sobre todo la restitución total de los derechos vulnerados hacia este sector social.

Los presupuestos para atender a la niñez y la adolescencia explican muchas de las realidades del país. Aunque el gasto social, en especial en salud y en educación, se incrementó de manera constante a partir de la segunda mitad de los años noventa, las instituciones que promueven las políticas de asistencia, de protección especial y de garantía, han tenido presupuestos bajos y en algunos casos, como los de la Secretaría de Bienestar Social y la Procuraduría de la Niñez, alcanzan niveles muy escasos de ejecución.

El Presupuesto Nacional de los años 2009 y 2010 fue de Q51, 303.2 Millones de Quetzales, en igual cantidad para ambos años. Lo destinado a programas para la atención a la niñez y adolescencia fue de Q9, 528.7 Millones. Es decir el 18.5% del total.

En el Ministerios de Salud y la Procuraduría General de la Nación (PGN) tienen una asignación por debajo de la demanda requerida inferiores a las de las Secretarías del Ejecutivo. Finalmente el Ministerio de Trabajo tiene asignaciones mínimas que, seguramente, impiden que su Unidad de Protección a la Adolescencia Trabajadora no tenga impacto dentro del Sistema de Protección Integral.

Se demanda al Estado asignar recursos suficientes para la niñez y adolescencia a nivel nacional, regional y municipal, garantizando un presupuesto transparente, 100% ejecutables, sin recortes que permita un sistema de seguimiento de los recursos asignados y utilizados.

Exigimos en este tiempo electoral, a los partidos políticos que evidenciar la prioridad en sus agendas y estrategias para erradicar las problemáticas a las cuales se enfrenta este sector poblacional.

Evidenciamos

La reducción de la protección jurídica y la ausencia de protección social, a través de la organización social; y de protección económica, a través de los diferentes tipos de políticas públicas, no permitieron la protección integral de la niñez y adolescencia en el bienio 2009 -2010. Esta preeminencia de lo jurídico desvaloriza las acciones preventivas por lo que la acción del gobierno y la sociedad adquiere únicamente un papel reactivo. Además se produce una saturación de casos que vuelve ineficiente la acción del sistema de justicia. Es fundamental una mejor coordinación y más protagonismo de las entidades Públicas para lograr una mayor atención integral a la Niñez y Adolescencia en Guatemala.

En el acceso a la Justicia para la niñez y adolescencia que está en amenaza o en vulneración de sus derechos reporta 3,169 medidas cautelares, las cuales familia u hogar sustituto representan el 66% y que únicamente se presentan 70 retiros de agresores. La institucionalización sigue siendo un recurso fuerte en las medidas cautelares utilizadas por los Juzgados de niñez y adolescencia ya que 1,256 niños, niñas y adolescentes fueron remitidos a hogares estatales o privados.

Exigimos, que el organismo judicial desarrolle, fortalezca y haga sostenible su capacidad para dar respuesta integral, pertinente y oportuna a los casos de niñez y adolescencia. Esto implica mejorar todas las etapas del proceso de justicia, desde la recepción de una denuncia, el expediente, el trámite y la ejecución de las medidas de protección cautelares y/o definitivas, así como las sentencias respectivas cuando sea necesario.

Finalmente para garantizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones de protección integral se necesita desarrollar un sistema de recolección de datos e indicadores en correspondencia con la Convención de los Derechos de la Niñez, desagregados por sexo, edad, áreas rurales y urbanas, etnicidad, discapacidades, víctimas de violencia, ciclo de vida (especialmente primera Infancia y adolescencia). Este sistema debe cubrir a todos los niños y niñas hasta la edad de 18 años, con énfasis específico en los que son particularmente vulnerables. Deben usarse estos indicadores y datos para la formulación de políticas y programas, actualizarlos de manera periódica y pública. La participación activa del Instituto Nacional de Estadística (INE) es indispensable para la producción y manejo de ésta información, así como de las otras instancias estatales para la protección de la niñez y adolescencia.

Por una niñez y adolescencia en donde se les contemple y respete como personas, titulares de derechos con oportunidades de vivir y crecer en una cultura de paz, concluye Carlos Alarcón Novoa.

Trabajo y explotación infantil

La Organización de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores ONNATs de Quetzaltenango ha difundido un comunicado donde señala que "miles de niños, niñas y adolescentes guatemaltecos son explotados económicamente en los semáforos, los medios de transporte, las minas, los mercados y otros ambientes donde están expuestos al maltrato, al abuso sexual, la violencia y la utilización por los adultos. Son vedados sus derechos, siendo excluidos del acceso a la educación, salud, cultura, recreación. Para poder cambiar esta realidad todos tenemos que sentir, identificarnos y solidarizarnos con esta realidad. Es urgente que las autoridades gubernamentales, judiciales y municipales, sociedad en general, realicemos nuestro máximo empeño para la implementación de la política pública a favor de la niñez y adolescencia a nivel nacional y local, que establezca medidas de protección y garantías sociales para la niñez y adolescencia trabajadora”.

Héctor de León, docente del Centro Ecuménico de Integración Pastoral CEIPA ha manifestado que la fecha del primero de mayo reviste gran importancia para la niñez trabajadora, pues la violación de sus derechos ha sido constante, lo que incide en que muchos se involucren en pandillas y actividades ilícitas.

Hay que destacar un interesante artículo de Myrella Saadeh, Directora ONG PAMI,sobre trabajo infantil en Guatemala, publicado en la Revista Iberoamericana "Rayuela” de Ciudad de México (www.uam.mx/cdi/pdf/noticias/rayuela4.pdf.

Menores de edad que trabajan en los parques Central y San Benito de Quetzaltenango son trasladados por la mañana y al final de la tarde en un microbús y durante el día son vigilados por adultos para que no huyan. Los explotadores dividen el grupo en parejas y los llevan a distintos sectores. En el Parque Central, por ejemplo, seis deben vender golosinas: dos en el área central, otra pareja camina por el ala sur, y la otra, por el lado norte; cada uno entrega de Q50 a Q60 diarios a los aprovechados, afirmó Pérez. Los niños se niegan a conversar sobre su situación, puesto que los explotadores los han condicionados a evadir preguntas sobre su procedencia y para quién trabajan.

Héctor De León, del Centro Ecuménico de Integración Pastoral, contó que esa entidad —dedicada al rescate de menores de edad— recibe muchos niños que han formado parte de ese círculo de explotación. De León comentó cómo un menor de edad denunció que un hombre llegó a su casa y le pidió a sus padres que se lo dieran para conseguirle trabajo. El niño, según De León, dijo: "De verdad me consiguió trabajo. Me puso una caja de lustre, pero tenía que entregar Q50 diarios. Si no reunía esa suma, no me daba comida y tenía que dormir en el suelo y sin chamarras”. Ese centro asiste a niños de Momostenango, Totonicapán, quienes contaron que los explotadores los llevaban todas las mañanas a la 4a. calle de la zona 3 de Quetzaltenango para que pidieran limosna y los recogían a las 18 horas. Se informó que los niños que trabajan para esas redes reciben Q10 diarios; sus padres, Q25, y el resto de lo recaudado le queda a los explotadores.

Relación Guatemala-Unión Europea

El Observatorio SELVAS sigue luchando por la búsqueda de justicia en Guatemala, desde la denuncia del informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala Nunca Másy del asesinato del Arzobispo mártir Juan Gerardi; en 2008 ha publicado el informe "Desafíos por la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica” (ver: http://alainet.org/active/21812&lang=es) que fue publicado en la web del Premio Nobel Rigoberta Menchu (http://www.frmt.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=176&mode=thread&order=0&thold=0). El Observatorio SELVAS denunció el aumento de las agresiones a los defensores de derechos en Guatemala (ver: http://alainet.org/active/45837&lang=es).

Catherine Grèze, Eurodiputada de los Verdes- ALE y Aníbal García, diputado y candidato avicepresidente del Frente Amplio junto a Rigoberta Menchú en Guatemala, expresó su preocupación por las actividadesde la compañía petrolera anglo-francesaPerenco en Guatemala, patrón del Quai Branly en París. "Es inaceptable que una empresa de capital francés, haciéndose pasar por protector de las artes, la naturaleza y la población local, opera en una zona protegida por la Convención de Ramsar, unas docenas de kilómetros desde el sitio deTikal Patrimonio de la Humanidad de la humanidad por la UNESCO y se niega a llevar a cabo estudios de impacto ambiental que está legalmente restringido ", dijo la diputada al Parlamento EuropeoCatherine Grèze, tras una reunión con el miembro de Guatemala (http://www.greens-efa.eu/ue-guatemala-4074.html).

Representantes de pueblos indígenas de Guatemala denunciaron el día 22 de junio de 2011 en la sede del Parlamento Europeo que se ha violado su derecho a ser consultados durante la negociación de tratados de libre comercio (TLC) con la Unión Europea y pidieron que se respeten sus territorios y cultura. "No hemos venido para conquistarlos, sino para agradecerles", declaró la portavoz del pueblo maya K'iché de Guatemala, Aura Lolita Chavez, durante la audiencia organizada por diversos grupos políticos y ONG para dar a conocer el punto de vista de las comunidades indígenas latinoamericanas sobre el impacto de los acuerdos comerciales pactados con la UE. El representante del pueblo maya Popti-Jacalteco, Francisco Rocael Morales, afirmó que si el Parlamento Europeo firma el TLC se iniciará "una nueva fase de despojo de nuestros territorios" y la explotación de los mismos "sin consulta previa ni consentimiento de los pueblos".


Notas:

(1) Citado por UNICEF. Ver la Tormenta Perfecta. 2011.
(2) Los datos de la V Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008 – 2009 –ENSMI-
(3) Ministerio de Salud Pública y Asistencia social
(4) Centro Nacional de Análisis y Documentación Estadística Judicial –CENADOJ
(5) Procuraduría general de la Nación. Defensoría de Niñez y Adolescencia 2009-Julio 2010.
(6) PDH, Informes circunstanciados 2009-2010.

 

Adital

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