Jovenes latinoamericanos denuncian engaño del programa “Trabajar y Viajar” de gobierno de EEUU

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

 

ANTONIETA CÁDIZ / LA OPINION –

Vienen a Estados Unidos buscando amigos, una buena experiencia de trabajo, cultura y viajes. Lo que encuentran, en cambio, son jornadas extenuantes, hacinamiento y deudas. El programa, regulado por el Departamento de Estado, se llama Trabajar y Viajar, una promesa que en muchos casos, no se cumple.

 


Yana, de 19 años, se describe a sí misma como una mujer “fornida”. Lo es, después de más de tres meses levantando cajas de 23 kilos en la fábrica Hersheys en Pennsylvania, donde fue destinada, como parte del programa.

Ahora su único sueño es que septiembre llegue pronto. Será entonces cuando pueda volver a su país, Ucrania. “Vine acá a trabajar, a conocer a los estadounidenses, viajar. Pero solo me he dedicado a levantar cajas en turnos de noche”. 

“Estamos de pie todo el tiempo. Cuando nos quejamos, nos dicen que nos mandarán de regreso y que nunca más podremos volver a Estados Unidos”, cuenta.

El programa Trabajar y Viajar es administrado por el Departamento de Estado, y fue creado con base en las provisiones de la ley de intercambio cultural y estudiantil de 1961. Para participar, los jóvenes deben estar inscritos en una institución de educación superior en sus respectivos países y haber completado al menos un semestre de estudios.

A cambio, el Departamento de Estado otorga visas J-1 de empleo temporal, que les permiten permanecer en el país durante cuatro meses. A su vez, empresas privadas, llamados “auspiciadores” u “operadores”, se hacen cargo de sus trámites de solicitud y se preocupan de conseguirles empleos, darles transporte y vivienda. Para ello, los jóvenes pagan sumas de entre 3 mil y 6 mil dólares, dependiendo de sus destinos.

Tan solo el año pasado, el Departamento de Estado emitió 120 mil J-1, derivadas del programa Trabajar y Viajar. Una experiencia satisfactoria para muchos que cuentan con entusiasmo lo bien que lo pasaron en EEUU.

Es una realidad diferente para los más de 200 jóvenes que, junto a Yana, protestaron esta semana frente a Hersheys, reclamando dignidad y justicia. Una prueba concreta de que el sistema se administra con defectos importantes, donde al final el destino de los estudiantes depende de tener un patrocinador bueno o inescrupuloso.

“Realmente nos han explotado. Nosotros sabíamos que íbamos a trabajar, pero yo vine con la expectativa de ganar un poco de dinero. Me endeudé para pagar esto. Pero nos cobran costos tan altos por vivienda y transporte, que terminas con150 dólares, en lugar de los 500 a la semana que te prometieron”, dice Tony, de 27 años, de Ghana, y quien vive con cinco jóvenes más en una habitación, por la que cada uno paga 395 dólares.

El operador de Tony y Yana es CETUSA (Council for Education and Travel). Rick Anaya, director ejecutivo de la compañía, asegura que “se han reunido con los estudiantes para enfrentar los problemas que han reportado. Si los jóvenes no están teniendo una experiencia cultural significativa, trataremos de trabajar con ellos para ver qué podemos hacer, en el tiempo limitado que les queda de sus visitas”.

Daniel Castellanos, vocero de National Workers Alliance, quien acompañó a los jóvenes en la protesta, insistió en que los problemas con CETUSA son la punta del iceberg y que desde hace al menos 10 años, se vienen arrastrando quejas en el marco del programa Trabajar y Estudiar.

“Ellos son los primeros en sacar la voz, en hacerlo público, pero esto viene de mucho antes”, insiste.

Un reporte elaborado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) en 2006 criticó la falta de supervisión del programa. “En contadas ocasiones se realizan visitas a los operadores o a los sitios de empleo, para asegurarse que se están cumpliendo con las condiciones acordadas o para investigar quejas”, dice el documento.

DE VIDA O MUERTE

Un empleo justo y condiciones de pago adecuadas, no son las únicas áreas donde el programa ha fallado. La seguridad es otra. El caso emblemático de los jóvenes chilenos que murieron en Pensacola, Florida, baleados en 2009, también estuvo bajo la esfera de Trabajar y Estudiar. Los auspiciadores, en este caso, eran Alliance Abroad, CCI y Cultural Homestays International.

La noche del 26 de febrero, Roy Baker, un ciudadano estadounidense que vivía en el mismo condominio que los estudiantes, disparó con su escopeta, asesinando a dos personas e hiriendo a tres.

El seguro médico contratado por los operadores en Chile tenía cobertura limitada y, de hecho, los jóvenes heridos, uno en el brazo, otro en la mano y uno más en la cabeza, tuvieron que acudir a la ayuda de un fondo de compensación de víctimas, establecido por el gobierno estadounidense, que luego agotó sus recursos.

“Fue un caso impactante. Les tocó un demente que disparó a mansalva. Hubo que generar una red de apoyo tremenda para gestionar todo lo que vino después del incidente.Sobrepasó al sistema en muchos aspectos”, asegura en cónsul adjunto de Chile en Miami, Víctor Abujaturn.

“Creo que el drama de Pensacola debería llevar a reflexionar a los padres, respecto a si tiene sentido alentar a los hijos a aventuras que pueden tener trágicas consecuencias, y que en este caso revelaron la precariedad del programa. También habría que pensar en la regulación y fiscalización, para evitar que los estudiantes terminen casi trabajando como ilegales o haciendo labores peligrosas”, agrega.

Tan solo ese año, otros 4,700 chilenos habían recibido visas al alero de Trabajar y Estudiar.

En enero de 2011, el consulado de Chile en Miami registró la última queja, emitida por Alan Ordenes (22), quien fue auspiciado por Geovisions.

En su experiencia, la compañía había llevado a Miami a 18 estudiantes de Chile y Perú, para emplearlos llevando a gente en triciclo, dentro de ferias y eventos. De ellos, dos volvieron a sus países, algunos se fueron a San Diego y otros se quedaron en Miami. Una situación usual, considerando que el operador normalmente realiza cambios a los trabajos y destinos, cuando los estudiantes llegan a Estados Unidos.

De acuerdo con el testimonio entregado por Ordenes al consulado en Miami, vivió en un departamento pequeño con nueve personas. Luego de reclamar lo mudaron a otro lugar con tres estudiantes más. “No había muebles. Hemos dormido en colchones inflables. No teníamos microondas, ni camas. El refrigerador no funcionaba y una de las tuberías estaba rota”, describió.

Otros consulados de embajadas latinoamericanas, como el de Argentina, por ejemplo, también han tenido reclamos. El más reciente, reportado en el consulado de Chicago. “En la jurisdicción de Washington DC no han llegado casos, pero sí en otras. Los jóvenes en general arriban a estados y zonas aisladas de los grandes centros urbanos, donde están relativamente desconectados”, dice Jorge López, cónsul de argentina en la capital del país.

Consultados por La Opinión, consulados de países como El Salvador y México, no registraron quejas.

MAYOR CONTROL

Sindicatos como AFL-CIO han levantado la voz para que exista una mejor protección de los estudiantes que vienen en el marco de este programa. “Hay cosas buenas de la visa J-1. Creemos que existe un valor en tener un intercambio cultural”, asegura Ana Avendaño, asistente del presidente y directora de Inmigración y Acción Comunitaria de AFL-CIO.

“El problema es que cuando los jóvenes afrontan dificultades o son explotados, todo el mundo en la cadena de responsabilidad se lava las manos. La ironía acá es que el Departamento de Estado tiene buenas regulaciones para los auspiciadores, pero no suficiente control para que se cumplan”, agrega.

Por su parte, el Departamento de Estado defendió el programa y aseguró que en la actualidad se han tomado varias iniciativas para mejorar la supervisión de los operadores.

“Hemos establecido procedimientos de monitoreo y vigilancia e incrementado el tamaño del personal a cargo de cumplimiento. Tenemos un nuevo programa de regulaciones que incluye el rastreo de los reclamos y revisiones en terreno de los auspiciadores, para que se ajusten al estándar”, comenta John Fleming, vocero del Departamento de Estado.

“Este otoño conduciremos una serie de chequeos en terreno. También estamos trabajando con el Buró de Asuntos Consulares para identificar actividades fraudulentas”, dice.

Consultado por el número de personas encargadas de supervisión y de cuántas inspecciones se planean realizar, el vocero no respondió a las preguntas de La Opinión. Hasta ahora, cinco organizaciones han sido sancionadas con violaciones regulatorias y 10 están bajo investigación.

 

 

Tomado de

Contrainjerencia

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