Justicia chilena quiere cerrar en dos años causas por violaciones de DDHH durante la dictadura

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

A menos de una semana de haber asumido como presidente de la Corte Suprema de Chile, el juez Rubén Ballesteros, ya se enfrenta a la primera polémica con organismos de derechos humanos de esta nación sudamericana luego que se diera a conocer un plazo de 24 meses para el cierre de las causas por violaciones a los derechos fundamentales cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Rubén Ballesteros

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, “no es posible investigar los atropellos cometidos como si tuvieran fecha de vencimiento, como tampoco que se haga en dos años cuando se trata de más de mil querellas presentadas por casos ocurridos en los 17 años que duró el régimen de Pinochet”.

La dirigenta sostuvo que al planificar el término de estas investigaciones se contravienen tratados y acuerdos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos.

El nuevo presidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial de este país, participó de consejos de guerra en 1974, hecho que para Alicia Lira es la explicación de la medida que están adoptando.

“Para nosotros no es coincidencia que asuma Ballesteros que tiene la convicción que se debe aplicar la amnistía y la prescripcion no respetando los tratados internacionales, en acuerdo con aquellos que hoy están en el gobierno y que respaldaron la dictadura. Con Ballesteros se viene a cerrar el círculo de la impunidad que se ha querido imponer al país con más fuerza durante los últimos dos años”, indicó la dirigenta.

Lira recordó que hay 1.002 querellas presentadas por los familiares de ejecutados políticos que están en plena investigación y que no pueden tener un plazo de término, sino que debe ser investigada a fondo para llegar a los responsables y aplicarles las sanciones que correspondan, insistió.

La Corte Suprema chilena determinó además la reasignación de las causas por violaciones a los derechos humanos que conducían ministros con dedicación especial que han fallecido, dejaron el Poder Judicial o pasaron a formar parte del máximo tribunal.

Entre estas investigaciones está la del asesinato del dramaturgo y cantautor Víctor Jara días después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, la Operación Cóndor, Operación Colombo, entre otras.

Hace algunos meses, los hijos del ex presidente Eduardo Frei Montalva solicitaron acelerar las indagaciones por el crimen del mandatario ocurrido el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María de Santiago, petición que motivó la reestructuración y ahora el anuncio de un plazo por parte de los tribunales de justicia, situación que genera críticas de las organizaciones de derechos humanos.

Telesur / LibreRed.Net

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