La histórica sentencia en Italia contra la empresa Eternit abre la vía de reclamaciones de afectados del amianto en todo el mundo

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

a106f0a660172e10077448818717c2b0.jpgEcologistas en Acción aplaude la decisión del tribunal de Turín que ha condenado a 16 años de cárcel a los dos acusados en el juicio del amianto en Italia, el ex propietario del grupo suizo Eternit, Stephan Schmidheiny, y un administrador de la filial italiana, el barón belga Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne.

Asimismo felicitamos a los sindicatos italianos, a la asociación de víctimas del amianto en el país transalpino y al resto de organizaciones personadas en el macrojuicio celebrado en Turín contra los propietarios de la multinacional Eternit y a los que hoy se ha condenado a 16 años de prisión y al pago de decenas de millones de euros de indemnización en una sentencia histórica y que abre el camino a reclamaciones similares en la Unión Europea y en el resto del mundo (como Brasil y el Estado español, por ejemplo).

La sentencia dictada el día 13 de febrero por el Tribunal de Turín condena a los propietarios de Eternit, el magnate suizo Stephan Schmidheiny y el barón belga Louis de Cartier de Marchienne, a 16 años de reclusión por desastre doloso y omisión dolosa de medidas de seguridad. Los dos empresarios fueron declarados responsables de la muerte de unas 3.000 personas en Italia, ex obreros o habitantes de cuatro localidades donde Eternit Italia tenía sus fábricas desde 1976 a 1986. Schmidheiny y Cartier de Marchienne, son considerados por la fiscalía al cabo de una investigación de cinco años como los responsables de la gestión de Eternit Italia, fueron acusados de haber provocado "una catástrofe sanitaria y ambiental permanente" y de haber violado la reglas de la seguridad laboral.

Asimismo, les impone el pago de indemnizaciones a los afectados y sus familiares, a los ayuntamientos y regiones afectadas, a los organismos oficiales que han tenido que hacer frente a las consecuencias y a las organizaciones personadas en el proceso, que ascienden, al menos, a 170 millones de euros. Durante más de tres horas el juez Giuseppe Casalbore ha tenido que leer las sentencias de indemnización de cada uno de los más de 4500 afectados, entre la emoción y las lágrimas de las víctimas asistentes a la sala y la presencia de medios de comunicación de todo el mundo.

El origen del proceso está en la lucha abierta por l@s trabajador@s de Eternit de la fábrica de Casale Monferrato (en la región italiana del Piamonte) y por l@s vecin@s de la localidad, que vio como varios miles de sus ciudadanos enfermaron y murieron de cáncer por la exposición al polvo de amianto procedente de la fábrica.

Muchas organizaciones sindicales, ecologistas y de justicia ambiental se han congratulado por la decisión de la justicia italiana que reconoce las exigencias de las víctimas y que abre el camino para que se atiendan reclamaciones similares en otros países de la Unión Europea y del resto del mundo. En el caso del Estado español hay situaciones similares a la de Casale Monferrato en Sevilla, Cerdanyola (Barcelona) y se está pendiente de conocer la sentencia por la demanda presentada por 40 trabajadores y sus familiares de las fábricas de la empresa Uralita en Getafe y Ciempozuelos (Madrid).

Ecologistas en Acción viene reclamando desde hace años la prohibición mundial del amianto y otras sustancias tóxicas como el mercurio, y apoya las reivindicaciones de la alianza internacional para la prohibición total mundial del uso y la comercialización de esta sustancia y a favor de una transición justa que elimine todas las sustancias tóxicas del modelo de producción y consumo.

El amianto, usado por décadas como un material milagroso, fue prohibido en toda la Unión Europea en 2005 cuando entró en vigencia una directiva de 1999, y ahora se lucha por una prohibición mundial con el fin de que el drama no continúe en los países del Sur global, como en Brasil, donde se sigue utilizando, como denuncia la Red por la Justicia Ambiental de Brasil.

Asimismo exigimos la creación de un Tribunal Internacional donde juzgar las responsabilidades de las empresas multinacionales que convierten el trabajo en lugares de inseguridad, enfermedad y muerte así como el medioambiente en un vertedero.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, que llevó a cabo un largo proceso de investigación y audiencias públicas, iniciado Viena (2006), que ha contado con varias sesiones temáticas celebradas en Colombia, entre 2006 y 2008, y en Lima en 2008, y culminado en Madrid en mayo de 2010, pidió en su sentencia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que elabore un código de conducta obligatorio para la empresas transnacionales, y establecer un mecanismo internacional apropiado para la supervisión de su cumplimiento, que podría tomar la forma de un Tribunal Económico Internacional que se ocupe de las violaciones de los derechos humanos en todas sus vertientes, y de su reparación mediante la determinación de las responsabilidades ; y, en su caso, de la penal. Una instancia, en suma, ante la que las víctimas puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, individuales y colectivas.

Con ocasión de la sentencia de Turín, Ecologistas en Acción vuelve a pedir a la Conferencia de los Estados Parte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la reforma de este para ampliar la competencia personal a las personas jurídicas y para incluir los más graves crímenes contra el medio ambiente, además de los ya previstos contra los derechos humanos. Asimismo demandamos reformas legislativas precisas para garantizar el acceso a su jurisdicción nacional civil y penal, de las víctimas de abusos de derechos humanos o contra el medio ambiente, cometidos fuera de la UE por parte de una empresa o de una de sus filiales con sede en un Estado miembro.

 

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