La justicia belga decidió reactivar las investigaciones sobre los abusos a menores de la Iglesia católica multiplicando las pesquisas con el fin de determinar si la jerarquía eclesiástica cubrió a los prelados en el pasado para evitar el escándalo.

La Policía Federal, bajo la batuta del juez de Bruselas, Wim De Troy, efectuó desde el lunes varios registros en las sedes de los arzobispados y de los obispados de Belgica. Después de Amberes, Malines y Hasselt -el lunes- los investigadores registraron el martes los obispados de Brujas y de Gante. El miércoles fueron a Giré y Namur.

Los policías, tras cada registro, se llevan los «expedientes personales» de miembros de la jerarquía católica cuyos nombres figuran entre los 200 testimonios de víctimas y 87 quejas en posesión del juez.

«Nos encontramos en una fase importante de la Operación Cáliz», como denominan el caso, explicó una de las funcionarias de justicia, Lieve Pellens.

La intención del juez De Troy es verificar si los superiores de de dichos clérigos católicos dieron o no prueba de los abusos, si actuaron ante las denuncias de las víctimas o protegieron a los abusados al ser conscientes de los hechos.

El escandalo de los abusos a menores por parte de religiosos estalló en Bélgica en abril de 2010 cuando el Vaticano cesó al obispo de Brujas, Roger Vangheluwe, quien abusó de, al menos, un sobrino suyo. Hay denuncias de al menos otra sobrina y de algunos miembros de un coro infantil.

A mediados de diciembre, la Iglesia católica belga anunció que pagaría indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales prescritos, con lo que pretendía mejorar su imagen.