Las nuevas tragedias a la hondureña

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

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La tragedia está presente en Honduras, anquilosada en el diario vivir, como una bofetada contra la existencia misma, disfrazada de cruel e impuesta “democracia, después de aquella infausta asonada golpista del 28 de junio de 2009, cuando fue depuesto el presidente constitucional Manuel Zelaya a Honduras, ante el asombro del mundo entero, recrudecida ella por la impunidad, el sucio contubernio de militares y patrones, acreedores del burdo espaldarazo de las principales potencias mundiales y el genuflexo contubernio de la OEA. No importó, empero, que el depuesto presidente regresara al aeropuerto de Toncontin, en Tegucigalpa, el pasado 28 de mayo de 2011, donde una vez quiso volver a su país y le fuera impedido el ingreso mientras se masacraba a su pueblo, para que el luto, el dolor impreso en el alma de las gentes, el sentimiento de pérdida y los crímenes indetenibles, dimensionaran aún más el trágico balance del destino de los ciudadanos.

Algo había cambiado, sin embargo. Y todos lo sabíamos, tanto espectadores como protagonistas. Esta vez el pueblo hondureño se había curtido en el terco enfrentamiento contra el golpista asesino, esta vez las calles le habían servido de escuela para fraguar conciencias y fortalecer convicciones; esta vez, también, el camino se había definido con mayor claridad y la demanda adquirió sentido pleno y voz genuina. Esta vez sus muertos les sirvieron de bandera ante la represión y cargaron con su memoria como un arma nueva; esta vez la frustración y el dolor se trastrocaron en fuerza motriz para seguir adelante, para hacer sentir su voz y su reclamo permanente. Y allí, en la Plaza Isis Obed Murillo, donde estuvo presente el joven asesinado en el corazón de todos, volvió Zelaya al reencuentro con su pueblo. Nada era igual ya, por supuesto. Con solo ver en los rostros de las gentes levantando sus puños, Zelaya comprendió que el pueblo, aquel que lo defendió y salió a las calles ante el golpe militar, se había crecido y organizado en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Había alcanzado su más plena estatura a fuerza de coraje y martirologio. Lo había dejado atrás, en el deambular por la historia. Lo supo y lo aceptó. Lo supo y vio en él la única forma de regresar al pasado arrancado por la fuerza.

Mucho podrá decirse sobre los protagonistas y cambios políticos que favorecieron el retorno de Zelaya, sobre la base de El Acuerdo de Cartagena, sin embargo, sería tonto e iluso negar que el principal artífice de ese regreso fuera el propio pueblo hondureño. Cada calle conoció su protesta, cada ciudad y pueblo, por lejanos que fueran, conocieron de su rabia y sus demandas, de sed desmedida de justicia y de su esperanza bulléndole en la sangre. “Debemos rendir homenaje a aquellos que hemos perdido en esta lucha, a los que ofrecieron sus vidas”, dijo Zelaya, refiriéndose a los más de 200 hondureños asesinados.

Del lobo, un pelo”, reza un antiguo refrán, y el actual presidente Porfirio Lobo, consciente de que era prácticamente imposible enfrentar la oleada de protestas y descontento social mediante la más brutal represión, acudió a la diplomacia para frenar la oleada revolucionaria en Honduras, aceptando una solución que todavía no está totalmente clara en cuanto a sus expectativas. Lo cierto es que, mediante el Acuerdo de Cartagena, Zelaya regresó del obligado exilio y el 1 de junio Honduras fue readmitida a la OEA, sin tenerse en cuenta que los golpistas y sus cómplices permanecieron impunes y gozando de las prerrogativas de sus cargos públicos y comodidad económica. Muchos participaron en el arreglo: unos de buena fe y otros, los aprovechadores, cargando sobre sí un malsano oportunismo. La OEA, como todos, se contentó con el pacto, tejido a las espaldas de los mártires. El propio Zelaya cayó en la trampa urdida contra su propio pueblo, al declarar, apenas llegado a Honduras: “Si el gobierno reconoce los derechos del pueblo, el presidente Lobo reconocerá los derechos democráticos que han sido violados, y entonces la comunidad internacional tiene la obligación de reconocer los derechos del Presidente y su gobierno”. Fue, sin lugar a dudas, una legitimación de la continuidad golpista, de dar luz verde a las privatizaciones y desalojos, de las desapariciones selectivas y a la criminalización de las emergentes fuerzas de la resistencia. El ardid, empero, no les dará a la larga el resultado esperado pues la chispa ya se encendió en el corazón de cada hondureño que anhela una vida mejor. De esta forma, el FNRP se ha convertido en alternativa de lucha hacia una restructuración a fondo de la sociedad hondureña.

El peligro de la radicalización de las luchas populares en Honduras ha preocupado no solo a la oligarquía de ese país, sino también a Estados Unidos. La propia secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, brindó total apoyo a Porfirio Lobo, previo a la reunión del SICA para encontrar fórmulas que favorezcan el status quo imperante en esa nación centroamericana. A pesar de sus declaraciones contrarias a una supuesta reelección, Lobo es aún visto como una carta de triunfo de la oligarquía para las elecciones de 2013. De esos políticos hipócritas viene cargada la historia como un baldón a cuestas.

Pero el imperio y sus amos, los que hacen de la calumnia un instrumento para confundir, tramaron una nueva forma de debilitar a la resistencia. De esta forma se instrumentó una sucia campaña de desprestigio contra los ministros de Zelaya, intentando socavar los primeros pasos hacia la emergente fueras de la resistencia popular. Esta vez usaron la difamación contra los miembros del ex gabinete de Zelaya, particularmente contra Enrique Flores Lanza. Las acusaciones aparecieron como una tormenta mediática, usando a la justicia dudosa y comprada como instrumento para llevar a cabo la difamación y el golpe rastrero contra el FNRP. Las dudosas acusaciones contra Flores Lanza hicieron al pueblo salir a la calle, a retomar la protesta el pasado 20 de junio, con Manuel Zelaya a la cabeza. El arresto domiciliario dictado contra el ex ministro de la Presidencia Enrique Flores y miembro de la Comisión Política del FNRP, encausado presuntamente por corrupción, no podía aceptarse, pues esta acción legal desconocía una cláusula del Acuerdo de Cartagena, a la par que demostraba el doble rasero de la justicia hondureña, la que ha obviado, deliberadamente, cualquier acción penal contra los golpistas. Esta vez, sobre un hombre honesto, se lanzaba el perjurio de desfalcar al Banco Central, que lo condujo al arresto domiciliario y a pagar una fianza de 27 millones de lempiras, cerca de 1,4 millones de dólares. El sucio rejuego político judicial se puso en marcha contra otros ex ministros de Zelaya, con la clara intención de viciar la percepción del pueblo hondureño y de la opinión pública internacional sobre el FNRP y el futuro papel de Zelaya dentro de la política nacional.

El propio Flores Lanza, en una entrevista concedida al periodista Dick Emanuelsson, declaró:

“Estamos en este encierro a pesar que somos inocentes, que hemos ingresado al país en el marco del acuerdo político de Cartagena, donde el presidente Lobo comprometió su palabra y estampó su firma para darnos garantías de libertad y de podernos defender, hecho que nos ha sido negado durante dos años.” (…) “Nos declaramos presos políticos, como lo han dicho los organismos de derechos humanos. Sabemos que somos presos políticos por que representamos hoy aquí en esta prisión en la que se ha convertido mi hogar, al pueblo hondureño en Resistencia contra la opresión, que quiere recuperar la democracia y la libertad y buscan una Honduras mejor para todos.”

Detrás de esta maniobra contra los ministros de Zelaya y el FNRP se encuentra el propio Roberto Micheletti, con la anuencia de la ultraderecha norteamericana y la oligarquía hondureña, cegados por un revanchismo a ultranza con el que pretenden desoír el Acuerdo de Cartagena. En una videoconferencia durante una audiencia del Congreso estadounidense, Micheletti se vio apoyado por senadores norteamericanos como su vieja socia, la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Ileana Ros-Lehtinen; el presidente del Subcomité de Asuntos Latinoamericanos, Connie Mack; así como otros representantes conservadores. Con desparpajo, declaró Micheletti en esta ocasión: “Que nadie que haya cometido delitos contra intereses del Estado quede en las calles del país impune”. Obviamente, no se refería ni a él, ni a sus socios golpistas y represores.

Hoy para el ex presidente Manuel Zelaya, tanto como para el FNRP, se vislumbra una solución mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, así como con la creación de una agrupación política dentro de Frente, lo que sería empleado como alternativas para desarrollar sus nuevas estrategias dentro de la vida pública nacional de un país minado por la pobreza y donde la situación interna se vuelva cada vez más álgida al incrementarse los desalojos de campesinos, las privatizaciones, los asesinatos selectivos, la corrupción, el narco tráfico y las acciones dudosas de la justicia hondureña.

LA CORRUPCION Y OTROS ESCANDALOS

Un reciente informe titulado “Indicadores Internacionales de Corrupción. ¿Qué reflejan y qué omiten? El caso de Honduras”, elaborado por el franco-alemán Frederick Boehm, pone al desnudo que la corrupción en todas sus manifestaciones (el soborno, la extorsión, la malversación de fondos, el favoritismo, nepotismo y clientelismo, el fraude, la captura y la colusión) representa un fenómeno estructural en ese país. Así lo confirmó igualmente Miguel Ángel Domínguez, Director Ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Para ambos, las causas obedecen a tres factores principales: debilidad y falta de independencia del sistema judicial; debilidad del control en procesos presupuestarios y concentración de poderes económicos y políticos. Sin embargo, el estudio no profundiza en el hecho de que la corrupción está intrínsecamente ligada a las propias bases del sistema capitalista, oligárquico y semi feudal existente en Honduras.

Lo cierto es que la inoperancia y complicidad de las instituciones públicas como el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y el mismo Consejo Nacional Anticorrupción, con los corruptos dentro del aparato gubernamental, es un garante de la propia existencia y perpetuidad de este mal que atenta contra el ciudadano común, quien se ve excluido y empujado a la miseria. Siempre el rico ha incrementado sus arcas a costa del sudor de los pobres y esta triste realidad parece perpetuarse en Honduras. Por ello no sorprenden a nadie los casos recientemente destapados en relación con las frecuentes corruptelas existentes en el país, que llegan a vincular a altos estamentos militares con el narcotráfico y el tráfico de armas y personas. Por ejemplo, el pasado día 20 de junio varios agentes de la policía hondureña serían investigados por amasar fortuna ilegalmente, provenientes del crimen organizado. Otro escándalo vincula al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA) con el lavado de dinero, con independencia de ser esta una institución vinculada al sistema de educación. Esa es solo una parte de la verdad, la que aparece a flote. La gran parte de los negocios turbios permanece en las sombras.

AYUDAS QUE COMPROMETEN

Quienes se involucraron tras bambalinas en el golpe de estado en Honduras tratan por todos los medios de sostener el engendro “constitucional” pos golpista. De esta forma, cantidades inmensas de dinero, cuyo destino nunca va a parar a manos de los necesitados, llegan a Honduras en busca de compromiso y adhesión a las políticas injerencistas del poder imperial. Unas veces el dinero llega de forma directa, otras solapadamente. De acuerdo con informaciones recientes, los organismos financieros internacionales desembolsaron 510.2 millones de dólares al gobierno de Honduras durante los últimos 15 meses, según lo reconoce un informe ejecutivo preparado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) sobre el comportamiento de la deuda pública. Una parte, 199.2 millones de dólares, fueron supuestamente a parar al sector monetario fiscal. El desglose del resto del dinero se realizó de la siguiente manera: 75.5 millones de dólares se orientaron al sector transporte, 55 millones de dólares para el mejoramiento institucional, 50.6 millones de dólares destinados al multisectorial y 34.5 millones de dólares a la salud. Los restantes 42.1 millones de dólares se distribuyeron a los sectores de energía, turismo, vivienda, comercio e industria, forestal, educación y agropecuario. Para lo que va del 2001, se recibieron 53.3 millones de dólares, destinándose la mayor parte a los acreedores de la deuda y otros destinos.

El gobierno pretende desarrollar 40 proyectos con los organismos financieros internacionales como el BID, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano, parte principal de los cuales se esfumarán e irán a parar a los bolsillos de quienes detentan el poder en el país catracho.

LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

Los derechos humanos en Honduras son, hoy por hoy, una mera ilusión, fabricada por aquellos que intentan vender una insostenible imagen de democracia y bienestar social. Pruebe de ello es que, recientemente, Ministerio de Salud ha reducido la contratación médica para los Centros de Atención Integral (CAI), que tienen en sus manos el tratamiento de los ciudadanos portadores del VIH SIDA, en un país donde el 47 % de los 28.892 casos de personas con VIH no reciben algún tipo de tratamiento para su enfermedad y quedan condenados a su suerte. Esto pone en tela de juicio las palabras de Porfirio Lobo ante las Naciones Unidas, donde declaró que su gobierno había frenado el avance de este flagelo.

El pueblo no ha permanecido en silencio. Prueba de ello es el mensaje de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), emitido el pasado 3 de Junio del 2011 y dirigido al Secretario General de la OEA, donde se expresó: “Afirmamos que la posición expresada por el gobierno de Honduras de “olvido y perdón” no contribuye a avanzar en el esclarecimiento de las graves violaciones a los DDHH cometidas en el contexto del golpe de estado, sino al encubrimiento de los responsables y a la impunidad amparada en un discurso de reconciliación nacional.” Y continúa: “Vemos con preocupación que actores directos del golpe de estado siguen ocupando altos cargos en las instituciones del Poder Ejecutivo, en la cúpula militar y policial, en la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso Nacional, y otras instancias gubernamentales, y demandamos su salida de las mismas como la única vía para iniciar un proceso de restablecimiento de la institucionalidad democrática y el estado de derecho.”

El documento relata continuas violaciones a los derechos humanos como la brutalidad de las fuerzas represivas del estado y privadas, la persecución y represión en contra de los integrantes del movimiento social y popular, los asesinatos políticos, el hostigamiento a defensoras y defensores de DDHH, las agresiones contra la población, los asesinatos a campesinos organizados en el Aguán y a varios periodistas, entre otros males emanados de la actitud anti constitucional del gobierno.

Otra denuncia en este sentido fue dada a conocer el 7 de junio pasado por Reporteros sin Fronteras y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-América Latina y El Caribe (AMARC-ALC), donde se reclama “el fin de la impunidad por los crímenes cometidos, en particular contra periodistas y defensores de los derechos humanos; por las agresiones, los atentados, sabotajes y cierres de medios de comunicación, así como el restablecimiento de las frecuencias suspendidas o retomadas por el Estado. Desde 2010, en Honduras han sido asesinados once periodistas y un propietario de un medio de comunicación. Desde el inicio del año 2011, otros cuatro periodistas y un director de un medio han sobrevivido a atentados dirigidos.” Sin embargo, la cifra de periodistas asesinados aumentó a doce con la muerte de Adán Benítez, quien resultó asesinado en la ciudad atlántica hondureña de La Ceiba.

Pavor e indignación ha causado en el mundo la represión contra el campesinado en el Bajo Aguán, perpetrado por la policía y los grupos paramilitares al servicio de terratenientes y productores palmeros. Muchos murieron ante el impacto de armas de grueso calibre, pero el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguan (MARCA) y del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), mantienen sus genuinas demandas a pesar de los asesinatos y la desmedida represión contra sus integrantes. A la suma de los muertos provocados por las fuerzas policiales y paramilitares, se han sumado los casos de Olvin Gallegos, Secundino Gómez, José Recinos Aguilar, Joel Santamaría y Genaro Cuesta, quienes pasaron a engrosar la lista de 31 campesinos asesinados en el Bajo Aguán en los últimos 15 meses.

También la mano asesina de los cuerpos represivos hondureños y sus sicarios han arrebatado la vida de varios periodistas como Nicolás Josué Asfura, Joseph Hernández Ochoa, David Enrique Meza Montesinos, Nahum Palacios, José Bayardo Mairena, Manuel Juárez, Luis Chévez Hernández, Jorge Alberto Orellana, Luis Arturo Mondragón Morazán, Israel Díaz Zelaya, Henry Orlando Suazo Santos y otros dos más recientemante. De la misma manera, varios periodistas han sido amenazados de muerte y han tenido que salir del país. Muchos medios de comunicación también han recibido amenazas o han sido saboteados, como los casos de Radio Falemu Bimetu, La Voz de Zacate Grande, Canal Televisión Educativa Nacional y Radio Uno.

Uno de los fenómenos más sobresalientes en la vida social hondureña ha sido la proliferación de la violencia entre jóvenes y adolescentes, quienes no ven por parte del gobierno las oportunidades necesarias para resolver sus expectativas de vida, pues carecen de equidad y participación en la vida social, siendo mantenidos en la marginación y en la pobreza. Muchos casos de las pandillas y maras son respuestas a la marginación, la estigmatización, criminalización y persecución de los jóvenes, carentes de un sistema gubernamental de atención básica. ¡Pobre país aquel que abandona a las generaciones venideras al libre albedrío del temor, la duda, la insatisfacción y la pobreza! ¡Pobre país aquel donde el 32 % de su población joven no estudia y se educa, marginada del deporte, la cultura y otras oportunidades sociales! ¡Pobre país aquel donde los jóvenes mueren a diario víctimas de la violencia, del abuso intrafamiliar, por las drogas y por un concepto infundado de la limpieza social controlada por la fuerza represoras!

Honduras duele, pues, en el corazón de todos aquellos que la aman y la han defendido, unos con las armas y piedras, con los puños y palos; tanto como los que la hemos defendido con la palabra oportuna y enérgica, con la denuncia militante y la más infinita solidaridad. Pero Honduras, a la vez, nos despierta esperanzas y optimismo. También confiamos en su pueblo, capaz de labrar sus propios derroteros en el largo y complicado camino hacia la verdadera, única y genuina libertad.

 

Tomado de

Organizacion Politica Los Necios

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