Los intereses económicos cabalgan sobre los DD HH

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Vincent Vallies

Martes 14 de junio de 2011, por Revista Pueblos

 

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La Unión Europea (UE) está a punto de ratificar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia sin exigir previamente al Estado colombiano el respeto de los Derechos Humanos (DD HH). Este país sufre la peor crisis humanitaria de Occidente. Europa firmó este Acuerdo durante la presidencia española de la UE de 2010 sin tener en cuenta a los directamente afectados (sindicalistas, comunidades indígenas y negra), que le alertaron sobre los graves impactos para la población y la biodiversidad.


La sociedad colombiana ha sido una de las más sacrificadas de Iberoamérica en las últimas décadas. Mientras que en el Cono Sur la caída de las temibles dictaduras abrió paso a procesos democráticos, en Colombia tanto la represión como el conflicto armado y la crisis humanitaria se han mantenido. Hoy es tristemente célebre por las cifras más aterradoras en materia de DD HH: es donde más sindicalistas se asesinan en el mundo; donde más indígenas mueren víctimas de grupos de extrema derecha, de las guerrillas de izquierda y del ejército; cuenta con 32 000 personas desparecidas forzosamente (más que durante las dictaduras de Argentina y Chile juntas); comparte con Sudán el triste record de ser los dos únicos países con más de cuatro millones de personas desplazadas.

¿Ignora esto la Unión Europea? No ¿Ha hecho algo para intentar que esta situación cambie radicalmente? Poco ¿Puede presionar al Estado colombiano para que cumpla con sus compromisos adquiridos en escenarios internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU)? Sí, pero no lo hace de manera contundente. Desaprovechó su mejor momento. Durante las conversaciones para la firma del TLC, la Oficina Internacional de DDHH Acción Colombia (OIDHACO), junto con diversas organizaciones de la sociedad civil colombiana y europea, apoyó a diferentes representantes de las y los trabajadores y minorías colombianas para que expusieran en Bruselas sus razones (sustentadas en estudios, denuncias nacionales e internacionales, exigencias de organizaciones internacionales al Estado colombiano, entre otras muchas) para que no se firmara un TLC que favorece a los inversionistas extranjeros y colombianos pero que va en contra de los derechos de millones de trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo, Europa firmó Según la UE, la ratificación de este Acuerdo será una herramienta para ejercer presión y así lograr que se respeten los DD HH. Para OIDHACO dicha presión ha de hacerse con el objetivo de que los cambios se realicen antes de concebir un Tratado de este calibre. La no-ratificación obligaría al Gobierno a entregar resultados reales. Human Rigths Watch lo ha expresado claramente en su informe de 2010: “En ausencia de una voluntad política para el cambio, demostrada por los gobiernos abusivos, los gobiernos de buena voluntad necesitan ejercer presión para poner fin a la represión”.

El gobierno reconoce en sus estadísticas oficiales la existencia de al menos 32 000 “desapariciones forzadas”. Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública fueron denunciadas como una práctica sistemática por el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales. Hay denuncias ante la Fiscalía por más de 2 000 asesinatos de jóvenes, cometidos por miembros del ejército y presentados como guerrilleros caídos en combate (los llamados falsos positivos). La labor de defensa de los DD HH es peligrosa: durante los tres primeros meses del actual Gobierno fueron asesinados más de 32 activistas de DD HH y, durante el año 2010, 130 fueron vinculados a procesos judiciales.

Operación Europa

Paralelamente a las conversaciones para firmar el TLC entre la UE y Colombia, a comienzos de 2010, se descubrió que el organismo de inteligencia colombiano, que depende directamente del presidente de la República, realizaba una campaña de interceptaciones, seguimientos ilegales e incluso amenazas contra defensores y defensoras de DD HH, jueces, juezas, oposición política y periodistas. Además, a través de la denominada “Operación Europa” estaba espiando a personas y organizaciones en territorio europeo. En España y Bélgica se sabe que hizo seguimientos a personas colombianas refugiadas y ONG europeas que tra-bajan a favor de los DD HH en Colombia. En estos dos países la justicia está investigando dichos sucesos. Asimismo, existen documentos que confirman que la Subcomisión de DD HH del Parlamento Europeo también podría haber sido objeto de espionaje ilegal.

Diversas organizaciones europeas dimos a conocer estos hechos. Tan sólo por ello, el TLC no debería seguir su proceso. Si a esta situación del todo ilegal y que deja en entredicho la soberanía de los países de la UE y de sus instituciones añadimos que el Estado colombiano está denunciado local e internacionalmente como violador de DD HH, no entendemos por qué antes de cualquier debate no se exigen verdaderos cambios que lleven a una mejoría y a un irrestricto respeto por los DD HH.

En Colombia, la tierra es un tema crucial. Durante los últimos 10 años cerca de 6 millones de hectáreas han sido expropiadas a través de masacres, amenazas y otras formas de violencia. Por ello, hoy existen más de cuatro millones de personas desplazadas. Si el Gobierno colombiano no toma medidas eficaces y sostenibles para devolver la tierra ilegalmente arrebatada a sus propietarias y propietarios legítimos, las empresas de países de la Unión Europea que están operando en Colombia podrían estar legitimando la legalización de esas tierras adquiridas por vía de crímenes de guerra, de lesa humanidad y desplazamiento forzado. No es suficiente devolver la tierra, es fundamental crear las condiciones necesarias (tanto de seguridad como económicas) para mantenerse en ellas. OIDHACO considera que mientras el proceso de restitución de tierras y bienes de la población desplazada no esté claro no debería ni siquiera considerarse la apertura del uso de tierras a la inversión extranjera en Colombia.

La expansión del paramilitarismo en la década de los 90 y durante lo que va de este siglo ha facilitado la implementación de grandes megaproyectos de minería, petróleo e infraestructuras. Existen fuertes vínculos entre la siembra de agrocombustibles y la previa acción de destierro ejercida por grupos paramilitares. En Cuvaradó, municipio al noroeste colombiano, debido a la violencia ejercida por los grupos de extrema derecha, las comunidades han perdido 29 000 hectáreas, de las cuales 7 000 están ahora sembradas de palma africana. La Misión Internacional de Verificación a los Efectos de los Agrocombustibles en Colombia, realizada in situ en 2009, descubrió los graves efectos para la población y el medio ambiente derivados de la implementación de estos cultivos, como son: enfermedades diversas en los seres humanos, aparición de plagas y, en muchos casos, pérdida del ganado. Pone así en riesgo la supervivencia de comunidades indígenas en peligro de extinción, así como sus esquemas de seguridad y soberanía alimentaria.

No al TLC

En OIDHACO estamos convencidos de que no existen condiciones para la ratificación de este Acuerdo que se realizará probablemente a inicios de 2012. Ante la falta total de consulta con la sociedad civil durante las negociaciones, y ante el panorama actual de los DD HH en Colombia, la UE entraría en contradicción frente a sus principios, textos y Tratados como el de Lisboa, que dejan explícito que: tanto la UE como sus estados miembros, tienen como compromiso primordial garantizar el respeto a los DD HH. La UE en sus relaciones exteriores se ha comprometido a promover sus valores en el mundo, contribuyendo a la paz y a la seguridad, el desarrollo sostenible de la tierra, la solidaridad y respeto muto entre los pueblos y el comercio libre y justo. Ratificar hoy un TLC con Colombia es lanzar el claro mensaje de que la UE acepta el nivel de violaciones que allí se da.

Varios informes han visibilizado los impactos negativos de este acuerdo, entre ellos el financiado por la UE, que advierte del aumento de la presión sobre los recursos naturales y la posible “feminización de la pobreza”, dado que afecta a sectores donde las condiciones laborales son ya precarias (como el de la floricultura).

Teniendo en cuenta todo ello, OIDHACO recomienda a la UE la no ratificación de dicho Acuerdo y le solicita coherencia y ética en su política exterior, en la que han de primar los DD HH frente a los intereses económicos. La UE ha de exigir al Gobierno colombiano resultados reales de cambio, basados en todas las normas internacionales suscritas por Colombia. Asimismo, ha de cumplir todas las recomendaciones de la ONU.

La ciudadanía europea que trabaja por los DD HH en Colombia no está sola. El pasado diciembre de 2010 un grupo de eurodiputados que se opone a la firma del TLC dejó clara su posición al respecto: “Consideramos que es inaceptable para la UE comprometerse a un TLC con un país que no pone fin a las claras violaciones de los DD HH y de los derechos sindicales. Para aquellas personas que han perdido la vida, y las que viven con temor diario, consideramos que el Parlamento Europeo tiene la obligación de no ratificar el Tratado de Libre Comercio hasta que se produzcan mejoras concretas en materia de DD HH”.


Vincent Vallies es portavoz de la Oficina Internacional Derechos Humanos – Acción Colombia, OIDHACO, que representa una red de más de 30 organizaciones europeas. Desde su sede en Bruselas acompaña las iniciativas de la sociedad civil colombiana buscando el respeto integral de los DD HH y el Derecho Internacional Humanitario, así como la salida negociada al conflicto armado. www.oidhaco.org.

Este artículo ha sido publicado en el dossier especial del nº 46 de la Revista Pueblos, abril de 2011.


Para hacernos unas idea de la dimensión de la crisis humanitaria que atraviesa Colombia, a manera de ejemplo, exponemos algunos de los hechos más graves y sistemáticos:

- La impunidad en los casos de violaciones a los DD HH es del 97 por ciento.

- En los primeros ocho meses de 2010 fueron asesinados 35 sindicalistas y amenazados más de 200.

- Se comete el 60 por ciento de los asesinatos contra sindicalistas en todo el mundo y cerca del 95 por ciento de estos se quedan en la impunidad.

- Al menos la mitad de los pueblos indígenas está en riesgo inminente de desaparición.

- Sólo en 2010 fueron asesinados 122 miembros de comunidades indígenas.

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