Mexico en la Corte Penal Internacional

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

|Pravda Liberation PARIS 1871|Por Gaston Pardo|

  • El pasado 25 de Noviembre se presentó al Fiscal de la Corte Penal Internacional un expediente que consta de 700 fojas y documenta 470 violaciones al derecho internacional humanitario en México.
  • El expediente presentado por el abogado Netzaí Sandoval fue respaldado por más de 23,000 firmas (ahora suman 27,000) de ciudadanos mexicanos.
  • El expediente proporciona información sobre la comisión de "crímenes de lesa humanidad" y "crímenes de guerra" en México.
  • El documento no solamente señala a Felipe Calderón y a Joaquín "El Chapo" Guzmán como posibles responsables de estos crímenes, sino también a todos los integrantes del gabinete de seguridad al nivel federal y todos los cárteles de la droga que operan en México.
  • Los firmantes de la petición ante la CPI rechazan categóricamente que hayan cometido violación alguna a la ley y exigen al Presidente de la República que retire formalmente su pronunciamiento que sugiere que procederá legalmente en su contra.


I. La solicitud ante la Corte Penal Internacional

Luego de más de ocho meses de trabajo, un grupo de veintitrés mil ciudadanos solicitamos, el 25 de noviembre, al Fiscal de la Corte Penal internacional (CPI), que pudiera analizar la situación de violencia en México e iniciar una investigación en la que se pueda determinar si se cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra así como la posible responsabilidad del Jefe del Ejecutivo, de los Secretarios de Defensa, Marina y Seguridad Pública además de líderes de grupos de la delincuencia organizada.


Los crímenes de guerra en un conflicto armado -artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma- consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros.

Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas ominosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas.

La petición que presentamos el 25 de noviembre no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Ésos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país. Lo que solicitamos al fiscal de la CPI es una investigación por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración.

El Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga serían responsables de estos crímenes. Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana.


Desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, en relación con la guerra al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón –antes de que esta facultad fuera transferida a la CNDH-. A la fecha, la SCJN no ha tomado ninguna determinación al respecto demostrando que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos.

Adicionalmente, México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio de estos delitos debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado, porque no existe el tipo penal para sancionarlos. Así mismo, la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.

Ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales, el 25 de noviembre de 2011 se presentó ante Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, la solicitud formal para que inicie una investigación sobre la situación en México, con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma.

Hasta hoy, los voceros y comunicados oficiales del Gobierno Federal no han podido desmentir una sola de las afirmaciones de quienes acudimos a la CPI. No han podido negar que en México se violan derechos humanos, que el ejército tortura, comete desaparición forzada, viola sexualmente a mujeres y niñas, asesina civiles, que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) participan en el secuestro de migrantes o que en el 95% de los homicidios de la narcoguerra el Gobierno decidió no abrir investigaciones porque es más sencillo declarar que “se matan entre ellos”.

Tampoco han podido rebatir que el narcotráfico recluta niños para convertirlos en sicarios, que comete asesinatos y ataca hospitales y centros de rehabilitación de enfermos, que agrede a la población civil, que realiza decapitaciones masivamente y que se vale del INM para agredir a migrantes.


II. El amago del Presidente de la República

Después de ser presentada esta solicitud, el 27 de noviembre la Presidencia de la República difundió un documento en el que acusa a quienes hemos promovido la acción ante la CPI de hacer “imputaciones falsas y calumniosas” en contra del Gobierno de la República. La parte final de esta comunicación dice lo siguiente.


“Las imputaciones […] constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no solamente a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente con contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.”

CONFERENCIA DE PRENSA

[]


Martes 11 de octubre 10 am Club de Periodistas
(Filomeno Mata #8 Centro Histórico)

  • El país atraviesa por una crisis humanitaria de enormes proporciones
  • La errada estrategia militar contra el narcotráfico y la sociedad ha devastado al país entero
  • Es urgente utilizar todas las vías pacíficas y legales a nuestro alcance para detener el derramamiento de sangre



El martes 11 de octubre, a las 10 a.m. un grupo de abogados, periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil expondremos las razones que serán presentadas en la Haya frente a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar a Felipe Calderón, a sus altos mandos militares y civiles, así como a los narcotraficantes que atacan a nuestra sociedad, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos,  230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y 1,300 jóvenes y niños asesinados.  Existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado.


Esta situación se debe por igual a la acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados. La falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del ejecutivo federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.

Frente a la imposibilidad de buscar justicia a nivel nacional, en fechas próximas presentaremos ante el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, la solicitud formal para que se inicie una investigación sobre la situación prevaleciente en México.  Nuestra petición está respaldada por más de 20 mil firmas--autógrafas  y electrónicas-- de ciudadanos mexicanos,  lo que la convierte en la denuncia civil más grande que haya recibido la CPI en su historia.

La petición continúa abierta para recibir nuevas firmas adherentes en http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html El sitio garantiza la identidad de las personas y la no duplicidad de las firmas que respaldan nuestra petición.

Diversas personalidades se han adherido ya a esta petición y en la conferencia de prensa nos acompañarán entre otros:

  • Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación)
  • John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM)
  • Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos (ANAD)
  • José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez")
  • Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor)
  • Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana)
  • Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM)
  • Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea")
  • Rafael Barajas ("El Fisgón", La Jornada)
  • Sergio Méndez Silva (Abogado Defensor de los Derechos Humanos)
  • David Manrique (Caricaturista)
  • Netzaí Sandoval Ballesteros (Abogado redactor de la denuncia ante la CPI y experto en Derecho Penal Internacional)

Otros firmantes y convocantes:

  • Virgilio Caballero (Periodista)
  • Julio Hernández López (Astillero, La Jornada)
  • Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)
  • Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua)

Para mayores informes y nuevas adhesiones:
Lic. Netzaí Sandoval Ballesteros (04455) 3897-9971, netzai@gmail.com, Twitter: @ElNetza


Aprueba EU 248.5 mdd para Plan Mérida
Destinan 775 millones de dólares para mantener la seguridad en la frontera

Notimex

Washington DC  (17 diciembre 2011).-
  El Senado de Estados Unidos aprobó hoy 248.5 millones de dólares para México dentro de la Iniciativa Mérida para el año fiscal 2012.


Con una votación de 67 votos a favor y 32 en contra en una inusual sesión sabatina, el Senado se sumó a la aprobación la víspera por la Cámara de Representantes, como parte del paquete presupuestal de 2012, que registró en general un descenso en la ayuda al exterior.

La cifra para el País, en adición a los mil 600 millones de dólares aprobados en los primeros tres años de la Iniciativa, corresponde al total de 282 millones de dólares solicitados para México por el Presidente Barack Obama en febrero.

La asignación registró un descenso de 250 millones de dólares en relación con 2010, toda vez que el programa experimentará una transformación al pasar de menos necesidad de equipo a mayor apoyo institucional, según funcionarios estadounidenses.

Los fondos fueron incluidos dentro del presupuesto de ayuda al exterior del Departamento de Estado, pero se agregaron partidas adicionales en los recursos de otras dependencias.

El Departamento de Justicia solicitó un incremento de 9.3 millones de dólares para aumentar los fondos de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (OCDETF) para combatir a las mayores organizaciones de narcotráfico que operan en la frontera.

EU anunció este mes que ha entregado a México 700 millones de dólares bajo la Iniciativa, menos de la mitad de los mil 600 millones de dólares autorizados por el Congreso desde 2008, pero planea elevar esa cifra a 900 millones antes de fin de año.

En cuanto al presupuesto para la seguridad de la frontera, el Senado aprobó 775 millones de dólares para bardas, infraestructura y tecnología de detección fronteriza, además de mantener vivo un programa que permite a la Policía actuar como agentes migratorios.

El Congreso autorizó un presupuesto de 11.7 mil millones de dólares para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el año fiscal 2012, un aumento de 362 millones de dólares en relación con el año previo.

Los recursos apoyan el aumento de la Patrulla Fronteriza a 21 mil 370 agentes y a 21 mil 186 aduanales, el mayor número en la historia de la institución.

Otros 93 millones de dólares serán canalizados a un programa para la identificación de sospechosos de terrorismo.

El Programa de Comunidades Seguras, que permite a la Policía indagar la situación migratoria de migrantes detenidos, tendrá un presupuesto de 189 millones de dólares, 5 millones de dólares más que los solicitados por el Presidente Barack Obama.

Iniciativa Mérida no es limosna.- Wayne

Asegura que la Iniciativa Mérida, que al cierre de este año alcanzará los 900 mdd, es una alianza entre socios corresponsables

Henia Prado

Ciudad de México  (8 diciembre 2011).-
La ayuda anticrimen que el Gobierno de Estados Unidos brinda a México a través de la Iniciativa Mérida, que para el cierre de este año alcanzará los 900 millones de dólares, no es una limosna, aseguró el Embajador estadounidense, Anthony Wayne.


Durante una ceremonia en el Centro de Mando de la Policía Federal, en la que fue entregado el cuarto helicóptero Black Hawk a la corporación, el diplomático sostuvo que la coordinación es una alianza para reforzar la seguridad del pueblo mexicano.

"Es importante señalar que la Iniciativa Mérida no es una ayuda, no es una limosna, no, es una alianza entre socios corresponsables y cabalmente entregados a uno y otro, con este helicóptero la suma de entrega de diversos equipos de capacitación a una gran variedad de instituciones gubernamentales que incluye, a la Policía Federal, la PGR y la Defensa Nacional, se aproxima a la cifra de 700 millones de dólares", dijo Wayne.

"Pero más allá de estos elementos tangibles de progreso, también hemos colaborado para impartir capacitación a más de 50 mil servidores públicos mexicanos, espero que este número se incremente de manera importante ahora que nos acercamos al 2012".

En tanto, el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, comentó que la relación con Estados Unidos se realiza en un marco de respeto a la ley y a la soberanía.

Las declaraciones del titular de la SSP surgen en contexto de que en la última semana la prensa estadounidense ha ventilado que agentes de la DEA en México han lavado grandes cantidades de dinero, como parte de su investigación a los cárteles de la droga.

"Sabemos que cada vez más los fenómenos delictivos locales se vinculan con organizaciones criminales de alcance transnacional, estamos convencidos que mediante una creciente y cada vez más estrecha colaboración podrán nuestras naciones enfrentar esta amenaza, nuestro compromiso y responsabilidad de mantener la plena vigencia del Estado de Derecho y de proteger a la comunidad es un asunto prioritario de nuestra agenda bilateral, siempre en el marco de la ley y siempre con una visión institucional a largo plazo", dijo.

Durante el evento, en el que estuvieron presentes funcionarios del FBI, también se entregaron reconocimientos a 17 agentes de la Policía Federal, entre ellos una mujer, quienes destacan en sus labores como pilotos de aviones y helicópteros.

En total, el Gobierno mexicano ha recibido 16 aeronaves procedentes del país vecino.

 

Pravda

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