Organización más allá de la desocupación en Pinheirinho. / Pinheirinho: para além da desocupação

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

El relato de un investigador que convivió con la comunidad por tres años revela el otro lado del drama de las personas desalojadas por la policía militar, quienes lograron organizarse en medio de la carencia.


Inácio Dias de Andrade
Traducción: César Ortega

povo-pinheirinho

Pinheirinho, Sao Paulo, Brasil.. Durante tres años, del 2007 al 2010, el antropólogo Inácio Días de Andrade convivió diariamente con los casi 6 mil habitantes de la comunidad de Pinheirinho, en el estado de Sao Paulo. La investigación fue su tema de maestría en la Universidad de esta ciudad.

Días de Andrade relata lo que conoció de la auto organización de esa comunidad, la cual conquistó con sus propias manos el derecho a la vivienda, y habla sobre los escombros que la acción policial dejó para las casi mil 700 familias desalojadas del área el pasado 22 de enero.

La acción del gobierno del estado de Sao Paulo, que desalojó a cerca de 6 mil personas del terreno de Pinheirinho, en la ciudad de Sao José dos Campos (Sao Paulo), el día 22 de enero, intentó ganar el apoyo de la opinión pública al asociar a los habitantes de Pinheirinho con “bandidos y vagabundos”.

Conviví tres años con los habitantes del local y puedo afirmar que, contrario a lo que se imagina, no había ausencia de reglas ni desorden de ningún tipo. Muchos de los llamados “ladrones” o “vagabundos” cumplían una doble jornada de trabajo. Después de trabajar en sus empleos, que garantizaban su sustento y el de su familia, organizaban reuniones, asambleas, trabajos colectivos y votaciones para mantener el orden y la paz en el lugar, organizar el terreno y tomar decisiones.

El terreno fue dividido, desde el inicio, en sectores que abarcaban un número determinado de casas, evitando la sobrepoblación local. Los martes, cada sector se reunía, después del horario de trabajo de los habitantes, generalmente a las seis de la tarde.  Los sábados, a la misma hora, los habitantes formaban una asamblea general, en la cual se contaba los avances realizados en cada sector. El barracón donde ocurrían las asambleas fue uno de los primeros en ser derrumbados por la operación policial.

En esos espacios de gestión democrática eran decididas las reglas generales de convivencia. Malos tratos a mujeres y niños, por ejemplo, podrían resultar en la expulsión del agresor, o cuando había desavenencias entre vecinos, éstas eran siempre traídas para la ponderación de los demás.

Se delimitaban también las zonas que serían destinadas a la preservación ambiental, a la plantación de alimentos y espacios de riesgo, donde no se podrían construir casas. Además de eso, se resolvían cuestiones relativas a la seguridad de la población local y del entorno. Robo, tráfico de drogas o cualquier otra actividad ilícita era severamente controlada por los líderes y habitantes, pues todos estaban conscientes de que cualquier crimen ocurrido allí sería motivo para la criminalización de todo el movimiento.

Durante todos los años de existencia del campamento, no se registró una sola muerte en el lugar. Lejos de estar conformado por vagabundos, el movimiento se constituía en un microcosmos de actuación democrática. Sin embargo, por medio de estereotipos, el gobierno insiste en impedir el acceso de esa población a uno de sus derechos básicos, el de la vivienda.

Vista aerea Pinheirinho

Vista aerea Pinheirinho

Escombros y lágrimas

La acción policiaca en la reintegración de propiedad que tuvo lugar en Pinheirinho violentó seriamente los derechos humanos de los habitantes del área. Los agravios son incontables. Un día después del inicio de la operación, una multitud estaba alrededor del terreno de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y otro gran número de personas se encontraban dentro de ella. Estaban acostadas en el piso, en las banquetas, en los bancos, en los colchones retirados de último momento o prestados. Estaban sin agua ni comida. Relataban historias atemorizantes sobre el día anterior.

Las noticias que llegaban daban cuenta de tres a cinco muertes, incluyendo la de un niño pequeño. Aunque esas muertes no hubieran sido confirmadas, el clima de confusión era grande, muchos aún no habían encontrados a sus parientes. La alcaldía no hizo el registro de todos y dejó esa actividad para el momento más tenso de la operación. En el registro, una carpa de atención, se instauró más tarde una plaza de guerra. El coraje mezclado con la tristeza de ver sus casas demolidas, se sumaba a las heridas en sus cuerpos y a la posibilidad de tener seres queridos muertos, poniendo a todos en un grave estado emocional.

Los habitantes habían sido despertados aquella mañana con helicópteros, una tropa de choque, gas pimenta y balas de goma. Videos, fotos y testimonios que circulan por internet muestran que los policías también usaban armas letales. Un habitante fue alcanzado por una bala en la espalda.

Según testimonios de los habitantes, la policía entró de casa en casa retirando familias que tomaban su desayuno o aún dormían. Una habitante del predio advirtió que dos policías entraron en su casa y la echaron fuera mientras lanzaban los platos de comida de sus hijos contra la pared y gritaban: “Aquí ya no es lugar para comer” o “Estamos cumpliendo órdenes”. Asustada, la ocupante me contó que vivió durante cuatro años en Rocinha, favela de Río de Janeiro, la más grande de América Latina, “pero que nunca había visto cosa parecida”. La policía de Río de Janeiro se volvió de nuevo famosa por su crueldad y total falta de respeto a los derechos humanos en las últimas embestidas de la “guerra al narcotráfico”.

En el centro de registro de la alcaldía, una de las habitantes de Pinheirinho que se arriesgó a ser registrada para efectos de la desocupación fue recibida con tiros de bala de goma en el cuerpo y en el dedo del pie. Existen videos en internet que muestran también los conflictos en el “refugio” de la alcaldía. Muchos habitantes se rehusaron a recibir la atención de la alcaldía por miedo. “¿Voy aceptar ayuda de quienes acaban de expulsarme de mi casa?”, cuestionaba un señor. Muchos temían ser separados de sus familias después de ser registrados. Algunos contaban que, después del registro, un marido fue separado de su esposa y sus dos hijos. La tienda erguida para dar cabida a todos los habitantes era insuficiente. Si no hubiera sido por la negativa de gran parte de la población de Pinheirinho de ir a ese centro, precisamente debido a la desconfianza, éste estaría aún más lleno y en peores condiciones.

También hubo denuncias de malos tratos en el área de la iglesia. Habitantes cuentan que la policía militar lanzó una bomba de gas por encima del terreno para forzar a los acampados a salir. Cuando salieron a la calle fueron abordados por los oficiales, y muchos de ellos acabaron presos.

Las autoridades insisten en que la reintegración fue pacífica, pero una mujer, vecina de la iglesia, fue golpeada por intentar contener el abuso de las autoridades. Después de noches tensas en aquel local, algunos no resistieron y se fueron a un centro deportivo puesto a disposición por la alcaldía, el gimnasio de Morumbi. Fueron cuatro horas de camino a pie hasta el local designado. Muchos se sintieron mal o se desmayaron bajo el fuerte sol. De acuerdo con noticias publicadas en la prensa, en este local faltaban colchones, mantas y cobertores, productos de limpieza, y no fue limpiado adecuadamente. La alcaldía no lo limpió ni permitió que los habitantes lo hicieran, ya que no proporcionó material de limpieza. Muchos no consiguieron entrar al baño debido al mal olor. En las tiendas de campaña, las personas la pasaron mal con el calor.

A los habitantes también se les estaba impidiendo volver a sus casas para recoger sus pertenencias. Diversas imágenes difundidas por televisión y en las redes sociales muestran escombros con muebles de los habitantes. Otros relataron que la demolición de casas se realizó sin que se hubieran retirado los bienes que estaban allí dentro.

El propietario oficial del terreno contrató tractores privados para derribar las casas más rápidamente, acabando con las posesiones acumuladas durante vidas enteras. Muchos de los habitantes tenían miedo a la rapiña o la destrucción de sus bienes, otros ya habían perdido todo. Un habitante gastó los 350 reales de su salario en mantas para su familia, seis personas en total. Con la desocupación del domingo toda la comida fue “confiscada” por la policía y el consumo de su familia se redujo a los 50 reales que consiguió guardar.

Muchos ya no tienen documentos y dijeron que estaban siendo abordados constantemente por la policía en el entorno del local y siendo llevados a la delegación policial. El conteo oficial de presos hasta el momento es de 22. Gran parte de las personas no consigue salir ni para ir trabajar, están sin documentos, sin cartera de trabajo y sin dinero. Campañas de recaudación se están llevando a cabo en todo el Brasil.

Vivienda, un derecho para pocos en Sao José dos Campos

Sao José dos Campos tiene un déficit de viviendas de 27 mil familias. La región donde Pinheirinho se encuentra fue contemplada con la construcción de 524 casas hasta el 2011, en casi diez años de políticas de habitación de la alcaldía. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 2000 Sao José contaba con una población de 6 mil personas viviendo en condiciones irregulares de vivienda. En el 2011, durante un día y en una sola área de la ciudad, cerca de 6 mil personas perdieran sus casas en el Pinheirinho.

Durante los tres años que yo estuve allá, ninguno de los interlocutores con los cuales he hablado tenía dudas sobre cómo había empezado el Pinheirinho, y todos vinculaban el inicio del movimiento a la “ocupación de las casas del CDHU (Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano)” en el barrio Campo dos Alemães, en 2003. En el discurso de los habitantes, líderes e individuos vinculados al sistema jurídico y partidario que apoyaban al movimiento, las “casas” aparecen siempre como una referencia para el comienzo del proceso de lucha.

La ocupación de las casas siempre fue justificada por la mala calidad en que se encontraban y por la demora en la conclusión y entrega para la población carente, situación agravada por el hecho de que muchos ocupantes estaban en la “cola”, hacía más de ocho años, para conseguir una casa con la alcaldía.

La exigencia de los moradores en transformar un terreno sin función social, cuyo dueño es blanco de investigaciones de la Policía federal, en una Zona Especial de Interés Social (ZEIS), reglamentada por una serie de leyes, es una reivindicación justa y necesaria. Aún más cuando se considera el déficit de viviendas que la ciudad de Sao José dos Campos sufre hace años y el cual la alcaldía insiste en “controlar” con políticas paliativas.

Es necesario decir que los moradores del local no buscan vivir en la ilegalidad, están dispuestos a pagar impuestos, agua, luz. Contrario a lo que muchos piensan, no quieren vivir con privilegios, sólo quieren ser insertados en un orden urbano que siempre les fue desfavorable.

 

 


 

 

 

Pinheirinho: para além da desocupação (Íntegra)

O relato de um pesquisador que conviveu com a comunidade por 3 anos revela o outro lado do drama das pessoas despejadas pela PM, auto-organização em meio à carência


Inácio Dias de Andrade

Vista aerea do Pinheirinho

Vista aerea do Pinheirinho

Durante três anos, entre 2007 e 2010, o antropólogo Inácio Dias de Andrade manteve convivência diária com os 7 mil habitantes da comunidade de Pinheirinho, no estado de São Paulo. A pesquisa foi tema de seu mestrado na Universidade de São Paulo. O que segue são seus relatos sobre o que ele conheceu da auto-organização dessa comunidade que conquistou com as próprias mãos o direito à moradia, e alguns fragmentos dos escombros que a ação policial deixou para as quase 2 mil famílias despejadas da área no dia 22 de janeiro.

São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Existem dois tipos de argumento que são largamente utilizados para justificar a ação ilegítima do Governo do Estado de São Paulo no último domingo em São José dos Campos, São Paulo, dia em que foram desalojadas cerca de seis mil pessoas de suas casas.

O primeiro discurso tem um cunho moral, construído por meio de estereótipos, e, através de rótulos de “vagabundos” ou “bandidos”, insistem em impedir o acesso dessa população a um de seus direitos básicos, o de moradia.

O segundo tipo de argumentação recorre a um expediente legalista e judiciário para se sustentar. Segundo esse pensamento, aquelas pessoas não tinham o documento de posse da terra, portanto mereceram o tratamento recebido. Esse pensamento almeja um patamar mais legítimo e racional. Foi cumprida apenas uma determinação da justiça. Ponto.

Também, recorrentemente, essas argumentações podem se conjugar. “Eram ladrões que pegaram uma terra alheia. A Justiça fez apenas o seu papel”.

De qualquer modo, nenhum desses pensamentos se justifica dentro do universo de um Estado de Direito, ao qual o Brasil diz pertencer.

A primeira linha de pensamento poderia ser desmontada com uma visita ao acampamento. Digo poderia, porque ele não existe mais. A ideia corrente de que um bairro popular é sinônimo de caos e crime é antiga e continua estampada nas nossas mídias atuais e em pequenas conversas cotidianas. Coberturas jornalísticas hollywoodianas que colocam zonas pobres como “terras-sem-lei” ou abandonadas pelo o Estado epela sociedade difundem essa impressão, que também encontra bases retóricas estereotipadas em alguma conversa na padaria ou no jantar com a família.

Convivi três anos com os moradores do local e posso afirmar que, ao contrário do que se imagina, não havia ausência de regras ou desordem de qualquer tipo. Muitos dos chamados “ladrões” ou “vagabundos” cumpriam uma dupla jornada de trabalho. Após trabalharem em seus empregos, que lhe garantiam seu sustento e de sua família, organizavam reuniões, assembleias, mutirões e votações para manter a ordem e paz no lugar, organizar o terreno e tomar decisões. O terreno foi dividido, desde o inicio, em setores que podiam comportar um número determinado de casas, evitando a superpopulação do local. Às terças-feiras, cada setor se reunia, após o horário de trabalho dos moradores – geralmente às seis da tarde. Nos sábados, no mesmo horário, os moradores formavam uma Assembleia Geral, que contava com os encaminhamentos feitos anteriormente em cada setor. O barracão onde ocorria as Assembleias foi um dos primeiros a serem derrubados. Nesses espaços de gestão democrática eram decididas as regras gerais de convivência (maus tratos a mulheres e crianças poderiam resultar na expulsão do agressor ou uma desavença entre vizinhos era sempre trazida para a ponderação dos demais). Delimitava-se também, as zonas que seriam destinadas à preservação ambiental, ao plantio de alimentos ou locais de risco em que não se poderia construir casas. Além disso, nesses locais, eram resolvidas questões relativas à segurança da população do local e do entorno. Roubo, tráfico de drogas ou quaisquer outras atividades ilícitas eram rigidamente controladas pelas lideranças e moradores, pois todos estavam cientes que qualquer crime ocorrido no local seria motivo para a criminalização de todo movimento. Durante todos os anos de existência do acampamento não foi registrada uma morte sequer no local. Ao invés de vagabundos, o movimento se constituía num microcosmo de atuação democrática.

O segundo tipo de argumento ao que me referia acima, utilizado amplamente pelo Estado, de que estaria apenas cumprindo uma ordem judicial também pode ser facilmente alvo de criticas. Realmente, a juíza Márcia Faria Loureira da 6ª Vara Cível de São José dos Campos emitiu uma liminar permitindo a reintegração de posse em julho do ano passado. No dia 18 de janeiro de 2012 às 4h20, mais de 1.500 policiais se dirigiam ao Pinheirinho para cumprir a ordem de reintegração, quando a Justiça Federal expediu uma nova liminar suspendendo a operação. Em resumo, quando a desocupação foi posta em prática existiam duas liminares contraditórias. Por lei, quando há um conflito de competências entre esferas estaduais e federais, cabe a um tribunal superior a análise e decisão sobre a legitimidade de cada decisão. Esta decisão ocorreu na noite do dia 23, ou seja, quase 35 horas depois do início da retirada das famílias. Sob a ótica da Justiça brasileira, a reintegração de posse ocorria de modo ilegal.

No entanto, a ilegitimidade da reintegração e a ilegalidade das ações do governo paulista não estão apenas dentro da esfera nacional. Vejamos como os moradores foram abordados e como foram retirados.

Narrativas da ação

Estive na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no dia 23 de Janeiro nas cercanias do acampamento, um dia depois do inicio da operação policial. Uma multidão estava em volta do terreno da Igreja e mais outros sem número de pessoa encontravam dentro dela. Estavam deitadas no chão, calçadas, bancos, colchões retirados de última hora ou emprestados. Estavam sem água ou comida provisionada. E relatavam histórias atemorizantes sobre o dia anterior. As notícias que chegavam davam conta de três a cinco mortes, incluindo a de uma criança pequena. Embora essas mortes não tenham sido confirmadas depois, o clima de confusão era grande, muitos ainda não tinham encontrados seus parentes e a prefeitura não fez o cadastro de todos, deixou essa atividade para o momento mais tenso da operação, montando uma tenda de atendimento onde mais tarde estaria instaurada uma praça de guerra. A revolta misturada com a tristeza de ver suas casas demolidas, somava-se às feridas em seus corpos e à possibilidade de terem entes queridos mortos, colocando todos num grave estado emocional. Estaria desaparecido um senhor chamado Ivo Teles, que teria sido agredido e algemado pelos policiais.

Os moradores haviam sido acordados naquela manhã com os helicópteros, tropa de choque, gás de pimenta e balas de borracha. Vídeos, fotos e testemunhos que correm na internet mostram que policiais também usavam armas letais. Uma moradora me contou que uma policial feminina chegou a sacar a arma para ela. Um morador recebeu uma bala nas costas. A ação era totalmente inesperada, pois, como dito, a última liminar da Justiça Federal ordenava que qualquer ação de despejo deveria ser adiada por 15 dias. Essa foi a última decisão tomada dentro dos trâmites legais e ninguém de dentro do acampamento esperava que decisões judiciais seriam contornadas. Segundo testemunhos que coletei, a polícia entrou de casa em casa retirando famílias que tomavam o café da manhã ou ainda dormiam. De acordo com uma moradora, dois policiais entraram em sua casa, jogaram-na para fora enquanto atiravam os pratos de comida de seus filhos na parede, sob os gritos: “Agora aqui é não é lugar de comer mais” ou “Estamos cumprindo ordens” – ordem ilegal, diga-se de passagem, já que a última decisão da Justiça era favorável aos moradores. Assustada, a ocupante me contou que morou durante quatro anos na Rocinha, favela do Rio de Janeiro, a maior da América Latina, “mas que nunca havia visto coisa parecida”. A polícia do Rio de Janeiro ficou famosa pela sua truculência e desrespeito aos direitos humanos nas últimas investidas na “guerra ao tráfico”. Alguns veículos de mídia justificaram a ação da polícia de São Paulo como uma “guerra à cracolândia”. Em três anos de visitas intensas ao local nunca presenciei a produção, uso ou venda da droga. Outro morador me relatou que depois de retirado de sua casa, viu sua mulher tomar uma bala de borracha na cabeça enquanto segurava seu filho no colo.  

No centro de triagem da prefeitura, uma das moradoras que se arriscou a ser cadastrada foi recebida com tiros de bala de borracha no corpo e no dedo do pé. Existem vídeos na internet também mostrando conflitos do abrigo da prefeitura. Muitos moradores se recusam a receber o atendimento da prefeitura por medo. “Eu vou aceitar ajuda de quem acaba de me expulsar de casa?”, dizia um morador. As pessoas com quem conversei temiam ser separadas de suas famílias depois de cadastradas. Pessoas contavam que após a triagem maridos eram separados das esposas e os dois dos filhos. Não pude comprovar isso, mas a apenas a existência do rumor e a credibilidade que ele ganha, demonstra como foi tensa a tentativa de construção de um diálogo entre moradores e o poder público. A tenda erguida para comportar todos os moradores é insuficiente. Se não fosse a recusa de grande parte da população em ir para esse centro, justamente devido a essa desconfiança, ele estaria superlotado e em piores situações.

Também houve denuncia de maus tratos na região da Igreja. Moradores contam que a PM jogou bomba de gás por cima do terreno para forçar os acampados a saírem, assim que estão na rua são abordados pelos oficiais e muitos deles acabam presos. Essa tática de confusão e reversão do papel de agressor/agredido também foi usada no momento da desocupação e provou-se de grande valia para os PM. As autoridades insistem em dizer que a reintegração foi pacífica. Uma mulher, vizinha da Igreja, teria sido espancada por tentar conter o abuso das autoridades. Depois de noites tensas naquele local, os indivíduos não resistiram e seguiram para um centro poliesportivo disponibilizado pela prefeitura. Foram quatro horas de caminhada até o local designado, muitos passaram mal ou desmaiaram sob o sol forte. Segundo notícias na imprensa, no ginásio do bairro Morumbi falta colchões, mantimentos, produtos de limpeza e o ambiente não é higienizado. A prefeitura não o limpa e nem permite que os moradores o façam, já que não fornece material de limpeza. Muitos não conseguem entrar no banheiro devido ao mau cheiro. Nas tendas, as pessoas passam mal com o calor.

Os moradores também estavam sendo impedidos de voltar as suas casas para recolher os seus pertences. Diversas imagens veiculadas na Tv e nas redes sociais mostram escombros com moveis de moradores no meio. Outras acompanham a demolição de casas, sem a retirada das propriedades que estão ali dentro. A massa falida da empresa Selecta S.A. contratou tratores privados para derrubar as casas mais rapidamente, acabando com as posses acumuladas durante vidas inteiras. Muitos deles ainda estavam com medo de saques ou da destruição de seus bens, outros já haviam perdido tudo. Um morador gastou os 350 reais de seu salário como pedreiro em mantimentos para sua família (seis pessoas, ao todo). Com a desocupação no domingo toda a comida estava “confiscada” pela polícia. Todo o consumo de sua família foi reduzido a cinquenta reais que conseguiu economizar. Muitos estão sem documentos e disseram que estavam sendo abordados constantemente pela PM em blitzs montadas no entorno do local, sendo levados em seguida para a delegacia. A contagem oficial de presos é agora de 22. Grande parte das pessoas com quem falei não consegue nem sair para trabalhar, estão sem documentos, sem carteira de trabalho e sem dinheiro. Campanhas de arrecadação veem sendo feitas em todo Brasil.

As denúncias não param por ai: existem acusações de sequestro e execuções. Embora nenhuma morte tenha sido confirmada, a população teme no que novos confrontos possam resultar.

Embora mortes e sequestros sejam ainda apenas rumores não confirmados, para um discurso dele se espalhar ele tem que deter uma credibilidade onde é veiculado para que possa seguir adiante. Se mortes e execuções pela PM não fossem fatos capazes de acontecer, eles não teriam ganhado essa credibilidade na hora da ação e não seriam ainda alvos de comentários uma semana depois. Pensar, como muitos pensam, que a prefeitura, a juíza e o governo intencionalmente entraram no local para bater e humilhar demonstra o grau de descolamento que essas instituições ganharam desse povo e o tamanho da omissão e falta de atendimento e diálogo presentes na relação entre moradores e as diferentes esferas estatais. Se uma ideia dessa pode se espalhar tão facilmente em tempos democráticos, esse é um indicativo do fato que essas instituições ainda não estão totalmente acostumadas a lidar com a concepção de democracia, depois de mais de trinta anos após o fim do regime militar.

A ilegalidade da ação

O Brasil, como ator global que se propõe, é signatário de diversos acordos internacionais que garantem o tratamento humanitário e igualitário de todos os cidadãos sob seus cuidados. O Brasil detém em relação às pessoas que estão sob seus cuidados uma série de responsabilidades perante a comunidade internacional.

Esses acordos preveem punições para os membros que perpetuarem violações a dignidade humana, o que inclui ameaça aos direitos civis ou políticos de seus nacionais, como o direito à vida, à igualdade perante a lei e a liberdade de expressão, direitos econômicos, sociais e culturais, tais como o direito ao trabalho, segurança social (moradia entre eles) e educação, ou direitos coletivos, como os direitos dedesenvolvimento (como uma politíca mínima de habitação) e auto-determinação. Estes direitos são indivisíveis, inter-relacionados e interdependentes.

Se podemos pensar que sob os olhos da Justiça do Brasil essas pessoas tinham que sair daquela área, aos olhos da comunidade internacional o Brasil, a o Estado e a polícia de São Paulo e os juízes e executores envolvidos podem ser denunciados em órgãos internacionais sob a acusação de desrespeitar uma série de direito relativos à dignidade humana, aos principios democráticos e a condição cidadã dessas pessoas.

A notoriedade da ação se dá pelo total desrespeito a cidadania dessas pessoas dentro de um país que durante trinta anos elege democraticamente seus representantes que deveriam respeitar e vigiar pelo bem-estar da população sob sua guarda. A ação do dia 22 de janeiro mostrou mais do uma negativa do Estado em oferecer direitos básicos a uma parcela carente de sua população, a truculência da reintegração é a própria expurgação desses direitos pelo o Estado Brasileiro. A ação, antes de ser uma reintegração de posse, foi a total obliteração de direitos básicos desses cidadãos e, mais do que isso, é uma afirmação por parte do Estado brasileiro que certas pessoas encontram-se fora da esfera da cidadania.

A prefeitura ao se negar negociar com essas famílias – já que disse publicamente que só compareceria ao encontro programado entre todos envolvidos se obrigada pela Justiça – se absteve de suas funções legais de fornecer seguridade mínima para essa população e confirma, de modo subliminar, que a população carente do local nunca foi considerada habilitada para participar da cena política. Essa quebra do Estado de Direito perpetuado de modo unilateral, abre precedentes para uma segregação entre dois tipos de cidadãos. Aqueles representados e os outros sem vozes.

O mais trágico de tudo é que estamos da cena política, os membros que ajudaram a implementar o ideal participativo no país.

O cume da redemocratização no país, simbolizada na constituição de 1988, estendeu direitos sociais e políticos a uma imensa massa no país e, mais do que isso, colocou no imaginário popular a ideia de um “cidadão de direitos”. Isso se deu, em boa parte, porque movimentos sociais dos quais o Pinheirinho descende fez um enorme esforço na década de 80 para contruir no imáginário de grande parte dos brasieiros a noção de “sujeito de direitos” –categoria utilizada inclusive pela imensa maioria que critica os sem-teto através de expedientes jurídicos. A noção de que o Estado, em todos os seus níveis, é responsável pelo bem estar de todos os seus cidadãos é originário de um enorme esforço dos novos movimentos sociais do período da redemocratização Se hoje encontramos formas de mobilização e reivindicação de nossos direitos em diversas arenas, novas ou velhas, isso se dá porque tais movimentos sociais conseguiram construir um espaço legítimo de expressão democrática desses direitos, nos tribunais e nas ruas. Desse modo, somos todos, de alguma forma, devedores deste tipo de movimento quando, por qualquer motivo, reclamamos nossa condição de cidadão frente ao Estado.

Assim sendo, a indisposição da prefeitura para o diálogo e a imensa força de repressão chamada demonstram o total desconhecimento por parte do poder público do jogo democrático e reforçar a tese de descaso, omissão e repressão de direitos.

Segundo leis estatuídas, a população deveria ser avisada com antecedência necessária de qualquer reintegração de posse, deveria ter tempo hábil para retirar suas coisas, deveria ter o direito a ser encaminhada em condições humanitárias a abrigos apropriados. Não poderia jamais ser submetida a tratamentos cruéis ou degradantes, como vista na abordagem da PM. Ninguem pode ser privado de sua identidade jurídica, ser impedido de se identificar ou ser preso arbitrariamente devido a esse fato.Durante a desocupação deveriam estar presentes os Conselhos Tutelares, Centros de Referência de Assistência Social, o Conselho de Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, além de serviços de saúde e educação. Nao houve qualquer aparato montado pela Prefeitura. As assistentes sociais presentes no local também não sabem como a bolsa-aluguel da prefeitura vai funcionar. Só na quarta-feira dia 1/02 essas pessoas saberão que documentos precisarão para conseguir o auxilio. Muitos não sabem se conseguirão, já que grande parte dos moradores perderam seus documentos. Uma mulher tem apenas a carteirinha de vacinação da filha. A prefeitura, notadamente, não se preocupou com o destino dessas pessoas no pós-desalojo. O Condepe /SP (Conselho Estadualde Defesa dos Direitos Da Pesssoa Humana) está no local averiguando o uso de força abusiva, a existência de abusos e as denenúcias de desaparecidos e mortos.

Leis internacionais da Organização dos Estados Americanos (OEA) e Organização das Nações Unidas preveem dispositivos para que pessoas privadas de seus direitos políticos possam recorrer a essas esferas. Se a prefeitura de São José tem sido omissa, é direito dessas populações procurarem um órgão representativo na comunidade internacional. A relatora para habitação no Brasil nas Nações Unidas já se pronunciou contra a atuação da PM.

Na realidade, o conflito pode até mesmo ser denunciado como uma crise humanitária, semelhante ao de países em conflitos armados. Os moradores do Pinheirinho são refugiados em trânsito dentro do país. Não há razões para não configurar o que aconteceu em São José dos Campos como uma crise humanitária. O Brasil é signatário do Direito Humanitário Internacional ou o Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). O que aconteceu no domingo foi o caso de um deslocamento de população interna, comparável com as grandes retiradas de populações no Oriente Médio, área de intenso conflito étnico. As pessoas afetadas por essa atuação estatal são classificadas como deslocados internos que fogem de seu local de origem por razões semelhantes às dos refugiados de conflito armado, violência generalizada, violações de direitos humanos, legalmente os deslocados internos  permanecem sob a proteção de seu próprio governo, embora o mesmo governo seja a causa da sua fuga. São cidadãos e mantêm todos os seus direitos e são protegidos pelo direito dos direitos humanos e o direito internacional humanitário definidos com base na Convenção de Genebra e Convenção de Haia. Segundo a ACNUR, os feridos ou doentes devem ser acolhidos e tratados pela parte do conflito que os tiver sob seu poder. Fato não ocorrido no Pinheirinho, haja vista as condições insalubres a que estão expostos.

É triste constatar que os moradores do Pinheirinho, por serem cidadãos de segunda classe, são obrigados a usar de outros membros da sociedade civil para serem ouvidos e cabe a sociedade civil cobrar das instituições o retorno ao Estado de Direito.
A disputa pelo conceito de Justiça

São José dos Campos conta com um déficit habitacional de 27 mil famílias. A região onde o Pinheirinho se encontra foi contemplada com construção de 524 casas até 2011 em quase dez anos de políticas habitacionais da prefeitura. Segundo o PNUD, órgão das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2000, São José contava com uma população de seis mil pessoas vivendo em condições subnormais de habitação. Em 2011, num domingo, em apenas um dia, em apenas uma área da cidade, cerca de seis mil pessoas perderam suas casas no Pinheirinho.

Durante toda minha pesquisa, nenhum dos interlocutores com os quais falei hesitou em responder onde e quando começou o Pinheirinho e todos são capazes, por memórias próprias ou de outros, de vincular o início do movimento à “ocupação das casinhas do CDHU”, no Campo dos Alemães, em 2003. No discurso dos moradores, das lideranças e dos indivíduos ligados ao sistema jurídico e partidário que suporta o movimento, as “casinhas” aparecem sempre com uma referência para o começo do processo de “luta”. A ocupação das casas sempre foi justificada pela má qualidade em que se encontravam e pela demora na conclusão e entrega para a população carente, situação agravada ainda pelo fato de muitos ocupantes dizerem já estar na fila para conseguir uma casa na prefeitura há mais de oito ou dez anos. Para alguns moradores, as “casinhas” aparecem relacionadas à época de Natal e Ano Novo e aos vínculos familiares e emotivos que representam; outros, como os advogados da causa as mencionam como o começo de um grande e complexo processo que se arrasta até hoje, no qual cabe “uma série de recursos” e onde “a memória pode até falhar”; outras pessoas ainda as veem como o início de um processo de resistência contra âmbitos municipais, estaduais ou federais de poder, injustos e parciais, ou contra uma fatia abastada e privilegiada da população brasileira ou da mundial.

Muitas críticas são feitas à resistência dos moradores em sair ou na justeza de sua reivindicação, já que é a terra não seria deles. Primeiro precisa-se problematizar a noção de justiça para essas pessoas A posse do terreno é associada à figura de Naji Nahas e da Selecta, também ligados as figuras de Celso Pitta e Daniel Dantas, devido ao desvio de verbas públicas amplamente divulgado na mídia, amplamente notório na Operação Satiagraha da Polícia Federal em 2008. É bom lembrar que Naji Nahas só foi absolvido recentemente da acusação de quebra do sistema financeiro em 1989 e a compra de juízes é uma das acusações feitas pela PF na operação Satiagraha.

Em assembleias dos moradores, foi lembrada mais de uma vez a ocasião do casamento da filha de Naji Nahas que haveria custado mais de um milhão de reais e contado com um fretamento de um avião para os convidados. Sua figura, em reuniões, sempre aparece como uma pessoa de altas posses que estaria prejudicando os menos favorecidos. A figura da Justiça aqui aparece sempre do lado dessas pessoas de posses, vista como grande homens de negócios vestidos em seus ternos, e sendo que a noção de justiça sempre é algo quase inalcançável para essas populações. Esta visão de mundo popular é constatada por cientistas sociais há quase quatro décadas. E em relação a esse ponto, pode-se dizer que em pouco avançamos. Por isso que, de acordo com os sem-teto, é sempre “necessário lutar”. É triste perceber que a ação de domingo só reforçou essa percepção nesses moradores.

É ainda pior constatar que além de muitas vezes estas pessoas são colocadas de fora do jogo político legal, quando elas são vistas forçadas a reagir são vistas como “fora-da-lei”.

Por que, apesar dessa visão, Os moradores do Pinheirinho não se constituem numa massa de bandidos que se julgam acima da lei, mas por conhecê-la bem exigem o seu cumprimento. A decisão da juíza Márcia Faria Loureira, exibe uma interpretação da lei possível, mas não mostra o conteúdo inteiro de uma constituição que movimentos como do Pinheirinho ajudaram a formar. A exigência dos moradores da transformação de um terreno sem função social – cujo dono é réu em uma investigação da Policia Federal – numa Zeis (Zona Especial de Interesse Social), regulamentada por uma série de leis que a juíza escolheu ignorar, é uma reivindicação mais que razoável, mas justa e necessária, já que, como a imprensa já noticiou, São José sofre a anos de um déficit habitacional, que a prefeitura insiste em contornar com politica paliativas.

Dito isso, faz-se necessário dizer que os moradores do local não procuram viver na ilegalidade, estão dispostos com essa mudança a pagar IPTU, água, luz e todas as demais taxas municipais. Ao contrário do que se pensa, eles não querem viver privilegiadamente, eles querem ser inseridos numa ordem urbana que sempre lhes foi desfavorável.

Partidarização do Conflito

Em muitas mídias, a tentativa era de associar aos diversos lados em conflito, siglas partidárias, ainda mais num ano eleitoral.

As acusações são de truculência do governo paulista, omissão ou intromissão do governo federal (dependendo do viés da matéria) ou radicalização por parte do PSTU.

O simplismo em que esse debate cai, infelizmente, também ajuda a ignorar a realidade dessas pessoas e excluí-las do jogo político democrático.

Obviamente sempre houve mediações partidárias dentro e fora do acampamento, pelas mais diferentes siglas. No entanto, não podemos pensar que essas pessoas eram militantes do PSTU ou controladas por membros da esquerda nacional. À título de exemplo, podemos nos remeter as eleições municipais de 2008. Nessas eleições, Marrom, líder do movimento e membro do PSTU, saiu candidato a vereador. Estimativas da população do local variam entre 6 mil a 9 mil e, em como todo o bairro, sofre flutuações. Naquela época as estimativas rodavam a casa dos oito mil habitantes, naquele ano Marrom recebeu 1.792 votos ou 0,54% do total. Considerando que o PSTU também tem atuação politica em outros setores e contando com uma população de 8 mil pessoa do Pinheirinho, dá para se perceber que grande parte dos habitantes não era necessariamente vinculada ideologicamente ao partido.

A ajuda essencial que o partido proporcionava era a de dar vazão ao sentimento de “revolta” dessas pessoas quando são obrigadas a se deparar com a parte da sociedade que detém dinheiro e o poder. O partido fornece meios a essas pessoas para lidar com essas percepção de injustiça na sociedade brasileira. No entanto, os meios são essencialmente institucionais. O partido fornece acompanhamento jurídico para essas pessoas, cadastramento, oportunidades de cursos técnicos, acesso à programas governamentais de ajuda. O partido é um facilitador que recorre a identidade cidadã dessas pessoas para buscar os seus direitos dentro da esfera pública. Além do mais, nem todas as liderança do local eram vinculadas ao PSTU ou outro partido. A coordenação da área contava com reuniões semanais entre as lideranças, entre as lideranças e os moradores do setor, com assembleias gerais e procedimentos burocráticos que escapavam do comando do partido.

A coordenação do Pinheirinho esteve em Brasília no dia 7 de janeiro de 2005 para tentar um posicionamento do governo federal frente à sua causa, já que enfrentavam a decisão da Justiça, que ordenava a reintegração de posse da área. A comitiva foi formada por Marrom, pelo advogado e presidente do PSTU de São José dos Campos, Antônio Donizete Ferreira, o “Toninho” e pelo ex-deputado federal e assessor político do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Ernesto Gradella Neto. Houve reuniões na Secretaria Geral da Presidência da República e no Ministério das Cidades e a comitiva ainda agendou encontros na Casa Civil, no Ministério da Justiça e na Secretaria de Direitos Humanos, o que resultou no acompanhamento do caso pela CDDPH (Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), órgão ligado à Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo federal. Em 2005, um ônibus levou-os moradores até Porto Alegre para a edição do Fórum Social Mundial daquele ano. A intenção era, segundo noticiou um jornal local, segundo Marrom, buscar “(…) apoio político e orientação jurídica, já que estarão presentes representantes de ONG’s internacionais” (Vale Paraibano, 20/1/2005). Obviamente, que havia apoio político do PSTU e de seus membros, mas esse apoio era feito com a mobilização das arenas políticas legítimas e se houve resistência na reintegração, ela só pode ser justificada por um sentimento comum a maioria das classes populares do país: as de que estão sendo “injustiçadas”, fato que lhes ocasiona o sentimento de “revolta”. Além do mais, recorrer a explicações simplistas de que essas pessoas eram manipuladas pelo PSTU é ignorar a consciência política delas e suas experiências passadas com movimentos sociais e esconder décadas de mau planejamento habitacional dentro de uma questão partidária.

Logicamente isso demandava esforços pessoais e financeiros. O que alguns jornalistas chamam de “imposto” Pinheirinho tratava-se de uma contribuição de dez reais para o Movimento pagar todos esses trâmites. Era semelhante a uma taxa de qualquer condomínio, com uma diferença: era opcional. Houve acusações de vendas de casas por algumas lideranças, eu presenciei o debate entorno a esse fato, que acabou com a expulsão, por unanimidade, da mesma do local. “Passar casa”, como se dizia, era intolerável, já que muitas pessoas estavam de fora do Pinheirinho também esperando por um terreno lá dentro.

Toda a movimentação institucional que ocorreu, por iniciativa dos moradores e com apoiada pelo PSTU, foi o que levou o governo federal declarar interesse na área. Os moradores conseguiram um novo canal de dialogo, mas que seria interrompido bruscamente. A entrada do Governo Federal no assunto ocasionou a batalha jurídica e a guerra de liminares e um canal aberto para resolver um problema social, ganhou contornos políticos dramático naquela manhã de domingo.

Soltou-se também na mídia que o PSTU teria barrado negociações com a Terra Nova, empresa que queria urbanizar a área. As negociações não avançaram pois cada unidade habitacional financiada pela empresa custava cerca de 80 mil reais, sendo que as construções de casas pelo meio de mutirão no local não passava de 15 mil reais. As promessas feitas pela empresa não eram compatíveis com a realidade dos moradores. Essa ideia foi corroborada quando foi noticiado o caso do Jardim Pantanal, em São Paulo, que foi construído pela empresa com ajuda da prefeitura da cidade numa várzea de rio e passou mais de um mês alagado no período das chuvas.

Em relação à municipalidade, os moradores sempre reclamaram da “falta de vontade política”, já que nunca foram recebidos pelo prefeito e as poucas visitas que a base aliada da prefeitura fez ao local foram vistas como “encenação”, já que nada se resolveu.

É fácil notar de onde vem a insatisfação desses moradores e essa visão sobre como as coisas são, mesmo porque o sentimento de “revolta” que esse moradores experimentavam, e ainda experimentam, não é fruto de uma ideologia do partido, mas sim de seus contatos cotidiano com o mundo em que trabalham, em que vivem e por todas as relações sociais em que estão envoltos e que sempre lhes são desfavoráveis. O preconceito com o qual esses moradores estão acostumados a lidar fornecem eixos que declaram seu lugar no mundo, como um subcidadão, alguém se expressão politica, enfim, “era apenas mais um morador do Pinheirinho”. E hoje sem casa ou endereço.

 

Desinformemonos

Comentar este post