Oro, petróleo y recursos genéticos en Costa Rica: ¿codicia de altos funcionarios públicos?
El lobo cuidando el gallinero
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Algunas organizaciones sociales costarricenses han manifestado su preocupación ante los beneficios otorgados por varios altos jerarcas de gobierno o ex funcionarios públicos a capitales privados, especialmente a empresas transnacionales.
La Procuraduría de Ética de Costa Rica está investigando un posible caso de corrupción que involucra al viceministro de la Presidencia, Alfio Piva. La Red de Coordinación en Biodiversidad y Coecoceiba - Amigos de la Tierra Costa Rica presentaron una denuncia contra Piva por considerar que el jerarca usó su investidura pública para buscar financiamiento para el privado Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO). Esa institución se dedica a la bioprospección y es acusada de biopiratería en territorios indígenas.
En mayo Piva visitó Corea del Sur en calidad de funcionario público y allí obtuvo una donación de un millón de dólares para el INBIO. El instituto, que está vinculado a transnacionales de la biopiratería como Merck y Biodiversa, fue fundado y dirigido por muchos años por Piva.
“El nombre engañoso de INBIO es usado para dar apoyo gubernamental a negocios privados”, dijo la activista Grace García, de Coecoceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, al corresponsal de Radio Mundo Real en ese país, Henry Picado, también integrante de esa organización.
En un comunicado conjunto difundido ayer, la Red de Coordinación en Biodiversidad y Coecoceiba catalogan de “lamentable la actitud del señor Vicepresidente Piva, pues está utilizando su investidura pública para hacerle mandados a sus amigos”. “Las relaciones de negocios o de amistad con altos funcionarios son utilizadas para aprovechar recursos públicos para el interés privado. Y todo esto en una época donde el gobierno del que Piva es parte dice estar en crisis económica”, agrega el comunicado.
En tanto, los Tribunales de Justicia ticos investigan también al ex presidente Óscar Arias y al ex ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, acusados de prevaricato por haber emitido en 2009 el decreto que le permitió a la transnacional minera Industrias Infinito talar varias hectáreas de bosque en el distrito de Crucitas, en la provincia de Alajuela. Ese decreto declaró la minería de oro a cielo abierto de “conveniencia nacional y de interés público”.
La investigación en curso tiene el dato de que Industrias Infinito, favorecida por la resolución del ex Ejecutivo tico, había donado fondos en el período electoral de 2006 a la Fundación Arias para la Paz, perteneciente al ex mandatario.
Dobles fue también el principal promotor a fines de la década 1990-2000 de todas las concesiones hidrocarburíferas otorgadas en el país, que cubren el 20 por ciento del territorio nacional.
