Panamá: afectados por represas denuncian una privatización de los ríos
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En medio de crecientes protestas de organizaciones comunitarias, el gobierno panameño, conducido por Ricardo Martinelli, agiliza los trámites para aplicar una ley de “contrataciones públicas”, que establece que los proyectos energéticos considerados de “interés social” pueden contratarse en forma directa.
Según informó la emisora panameña Radio Temblor, este mecanismo que promueve el Ejecutivo, y que apunta a beneficiar a las corporaciones en la explotación de las fuentes hídricas, está generando una gran resistencia en diversos puntos del país, fundamentalmente en las comunidades que se verán desplazadas por las represas.
Esta semana, por ejemplo, los afectados por las inundaciones en las regiones de Cañita y El Llano protestaron frente a las oficinas de AES Panamá, una de las empresas más influyentes del sector energético.
Los manifestantes, según recogió la prensa panameña, aseguran que este año, y producto de estas obras de infraestructura, ya se registró una importante disminución de la producción agrícola en la zona.
“No hemos salido muy bien de aquí, realmente ellos están en un punto en el que no se pueden defender, pero tampoco dicen que nos pueden indemnizar a nosotros”, expresó en relación a la posición de la empresa, Alfredo Delgado, vocero de los afectados, según publicó Panamá Digital.
En su último boletín, Radio Temblor hace un recorrido por varios conflictos ambientales vinculados a la preservación de los recursos hídricos. Informan que en el río Tabasará, los indígenas y campesinos de la zona rechazan el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que se empezó a construir en marzo, y denuncian que las maquinarias ya rompieron el lecho rocoso del río.
Las comunidades señalan además que la empresa responsable de las obras manipula “encuestas, estudios” e intimida a la población local.
Por otra parte, Tomás, integrante de la comunidad Mata Redonda de la provincia de Veraguas, fue entrevistado hace algunos días por el programa Pueblos Libres de esta emisora. Asegura que su comunidad está en lucha para no dejar represar los ríos y en defensa del agua.
Según dijo, el gobierno de Martinelli construye represas como una forma de apropiación de los recursos y con el objetivo final de exportar la energía.
Tomás asegura que desde que fue conformada la organización que él integra, y que promueve una “gestión comunitaria del agua”, no han podido establecer contactos con las autoridades provinciales y con los responsables de las empresas del Estado.
