Panamá: Informe confirma violación de derechos humanos en protestas de indígenas ngäbe-buglé

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Servindi, 6 de marzo, 2012.- La investigación iniciada por organismos de derechos humanos sobre las agresiones sufridas por indígenas ngäbe-buglé, en el marco de sus protestas contra artículos borrados de la ley minera confirmó que se violaron los derechos humanos de los manifestantes. 

En el informe, de casi 60 páginas, se denuncia además que existen indicios de que el Estado (panameño) utilizó tácticas militares, armas letales y armas no letales en forma letal para reprimir a los indígenas y campesinos.

Estas protestas se iniciaron el último día de enero con el bloqueo de la carretera Panamericana concluyendo, vía mediación de la Iglesia Católica, el 8 de febrero con un saldo de por lo menos dos manifestantes muertos, entre ellos un menor de edad con discapacidad.

La movilización surgió en rechazo a la eliminación, en último momento, de un artículo del Proyecto de ley minera 415 el cual garantizaba la no explotación de yacimientos de cobre en Cerro Colorado, el más importante del país, situado en la comarca Ngöbe Buglé, en la zona oeste de Panamá.

Lo que descubrió el informe

La investigación que incluyó el traslado de representantes de los citados organismos hasta las zonas de conflicto en la provincia de Chiriquí y la comarca Ngöbe-Buglé, para reunir testimonios de las presuntas víctimas de violaciones de DDHH, señala que 25 de ellas alegaron haber sido “privadas de su libertad, golpeadas, heridas, afectadas en los ojos y maltratadas, psicológica, verbal y físicamente”.

El documento señala además que es difícil determinar cuántas personas estuvieron involucradas en los hechos ya que en los primero días de vigilias, en la vía que comunica a Panamá con otros países directamente, fueron pacíficas y organizadas y fue luego de la represión por parte de los estamentos de seguridad que se sumaron personas de las comunidades aledañas.

Asimismo los manifestantes indígenas y campesinos señalaron para el informe haber sido “perseguidos a campo abierto, recibido disparos desde helicópteros, detenidos en residencias privadas mediante allanamientos efectuados sin autorización judicial”.

A sucesos como estos se sumó la suspensión del servicio de telefonía móvil desde el viernes 3 de febrero hasta el martes 7 del mismo mes, lo cual impidió las comunicaciones de los pueblos entre sí y con el exterior, detalla el informe. Esto revelaría la complicidad que existió entre las compañías de telecomunicaciones y el gobierno.

El informe, que incluye imágenes de los daños provocados en los indígenas y campesinos por parte de los estamentos de seguridad, contabilizó hasta 15 tipos de presuntas violaciones a derechos humanos.

Entre ellos se cuentan la suspensión de garantías (presuntamente sin declaratoria del estado de urgencia), la libertad de expresión, de inviolabilidad de las comunicaciones, de la integridad sexual de la mujer, el debido proceso/tutela judicial efectiva, entre otros más.

Transparencia en las investigaciones

Las organizaciones tras confirmar las violaciones a los derechos humanos de los manifestantes, demandaron justicia, una investigación transparente y la reparación del daño causado a las víctimas.

Asimismo reclaman la constitución de una comisión penal para dar seguimiento a los expedientes y garantizar la transparencia de las investigaciones, así como la seguridad de las víctimas.

Además del aval de las iglesias, el informe está firmado por representantes de la Comisión de Justicia y Paz, la Alianza Ciudadana por Justicia, Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y el Centro de Incidencia Ambiental.

La riqueza minera de Panamá

En Panamá la comarca Ngöbe Buglé conserva riquezas de gran interés de las compañías mineras transnacionales, una de ellas: Cerro Colorado. Estudios indican que esta es la segunda reserva latinoamericana de cobre y empresas de Canadá, así como el gobierno de Corea del Sur ya han mostrado su interés por explotarla.

El proyecto sin embargo supondría un fuerte impacto ambiental al tratarse de minería a cielo abierto, prohibida en la vecina Costa Rica, y el desplazamiento de numerosas comunidades indígenas.

Para leer el informe completo puede dar clic aquí.

 

Servindi

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