Panamá: Lucrar con fondos públicos

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

 

Por: Pedro Rivera Ramos

 

panama-medicoshuelga1.jpgSi algo ha venido caracterizando hasta ahora, sin duda alguna, al actual gobierno panameño, es su más plena identificación con los postulados más fundamentalistas del neoliberalismo globalizador y salvaje. En ello ha mostrado una coherencia ideológica que aunque no sorprende, podría parecer ajena a unos gobernantes, donde resulta tan común sus frecuentes dislates, sus permanentes contradicciones y sus diarios conflictos. Sin embargo, cuando de lo que se trata es de imponer a toda la Nación su trasnochado dogma neoliberal, en ellos no hay signos de fractura o titubeo alguno, así como tampoco suelen renunciar tan fácilmente a sus despropósitos antinacionales, aún cuando vengan acompañados por sangrientas consecuencias, como las ocurridas en la provincia de Bocas del Toro en julio del año pasado, durante la brutal represión desatada contra los grupos indígenas que se oponían a la ley 30, mejor conocida como ley “chorizo”.

 

De allí nace, en efecto, su marcado y obsesivo interés en desarrollar ahora, el “Régimen de Asociación Público-Privada (APP)”, como el paso esencial que les faltaba, en el proceso de achicar y desmantelar aún más el Estado nacional. El proyecto de ley # 349 que lo ampara y que se encuentra cobijado actualmente para su cuestionado “debate” en el seno de la Asamblea Nacional de Diputados, por sus objetivos y principios declarados, está lejos de ser una propuesta encaminada al mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los panameños; más bien, representa una renuncia inconsulta y vergonzosa de las responsabilidades y funciones del Estado; rinde a las entidades y bienes públicos, así como a una parte significativa del presupuesto nacional, a merced de la voracidad empresarial tanto interna como trasnacional; y obliga a todos los ciudadanos a pagar por el uso de una obra social o el ejercicio de un derecho elemental, toda vez que para la jerga mercantilista imperante, lo que aquí se ofrece, constituye de modo arbitrario, lisa y llanamente, servicios que se prestan (educativo, sanitario, ambiental, vial, cultural, deportivo, etc.).

 

doc-266323.jpgUno de los argumentos que más se vienen utilizando no sólo aquí en Panamá sino en otras latitudes, para justificar la creación y desarrollo de las APP y sus discutibles bondades, consiste en asegurarnos que ellas no son nada nuevas en la historia económica de la Humanidad. Así es. El genocidio y el saqueo espantoso de las tierras latinoamericanas y caribeñas hace más de 500 años atrás, fue precisamente gracias a una asociación de ese tipo. Más reciente, muchas de las organizaciones que componen la Organización de las Naciones Unidas, vienen haciendo uso de este modelo desde la década de los 90, en el que de hecho se produce una privatización de la cooperación internacional por corporaciones transnacionales, algunas de las cuales, se distinguen por una dudosa reputación. Asimismo, casi seis meses de protestas estudiantiles en Chile pueden explicarse, en gran medida, por el rechazo generalizado a esta alianza público-privada nacida en plena dictadura pinochetista, que enfatiza la sumisión de la educación pública a los intereses del mercado, generando de ese modo, mayor desigualdad y exclusión.

 

Pese a la pobreza evidente del léxico y la frecuente monserga que suelen exhibir los principales personeros del gobierno actual, el proyecto # 349 se inscribe perfectamente en esa fidelidad al neoliberalismo rampante del que hablábamos. Es una pieza inobjetable de construcción francamente clasista. Naturalmente que eso no significa, que cuentan entre sus orientaciones principales con un elaborado cuerpo doctrinal o una claridad de las coordenadas fijas que les legara el Consenso de Washington; le es suficiente disponer de un número limitado de claves y conceptos neoliberales, para festejar el TLC con los EU; para insistir en las modificaciones al Código minero y a la ley de la CSS; para justificar el acaparamiento de tierras nacionales; para promover una innecesaria segunda vuelta electoral y para acoger sin miramiento ético alguno, al cambiacasaca de toda ralea.

 

El proyecto APP apunta directamente al debilitamiento del Estado panameño y a imponernos una visión del ejercicio gubernamental, fundada estrictamente en el lucro y en las transacciones comerciales. De su lectura se infiere claramente los sueños mercantiles que despiertan, no sólo los bienes estatales existentes, sino también, los que se generan con el TLC con los EU y los megaproyectos que hay contemplados en el Plan Puebla-Panamá-Colombia. Es un proyecto que aún eximiendo a la educación y a la salud de la voracidad bursátil, gracias a las presiones firmes de la sociedad, principalmente de los gremios de la salud y su huelga militante, deja sin excluir otros importantes sectores, entre ellos, la seguridad pública, los correos, las cárceles o el suministro de agua potable.

 

Obliga a los próximos gobernantes a respetar estrictamente lo pactado en los contratos; a indemnizar con previsiones de réditos a futuro, si estos son suspendidos antes del término; a soslayar las iniciativas de las comunidades por las iniciativas empresariales; a someter a consultas públicas a las APP, únicamente por medios electrónicos. Convenientemente se dispone a todo lo largo del texto, que sea en el reglamento, el pliego de cargos y los contratos que se elaboren, donde se definan el monto de las expropiaciones, el porcentaje de premio por iniciativa privada, los beneficios, las indemnizaciones, los reembolsos por trabajo privado y la distribución de los riesgos entre el Estado y las empresas. Por eso no tengo la menor duda que el mejor destino de este infausto proyecto, es su incineración inmediata en una hoguera pública.

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