Portugal reprivatiza un banco por 40 millones tras sanearlo con 2.400

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

La venta del Banco Portugués de Negócios a una entidad angoleña cuesta al país el 1,4% del PIB - Los nuevos dueños cerrarán el 30% de las oficinas

FRANCESC RELEA - Lisboa - 02/08/2011


Un tranvía en una calle de Lisboa

Un grupo de viajeros se agolpa para tomar el tranvía en una calle de Lisboa.- ARMANDO FRANCA (AP)

 

El Gobierno portugués ha cerrado la reprivatización del Banco Portugués de Negócios (BPN). La operación pone fin a una complicada y ruinosa operación financiera, que ha costado al Estado 2.400 millones de euros, el equivalente al 1,4% del PIB. El nuevo propietario es el Banco Internacional de Crédito (BIC), de mayoría angoleña. Pagará 40 millones de euros, casi una quinta parte del precio de 180 millones, fijado inicialmente en el decreto-ley de reprivatización, en agosto de 2010. La venta del BPN es una de las medidas del programa de austeridad acordado con la troika internacional a cambio de un préstamo de 78.000 millones de euros.

El ajuste incluye subidas del transporte público de hasta el 25%


El precio podrá subir ligeramente si en los próximos cinco años el banco obtiene un resultado operacional superior a 60 millones de euros. En este caso, tendrá que pagar al Estado el 20% del excedente. La operación del BPN ha sido un dolor de cabeza constante para el Gobierno, que hasta el último día ha tenido que inyectar dinero. Concretamente, 550 millones de euros de recapitalización antes de ejecutar la venta, más las indemnizaciones de una buena parte de la mitad de los 1.580 empleados que perderán el trabajo. Los nuevos dueños cerrarán el 30% de las 213 oficinas que tiene en todo el país.

La pesadilla del BPN empezó el 2 de noviembre de 2008, cuando el Gobierno del socialista José Sócrates anunció la nacionalización del banco, que presentaba un agujero de 700 millones de euros. La Caixa Geral de Depósitos, de titularidad pública, asumió la gestión. José Oliveira Costa, fundador del banco, fue procesado por siete delitos, entre ellos evasión fiscal, lavado de dinero, adquisición ilícita de acciones y falsificación de documentos. Otras 23 personas estaban en la lista de acusados. Mientras una comisión parlamentaria investigaba el monumental fraude, el Estado seguía inyectando dinero a un banco, cuyo valor está por los suelos.

El concurso para reprivatizar el BPN no encontró ningún comprador interesado, a pesar de que el plazo se prorrogó dos meses, hasta finales de noviembre de 2010. Tras el rescate financiero, los prestamistas internacionales exigieron la venta del BPN, y fijaron como fecha tope el 31 de julio. De las cuatro ofertas recibidas, el Ministerio de Finanzas acabó inclinándose por la del BIC angoleño, por entender que "asegura la continuidad de la actividad del BPN y tiene en cuenta la defensa de los intereses de los depositantes", según la explicación oficial. En el camino quedaron el Montepio, un grupo no identificado y el llamado Núcleo Estratégico de Inversores (NEI), que reúne a una quincena de empresarios portugueses y que, aparentemente, ofrecía más de 100 millones de euros.

Los dos socios principales del BIC, con el 25% cada uno, son Isabel dos Santos, la todopoderosa hija del presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, y el empresario Américo Amorim, el hombre más rico de Portugal, según la revista Forbes, con intereses tan diversos como el corcho, el petróleo y la banca.

Dentro del paquete de medidas de ajuste, ayer entraron en vigor las nuevas tarifas de los transportes públicos, que tendrán un gran impacto en las clases populares. Los sindicatos y organizaciones de usuarios anuncian diversas acciones de protesta. Con un 15% de aumento medio, la subida llega hasta el 25% en algunos casos, como en la línea de tren a Sintra. "No somos nosotros los causantes de que el país esté en la ruina, fueron ellos", se quejaba una joven pasajera. Con el aumento de tarifas, los portugueses gastarán 26 millones más de aquí a final de año. El ministro de Economía, Álvaro Santos Pereira, sostiene que la reestructuración del transporte exige el aumento de tarifas.

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