Pretendida Reforma Pesquera de UE no convence ni en lo ecológico ni en lo laboral

La comisaria de Pesca, María Damanaki, ha planteado este miércoles cambios drásticos en la reforma de la política pesquera común (PCP) más allá de 2013, como, por ejemplo, basar en datos científicos y no tanto en la negociación política el reparto de cuotas de pesca entre la flota comunitaria, con el objetivo de proteger unos recursos cada vez más explotados.

También apuesta por crear un "mercado de derechos de pesca" para que los pescadores de un mismo Estado miembro puedan comercializar entre sí con las cuotas que le son asignadas, con ello se quiere dar un "sentido económico" a la buena gestión de los recursos, porque el valor de estos derechos lo fijará el mercado, según ha explicado la comisaria en rueda de prensa.

La propuesta de Damanaki sugiere la necesidad de establecer ciertas "salvaguardas" para que este nuevo sistema de cuotas transferibles (o 'concesiones') no sea discriminatorio ni favorezca que pescadores de un determinado país puedan esquivar la norma y comprar los derechos de otros países. Los gobiernos nacionales tendrán "flexibilidad" para decidir sobre estas salvaguardas.

Se trata de una iniciativa que despierta "reservas" entre algunas organizaciones ecologistas que temen una "privatización de los mares" y de algunos países que ven el riesgo de que otras flotas comunitarias se hagan con sus derechos.

Además, sería una forma de ofrecer ayudas a los pescadores en un momento en el que Bruselas también quiere acabar con la "dependencia de los subsidios" que a su juicio tiene el sector.

La comisaria cree probado que las ayudas a la reconversión de la flota "no han funcionado" para combatir la sobrecapacidad y considera que no hay fondos para seguir destinando a este objetivo. "No puede haber dinero para aumentar la capacidad de los buques", ha replicado en la rueda de prensa al ser preguntada por si prevé retirar las ayudas a la reconversión.

En la presentación de su propuesta, la comisaria ha sido tajante y ha advertido de que si no se llevan a cabo cambios "estructurales" sobre las prácticas actuales, entonces "iremos perdiendo una población tras otra". "Hay que acabar con este círculo vicioso", ha insistido, antes de anunciar un proyecto basado en tres pilares: "sostenibilidad, eficiencia y coherencia". También ha anunciado un peso "fundamental" para el desarrollo de la acuicultura.

La responsable comunitaria de Pesca ha recalcado que la política actual no funciona porque "no obra a favor de la sostenibilidad", tampoco funciona para el mercado comunitario, que tiene que importar dos tercios del pescado que consume y "muchos pescadores dependen de las subvenciones".

Además, ha rechazado que los cambios que defiende sean una amenaza para el sector y ha asegurado que "ya se pierden muchos puestos de trabajo" con la política pesquera actual. Bruselas tiene "preocupación" por el desempleo pero afirma que habrá "apoyos, compensaciones" para, por ejemplo, los pescadores que realicen buenas prácticas.

Damanaki propuso recientemente recortar en al menos un 25 por ciento en 2012 las capturas de los recursos para los que no se dispusiera de suficientes datos científicos para establecer el estado de la población, una idea a la que se oponen la mayoría de los Estados miembros por considerarla "exagerada".

Pero la comisaria defiende esta posibilidad porque ve "urgente" reducir la sobrepesca que impide en la actualidad la reproducción sin riesgo de muchos recursos y lamenta la falta de esfuerzos por parte de algunos Estados miembros para obtener datos científicos de calidad y fiables. Según datos de Bruselas, el 82 por ciento de las poblaciones mediterráneas y el 63 por ciento de las atlánticas están sobreexplotadas.

La cifra del 25 por ciento no aparece en la propuesta que este miércoles presenta la comisaria, pero sí conserva el "espíritu" de la iniciativa para defender planes multianuales para cada pesquería basados en la opinión científica y que apliquen el principio de precaución, según han explicado fuentes comunitarias.

En la actualidad existen planes plurianuales para poblaciones específicas y Bruselas quiere redirigirlos para que cada plan cubra una pesquería con la idea de hacer una gestión más eficaz y favorecer la consecución del objetivo de una pesca sostenible en el horizonte de 2015.

Además de una gestión de los recursos que se apoye en un "enfoque ecosistémico" y a la creación de planes específicos, la comisaria quiere impulsar un tercer eje en la reforma para "regionalizar" la política pesquera comunitaria. Así, se podrían pensar "soluciones locales" que se adapten a las especificidades de cada región, siempre partiendo de "los mismos principios" de una pesca sostenible, matizan las fuentes.

Entre las principales medidas que Damanaki ve necesarias para lograr estos objetivos figura el fin de los descartes, esto es, de la pesca no deseada que es devuelta al mar, y que en la actualidad representa en torno al 23 por ciento de las capturas.

La comisaria ha criticado en numerosas ocasiones una práctica que considera "inmoral" y en su propuesta plantea un veto progresivo que empezaría a aplicarse a algunas especies como la anchoa, el atún rojo o el jurel a partir de 2014 y se extendería a otras en 2015 y 2016. El objetivo es que en 2016 estén prohibidos todos los descartes y que los pescadores estén obligados a desembarcar toda la pesca comercial capturada.

Por otro lado, Damanaki ve en la revisión de la PCP una oportunidad para redefinir las relaciones con países terceros como Marruecos y Guinea Bissau y fijar nuevas prioridades en los acuerdos bilaterales que se establecen con ellos. El objetivo es que los nuevos acuerdos que se negocien se cimenten en tres pilares: la buena gobernanza, una pesca sostenible y el respeto de los Derechos Humanos.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/13/natura/1310553626.html

  La necesaria reforma de la Política Pesquera Comunitaria - Dialnet

La necesaria reforma de la Política Pesquera Comunitaria

Xabier EZEIZABARRENA SAENZ, Abogado. Doctor en Derecho (UPV/EHU)

Resumen:

Dentro del complejo marco global, la nueva Política Pesquera Comunitaria precisa de reformas sustantivas en materia ambiental y de conservación de los recursos marinos. Es preciso garantizar un cumplimiento real de los acuerdos de pesca y de la normativa comunitaria que afecta al sector pesquero, procurando distinguir la pesca realizada con métodos y artes sostenibles de aquella cuyo desarrollo mantiene una razón exclusivamente económica.

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Palabras clave: Derecho Comunitario – Política Pesquera Comunitaria – Recursos Marinos – Pesquerías – Sostenibilidad

Dentro del complejo marco global, la nueva Política Pesquera Comunitaria (PPC) precisa de reformas sustantivas en materia ambiental y de conservación de los recursos marinos. Es preciso garantizar un cumplimiento real de los acuerdos de pesca y de la normativa comunitaria que afecta al sector pesquero, procurando distinguir la pesca realizada con métodos y artes sostenibles de aquella cuyo desarrollo mantiene una razón exclusivamente económica.

Entre las cuestiones a abordar, con carácter general, se encuentra la problemática de las redes de deriva, el arrastre pelágico y la problemática del stock de anchoa. Al mismo tiempo, las cuotas de capturas de esta especie han llegado a ser objeto de curiosos intercambios entre Francia y Portugal en un trueque de poblaciones absolutamente lejanas y desligadas entre sí y en perjuicio de los pescadores de bajura que operan en el Golfo de Bizkaia. Adicionalmente, las cifras correspondientes al sector pesquero tradicional de cualquier Estado miembro se presentan siempre enmarcadas en los grandes resultados macroeconómicos de la pesca global, junto a la pesca industrial o de altura, cuya problemática poco o nada tiene que ver con la que sufre diariamente el sector pesquero tradicional o de bajura. La Política Pesquera Comunitaria debería reflexionar sobre estas cuestiones con anterioridad a la toma de decisiones estratégicas que garanticen el futuro de las distintas pesquerías en la Unión Europea.

Resulta necesario, por tanto, abordar estas y otras cuestiones, desde la perspectiva de la sostenibilidad de los recursos, del sector y desde la perspectiva social que representa una cultura y una forma de vida cuyos contornos requieren de nuevas aproximaciones políticas y jurídicas que nos acerquen a la sostenibilidad real y a la protección efectiva de los recursos marinos. A tal fin, la comunicación abordará las necesidades de reforma de la Política Pesquera Comunitaria vigente, tanto desde la perspectiva de los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea y la Unión Europea, como desde el punto de vista de las reformas sectoriales a introducir en los Reglamentos y Directivas del sector. Todo ello guarda estrecha e importante relación con la difícil situación que vive el sector pesquero en el conjunto de Euskal Herria.

Foto: Parksy1964.

Mientras la flota cantábrica de bajura sigue sumida en una profunda crisis estructural, la Política Pesquera de la UE continúa sin diferenciar debidamente las problemáticas pesqueras de las distintas flotas en el contexto comunitario optando, hasta la fecha por pautas de reflexión incompletas que desdibujan cualquier aproximación de contenido social real al fenómeno pesquero en clave de sostenibilidad.

Un buen ejemplo de ello es el caso de la escasez de capturas de anchoa junto a la necesidad de establecer un cierre de la pesca de esta especie, los intercambios ilegales de cuotas entre Francia y Portugal o la proliferación, aún hoy, en aguas atlánticas de redes de deriva prohibidas formalmente desde enero de 2002. Todo ello, unido a cuestiones políticas y jurídicas de distinta naturaleza, ha derivado en la constatación de un hecho que los pescadores conocen a ciencia cierta: la existencia de límites en las pesquerías de nuestros océanos, tal y como sucede con todos y cada uno de los recursos naturales del planeta. Ello exige, una vez más, establecer o renovar los compromisos adquiridos en la materia para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos.

En este contexto, el principio de integración ambiental en las políticas comunitarias se ha fortalecido al integrarse la misma en el art. 6 del Tratado de la Comunidad Europea. Sin embargo, la política pesquera de la UE sigue sin integrar debidamente este principio fundamental en la política pesquera, cuyo análisis se mantiene casi como estrictamente económico.

El caso de la flota cantábrica de bajura es claramente sintomático sobre la situación de escasez de recursos que se vive en el Golfo de Bizkaia. Además del paulatino descenso de los stocks y las capturas, el sector debe enfrentarse a  factores externos que distorsionan la gestión sostenible de los recursos marinos. Para hacer frente a este fenómeno, la participación del sector en el complicado fenómeno comunitario constituye una necesidad inaplazable. El Derecho Internacional, mientras tanto, se muestra impotente para lograr la ejecución de sus dictados, a pesar de sus notables avances retóricos en materia de protección de los mares y sus recursos.

En el plano de la UE, vienen siendo habituales las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) que constatan la violación, más o menos sistemática, del Derecho Europeo vigente. Entre otras, la Sentencia del TJCE de 12-7-20051 puede y debe marcar un antes y un después en el nuevo dibujo de la Política Pesquera Comunitaria. En ella, por ejemplo, se demuestra que los inspectores comprobaron la presencia de peces de talla inferior a la permitida en cada una de las seis misiones que realizaron. En particular, constataron la existencia de un mercado de merluzas de talla inferior a la permitida, que se ofrecían, en contra de las normas de comercialización establecidas en el Reglamento nº 2406/96. Por tanto, la sentencia llega a confirmar la existencia, en este caso en Francia, “de una práctica de venta de peces de talla inferior a la permitida sin que exista una intervención eficaz de las autoridades nacionales competentes, práctica que es tan constante y general que puede poner en grave peligro, por su efecto acumulativo, los objetivos del régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos pesqueros”.

Foto: xornalcerto.

 

 

 

 

Además, “la similitud y la reiteración de las situaciones constatadas en todos los informes permiten considerar que estos casos sólo pueden deberse a la insuficiencia estructural de las medidas aplicadas por las autoridades francesas y, por ende, a un incumplimiento de la obligación de realizar controles efectivos, proporcionados y disuasorios que la normativa comunitaria impone a dichas autoridades”. Ello supone, con toda claridad, la violación del art. 228 del Tratado de la Comunidad Europea por parte de Francia, “al no garantizar un control de las actividades pesqueras conforme con las exigencias previstas en las disposiciones comunitarias”.

El TJCE considera, con carácter general, que la obligación de los Estados miembros de velar por que las infracciones de la normativa comunitaria sean objeto de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias reviste una importancia esencial en el ámbito de la pesca. En efecto, si las autoridades competentes de un Estado miembro se abstuvieran sistemáticamente de ejercitar acciones de esta índole contra los responsables de dichas infracciones, correrían grave peligro tanto la conservación y la gestión de los recursos pesqueros como la ejecución uniforme de la política pesquera común.

El propio TJCE sostiene, igualmente, algunas de las claves fundamentales de la gestión de los recursos naturales en aguas comunitarias: “uno de los elementos clave de la política pesquera común consiste en la explotación racional y responsable de los recursos acuáticos de forma sostenible, en condiciones económicas y sociales apropiadas. En este contexto, la protección de los juveniles resulta determinante para la recuperación de las poblaciones. Por tanto, la inobservancia de las medidas técnicas de conservación previstas por la política común, en especial las exigencias en materia de talla mínima de los peces, constituye una grave amenaza para la conservación de determinadas especies y de determinados caladeros y pone en peligro la consecución del objetivo esencial de la política pesquera común”.

La importancia de la citada Sentencia del TJCE es notoria en cuanto a los argumentos jurídicos antedichos, así como en lo que respecta a la ejemplaridad del fallo desde el punto de vista político y económico:

“1)      Declarar que la República Francesa no ha adoptado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 11 de junio de 1991, Comisión/Francia (C‑64/88) y, por tanto, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 228 CE
–       al no garantizar el control de las actividades pesqueras de conformidad con las exigencias de la disposiciones comunitarias, y
–       al no garantizar la incoación de procedimientos, de conformidad con las exigencias previstas en las disposiciones comunitarias, por las infracciones a la normativa de las actividades pesqueras.
2)      Condenar a la República Francesa a pagar a la Comisión de las Comunidades Europeas, en la cuenta «Recursos propios de la Comunidad Europea», una multa coercitiva de 57.761.250 euros por cada período de seis meses, a contar desde la fecha de la presente sentencia, al final del cual aún no se haya ejecutado plenamente la sentencia de 11 de junio de 1991, Comisión/Francia, antes citada.
3)      Condenar a la República Francesa a pagar a la Comisión de las Comunidades Europeas, en la cuenta «Recursos propios de la Comunidad Europea», una suma a tanto alzado de 20.000.000 euros.
4)      Condenar en costas a la República Francesa”.

En suma, los criterios normativos y jurisprudenciales en esta materia aparecen bastante claros, como consecuencia directa de los límites existentes en las pesquerías de todo el mundo. Otra cosa es que el cumplimiento real y efectivo de estos parámetros sigue estando pendiente en muchos contextos. Con ello, la política pesquera, sea cual sea su origen, debe decantarse por reafirmar la necesidad de cumplimiento de la normativa por parte de los Estados miembros y del sector pesquero en general. Ello requiere una visión sostenible y responsable de la explotación de las pesquerías en la UE, muy en la línea de cuanto se apunta en esta importante Sentencia del TJCE.

Este ejercicio de responsabilidad colectiva en la defensa de las pesquerías redundará, igualmente, en la protección de los derechos que necesariamente asisten a las comunidades pesqueras tradicionales sobre los recursos del mar. El fenómeno de la globalización económica no debiera encontrar apoyos jurídicos para el expolio de los océanos y, con él, el ahogo social de quienes necesitan del mar para subsistir.

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