¿Quien decidirá quién come y a cuánto en Bolivia?

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Por Maya Rivera Mazorco y Sergio Arispe Barrientos

Sistema alimentario mundial

Vivimos en un momento en el que se produce alimentos más que suficientes para alimentar a todo el mundo; sin embargo, 925 millones de personas se clasifican como crónicamente hambrientas hoy en día.

La crisis de precios de los alimentos de 2008 y actual anuncia el inicio de una nueva era en el sistema alimentario mundial marcada por el aumento de la vulnerabilidad y desigualdad de distribución y acceso a los alimentos. Esto, sumada a la creciente conexión entre el precio del barril del petróleo y los precios de los alimentos, y la marcada tendencia de precios del barril de petróleo a subir, alientan los pronósticos económicos que dicen: “llegó el fin del petróleo barato” y nosotros agregamos que también llegó el fin de alimentos asequibles[3]. El índice de la FAO para los precios de los alimentos ha alcanzado un alza histórica en Febrero de este año[4].

La cadena alimenticia esta cada vez más enfrascada en la dinámica de oligopolios empresariales que la ligan de modo creciente a insumos derivados del petróleo a nivel global y también a insumos derivados de la minería[5]. A esto se suma la especialización productiva de los países en vías de desarrollo impuesta durante las últimas décadas y la descampesinización como fenómeno global. Ambos fenómenos tienden a convertir a muchos países que cuentan con sistemas de autoabastecimiento relevantes, en importadores de alimentos básicos que son cada vez más inaccesibles para las poblaciones de menor potencial económico.

Recientes declaraciones de Jacques Diouf –Director Ejecutivo FAO– exponen que la inversión oficial para desarrollo de la agricultura se ha reducido substancialmente de un promedio de 19% en 1980 a un 3 % en 2006. Señala también que el porcentaje de inversión actual en países en vías de desarrollo es de 5%, a pesar de que esta inversión repercute positivamente al Producto Interno Bruto[6]. Este fenómeno recae en falta de asistencia oficial al desarrollo destinado a la agricultura por parte de los gobiernos, quienes, por este mismo hecho, han perdido importancia para las vidas de pequeños agricultores.

Además, tenemos que la concentración de la tierra en América del Sur es la mayor del mundo, y se agrava cada año con la expansión de los grandes monocultivos para producir commodities agrícolas. No menos significativo es que las tierras más productivas y con acceso al agua suelen pertenecer a grandes emprendimientos, desplazando a la pequeña producción hacia áreas marginales y entornos geográficos poco competitivos, alejados del mercado y de los servicios.

Todo lo mencionado coincide con que las preferencias alimenticias (hábitos alimenticios) locales están sufriendo un proceso de uniformización, íntimamente ligado a la uniformización de la diversidad agrícola biológica planetaria, que está diezmando una paleta genética amplia reemplazada por productos agrícolas específicos –muchas veces de propiedad intelectual de corporaciones–. Si bien las consecuencias de este hecho han sido poco estudiadas, el Relator Especial para el Derecho humano a la alimentación, Olivier De Schutter, plantea que el cambio de sistemas de cultivos diversificados a sistemas simplificados centrados en los cereales ha contribuido a la malnutrición por falta de micronutrientes[7].

En nuestro país, la producción de alimentos está cada vez más ligada a los vaivenes del panorama internacional, convirtiéndose lo apuntado hasta ahora en el paraguas de la realidad agrícola nacional. No es de extrañar entonces que los precios locales de alimentos estén ligados a los precios internacionales, que la inversión sea en extremo reducida y que sea la agroindustria la protagonista de este escenario, temas que exponemos a continuación.

La conexión entre los precios internacionales de alimentos y los precios locales

Siendo un país con per cápita de 1687$ de los cuales el 67% se va a la compra de alimentos, y viendo que la tendencia es motivar el tipo de producción agroindustrial y empresarial, el estado difícilmente va a poder controlar los precios a nivel interno, dado a que los precios son impuestos de modo externo tal como explicamos párrafos arriba. Por ejemplo, las bolsas de valores de Rosario y Chicago definen precios de intercambio de commodities agrícolas en el contexto local, indicador que puede detonar en un serio limitante a las posibilidades nacionales de fijar precios locales en un futuro cercano. Esto sumado a la alta volatilidad de los precios de alimentos en recientes años –debido principalmente a factores especulativos acompañados del cambio climático, el alto precio del barril de petróleo, la producción de biocombustibles y la creciente demanda estructural de la India y la China, donde se ha aumentado considerablemente el consumo de carnes– conllevan serios problemas para la seguridad alimentaria nacional.

A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado nacional boliviano para controlar las tendencias globales de los precios, los gráficos 1, 2 y 3 reflejan curvas de precios similares a la crisis mundial de precios del 2008 y la actual.

Sobre la inversión en la agricultura a nivel nacional

Está demostrado que invertir en la agricultura es una de las formas más eficaces de generar crecimiento económico, más aún si el aumento favorece los ingresos de los pequeños productores estimulando la demanda de bienes y servicios de vendedores y proveedores de servicios locales[8]; lastimosamente en Bolivia la inversión de este sector no ha estado priorizado desde hace varias décadas.

En los últimos años las distintas políticas públicas vinculadas al sector agropecuario y al desarrollo económico y social del área rural, han tenido una modesta participación en la provisión de infraestructura, financiamiento, investigación, servicios técnicos y comercialización especialmente para las comunidades campesinas e indígenas.

No obstante que el año 2009 se llegó a un monto histórico de inversión planificada de 1,439 millones de dólares, la programación de la inversión para el sector no ha sufrido significativas variaciones, apenas llegando al 9% el 2009, un punto encima del promedio histórico[9]. Se prevé que este año sólo el 8% de la inversión pública se destinará al sector agropecuario[10].

Si tomamos en consideración los aportes al sector de manera disgregada, observamos que el 61% está dirigido a caminos vecinales, el 11% a actividades integrales y de desarrollo y el 12% del gasto total de sector están orientados a investigación, extensión y fomento. Además, los gastos destinados a las actividades de investigación, extensión, fomento y desarrollo agropecuario, tienen una participación sobre el gasto público total que no sobrepasa el 2,6%. Ello representa un notable déficit ya que Bolivia no cuenta con un sistema estructurado de investigación y asistencia técnica.[11]

Dadas estas características, casi de forma paralela, sectores agrícolas empresariales con fuertes lazos a intereses internacionales –por ejemplo Archer Daniels Midland (ADM) en sociedad con SAO- van cooptando la cadena productiva, imponiendo una lógica/tecnología/metodología de producción especializada de consecuencias negativas diversas y con perspectivas de expansión del modelo agroexportador a zonas ambientalmente vulnerables como la Chiquitania.

Esto se evidencia en las superficies agrícolas cultivadas; por ejemplo, aquellas con mayores rangos de crecimiento son las de cultivos industriales (soya 30,2% y girasol 10,5% de 2005/2006 al 2008/2009, INE), mientras que otras como los cereales, tubérculos andinos y frutos no superan el 10%. Esta situación refleja claramente el patrón de crecimiento económico que favorece a las actividades primario exportadoras y relegan, aún más, a la agricultura campesina; también refleja que lo que se está apostando por la especialización productiva a pesar que es ampliamente rebatida[12] por la vulnerabilidad económica que representa para los productores, especialmente pequeños.

Si a este patrón de crecimiento de cultivos industriales le sumamos el hecho de que las unidades productivas campesinas e indígenas se ubican en su gran mayoría en la zona occidental del país –según datos de Ormachea, 225,000 mil unidades se ubican en la región altiplánica, 164,000 mil en los valles y 57,000 mil en los llanos[13]–, encontramos entonces que, por un lado, la zona favorecida es la oriental del país y, por otro, la gran mayoría de las unidades productivas campesinas indígenas no tienen las suficientes condiciones para desenvolver su actividad económica, acceso a recursos naturales (agua y tierra) y van perdiendo sus mercados.

Asimismo, tenemos, de acuerdo a la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), que el sector agropecuario aglomera el 42% de la Población Económicamente Activa (PEA)[14], siendo este el rubro el que mayor concentración de PEA contiene en el país. Es alarmante entonces que siendo el sector agrícola el que mayor población económicamente activa concentra y que el sector campesino indígena representa la mayoría de esta PEA, sea el más abandonado. A través de este último dato encontramos que la importancia de la agricultura campesina en Bolivia no radica únicamente en términos de seguridad alimentaria, sino que recae directamente en términos de pobreza en el país. Más aún si tomamos en cuenta que las unidades productivas familiares campesinas indígenas no solamente producen alimentos para el mercado, sino que producen para su autoconsumo, por lo que la pérdida de su actividad económica les quita tanto su herramienta para generar dinero en el mercado, como su capacidad de ser autosuficientes en su alimentación, engordando la población dependiente de productos alimenticios industriales y erosionando las condiciones de seguridad y soberanía alimentaria del país en su conjunto.

Lastimosamente esta tendencia se caracteriza por un crecimiento sostenido. Hacia el 2000 la agricultura campesina aportaba (como oferta de alimentos para el consumo interno) sólo el 38,8%. La agricultura empresarial y semiempresarial aportaban con el 44,6% y los importadores con el 18,6%. En la década de los setenta, se estimaba un aporte de la agricultura campesina hasta en un 75%. Estudios recientes muestran que en el año agrícola 2005/2006 la producción campesina concentraba el 25% del total producido, la producción campesina en el periodo 2008/2009 representaba ya solo el 21,6%[15], mostrando con claridad que la producción de los llanos se torna rápidamente en la región más importante de producción agrícola.

Otros estudios actualizados sitúan a la producción campesina como proveedor de menos del 20% de la producción de los alimentos a nivel nacional.[16]

Esta tendencia va de la mano de una nueva dieta alimenticia nacional que promueve, con mayor énfasis, productos derivados de la agroindustria, por ejemplo, mayor consumo cárnico, azúcar y aceite (componentes centrales de la nueva “dieta boliviana”)[17]. Datos recabados los años 2004 a 2005 muestran las nuevas tendencias alimenticias en los hábitos de consumo en cuatro rubros: 20,4% en pan y cereales, 20,2% en carne, un 12,3% en legumbres y un 25% del gasto total en consumo de alimentos fuera del hogar, tendencias que responden a procesos de urbanización[18].

Consecuencia de esta tendencia ascendente de la agroindustria, tenemos que más del 80% de la producción está en manos de los medianos y grandes productores de Santa Cruz y, en muchos de los casos, en sociedad con la agroindustria. Tomando en consideración lo recabado por Miguel Ángel Crespo (PROBIOMA), Santa Cruz aporta con los siguientes alimentos al país: 62% del arroz producido a nivel nacional; 43% del trigo producido a nivel nacional;40% del maíz producido a nivel nacional; 100% de la soya producida a nivel nacional; (datos 2008);30 a 32% de las hortalizas producidas a nivel nacional; 40% de la papa producida a nivel nacional (que consisten en tres tipos de papa holandesa introducidas)[19].

Observando esta tendencia podemos indicar que con cuatro cultivos importantes (arroz, trigo, maíz y soya), Santa Cruz se convierte en el departamento más importante para hablar de seguridad alimentaria dentro de las nuevas tendencias alimenticias.[20] Al mismo tiempo, este hecho demuestra que la que la agricultura tradicional se encuentra en tierras deprimidas donde se han producido procesos de erosión importantes de los recursos productivos, ocasionando que la agricultura ingrese a una crisis de productividad, aspectos que han provocado desplazamientos migratorios hacia áreas urbanas.

La agroindustria: un modelo productivo que debe ser regulado

Según datos del INE, contrariamente a lo que generalmente se supone, Bolivia no se caracteriza por tener grandes extensiones de tierras aptas para la agricultura. Los suelos arables tipo I y II, sin restricciones, ascienden a 16,840 km2 (1.5% del total de la superficie del país), y los suelos con restricciones tipo III y IV abarcan 286,780 km2 (26,1% de la superficie total) y mayoritariamente se encuentran en el departamento de Santa Cruz. Nos encontramos antes serios limitantes que deben ser considerados al momento de propuestas normativas y las capacidades institucionales para empoderar al sistema agropecuario de manera coherente[21].

La poca superficie nacional para producción arable sin restricciones, y la poca o nula implementación o planificación de producción agrícola acorde con los Planes de Uso de Suelo (PLUS), explican que la agroindustria, la pequeña y gran producción en Santa Cruz, es insostenible desde el punto de vista ambiental ya que el modelo productivo ha llevado a un proceso de desertificación en más de 300,000 hectáreas en ese departamento[22].

Proyecciones del Banco Mundial estiman que el impacto del cambio climático a los rendimientos agrícolas en el mediano a largo plazo para Bolivia será desastroso. Se espera que rendimientos agrícolas para el 2050 bajarán en un 20%[23] y para el 2080 en un 15% a 50% -PNUMA 2010-, debido a la alta vulnerabilidad del aparato productivo nacional al Cambio Climático.

Estos datos demuestran la importancia de tomar en cuenta proyectos de adaptabilidad climática para generar las condiciones necesarias para la producción agrícola. Vale decir que sin adaptabilidad climática no es posible considerar el relanzamiento de la producción agrícola especialmente en el valle y altiplano boliviano que tienden a tener una mayor concentración de microclimas donde no existen estudios sobre las repercusiones del cambio climático, siendo este, además, un efecto adicional a la desglaciación que ya afecta al aprovisionamiento de agua durante todo el año y, por ende, las condiciones productivas. No olvidemos que el acceso al agua es un serio limitante para cualquier emprendimiento futuro y peor aún si no existen estudios y proyecciones consistentes que consideren el fenómeno del cambio climático. Se estima que para el 2030, los agricultores necesitarán al menos 45% más de agua, caso improbable de cumplir ya que las ciudades en países emergentes están creciendo exponencialmente. De hecho en áreas urbanas ya se ubica más de la mitad de la población mundial, una cifra que llegará al 70% para el 2050. Es un hecho que en caso de surgir un conflicto por agua entre un centro urbano y agricultores, el abastecimiento de agua va a favorecer al primero[24].

A esto debemos acotar que la producción agrícola por irrigación sufrirá desproporcionales daños por los efectos del cambio climático y porque los hábitos alimentarios están transformándose rápidamente; se estima que el consumo de carne aumentará de 37,4 kg/persona/año el 2000 a más de 52kg/persona/año en 2050[25]. Arjen Hoekstra, de la Universidad de Twente indica que por 1 kg de carne se necesitan 16,000 litros de agua. Hacienda que a mayor demanda cárnica mayores serán los incidentes por el acceso al agua.[26]

Esto y declaraciones de expandir la frontera agrícola a 5 millones de hectáreas en el corto plazo y 10 millones en el largo plazo son sumamente preocupantes, en términos de cambio climático, pues Bolivia, asumiendo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de UNFCCC, tiene la responsabilidad de evitar su tasa de deforestación que oscila entre las 300 mil hectáreas año (ABT). Además, y a pesar que la sociedad boliviana es una de las que menor emisiones aporta –85 mega toneladas, comparadas a las 7 giga toneladas de EE.UU.–, debemos tomar en cuenta que el World Resources Institute nos sitúa en 22 toneladas per cápita considerando el cambio de uso de suelo y deforestación. Sin tomar en cuenta estas variables, sería 6,9 toneladas según WRI, significando que el cambio de uso de suelo y deforestación triplica nuestras emisiones[27].

A pesar de las consecuencias de la deforestación, se está dando un acelerado proceso en el área oriental del país (Ejm. Chiquitanía, Norte Integrado) en procura de ampliar la frontera agroindustrial (caña de azúcar-soya). De las 300 mil hectáreas que se deforestan al año, más del 80% se encuentra en el departamento de Santa Cruz. Ahora, del total nacional de deforestación, 50% (139,599 Has) corresponde a cultivos de soya y del total de deforestación en Santa Cruz, 65% corresponde a los mismos[28].

Otra práctica agrícola que conlleva el desplazamiento de pequeños productores campesinos indígenas y la desertificación de suelos, esta vez referida a recursos genéticos nativos, es la mayor demanda de variedades de papas “holandesas”, destinadas a la producción de alimentos “chatarra” en todo el país, principalmente producidas en el departamento de Santa Cruz. En los últimos años ha desaparecido más de 40 variedades nativas “harinosas” destinadas al consumo doméstico principalmente por tres subtipos de “comerciales/holandesas” (no nativas) introducidas (siendo Bolivia y Perú, países de origen de la Papa).[29]

Vemos con todo esto que la orientación del consumo y la producción son dos facetas íntegramente relacionadas que deben ser abordadas desde políticas nacionales.

Conclusión

El diagnóstico que acabamos de exponer revela que nuestro país no está pudiendo escapar a las tendencias de producción, distribución y consumo de alimentos dominada por cada vez menos megaempresas que no tienen en realidad la intención de alimentar a la población, sino que pretenden dominarlas a través del estómago, decidiendo qué se come, a qué precio, cuánto y quién come. Los procesos de homogeneización de la industria alimenticia permiten anular las diversas posibilidades biológicas del ser humano a garantizar su autodeterminación en salud y, por ende, a renovar su identidad. Los procesos de producción agrícola tradicionales conllevan aspectos culturales y naturales que nutren tanto la proliferación de diversidad agrícola como diversidad de identidad del ser humano. No olvidemos que somos lo que comemos.

De este modo, posibilitar la mayor inserción de los métodos de producción agroindustrial a nuestro aparato productivo alimentario para ahondar la lógica de exportación y homogeneización (monocultivo) es ser cómplices de un modelo alimentario global regido por pillos que permiten que millones duerman con hambre, millones luchen por llenar el estómago con alimentos programados perdiendo entonces tiempo y energía para pensar en su identidad alimentaria y general, y algunos logren todavía evitar, por un tiempo más, que el modelo agroexportador no erosione sus posibilidades de auto producir con otro paradigma. Creemos que en este último caso se encuentra nuestro país, pues atraviesa un momento propicio para la incidencia en la formulación de políticas públicas de producción, distribución y consumo alimentario renovado, que tomen de las experiencias negativas de países cercanos, entendiendo que existe un contexto internacional dominado por el cabildeo de empresas inescrupulosas ávidas por tener las riendas de quien se alimenta y a cuánto. Este panorama no puede ser replicado en nuestro país.

 

 

[1] The Economist. “How much is enough?” Febrero 24 2011: En 1996 FAO estimó que se producía alimentación más que necesaria para poder otorgar 2,700 calorías diarias a cada hombre, mujer y niño por día. Excediendo con creses las 2,100 calorías diarias recomendadas.

[2] FAO, El estado de la alimentación y agricultura 2010-2011.

[3] De Schutter, Olivier. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. 20 de diciembre de 2010. “La asequibilidad económica implica que los alimentos puedan obtenerse sin que por ello se comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas, como los gastos en educación, atención médica o vivienda”.

[4] FAO. Índice de Alimentos, 3 de Marzo de 2011.

[5] En enero de 2011 MONSANTO anuncio la adquisición del 64% de la empresa MOSAIC, una de las empresas de venta de roca fosfórica más grandes del mundo (ETC, 2011).

[6] FAO, centro de medios: 17/03/2011. Ver aquí.

[7] De Schutter. Óp. Cít.

[8] De Schutter. Óp. Cít.

[9] Pérez y Medeiros, José Antonio y Gustavo Ignacio. La inversión pública en la agricultura: El caso de Bolivia. La Paz, Enero de 2011.

[10] Fundación Jubileo. Documento de Análisis: Presupuesto general del estado 2011. La Paz. Febrero 2011.

[11] Ibíd.

[12] CEPAL/FAO/IICA. Boletín: Volatilidad de precios en los mercados agrícolas (2000-2010), implicaciones para América Latina y opciones políticas. Número 1/2011

[13] Ormachea Saavedra, Enrique. CEDLA. Soberanía y Seguridad Alimentaria en Bolivia: Políticas y estado de la situación. La Paz 2009

[14] Según Perez/Medeiros (2011) representa el 42% de la PEA y para FAO (2010-2011) el 41%.

[15] Ormachea, Óp. cit.

[16] Crespo, Miguel Ángel. PROBIOMA. El mito de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia. 6 de Julio 2010.

[17] Ormachea, Óp. cit.

[18] Encuesta Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2004.

[19] Datos proporcionados por Miguel Ángel Crespo en Marzo de 2011.

[20] Crespo, Miguel Ángel. PROBIOMA. El mito de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia. 6 de Julio 2010.

[21] Ormachea, Op. cit.

[22] Crespo, Op cit.

[23] Banco Mundial. World Development Report 2010: Development and change. 2010

[24] The Economist. “No easy fix”. London. Febrero 26, 2011. Vol. 398, Iss 8722; pg; 9.

[25] De Schutter. Óp. Cít.

[26] Ibíd.

[27] Entrevista a Gonzalo Lora. Ingeniero Ambiental, especialista en cambio climático. La Paz. Marzo, 2011.

[28] PROBIOMA. El pequeño productor en el “cluster” de la soya: Caso Cruceño. Santa Cruz, 2010.

[29] Crespo, Óp. cit.

 

Publicado en Biodiversidad en América Latina y el Caribe

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