Reclaman derecho a la nacionalidad de miles de dominicanos-haitianos

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Escrito por: RADHAMÉS GONZÁLEZ (r.gonzalez@hoy.com.do)

El Movimiento “Por un Registro Civil Libre de Discriminación”, reclamó este jueves “el reconocimiento definitivo del derecho a la nacionalidad y reparación por los daños causados” a miles de dominicanos-haitianos  que vieron paralizada su vida civil desde el año 2007.

Dicho  movimiento deploró que desde que se instituyó la resolución 12/07, hace cuatro años, miles de haitianos nacidos en el país, han hecho lo indecible para que se les dote de actas de nacimiento con las cuales puedan acceder a la expedición de cédula de identidad, pasaportes y otros actos de la vida civil.

   El movimiento pidió a la Junta Central Electoral (JCE) instruir a las oficialias del Estado Civil, impartir instrucciones para que se expidan actas de nacimiento a hijos de haitianos nacidos en el país.

 El reclamo fue hecho en conferencia de prensa realizada en el Centro Bonó, en un documento dado a conocer en conferencia de prensa y que fue leido por Yaira Portes y Carlixto Luis.

Dijeron que la aplicación de la resolución 32/11  “depende de la discrecionalidad  de los funcionarios”, que según denunciaron, “ continúan negando actas, exigiendo requisitos adicionales para su entrega y utilizando métodos dilatorios  para entregarlas”.

 “Hemos comprobado denuncias de estas prácticas en Hato Mayor y Yamasá de la provincia de monte Plata; en Villa Altagracia, Mata Mamón en Santo Domingo Norte; en la Circunscripción número 1 de San Pedro de Macorís y Pimentel, provincia de  San Francisco de Macorís”, denunciaron.

Hoy Digital
REPÚBLICA DOMINICANA
Gobierno responde a CIDH sobre discriminación a haitianos

27/10/2011

Autoridades niegan documentos de identidad a personas de origen haitiano nacidas en territorio dominicano.

El gobierno dominicano respondió el 24 de octubre a una acusación presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarse a entregar documentos de identidad a personas dominicanas de ascendencia haitiana.

Una serie de organizaciones no gubernamentales, incluyendo el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Red de Encuentro Dominico-Haitiano (REDHJV) y el Movimiento de Mujeres Dominicanas (MUDHA), presentaron ante la CIDH una acusación contra el gobierno por una resolución promulgada en el 2007 que establece que no tienen derecho a la nacionalidad dominicana los hijos de personas extranjeras no residentes o en situación irregular.

En la audiencia realizada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, EEUU, el representante dominicano Roberto Saladín afirmó que “no existe una política de Estado discriminatoria contra personas que se encuentren en su territorio” y que su país se encuentra inmerso “en un proyecto para modernizar y depurar las irregularidades de su sistema de registro civil”.

De acuerdo con los demandantes, la Junta Central Electoral (JCE), encargada de otorgar los documentos de identidad, citando la resolución 12-07, se ha negado a entregar actas de nacimiento a personas de origen haitiano nacidas en República Dominicana, lo cual constituye “genocidio civil”. La CIDH tiene en sus manos 457 casos debidamente documentados, aunque el Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes calcula en alrededor de 1,600 las personas de origen haitiano a quienes se les ha negado la nacionalidad dominicana.

Esta situación no es nueva. En el 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado dominicano el pago de una indemnización a favor de las niñas Dilcia Jean y Violeta Bourciquot, hijas de padres haitianos, a quienes en 1997 se les negó sus partidas de nacimiento.

Otra de las víctimas de esta política es la reconocida activista Sonia Pierre, directora del MUDHA, hija de inmigrantes haitianos nacida en 1963 en República Dominicana. En el 2007, la JCE solicitó a las autoridades judiciales la anulación del acta de nacimiento de Pierre alegando “irregularidad en la emisión del documento”.

Pierre es, además, objeto de una permanente campaña de descrédito en República Dominicana por su posición en defensa de los derechos de las personas dominico-haitianas, la cual recrudeció a raíz de la presentación de la acusación ante la CIDH. Incluso el cardenal Nicolás López Rodríguez declaró a la prensa que Pierre “nunca se ha caracterizado como amiga de República Dominicana” y que sus constantes denuncias sobre los maltratos a la población haitiana en República Dominicana “carecen de seriedad”.

En un intento por sensibilizar a la ciudadanía dominicana sobre esta situación, el Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación, que aglutina a 18 organizaciones de la sociedad civil, lanzó recientemente la campaña “Reconocido” dirigida a defender el derecho a la ciudadanía de cualquier persona nacida en territorio dominicano.

“Son miles los que al serle negado el documento fundamental quedan impedidos de sacar la cédula de identidad y electoral y el pasaporte, de casarse o divorciarse, de matricularse en escuelas y universidades, y de optar por becas y empleos formales”, señalan los organizadores de la campaña. “Tampoco pueden declarar a sus hijos, lo que les traspasa a éstos su condición de muertos civiles”.

 —Noticias Aliadas.

 

 

24 Octubre 2011,

Denuncian RD comete "genocidio civil" contra descendientes de haitianos

Organizaciones defienden derechos de haitianos hicieron la denuncia ante el CIDH

WASHINGTON.-- Dominicanos de origen haitiano denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno está cometiendo un "genocidio civil" al negarles la nacionalidad aplicando, con carácter retroactivo, nuevas leyes migratorias, algo que las autoridades dominicanas negaron.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y el Movimiento por un Registro Civil sin Discriminación denunciaron que la situación afecta a más de 1.500 dominicanos de origen haitiano.

Durante el 143 periodo de sesiones de la CIDH, Francisco Quintana, miembro de CEJIL, denunció el "impacto desproporcionado" en el día a día de la aplicación de la ley migratoria 2004, que modificó los criterios para obtener la nacionalidad dominicana, además de la Resolución 012 de la Junta Central Electoral de 2007 y la Circular 17.

En virtud de esta ley, los niños nacidos de padres no residentes no tienen derecho al reconocimiento de la nacionalidad, algo que según Quintana, ha sido interpretado de manera "muy amplia" y "se ha llegado al extremo de declarar como fraude el hecho de haber sido registrados por padres extranjeros" antes de que entrara en vigor.

En 2010 la nueva Constitución modificó, además, el derecho a la nacionalidad, estableciendo que los niños nacidos de padres no residentes no tienen derecho al reconocimiento de la nacionalidad, lo que también se está aplicando con retroactividad.

Los demandantes defendieron que el estatus migratorio no se puede transmitir a los hijos y denunciaron que la mayoría de afectados a los que se niega su cédula, su acta de nacimiento o una copia de esta son jóvenes, en gran parte mujeres, de entre 18 y 24 años.

Argumentos Gobierno dominicano

La República Dominicana se encuentra inmersa en un proyecto para modernizar y depurar las irregularidades de su sistema de registro civil, según indicó el representante permanente de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Saladin Selin, en el que no hay ninguna intención discriminatoria.

El proceso de depuración no responde "de ninguna manera" a una política de desnacionalización, dijo, "sino de contar con un sistema depurado, transparente, libre de irregularidades y fiable".

En el contenido de la Resolución, dijo, no se hace referencia a criterios de índole racial para suspender el acta civil, "sólo establece un procedimiento para suspender provisionalmente actas viciadas o instrumentadas de manera irregular" y subrayó que "no es posible concluir que exista una política de estado para revocar la nacionalidad de miles de dominicanos" de origen haitiano.

Como ejemplo señaló que entre los afectados también hay "deportistas talentosos" que adulteraron su partida de nacimiento para entrar como menores de edad a las ligas de adultos.

Dina Adámes, directora del Servicio Jesuita a Refugiados Migrantes (SJRM), señaló que según un estudio elaborado por su organización, el "impacto cuantitativo" de negación de documentos afecta a 1.584 casos de actas de nacimiento, que se emitieron según las leyes vigentes cuando fueron expedidas y que podrían ser revocadas.

Pero podrían ser más, ya que "hay miles de personas que no han sido contadas y otras que no saben que cuando vayan a solicitar el acta (de nacimiento) se les va a negar".

Adámes lamentó que la mayoría de los afectados tienen hijos y no pueden inscribir a sus hijos, tampoco pueden pedir documentos para continuar sus estudios universitarios y es "un freno para otros derechos" porque "también se les niega células de identidad lo que limita acceso a la ciudadanía".

En este sentido, denunció la "voluntad política de mantener a este grupo poblacional sin documentación" algo que calificó de "genocidio civil retroactivo" que "ha truncado la vida de miles de personas obligándolas a vivir desnacionalizadas.

Hay personas que esperan de 3 a 5 años" a que se aclare su caso, que además reciben un trato "ofensivo" y "discriminatorio".

"Esta injusticia se torna insoportable, por eso estamos aquí", enfatizó. Los demandantes pidieron que representantes de la CIDH visiten el país, que solicite a la República Dominicana la anulación de la Resolución 012, la de la aplicación retroactiva de la Constitución de 2010 y el establecimiento "claro" de garantías de los derechos de los dominicanos.

Saladín, por su parte, rechazó por "improcedente" la denuncia por la "inexistencia de argumentos de una supuesta desnaturalización de dominicanos", pero mostró la disposición del estado dominicano en "continuar avanzando en resolución de estos temas."

Además, reiteró en nombre de la Junta Central Electoral (JCE), la invitación al comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator para los casos de República Dominicana, para que visite el país a fin de "conocer en el terreno, avances en la materia de registro civil".
DiarioLibre.com

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