Torturas y racismo: las eternas cuentas pendientes de España

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

La tortura ejercida por funcionarios públicos, la suspensión del Juez Baltasar Garzón y las 'redadas invisibles' contra los inmigrantes indocumentados, entre las principales violaciones de derechos humanos cometidas en España según el Informe anual de Amnistía Internacional.

Aquellos temas que hemos seguido en periodismohumano con más detenimiento, podéis ver las noticias publicadas pinchando sobre la imagen.

     

    Amnistía Internacional ha publicado su Informe Anual sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo. En el caso español, las torturas y los malos tratos inflingidos por funcionarios “encargados de hacer cumplir la ley”, como subraya el documento, vuelve a ser una de las denuncias que desde hace años la ONG denuncia internacionalmente. La suspensión del juez Baltasar Garzón, las ‘redadas invisibles’ en busca de inmigrantes indocumentados, la falta de interés por implantar medidas para identificar y tratar convenientemente a las víctimas de trata y el régimen de incomunicación para los acusados de pertenecencia a grupos terroristas son las violaciones más graves, y reiteradas, de los derechos humanos en España, según la ONG internacional.

    Torturas y malos tratos. Amnistía Internacional presenta varios denuncias que no fueron investigadas y juzgadas satisfactoriamente:

    • La celebración del juicio de los dos agentes de policía acusados de matar al nigeriano Osamuyia Akpitaye por asfixia durante su expulsión de España en junio de 2007 estaba prevista el 16 y 17 de marzo de 2011. Aún no se ha celebrado.
    • Mohammed Fahsi, detenido en enero de 2006 por la Guardia Civil, denunció haber sufrido torturas “durante su reclusión en régimen de incomunicación”. El Juzgado de Instrucción núm. 23 de Madrid aceptó examinar las acusaciones pero en abril ya había cerrado la investigación, después de que la Fiscalía y el Juez Instructor la hubieran desestimado anteriormente. Fahsi pasó cuatro años en prisión preventiva, fue condenado a siete años de prisión por pertenencia a una organización terrorista. Recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo y estaba en libertad en espera del resultado a finales de 2010.

    • Las denuncia de María Mercedes Alcocer,  por torturas, lesiones y amenazas graves sufridas a manos de miembros de la Guardia Civil estando recluida en régimen de incomunicación. El informe pericial recogía la presencia de hematomas y señales de patas y golpes, pero el Juzgado afirmó que en ninguno de los documentos periciales aparecían señales externas de violencia y que “la única finalidad de la denuncia era identificar a los miembros de la Guardia Civil”. También recoge el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola, declarados culpables de pertenecer a ETA, cuyas denuncias de torturas fueron desestimadas por falta de pruebas.
    • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que España violó la prohibición de la tortura y otros malos tratos: las autoridades no habían investigado las denuncias de tortura formuladas por Mikel San Argimiro Isasa por el trato recibido durante cinco días que había estado detenido en régimen de incomunicación en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid en mayo de 2002.
    • España desoyó la petición del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que no extraditara a Marruecos a Ali Aarras, acusado de delito de terrorismo, hasta que no hicieran pública su decisión sobre el caso. El organismo pretendía evitar que Aarras pudiera sufrir torturas, malos tratos, un juicio injusto, entre otras irregularidades procesales, en Marruecos donde no son excepcionales.

    Racismo y discriminación. “Las autoridades no tomaron medidas para combatir la discriminación de ciudadanos extranjeros y apoyar la libertad de expresión y religión”

    Redada policial en Madrid (Edu León / AP)

    • Las ‘redadas invisibles’. La circular de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la que se autorizaba a la detención preventiva de los ciudadanos extranjeros que no presentaran documentos de identidad al pedírselos en un control. Sindicatos policiales preocupados por que la medida pudiera dar lugar a detenciones ilegales solicitaron la retirada inmediata de la circular.

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    • Amnistía Intenacional también recuerda que el gobierno apoyó las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Examen Periódico Universal de recopilar y publicar datos estadísticos sobre delitos cometidos por motivos raciales y elaborar un plan nacional de acción contra el racismo y la xenofobia, también recogido en el Plan de Derechos Humanos de 2008. Sin embargo, no se han tomado medidas en este sentido.
    • La disposición para prohibir el velo integral en edificios municipales aprobada por varios municipios, así como la moción del Senado que insta al gobierno a prohibirlo hace temer a AI que “una prohibición tan general violara el derecho a la libertad de expresión y a la libertad religiosa de las mujeres que decidieran llevar este velo como expresión de su identidad o de sus creencias”.

    Migrantes y Refugiados: “El gobierno rechazó la recomendación de firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos de los Migrantes”
    Amnistía Internacional recuerda, según cifras del Ministerio de Interior, que en 2010 “3.632 migrantes irregulares llegaron a las costas españolas en 2010″, un 50% menos que el año anterior. AI explica este descenso por las políticas de interceptación de migrantes y solicitantes de asilo en el mar y los acuerdos de readmisión firmados con los países de origen y de tránsito.

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    Trata de personas: “No siempre se respeta el derecho a un periodo de recuperción y reflexión de los inmigrantes indocumentados que pudieran haber sido víctimas de trata”
    El gobierno ha reformado la definición de trata de personas contenida en el Código Penal para adecuarla al Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Pero, según Amnistía Internacional y especialistas en trata, “todavía no se han dado instrucciones a las autoridades correspondientes sobre cómo identificar a las victimas de trata”.

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    El caso Garzón: “Las leyes de amnistía y las normas sobre prescripción de los delitos eran incompatibles con el derecho internacional (…), y el Comité de Derechos Humanos de la ONU había pedido a España en 2008 que considerase la derogación de la Ley de Amnistía de 1977″.

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    Seguridad y medidas antiterroristas

    Amnistía Internacional vuelve a denunciar la práctica del régimen de incomunicación(pdf) a personas sospechosas de actividades terroristas, que la ONU recomienda a España abolir cada año. Esta forma de detención permite permanecer bajo custodia hasta 13 días, y en ese tiempo no podían designar a un representante letrado de su elección ni consultar con su abogado de oficio de manera confidencial; tampoco tenían acceso a un médico de su elección ni podían comunicar su paradero a su familia.

    Derechos de la infancia:“Persisten las denuncias sobre castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de medicamentos y asistencia médica insuficiente en centros para menores de edad con problemas sociales o de conducta”

    Justicia Internacional “la Audiencia Nacional archivó sendas investigaciones sobre delitos cometidos en Myanmar y en Tíbet. En ambos casos, la decisión se adoptó en aplicación de la limitación de la jurisdicción universal introducida en octubre de 2009 mediante una reforma de la Ley del Poder Judicial”

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     La próxima semana informaremos sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo, según el informe anual de Amnistían Internacional.
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