Uruguay: 14 de abril de 1972

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Del Archivo:

varios artículos sobre el 14 de abril de 1972

11/06/08

Fuerzas Conjuntas y Tupamaros el 14 de abril de 1972

El peor día de la guerra sucia

48732242ga6.png Operativo. Policías y militares del Batallón Florida rodean la manzana donde vivía el matrimonio Martirena.

"Vamos ocho a cuatro y ganamos nosotros". David Cámpora escuchó con resignación el irónico parte del día anterior de la boca de un soldado.

Estaba tirado en una cama del Hospital Militar después del momento más duro de la guerra sucia. En ocho horas habían muerto 12 personas, ocho del lado guerrillero, cuatro del otro bando. Hubo también seis detenidos y siete heridos.

Cámpora era jefe financiero de los tupamaros. Estaba libre desde el escape masivo de Punta Carretas en 1971. En los últimos meses, el MLN había concentrado en atacar los escuadrones de la muerte. El secuestro del fotógrafo policial Néstor Bardesio les permitió conformar una lista de sus cuadros. Bardesio delató a Armando Acosta y Lara, Oscar Delega, Hugo Campos Hermida, Ernesto Motto y Víctor Castiglioni. Los cinco serían ejecutados en tres días consecutivos de abril.

Desde febrero, David Cámpora y Eleuterio Fernández Huidobro vivían en un escondite (berretín, en la jerga tupamara) armado en el hogar del matrimonio Martirena-Giménez en Amazonas 1440.

El 14 de abril la estadía clandestina iba a terminar de manera abrupta. A las 13:55 oyeron por la radio de alta frecuencia que la Policía andaba cerca. Afuera había dos camiones del Batallón Florida con 40 soldados al mando del capitán Carlos Calcagno y policías liderados por el comisario Hugo Campos Hermida. Un helicóptero interrumpió la tranquilidad de Malvín.

Cinco minutos después, llovió fuego de artillería durante varios minutos. Las balas atravesaron la pared de la finca y dieron en el berretín armado por Cámpora y Huidobro, situado entre el cielorraso y el techo de la casa. Un impacto dio en el cuello de "El Ñato" Huidobro. El dueño de casa gritó: "no estamos armados, no disparen". El escribano Luis Martirena militaba en el sector legal del Movimiento de Liberación Nacional.

Pocos segundos más tarde se escuchó otra ráfaga y el quejido mortal de Martirena en el primer piso. Su esposa había caído en el comedor. Las Fuerzas Conjuntas entraron a la casa y la vaciaron como si fuera una mudanza. Un rato después, llegó el juez en lo criminal Daniel Echeverría. Pidió para hacer una inspección ocular.

Por pura casualidad, el comisario Bergeret encontró en el placar del baño la entrada al berretín. Tanteando el techo pudo levantar con facilidad una tapa de 70 kilos que Cámpora olvidó trancar por socorrer a Fernández Huidobro.

Pensaron que les había llegado su hora. "Yo trataba de no moverme, pero temía que el ruido de las tripas me delatara", dice Cámpora, 35 años después.

La Policía no sabía aún el tesoro que había encontrado. Fernández Huidobro sí se dio cuenta del peligro que estaba corriendo. Dio la orden a Cámpora de entregarse. Herido y con un hilo de voz, le dijo a su compañero: "gritá que somos dos y que estamos desarmados".

Cámpora no estaba convencido."Gritá, las pelotas", pensó. "A mí de acá me sacan muerto". Igual, dejó los dos chumbos en el suelo. Pensaba fugarse por el fondo, pero el estado de "El Ñato" hacía imposible el plan. Sabía que ninguno de los dos saldría con vida.

Sin la ayuda de Cámpora, Fernández Huidobro cantó rendición. Primero pidió por el juez y después por Campos Hermida. Ambos estaban allí.

Campos Hermida se vanagloriaba de ser uno de los integrantes de las Fuerzas Conjuntas que no practicaba apremios físicos. Ese día dio garantías y cumplió el deseo de alto al fuego pedido por "El Ñato", a quien conocía de otra tragedia: el asalto de Pando. En 2004, el policía confirmó la historia al semanario Brecha .

El ex tupamaro Cámpora tiene otra teoría sobre la caballerosidad del policía: "Campitos era totalmente comprable. A la hora de una futura fuga iba a ser pieza clave. Además, se sintió amenazado por la organización. Sabía que estaba en nuestra mira por integrar los escuadrones. Cuidando nuestro pellejo, cuidaba el suyo".

Sin muchas opciones, los dos capturados bajaron las escaleras. "El Ñato" le dio un fajo con 29.400 dólares al juez y le dijo: "me los pagó una periodista francesa a cambio de un reportaje".

Luego Huidobro abrazó a Cámpora. "Bueno, hermano, esta vez zafamos", le dijo y se desmayó. Tenía un gran agujero en el costado izquierdo de la garganta. Su piel estaba de color gris por la pérdida de sangre.

"El Ñato" y Cámpora zafaron. Los Martirena no pudieron. Ivette Giménez yacía en la cocina. Tenía el mentón hundido, como si se lo hubieran aplastado con un pisotón. En un corredor de la planta alta, estaba el cuerpo del escribano Martirena. Sostenía una metralleta.

El juez Echeverría dudó de la forma en que estaba colocada el arma y miró a Campos Hermida. "Eso es todo, doctor", respondió el policía. El forense Guaymirán Ríos constató el fallecimiento de Martirena.

Había un gran nerviosismo en la casa. Los policías y militares estaban todos de civil con brazaletes amarillos. Cámpora recuerda oficiales fumando marihuana y bromeando entre ellos. También recuerda los ojos oscuros de dos policías que los custodiaban. "Estaban prontos para limpiarnos", cuenta Cámpora.

El juez Echeverría recrea el clima a su manera: "los agentes parecían fuera de sí, gritaban como locos, gritaban cualquier cosa. El odio que se respiraba en esa casa podía palparse. Yo pensé que no salíamos vivos. Se estaban matando entre ellos y nosotros estábamos en el medio", asegura.

La vida no valía nada

Huidobro y Cámpora coinciden: el juez de Instrucción les salvó la vida con su sola presencia. Dice Cámpora: "Si Echeverría no hubiera estado allí, no sé si no nos pasaban por los dientes. Era relativamente fácil. Bastaba declarar: `tupas asediados iniciaron tiroteo y..`.".

El juez también piensa lo mismo: "creo que si no estábamos nosotros en el momento en que el comisario Bergeret descubrió el berretín, Huidobro y Cámpora no contaban el cuento. Los mataban ahí mismo".

El doctor Echeverría era uno de los cinco jueces de instrucción criminal de Montevideo. Los turnos de cada juzgado eran semanales. Entre los lunes 10 y 17 de abril de 1972, su juzgado (el de tercer turno) estaba a cargo de toda la justicia penal en la capital uruguaya.

No se puede decir que el tema le cayó en suerte.

"El 14 de abril de 1972 fue el peor día de mi carrera judicial", dice sin dudar. Hoy a los 80 años, retirado de la administración de justicia, dedica tiempo al estudio del cosmos y de la genética.

Aquella jornada, probablemente la más sangrienta del Uruguay del siglo XX, había amanecido bajo una garúa. Echeverría prendió la radio y se enteró que un comando sedicioso había asesinado al capitán de la Armada, Ernesto Motto, integrante de Inteligencia naval.

El marino fue ejecutado a las 9:10 de 12 balazos en la parada del ómnibus. Los disparos fueron realizados desde una pick-up blanca con cuatro hombres en la parte trasera. Era el último día de trabajo antisubversivo para Motto. Había conseguido pase como oficial un buque de guerra.

El asesinato ocurrió en plena avenida Roosevelt de Las Piedras. No caía en la jurisdicción de Echeverría.

El juez supo poco después que la tragedia había comenzado más temprano y que había caído dentro de su competencia. Mientras desayunaba, la primera llamada de alerta fue del comisario Campos Hermida.

"Esto viene bravo, doctor", le advirtió. A las 6:50 un Ford Maverick conducido por el subcomisario Delega, el agente Leites y otro policía, había sido interceptado en Bulevar y Ponce por una camioneta Chevrolet verde. Delega y Leites murieron bajo el fuego de metralleta.

Suficiente para un mismo día, pensó el juez. Pero no. A las 10:20, un francotirador tupamaro asesinó al ex subsecretario del Interior, profesor Armando Acosta y Lara, en el momento ue salía de su domicilio. Los disparos provenían de la parte trasera de la iglesia metodista de San José y Barrios Amorín, copada desde las 8 de la mañana por un comando tupamaro.

"Recuerdo un charco de sangre impresionante frente al zaguán de la casa", recuerda el juez, que hizo acto de presencia en el lugar junto al comisario Campos Hermida. Acosta y Lara cayó fulminado en el acto.

El juez volvió a su despacho. Otra llamada del comisario Campos Hermida lo llevó de recorrida. A las tres de la tarde se enteró que los enfrentamientos habían continuado. Cada agresión respondía a la anterior.

A las 12:30, vecinos de la calle Francisco Plá denunciaron la sospechosa presencia de una camioneta. Hacia allí transitaba el subcomisario Juan J. Reyes en un Ford Maverick. Pero la emboscada salió mal.

La providencial llegada de dos vehículos blindados (las famosas "chanchitas" verdes) desató un violento tiroteo en el que murieron dos tupamaros. El subcomisario Reyes resultó gravemente herido.

Buscando revancha, un equipo de Inteligencia comandado por el inspector Víctor Castiglioni irrumpió en un cantón tupamaro de la calle Pérez Gomar 4392. El dueño de casa fue capturado. Murieron su hijo de 18 años, el jefe tupamaro Jorge Candán Grajales y dos militantes más.

El juez Echeverría todavía no puede creer la cantidad de diligencias que debió desarrollar esa jornada. Para terminar aquella agenda de terror, ya entrada la noche, tuvo que actuar ante un operativo de la seccional 5° de Policía. La denuncia provenía de la sede del Partido Comunista, en Fernández Crespo y Uruguay. Habían disparado al local desde un patrullero.

"El lugar era aterrador. Un montón de gente tirada boca abajo. Los policías rodéandolos con las metralletas. Ordené el desalojo y la libertad de los detenidos", recuerda el magistrado.

A pocas cuadras del lugar, el Parlamento votaba el estado de guerra interno y la supresión de las garantías individuales. La votación parlamentaria resultó afirmativa. A partir del 15 de abril de 1972, los hechos de sedición pasaron a la órbita de la justicia militar. Por puro formalismo, Cámpora y Huidobro fueron los últimos sediciosos procesados por la justicia civil.

Aquella horrible madrugada, el senador frenteamplista Enrique Erro leyó un informe enviado por los tupamaros que intentaba explicar las ejecuciones. Un grupo de la ultraderechista Juventud Unida de Pie (JUP) se enfrentó en la barra legislativa con obreros de Alpargatas y estudiantes de la Facultad de Química.

Algunos cabos sueltos de aquel día todavía están en la mira, entre otros la muerte del matrimonio Martirena-Giménez que nunca había sido investigada.

El expediente fue archivado por la Ley de Caducidad. Pero la Suprema Corte de Justicia recibió en 2003 un escrito con la firma de 200 personas solicitando la reapertura del caso. Entre los solicitantes figuran Ana y Laura Martirena, hijas del matrimonio asesinado. La petición fue aceptada y hoy está bajo la competencia del juez penal de 10° turno, Rolando Vomero.

Fueron indagados Huidobro, Cámpora y el actual general Carlos Calcagno, cuya actuación en dictadura es objeto de otras investigaciones judiciales.

También declaró un funcionario policial que ese día vio una escena atroz: mientras un soldado robaba comida de la cocina, el inspector Castiglioni tenía el pie sobre el rostro de Ivette Giménez, le puso el revólver en la boca y disparó.

El juez Echeverría dice no haber visto a Castiglioni en la escena del crimen, pero él y su actuario llegaron una hora y media después del ataque.

Muy lejos de la causa, el ex magistrado todavía se pregunta cosas: "si no agarraban en la calle Amazonas a Huidobro y a Cámpora, ¿cómo hubieran justificado las Fuerzas Conjuntas el asesinato de los Martirena?".

Es una pregunta que se hace hoy la Justicia uruguaya. Castiglioni, Campos Hermida y muchos otros están muertos. Y ya se sabe: los muertos no declaran.

ALEJANDRO PÉREZ
Que Pasa
El país
14/04/2007

Publicadas por Memoria Viva a la/s 06:48     


Luis MartirenaIvette Gimenez de Martirena 

 


Luis Martirena e Ivette Gimenez de Martirena

Asesinados el 14 de abril de 1972

Fueron asesinados a sangre fria en su casa. A Ivette le pusieron un arma en la boca y le volaron la cabeza, a Luis lo dejaron desangrar hasta morir..

Luis era periodista internacional muy conocido. Fue director de Prensa Latina en La Habana. En Uruguay escribía para varias publicaciones, incluyendo Marcha y Cuestión y los diarios de Fassano. También escribía para publicaciones en Estados Unidos e Inglaterra.

 

31/08/08

Luis Martirena e Ivette Giménez  

En octubre de 2003 Ana y Laura Martirena Giménez presentaron denuncia penal por la muerte de sus padres a manos de efectivos policiales el 14 de abril de 1972. Las declaraciones de los testigos coinciden en señalar que ambos estaban desarmados y fueron ametrallados sin ofrecer resistencia.

A fines de 1971, la dirección del movimiento tupamaro valoró que la casa ubicada en la calle Amazonas 1440 era un lugar relativamente a salvo de sospechas policiales, y decide construir un “berretín” (un escondite) sobre el cielo raso del segundo piso. Miembros importantes del MLN pasan a realizar allí sus reuniones. En el vecindario se sabía que el dueño de casa, el escribano Luis Martirena, se desempeñaba también como periodista ocasional del semanario Marcha, pero nada más. Se trataba de una pareja joven con dos hijas, de clase media y de izquierda como tantas por aquella época en Malvín.

Sin embargo, a partir de la detención del entonces dirigente tupamaro Héctor Amodio Pérez, el 9 de febrero de 1972, y gracias a una lista de “locales” que llevaba consigo, la Policía toma conocimiento de que esa casa –y por lo menos dos más– servían al funcionamiento del MLN. Amodio no advierte a sus compañeros sobre los locales descubiertos ni siquiera cuando el 12 de abril logra fugarse por segunda vez de la cárcel de Punta Carretas y todavía se estaba a tiempo de evacuar esos lugares o suspender las acciones previstas.

La Policía no actúa de inmediato. Espera, vigila, interviene el teléfono y fotografía a quienes salen y entran de la casa a la espera del momento oportuno, que llega el 14 de abril. Ese día rodean y copan la vivienda, matan al matrimonio, encuentran casualmente el “berretín” y capturan a Eleuterio Fernández Huidobro y a David Cámpora, allí escondidos.

Las cosas comenzaron a la hora 14, cuando los ocupantes de la casa sienten dos potentes estampidos de armas de fuego, seguidos por una lluvia de disparos de fusiles M1 y ráfagas de ametralladoras punto 30. Las balas atraviesan el cielo raso y tres de ellas hieren a Fernández Huidobro, en el pie, en la pantorrilla y en el cuello. Los policías irrumpen. Cámpora escucha cuando Martirena, desde la parte superior de la escalera, intenta detenerlos gritándoles que no tiren, que están desarmados. Lo barren con una ráfaga de metralleta y lo dejan desangrar. A su esposa la asesinan de un balazo en la cabeza cuando pretende salir del garaje con las manos en alto. Cámpora y Fernández Huidobro son descubiertos, pero salvan sus vidas gracias a que el entonces juez Daniel Echevarría y un actuario se habían hecho presentes en el lugar.

La versión de la Policía es por supuesto diametralmente distinta: dice que llegaron a la casa de la calle Amazonas tras perseguir a un vehículo que allí se detuvo. Que los ocupantes del auto se parapetaron tras un muro a la entrada de la vivienda y de allí dispararon sobre los agentes, para luego ingresar a la casa. Que la pareja murió tras el “intenso tiroteo” que se produjo. Una versión muy, muy similar dio la Policía para explicar cómo habían resultado muertos, ese mismo día, otros cuatro tupamaros en una vivienda de la calle Pérez Gomar.

En sus declaraciones de los primeros días de este mes ante el juez penal de décimo turno Rolando Vomero, que entiende en la causa abierta por las hijas del matrimonio asesinado, el ex juez Echevarría manifestó que nunca se pudo comprobar la existencia en la casa de calle Amazonas de armas que justificaran la utilización por la Policía de armamento pesado, incluidas ametralladoras antiaéreas. David Cámpora, que también declaró como testigo, acusó a su vez al comisario Víctor Castiglioni de ejecutar a Ivette Giménez, y al subcomisario Hugo Campos Hermida de haber ametrallado y dejado desangrar a Martirena. Ambos policías fallecieron recientemente. Señaló igualmente al coronel retirado Carlos Calcagno, del Batallón Florida, como uno de los participantes en el operativo.

Según el abogado Walter de León, representante legal de las hijas del matrimonio asesinado, miembros de las Fuerzas Conjuntas que participaron del operativo están dispuestos a declarar. De León recordó que al tratarse de hechos sucedidos antes del 27 de junio de 1973 no están cubiertos por la ley de caducidad.

LAS VÍCTIMAS DEL ESCUADRÓN

Abel Ayala, 28 años, estudiante de medicina y agente de segunda del Servicio de Sanidad Policial, secuestrado y desaparecido el 17 de julio de 1971.
Heber Nieto, estudiante, militante de la Resistencia Obrero Estudiantil, asesinado el 24 de julio de 1971 por un francotirador armado con un rifle de mira telescópica mientras participaba en una movilización de la Escuela de la Construcción.
Manuel Ramos Filippini, secuestrado el 31 de julio de 1971. Su cadáver es encontrado entre las rocas de Pocitos junto a volantes firmados por el Comando Caza Tupamaros (CCT).
Héctor Castagnetto, estudiante, secuestrado el 17 de agosto de 1971.
El 28 de febrero de 1972 un comunicado oficial informa que “a la altura del Camino de las Tropas y camino Melilla es encontrado muerto presentando varias heridas de bala el sedicioso Íbero Gutiérrez González. Junto al cadáver la Policía encuentra un papel manuscrito con la inscripción ‘Vos también pediste perdón. Bala por bala, diente por diente. CCT’”.
Entre los atentados con bombas protagonizados por los paramilitares se destacan por su potencia los cometidos contra los domicilios de los abogados Arturo Dubra, María Esther Gilio, Alejandro Artuccio y Manuel Liberoff.

Brecha
Abril 2005


Publicadas por Memoria Viva a la/s 07:32

Cámpora responsabilizó al coronel (r) Calcagno y a los ex inspectores Castiglioni y Campos Hermida

Líder tupamaro acusó a un militar y a dos ex policías por ejecución de los Martirena

Uno de los líderes históricos del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), el contador David Cámpora, acusó ayer por el homicidio del matrimonio Martirena, cometido el 14 de abril de 1972, al ahora coronel retirado Carlos Calcagno, y a los extintos jefes policiales Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermida.

David Cámpora aseguró que la llegada de un médico forense, un actuario y un juez "le salvó la vida" a él y a Fernández Huidobro. De lo contrario, "con toda seguridad nos habrían matado", afirmó.
David Cámpora aseguró que la llegada de un médico forense, un actuario y un juez "le salvó la vida" a él y a Fernández Huidobro. De lo contrario, "con toda seguridad nos habrían matado", afirmó.

Cámpora fue citado ayer como "testigo" por el juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, quien investiga junto a la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, el asesinato de Luis Nelson Martirena Fabregat e Ivette Rina Giménez Morales, perpetrado por fuerzas militares y policiales en su domicilio de la calle Amazonas 1440.

En su declaración, el testigo, que fue detenido luego de la masacre junto a Eleuterio Fernández Huidobro, remarcó que los esposos asesinados fueron ejecutados con alevosía: estaban desarmados.

Recordó que la casa fue acribillada con poderoso armamento de guerra, más precisamente, con metralletas antiaéreas calibre .30.

Calificó además como "excelente" la decisión judicial de investigar el caso. "No sé; coincide con la etapa esperanzadora que iniciamos el 31 de octubre; tengo un gran entusiasmo", comentó a la prensa.

El abogado Walter De León, representante legal de las dos hijas del matrimonio asesinado que presentaron denuncia por el homicidio, aclaró por su parte que "hay más de veinte testigos, entre ellos miembros de las Fuerzas Conjuntas, que estuvieron en el operativo y que están dispuestos a declarar qué es lo que sucedió allí".

Indicó que los testigos son "ex policías, ex militares y algunos todavía con cargo, porque ya desde 1971 los operativos de las Fuerzas Conjuntas los hacían todas las fuerzas combinadas".

El coronel (r) Carlos Calcagno, puntualizó De León, "es uno de los que va a ser investigado", junto al ex agente de inteligencia policial Winston Silva Cordero, quien en reciente entrevista con LA REPUBLICA "cuenta todo lo que vio porque presenció el operativo. Hay otros más que están en el expediente; preferiríamos dejar trabajar al señor juez, porque ha costado tanto que estas cosas se empiecen a investigar que preferimos que los jueces, que han asumido con tanta fortaleza estas cosas, trabajen tranquilos".

Ametralladoras antiaéreas contra civiles desarmados

A su salida de la sede judicial, Cámpora brindó una conferencia de prensa en la que relató con toda minuciosidad los hechos ocurridos luego de las 14.00 horas del 14 de abril de 1972 en la casa de los Martirena, antes de ser capturado junto a Fernández Huidobro.

"En represalia por las acciones del MLN", explicó Cámpora, varios efectivos del "Departamento Nº 5 de Inteligencia policial a cargo de Hugo Campos Hermida" y del "Batallón Florida, al mando del capitán, en aquel momento, Carlos Calcagno", ahora coronel retirado, asaltaron la casa en un "operativo coordinado por el director de inteligencia policial, Víctor Castiglioni".

"Ya tenían localizada la casa como un cantón del MLN, igual que la de Pérez Gomar", indicó a continuación. Luego relató: "En forma simultánea, apenas llegaron, acribillaron con armas de guerra, ametralladoras pesadas .30. Y no se respondió el fuego porque no había armas en la casa; había dos armas cortas en el berretín donde estábamos escondidos, pero la casa estaba preparada para pasar allanamientos".

Se refería a sí mismo y a Fernández Huidobro, que estaban ocultos en un escondite montado en el ático de la casa de los Martirena. "Violentaron después la puerta, la rompieron a balazos, y entraron juntos Campos Hermida y Calcagno", afirmó David Cámpora.

"Fernández Huidobro y yo estábamos en un berretín, un escondrijo, que habíamos construido sobre el cielo raso, con un entramado de madera resistente, entre el cielo raso y el techo a dos aguas que tenía la casa; la entrada al berretín estaba en el techo de un placard en el cuarto de baño, un techito muy pequeño, muy bien disimulado, no se notaba", recordó Cámpora.

"Yo estaba arriba, no veía, yo no sé quién los mató; hay distintas versiones.

Como testigo atestiguo lo que oí, y lo que vi cuando salí: es decir, dónde estaba el cuerpo de Luis Martirena. El cadáver de Ivette el juez me pidió que no lo viese, fue el juez Echeverría que ya estaba cuando encontraron el berretín; demoraron dos horas en encontrar el berretín", dijo con ironía el veterano líder guerrillero.

"Cuando ya estaban los dos compañeros muertos, y Fernández Huidobro estaba herido, fue cuando encontraron el berretín. Y cuando encuentran el berretín, por ese motivo estoy convencido de que salvamos la vida nosotros, ya estaba el médico forense, el actuario y el doctor Echeverría. Con toda seguridad nos habrían matado", aseguró Cámpora sin hesitación alguna.

"A Fernández Huidobro", agregó, "lo hieren con la balacera que descargaron antes de entrar en la casa. Como tiraron de abajo hacia arriba, atravesaron el piso del berretín, y recibió tres balazos: uno en la garganta, uno en un dedo del pie y otro en la pierna". *


La República Sábado, 04 de diciembre, 2004



05-Diciembre-2003

Carta abierta de Laura Martirena a Jorge Batlle (*)
“Deje actuar a la justicia para que aclare el crimen de mis padres”

 

Sr.Presidente de la Republica Oriental del Uruguay, Dr.Jorge Batlle Ibáñez

Presente

Le escribo en Presente, porque ya le escribimos y Ud. no responde. Le escribo con todo respeto, porque Ud. es el presidente de los uruguayos.

Le escribo, Señor Presidente, para decirle que no me cite, pero que si me cita, me cite bien. Hace tres años el diario La República, el 8 de julio del 2000, en su tapa me nombraba como vocero de Familiares de Asesinados por Razones Políticas, manifestando que en este país había, y debía dejar de haber, muertos clase A, y muertos clase B.

Ud. ahora usa el mismo razonamiento para contestarle al poeta Juan Gelman, que aquí no hay desaparecidos clase A, y clase B. Debió aclararle, Sr. Presidente, que sí hay muertos clase A, y clase B. Y que todos juntos forman la clase C. Porque la clase AA esta formada por los torturadores que mueren en sus camas de lujo, enriquecidos por premio a su labor, sin haber estado un solo día en la cárcel.

Sr.Presidente, yo también soy poeta. Y uruguaya. Mi padre, Luis Martirena Fabregat, era un intelectual reconocido internacionalmente, al que Ud. seguramente conoció como cronista parlamentario.
Era un intelectual con todas las credenciales posibles.

Mi madre, Ivette Giménez Morales, era su esposa. Y eran uruguayos. Y su caso no entra dentro de la ley de caducidad. Y Ud no nos recibió nunca, Sr. Presidente.

A Ud. le consta, Sr. Presidente, si vive en este país, que mis padres fueron fusilados, que en mi casa no hubo ningún tiroteo. Si no lo sabe, debió mandar investigar. Y si lo sabe, con mas razón, debió mandar investigar, para que lo sepan todos.

Sr.Presidente. Sabe Ud que lo estamos reclamando desde 1985. Yo se que Ud sabe todo esto, no solo por la prensa, sino por los vínculos interfamiliares que ambos tenemos. Porque este es un país familiar, pequeño y grande al mismo tiempo. Pero no hubo Comisión para la Paz en nuestro caso. No hubo ni el mas mínimo respeto hacia nosotros.

Sr.Presidente, el mismo tiro que mató a mis padres, mató a mis abuelos maternos, la única familia que yo tuve y que se ocupaba de mi. Crecí sola y en la mas absoluta miseria. No pude estudiar en tiempo y forma, Sr. Presidente, que era lo que más me importaba. Quizás por tradición familiar, quién sabe. ¿Cada uno sabe lo que mas le duele, verdad? A mi no fue el hambre, ni el frío, ni el desamparo, fue eso.

Sr.Presidente, exijo saber como murieron mis padres y Ud. puede ayudarme. Exijo saber quien los mato, porque no entra dentro de la ley de caducidad. Exijo la prisión de los responsables, porque no entra dentro de la ley de caducidad.

Presidente Batlle, Ud llama a Gelman mercenario. Ud que lo conoce, como lo conozco yo. ¿No le da vergüenza?. Los poetas no son mercenarios, Sr. Presidente, ni siquiera son comerciantes; es mas, son incapaces hasta de vender libros de poesía. Claro, eso Ud no lo sabe.

Pero hay otros que trafican con la muerte. ¿Verdad?

Sr.Presidente, Ud sabe que por estos días el diario La República ha realizado una crítica al diario El País. ¿Tiene idea, Sr. Presidente, de lo que la prensa, en especial el diario El País y en su momento el diario El Día, Acción, La Mañana y Ultimas Noticias junto a la televisión y sus radios nos hicieron a los familiares de los Asesinados por la represión? ¿Tiene idea de lo que fue soportar tantas mentiras, humillaciones, agresiones, difamaciones? Son tan responsables como los que tiraron del gatillo, o más. Ocultaron la verdad, difundieron, adornaron e inventaron mentiras. Encubrieron y promocionaron a los asesinos y torturadores. Y peor aun, tomando en cuenta el hecho de que muchos familiares son blancos o colorados. Y desde siempre leían esa prensa

Por eso le pregunto, Sr.Presidente: ¿Cuándo el Partido Colorado va a realizar una autocrítica? ¿Cuándo lo van a hacer ciertos sectores del Partido Nacional?

He oído a los Tupamaros realizar autocríticas. He oído a muchos militares realizarlas. Pero jamás he oído al Partido Colorado que Ud. representa realizar una autocrítica de todos los crímenes que realizaron y mandaron realizar en el pasado. ¿No cree que ya es hora?

Esa falta de autocrítica creo yo que tiene mucho que ver con que haya muertos clase A y clase B en nuestro país.

Con que no se investiguen los crímenes ni se tome en cuenta a los familiares de los fusilados por los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y J. M. Bordaberry, amén de los asesinados luego en las cárceles por la dictadura del 73.

Pero todos sabemos que la dictadura comenzó mucho antes.

¿Ud sabe como mataron a Ibero Gutiérrez? Sabe como mataron a este poeta adolescente? Lo mataron torturándolo a balazos, en las manos, en los pies, en los brazos, en las piernas. Lo mataron hombres organizados por su partido en escuadrones de la muerte. Lo dejaron desangrar. Escribieron con su sangre una burla a su poesía. No hubo juicio. No hubo investigación. No hubo derecho.

¿Qué es lo peor que le puede pasar al Partido Colorado si se hace una autocrítica? Una autocrítica es liberadora, no se puede crecer sobre mentiras. Las mentiras regresan. Siempre.

Pero pensando y pensando ¿qué es lo peor que podría pasar? Yo me respondo que nada.

Que sería muy bueno para ese partido frente a la gente. Entonces, si seguimos pensando, lo único que a uno se le puede ocurrir es que las razones para no hacerlo, no sean morales, sino económicas. Quizás ese partido no este dispuesto a cambiar, por razones económicas. Y si las razones son económicas, ¿quién es el traficante Sr. Presidente?

Sr.Presidente: Deje actuar a la justicia para que aclare el crimen de mis padres de una buena vez.

Y como dijo el poeta en uno de sus textos, Sr.Presidente: “guarda abajo” porque abajo esta la gente, la gente honesta de todos los partidos, que nos apoya a nosotros, y quiere saber la verdad.

Mire para abajo.

Laura Martirena Giménez


(*)La Comisión de Familiares de Asesinados Políticos de Uruguay, convoca a los uruguayos que estén de acuerdo con la carta escrita en este mail, envíe un mail y/o un fax a Presidencia de la República, expresándolo. Para ello informan que el mail de Presidencia es:
privada@presidencia.gub.uy
FAX: 00598- 2- 203-03-40
Y piden se les envíe una copia a
suma@internet.com.uy 



http://3.bp.blogspot.com/-EPyEvUdO2Vk/T4muV1rN9wI/AAAAAAAAIuE/ZdPorLzFLos/s1600/1.jpg

14/06/07

15 de abril de 1972

¿El día en que se engendró la impunidad?

El 15 de abril de 1972 la Asamblea General del Poder Legislativo uruguayo aprobó la suspensión de garantías individuales y la declaración del "estado de guerra interno". El día anterior se habían producido los trágicos enfrentamientos en los que el MLN-Tupamaros ejecutó a un civil, un militar y dos policías acusados de pertenecer al Escuadrón de la Muerte, y las Fuerzas Conjuntas mataron a ocho tupamaros. Aquellos acontecimientos marcaron el rumbo del Uruguay y dejaron una secuela que aún perdura tres décadas más tarde.

Pacheco dejó el gobierno a Bordaberry, que pidió la "guerra interna".


1 - El Uruguay de 1972
La herencia de Pacheco

La lucha política y electoral que caracterizaron 1971, luego del surgimiento del Frente Amplio que implicaba una ruptura del tradicional bipartidismo uruguayo, se cerraba con las denuncias de Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra de que el Partido Nacional había sido víctima de una "estafa electoral". En complejas elecciones nacionales, el presidente colorado Jorge Pacheco Areco no había logrado imponer una reforma constitucional que permitiera su reelección y, luego de setenta y cinco días de "sórdido" escrutinio, los uruguayos se enteraron que tenían como nuevo mandatario al hasta entonces ministro de Ganadería y Agricultura, Juan María Bordaberry.

Al comenzar el nuevo año, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Tupamaros proclamaba desde Paysandú el fin de la tregua unilateral declarada ante los comicios. Como contracara, el semanario ultraderechista "Azul y Blanco" afirmaba que "la dialéctica de las palabras, debe ceder su lugar a la dialéctica de las pistolas" y auguraba: "Si quieres paz, prepárate para la guerra".

El MLN mantenía secuestrados a Ulysses Pereyra Reverbel, Carlos Frick Davies y Ricardo Ferrés Terra, a quien liberaba el 28 de enero. Ese mismo día, eran secuestrados el fotógrafo técnico de la policía, Nelson Bardesio, y el redactor responsable de "Acción", diputado Homero Fariña. También se sucedían las acciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales (FARO), la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33) y el grupo "22 de Diciembre", disidente de los tupamaros.

La organizaciones políticas de izquierda habían logrado su mejor votación de la historia (5 senadores y 18 diputados) con un Frente Amplio al que se habían sumado destacadas figuras de los partidos tradicionales. La central única de trabajadores (CNT) estaba enfrentada a la política económica y los conflictos se multiplicaban. La gremial estudiantil (FEUU) evidenciaba su militancia en Universidades y liceos, donde chocaba con la ultraderechista Juventud Uruguaya de Pie (JUP) que anunciaba su "Plan Terremoto": "1972 será un año decisivo; o salvamos al país o nos hundimos con el país", arengaban.

 

Juan María Bordaberry
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La asunción de Bordaberry

El 1º de marzo, Bordaberry asume el gobierno de un país con medidas prontas de seguridad vigentes, con más de un centenar de detenidos "a disposición" del Poder Ejecutivo, y en el que meses antes las Fuerzas Armadas habían sido llamadas a dirigir la lucha antisubversiva al frente de las llamadas fuerzas conjuntas. El gabinete de Bordaberry queda integrado, entre otros, con el abogado Alejandro Rovira en el Ministerio del Interior, el general Enrique Magnani en Defensa Nacional, Francisco Forteza en Economía y Finanzas, y Julio María Sanguinetti en Educación y Cultura. También nombra como nuevo comandante en jefe del Ejército, al general Florencio Gravina y como nuevo jefe de Policía de Montevideo, al coronel Roberto Zubía.

Como primeras medidas, el nuevo gobierno resuelve una devaluación monetaria del cien por ciento y envía al Parlamento un proyecto de "Ley de Seguridad del Estado" que incrementa las penas a quienes atenten contra la Constitución. Se eliminan los reintegros para las exportaciones, se deroga el recargo a las importaciones, se legaliza el mercado paralelo de cambios, se duplican los precios de alcoholes y combustibles, aumentan un 90 % las tarifas de UTE, se impone una veda al consumo de carne y, antes de terminar Semana de Turismo, se aumentan unos cuatrocientos artículos de consumo en un 37 %, pero sólo se elevan los sueldos de la industria privada un 20%. En los primeros cuatro meses del año se denuncian sesenta atentados en Montevideo.

Locales partidarios del Frente Amplio, casas de militantes, defensores de presos políticos, familiares de detenidos, docentes de centros de enseñanza y librerías fueron víctimas de bombas incendiarias y balaceras. Estos ataques no llevan a la detención de ningún sospechoso. El 12 de abril de 1972 se produce una nueva fuga del penal de Punta Carretas: 15 tupamaros y seis presos comunes protagonizan lo que se conoció como "el gallo". Salieron por un túnel de sesenta metros que comunicaba a la red cloacal. Reeditaban el escape (""el abuso"") que un año antes habían hecho 111 presos en el mismo lugar. Los datos anteriores, extraídos de la cronología comparada "La Caída de la Democracia" (1967-1973) editada por la Fundación de Cultura Universitaria y el libro "Alto el Fuego" de Nelson Caula y Alberto Silva, resultan elocuentes: los primeros meses del año 1972 confirmaban las previsiones de una agudización del enfrentamiento y la violencia política en el país, aunque nadie sospechara que en aquel el mes de abril se produciría un quiebre histórico que determinaría el futuro del Uruguay por los siguientes treinta años.

2 - El mes de abril

El Escuadrón de la Muerte

En varias investigaciones históricas se relatan detalles de cómo se fueron constituyendo los grupos paramilitares que actuaron en Uruguay en la década del sesenta y a principios de los setenta, y cuyas ramificaciones y herencias metodológicas pueden llegar, con otros nombres, hasta nuestros días. Las actividades de injerencia interna por parte de la CIA, el FBI y otros servicios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, se han detallado en diversos libros de "arrepentidos" y ex agentes cuyas denuncias han confirmado no pocos documentos "desclasificados" del gobierno norteamericano. La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y la United States Information Services (USIS) fueron dos de las agencias que, en contacto con embajadas de países con dictaduras en la región (Paraguay, Brasil y Argentina), fueron cooptando elementos policiales y militares uruguayos para jugar de peones en el tablero de la "guerra fría". El 2 de febrero de 1970, la Asociación de Magistrados Judiciales hace públicas sus denuncias contra el juez Púrpura, a quien se acusa de intentar integrar a la CIA a jueces y abogados. Púrpura, conectado con mandos policiales y militares, reconoce la creación de "grupos de choque anticomunistas" que entrenaban en Florida. El magistrado termina por renunciar el 7 de setiembre de ese año.

Los convulsionados años sesenta habían dejado "marcados" a muchos militantes de izquierda, víctimas de este tipo de organizaciones. Desde tiempos de Nardone actuaban grupos parapoliciales que tatuaban "svásticas" en estudiantes. Pero es a fines de la década que con asesoramiento norteamericano se aceitan grupos de acción que sobrepasan los juegos de vigilancia e inteligencia. Las páginas secretas de los Escuadrones de la Muerte se abren cuando el MLN-Tupamaros secuestra al fotógrafo-agente Nelson Bardesio, quien confiesa cómo una serie de "comandos", que habían actuado en asesinatos y atentados políticos, eran coordinados y daban cuenta a las más altas estructuras del Estado. No había paramilitares, sino terrorismo de Estado.

Las "Actas de Bardesio" describen los atentados a los abogados Arturo Dubra, Alejandro Artuccio y Manuel Liberoff y a la periodista María Esther Gilio. La orden venía del propio Ministerio del Interior. También reconoce los asesinatos del Abel Ayala y Manuel Ramos Filippini en julio de 1971, y el de Héctor Castagnetto el 17 de agosto de ese año. El 28 de febrero del 72, con Bardesio secuestrado, un "Comando Caza Tupamaros" tortura y mata a Ibero Gutiérrez: "Vos también pediste perdón. Bala por bala, diente por diente", decía una esquela sobre su cuerpo.

La historia "oficial" del 14

En el libro "La Subversión - De las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental", se relata, al compás del gerundio, una cronología (págs. 716 y 717) sobre lo ocurrido aquel 14 de abril de 1972: "- En Avda. Millán y Las Violetas es detenida una camioneta por personal de las FFCC, aprehendiéndose a sus seis ocupantes, dos de los cuales son fugados del Penal de Punta Carretas. - El Poder Ejecutivo dispone que los Ministerios de Interior y Defensa Nacional adopten las medidas oportunas para garantizar la vigilancia e integridad de los establecimientos de reclusión de subversivos, pudiendo incluso habilitar otros que sean adecuados. - Distintos grupos de sediciosos roban, en la madrugada, cinco automóviles. - Sobre las 8 de la mañana y desde dos automóviles, integrantes del MLN-T acribillan con fuego de ametralladora, en las calles Rivera y Soca, a un patrullero policial, muriendo el subcomisario Oscar Delega Luzardo y el agente Carlos A. Leites y quedando gravemente herido otro agente policial. Consumado el atentado, los asesinos bajan de los vehículos y disparan sobre los funcionarios caídos en el suelo, huyendo luego. - Sobre las 9 horas es ametrallado en la localidad de Las Piedras, departamento de Canelones, donde vive, desde un automóvil que estuvo aguardando en la zona, el capitán de Corbeta Ernesto Motto, quien muere en el acto. - Sobre las 22 horas y desde una ventana del segundo piso de la Iglesia Protestante, sita en las calles Constituyente y Barrios Amorín, dos francotiradores acribillan con armas largas de precisión al profesor Armando Acosta y Lara, ex subsecretario del Interior, quien muere, hieren a su esposa y a un agente policial de su custodia, cuando salían de su domicilio, y huyen. - En las calles Franciso Pi y Nicolás Herrera las FFCC detienen una camioneta que huye, iniciando entonces sus ocupantes la retirada a pie, cubriéndose con fuego de armas largas y cortas, que es repelido por las autoridades, muriendo dos sediciosos y quedando herido un comisario de la Policía. - La Policía allana la finca de la calle Amazonas Nº 1440, sus ocupantes desacatan la orden de arresto y abren fuego, el que es repelido, muriendo dos sediciosos y resultando uno herido y otro ileso. - Es allanada otra finca sita en la calle Pérez Gomar Nº 4392, produciéndose un intenso tiroteo en el que mueren los sediciosos Jorge Candán Grajales, Horacio Carlos Rovira Griecco, Grabiel María Schroeder Orozco y Armando Hugo Blanco Katras, siendo capturados otros cuatro. - En ambos allanamientos se incautan $ 305.000 m/n y 29.420 dólares y copiosa información del MLN-T. - Es capturado en la avenida Centenario y Propios el dirigente del MLN-T Juan Almiratti Nieto, fugado el 26 de mayo de 1971 de un local judicial. - El Poder Ejecutivo solicita anuencia al Poder Legislativo para suspender la seguridad individual y decretar el Estado de Guerra Interno".

La otra versión de los hechos

En realidad en esa triste jornada, que el régimen militar designaría como "Día de los Caídos en la lucha contra la sedición" y durante el primer gobierno democrático de Julio María Sanguinetti pasaría a llamarse "Día de los Caídos en defensa de la Democracia", las cosas no sucedieron como oficialmente se relatan. Todos los "objetivos" de los tupamaros ese día eran miembros de los Escuadrones de la Muerte, según había confesado el agente Nelson Bardesio. También se había planificado matar a Miguel Sofía (operativo que fracasa y en el que murieron los tupamaros Nicolás Gropp y Norma Pagliano) y del capitán de navío Jorge Nader (que no se llega a realizar), entre otros. Los procedimientos que las Fuerzas Conjuntas realizan luego del mediodía, no fueron casuales. El allanamiento en la calle Amazonas, comandado por el entonces comisario Hugo Campos Hermida (también denunciado como miembro del Escuadrón de la Muerte), no tuvo respuesta armada.

El periodista Luis Martirena fue acribillado cuando abría la puerta y su mujer, Ivette, muerta cuando se levantaba de la mesa en la que estaba almorzando. El hoy senador Eleuterio Fernández Huidobro conserva las marcas de los cinco balazos que recibió ese día en el operativo de represalia. El "Ñato" acepta volver a repetir, como todos los años cuando llega esta fecha, el testimonio que ha escrito en "Memorias del Calabozo", con Mauricio Rosencof, y en "La Tregua Armada", donde cuenta pormenorizadamente su versión de los hechos. "A mí me salva la vida el señor juez Echeverría y el médico forense que lo acompañaba. Estaban de casualidad en el lugar, porque habían venido a reconocer los cuerpos del matrimonio Martirena que habían sido asesinados y rematados en el piso. Nosotros estábamos escondidos en un berretín y todavía no nos habían encontrado. Nosotros escuchábamos todo y supimos que el juez estaba ahí con Campos Hermida. Fue entonces que descubrieron el berretín y estaban esperando que se fuera el juez, no porque pensaran que ahí podía haber gente, sino porque suponían que allí podían encontrar material del que no tuvieran que dar cuenta al juez. Fue un soldado del Ejército que había ido a mear al baño, el que se enteró que estaba el berretín y, sin el oficio de los policías, se lo fue a comentar al capitán Calcagno, sin saber que los que estaban con él eran el juez, el médico forense y Campos Hermida. "Vamos para ahí" dijo el juez. Es entonces que, cuando están abriendo el berretín nosotros (lo acompañaba David Cámpora) decimos que hay gente, que estamos heridos y nos vamos a entregar. Si no estaba el juez, no creo, es mi opinión, que hoy estuviera aquí...", narró a LA REPUBLICA. Tampoco en el operativo en la calle Pérez Gomar, que dirigió el inspector Víctor Castiglioni (también sindicado como miembro del Escuadrón), los hechos habrían sido como "oficialmente" se contaron. En la casa detuvieron a ocho personas y a cuatro de ellas (Candán Grajales, Rovira, Schroeder y Blanco) los ejecutaron, según denunciaría horas más tarde en el Parlamento el senador Enrique Erro.

La interna de los Tupamaros

En el libro "Sendic" (Trilce 2000), Samuel Blixen dedica todo un capítulo a las acciones del 14 de abril, en las que reconoce haber tenido una participación directa, "concretamente en la ejecución de uno de los jefes del Escuadrón de la Muerte, el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Armando Acosta y Lara. Por esa acción fui procesado y condenado". Cumplió 13 años en prisión. En su relato, Blixen considera que ese día "el MLN cayó en una emboscada que le tendieron el gobierno y las Fuerzas Armadas y el golpe fue tan devastador que en siete meses la estructura militar de los tupamaros quedó desarticulada, herida de muerte" y afirma que si bien el Ejército y los cuerpos represivos de la policía hicieron bien su trabajo "nunca hubieran obtenido el resultado que recogieron si no fuera por las profundas contradicciones, las desviaciones, las desprolijidades y las frivolidades que como un cáncer venían comiendo el cuerpo de la guerrilla".

Blixen sostiene que desde setiembre de 1971, cuando asumen el control de las operaciones antisubversivas luego de la fuga de un centenar de presos de la cárcel de Punta Carretas ("el abuso"), las Fuerzas Armadas comenzaron a planificar el golpe y elegir la marcha militar de sus futuros comunicados. "Necesitaban el pretexto para accionar la propaganda, la tarea de inteligencia y la manipulación de masas que acotaría la oposición, de la gente, del Parlamento y de los partidos políticos. Ese pretexto el MLN lo sirvió en bandeja el 14 de abril, cuando desencadenó la represalia contra el Escuadrón de la Muerte", afirma. El libro señala que las acciones del Escuadrón de la Muerte entre 1971 y 1972 "parecían apuntar a difundir el terror en los aparatos de masas del MLN, en la periferia de la guerrilla, cosa de desestimular su crecimiento, de reducir el colchón de simpatía". (...) "Había, por tanto, 'un reclamo generalizado, fundamentalmente en las columnas de masas' del MLN, para algún tipo de represalia contra el Escuadrón". Pero agrega que en "la dirección del MLN había una percepción diferente. De alguna manera se tenía la impresión de que una acción importante contra el Escuadrón traería consecuencias que después no se podrían controlar", escribe.

Se consideró que las acciones sería asimiladas por el gobierno como había ocurrido con la muerte de Dan Mitrione o con la fuga de los 111 presos. "En cambio, para los aparatos de masas, la represalia podía significar la eliminación del accionar paramilitar, si la respuesta era lo suficientemente contundente", indica y añade: "Sendic tenía prevenciones, Fernández Huidobro percibía una "frivolidad" en tanto esas acciones no se encuadraban en una estrategia, y Mujica alertaba sobre el error político". "Nadie tuvo la percepción de que la represión estaba organizando, ella sí, un salto cualitativo, donde el factor sorpresa sería demoledor. No hubo al parecer, un análisis profundo de la manera en que los jefes del Escuadrón asumieron el secuestro de Nelson Bardesio (...) Desde el punto de vista político cualquier revelación del policía Bardesio era una catástrofe, incluso para las Fuerzas Armadas. Existía, por tanto, la posibilidad de una contraofensiva de los jefes del Escuadrón de la Muerte, que era como decir una contraofensiva del gobierno, del partido de gobierno y de las Fuerzas Armadas. El MLN actuó como si esa posibilidad no existiera. Dio un salto al vacío sin siquiera tener conciencia de que se abría el suelo a sus pies", analiza Blixen.

3 - La raíz de la impunidad

Aparece la Justicia Militar

A las 19.30 horas de aquel 14 de abril, comenzó a sesionar la Asamblea General, convocada en forma urgente. Un mensaje del Poder Ejecutivo sostenía que el proceso de subversión se había agravado y pedía la anuencia para "disponer la suspensión de la seguridad individual" y que se decretara "el estado de guerra interno a los afectos de la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales pertinentes".

El debate parlamentario se extendió hasta las 15 y 45 del día siguiente, en una de las más agitadas jornadas vividas en el Palacio Legislativo. Los alcances de la solicitud del presidente Juan María Bordaberry eran evidentes: se lanzaría una ofensiva contra la "subversión" y se necesitaba eludir al Poder Judicial e imponer la acción de la Justicia Militar, a la vez que declarar el delito de lesa nación como delito militar. Las actas parlamentarias (102 hojas del diario de sesiones) sólo recogen lo dialogado dentro de sala, pero fue en el ambulatorio y corrillos políticos, donde se fue procesando, a lo largo de las horas, la negociación que permitiría, con los votos de los partidos tradicionales, la aprobación de una moción cuyas consecuencias se mantienen tres décadas más tarde. Hubo debates ideológicos, análisis globales del mundo, debates jurídicos y constitucionales, enfrentamientos duros, finas ironías y una gran inconsciencia de la significación que luego tendría lo votado, aunque no fueron pocos los que advirtieron sobre la implicancia de un crecimiento del poder militar a la luz de las dictaduras en Brasil, Paraguay y Argentina. Fue el senador Raumar Jude quien al pedir un minuto de silencio en recuerdo de "los caídos en defensa de las Instituciones" instauraría la fecha que año a año conmemoran las Fuerzas Armadas.

Esa noche se negó un pedido del senador Terra para que se pasara a cuarto intermedio a efectos de estudiar las "Actas de Bardesio" sobre los Escuadrones de la Muerte, documento que finalmente leería en sala el senador Enrique Erro, hecho que llevó a un grupo de personas a ingresar al Palacio Legislativo gritando que matarían al legislador. El "cuco" del golpe de Estado La solicitud del Poder Ejecutivo fue modificada, inicialmente, por el Partido Colorado quien mocionó para que las garantías individuales se suspendieran por 90 días y, poco más tarde, por el Partido Nacional que había logrado un consenso interno para aceptar la medida de excepción por sólo 30 días. El acuerdo dentro de los blancos, llevó a que el senador Dardo Ortiz hablara en nombre de toda la bancada adelantando su posición de votar transitoriamente el pedido del gobierno. En un momento, al discutir las implicancias constitucionales de la declaración de guerra, Ortiz llegó a afirmar: "Nosotros preferimos que la crítica de nuestras actuaciones se realice en el foro universitario y no en el local de las autopsias. Es por eso que votamos lo que votamos", dijo con singular clarividencia. También hubo presiones. El senador Zelmar Michelini advirtió: "Es que en el Ambulatorio ha estado, permanentemente, el fantasma de las Fuerzas Armadas. Se ha dicho que si no se hacía tal cosa, las Fuerzas Armadas adoptarían tal actitud. En definitiva, ha existido el fantasma y el 'cuco' del golpe de Estado".

Mientras se debatía en el Parlamento, la ofensiva de las Fuerzas Conjuntas se había iniciado. El allanamiento de la sede central del Partido Comunista, en el que fueron puestos contra el piso y golpeados un centenar de jóvenes, fue un adelanto de lo que ocurriría 48 horas más tarde con ocho militantes de la Seccional 20ª. Wilson Ferreira Aldunate sólo intervendría para establecer los alcances de la moción blanca, a la que consideró limitada en el "tiempo" (30 días) en el "objeto" (reprimir a subversión), en su "geografía" (sólo en el área concreta en que la subversión opera) y en cuanto a los "medios" (sólo a efectos del artículo 253 de la Constitución). "El único alcance de estas normas, si resultan aprobadas, es a los solos efectos de determinar una jurisdicción, y no podrá ser invocada absolutamente para ninguna otra", dijo Wilson. Tiempo después reconocería el error. En realidad, el reclamo de "herramientas" para combatir la subversión, lo habían hecho los propios comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, en sendas reuniones, realizadas el 6 de abril, con los legisladores colorados y blancos en la sede que las Fuerzas Conjuntas tenían entonces en 8 de Octubre y Garibaldi, según se denunció aquella noche.
El pie a la "manu militari"

"En eso tienen razón las Fuerzas Armadas, cuando dicen 'Nosotros no vinimos, nos llamaron'. Ya los habían llamado el año anterior cuando, después de la fuga "el abuso" de Punta Carretas, les encomendaron dirigir la lucha contra nosotros. Esta vez, es el Parlamento, el Poder Legislativo, el que acepta declarar el Estado de Guerra.

Eso tiene una consecuencia profunda. Ya no era la represión a una fuerza irregular, estábamos en guerra y eso permitió una serie de cosas. Por ejemplo, que to
dos pasaran a la Justicia militar, desde el combatiente, al que repartía volantes o el simpatizante. Hubo consecuencias legales y jurídicas tremendas", analiza hoy Eleuterio Fernández Huidobro. "Lo que es verdad -agrega el senador tupamaro- es que a partir del 14 de abril, comienza otra historia en el Uruguay. Tal vez una historia que empezaron a preparar los más experimentados en la lucha antisubversiva. Hasta ahí hubo un nivel de enfrentamiento armado y a partir de ahí comienza otro distinto. Las Fuerzas Armadas comienzan a actuar 'manu militari', es decir, arrasando con todo". "Yo me arrepiento, lo he dicho y está escrito, porque es lindo acomodar el cuerpo a posteriori, como hizo Jaime Pérez cuando se refirió al aparato armado del Partido Comunista. Lo he dicho acá en el Senado, en la prensa y en 'El golpe en la nuca' que tiene como subtítulo 'Autocrítica del MLN', aunque es la autocrítica personal mía, ya que sobre esto puede haber tantas posiciones como compañeros del MLN.

Yo señalo los errores que cometimos. Yo me arrepiento de no haber planteado, cuando vuelvo a la dirección del MLN el 16 de marzo del 72 y esta operación del 14 de abril ya estaba en marcha, que no había que hacerla porque era un garrafal error. Soy responsable por omisión, pero soy responsable. Porque yo era jefe y no quiero hacer como otros jefes militares que no reconocen su responsabilidad ante la opinión pública, ante el pueblo uruguayo y el gobierno uruguayo, de las órdenes que dieron y dejan que a sus subalternos de aquel entonces los siga enjuiciando todo el mundo, pero ellos que fueron los responsables no son capaces de tener carácter militar y decir el responsable soy yo... Yo me hago responsable de todo, de lo bueno y lo malo que pudimos haber hecho, para eso fui jefe
", reflexiona. Para Fernández Huidobro la "guerra" termina con la caída de Raúl Sendic el 9 de setiembre de ese año. "No porque fuera Raúl, que ya había estado preso antes, sino porque era el último de los dirigentes históricos en ser capturado. El resto habíamos caído, la mayoría heridos.

Después ya siguió el momento en que las Fuerzas Armadas entran en una gran asamblea política interna y sus conflictos con el poder político, por lo que deciden terminar con todo, como ellos mismos confiesan en su libro de dos tomos sobre la subversión. Allí cuentan que ya en 1971 se planificó derrotar primero a la lucha armada, pero seguir después con los trabajadores, la universidad y el propio sistema político. Eso está escrito. Yo no creo que haya sido así. Pienso que había un grupo que si planificó eso desde el 71, pero que es a mediados del 72, por julio o agosto, en medio de una gran crisis interna, que las Fuerzas Armadas comienzan a planificar el golpe de Estado
".

Las consecuencias del voto

Varias fuentes políticas, que prefirieron no hacer declaraciones públicas sobre "un tema del pasado", al ser consultadas por LA REPUBLICA para realizar este informe, reconocieron que la fecha elegida para recordar a los "caídos en la lucha contra la "sedición" o "en defensa de la democracia", no es la más feliz a la luz de la realidad histórica que determinaron los trágicos hechos. Hubo una decisión del Estado gobernante de silenciar la existencia de los Escuadrones de la Muerte y se llegó a negar la posibilidad de investigarlos, cuando el tema afloró nuevamente en el Parlamento meses después, luego de que se protocolizan las "Actas de Bardesio", a las que se le sumó el testimonio de otro "arrepentido", el policía Mario Benítez. Resulta sintomática la anécdota relatada por el dirigente democratacristiano Juan Pablo Terra en el libro "Alto el Fuego", en la que narra un diálogo con Julio María Sanguinetti, en el que el entonces ministro de Educación y Cultura, le dice que Bordaberry estaba "consternado" por las acciones del Escuadrón, pero había tomado medidas para que eso no se repitiera. Según Terra, Sanguinetti reconoció entonces que se había ordenado el traslado al interior o al exterior de algunos de sus miembros y a otros se los embarcó a navegar.

Más significativo es aún, que al regreso de la democracia, cuando el diputado Lorenzo Rovira inició una causa contra los Escuadrones de la Muerte y sus homicidios, el Poder Ejecutivo, que encabezaba el ya presidente Julio María Sanguinetti, informase al juez penal que la causa se consideraba amparada en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

En la introducción del libro "Uruguay Nunca Más - Informe sobre la violación a los Derechos Humanos (1972-1985) del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay, se analiza particularmente lo que significó en los años posteriores lo aprobado aquel mediodía del 15 de abril. "La autorización que la Asamblea General otorgó al Poder Ejecutivo para decretar el "estado de guerra interno" era a los solos efectos de extender el ámbito de vigencia de la jurisdicción militar. De esta forma, las FFCC quedaban en libertad para controlar y disponer de los detenidos, sin tener que rendir cuentas al Poder Judicial o al Parlamento", señala. "De aquí en adelante, las FFAA inauguraron en la vida del país una lógica de los acontecimientos en los que participaban y un discurso legitimador de los mismos. Según esta concepción, que la institución armada adoptó, los hechos se evalúan desde una exclusiva concepción bélica, no regulados por normas jurídicas que pretendan humanizar los medios utilizados en la represión; la violencia se contrarresta con la violencia, y ésta se concreta en sus aspectos meramente fácticos. De aquí la justificación de sus consecuencias: la violación de los derechos humanos", señala el informe. El Estado de Guerra Interno lo aprobaron, aquel 15 de abril, 87 de los 118 legisladores presentes. El entonces ministro Julio María Sanguinetti fue dos veces presidente de la República. El entonces diputado Luis Alberto Lacalle llegó una vez a primer mandatario. Varios de los legisladores que votaron la moción, luego de una década de proscripción, volvieron a tener o aún tienen cargos políticos, parlamentarios o municipales. Muchos de los que no votaron aquella moción fueron presos de la dictadura. Zelmar Michelini, que no la apoyó, y Héctor Gutiérrez Ruiz, cuyo sector la aprobó, fueron asesinados en Buenos Aires. Wilson Ferreira Aldunate, como miles de personas, fue procesado por la Justicia militar. Casi un centenar de uruguayos continúa en condición de desaparecido. El "cuco" de las Fuerzas Armadas al que se hizo referencia aquella noche, nueve meses después dio a luz el golpe de Estado.

Publicadas por Memoria Viva/ De La Rapública

 

23/08/08

14 de abril de 1972

Una fecha de plomo

Treinta y tres años atrás comenzaba la derrota militar del MLN, luego de que en una jornada la guerrilla ejecutara a cuatro personas acusadas de pertenecer a los escuadrones de la muerte y en respuesta el Ejército fusilara a ocho militantes tupamaros. Horas después el Parlamento declaraba el estado de guerra interno, dejando a las Fuerzas Armadas el terreno libre. Carlos Caillabet

Las emboscadas, las ejecuciones y los enfrentamientos se precipitaron el 14 de abril de 1972 como consecuencia de un proceso de acumulación de información tanto por parte de los tupamaros como de los servicios de información de las fuerzas militares y policiales.

Ya en marzo de ese año el MLN había logrado identificar a integrantes de los grupos paramilitares denominados genéricamente Escuadrón de la Muerte. La Policía, por su parte, había detectado y mantenía vigilados por lo menos dos locales de la organización guerrillera a partir de la delación de uno de los tupamaros más connotados de entonces, Héctor Amodio Pérez, capturado el 9 de febrero de ese año.

La principal fuente de información de los tupamaros fue Nelson Bardesio, un ignoto agente y fotógrafo policial secuestrado por la guerrilla el 24 de febrero. Pocos días antes de que Juan María Bordaberry sustituyera como presidente de la República a Jorge Pacheco Areco, los medios de comunicación no dieron mayor destaque al secuestro de Bardesio. Sin embargo, la caída del fotógrafo en manos de los tupamaros causó nerviosismo en altos círculos del gobierno, entre integrantes de los servicios de información militares y policiales y en civiles de reconocida militancia en organizaciones de ultraderecha. Los tupamaros estaban seguros de haber elegido al hombre adecuado para obtener información directa y precisa sobre varios de los crímenes y atentados cometidos por efectivos paramilitares.

El 9 de marzo de 1972 la revista Cuestión, vocera del Movimiento 26 de Marzo –en la época brazo político del MLN–, denunció la presencia en Montevideo de Sergio Fleury, presentado como “inspirador y brazo ejecutor” de los escuadrones de la muerte brasileños, y alertó que los paramilitares en Uruguay se inscribían en “la nueva estrategia pautada por la necesidad de enfrentar a los grupos insurgentes clandestinos en un plano igualmente clandestino, subterráneo. La descentralización de algunos cuadros policiales hacia locales no directamente vinculados a San José y Yi (la Jefatura de Policía) se estima que cumple necesidades de mayor autonomía de movimientos e impunidad para detener e interrogar, fácilmente comprensibles de acuerdo al desarrollo alcanzado por las organizaciones revolucionarias. Sin perjuicio de este cometido central, la actividad de los grupos terroristas de derecha cumple una función de intimidación hacia los militantes de izquierda, grupos frentistas y del movimiento popular que no puede ser liderada más a fondo dentro de los marcos oficiales de la represión”, señalaba la revista. El Escuadrón ya había atentado contra dirigentes frenteamplistas, abogados defensores de presos políticos y asesinado a militantes que actuaban legalmente desde organizaciones y movimientos de masas y que a lo sumo podrían ser colaboradores de la guerrilla.

Mientras sobre los atentados y asesinatos de los paramilitares –uno de ellos perpetrado cuatro días después del secuestro de Bardesio– el gobierno y la Policía nada revelaban, las direcciones del Frente Amplio y del MLN, cada cual por su lado, obtenían información que les permitía sacar sus propias conclusiones a partir de dos policías. Uno, Bardesio, prisionero en la “cárcel del pueblo”, confesaba a sus captores –sin apremios de ningún tipo, según él mismo admitiera– su participación en actividades terroristas y delataba a sus cómplices y jefes. El otro, el subcomisario Mario Benítez, que había operado a las órdenes de Bardesio, se reunía el 2 de marzo de 1972 con el senador democristiano Juan Pablo Terra y le revelaba nombres de los integrantes del Escuadrón, entre los que figuraban conocidos políticos, militares y policías.

Terra le trasmitió la información recabada de Benítez al entonces ministro de Educación y Cultura, Julio María Sanguinetti. El Escuadrón estaba desarticulado, aseguraba entonces quien luego fuera por dos veces presidente de la República. “Hay personas que han sido enviadas al interior del país; alguno ha sido enviado al exterior y otro fue embarcado y ha salido a navegar”, agregaba.

Poco después Benítez era procesado y recluido en una celda del sexto piso de la Jefatura de Policía de Montevideo acusado de entregar información al MLN. Por consejo de Terra, el subcomisario había decidido presentarse a la Policía –acompañado de su abogado– tras haber recibido amenazas de muerte. Las informaciones de Benítez y Bardesio coincidían: el Escuadrón actuaba en coordinación con el ministro del Interior Santiago de Brum Carbajal y el subsecretario de esa cartera coronel Vigorito, ambos luego sustituidos en sus respectivos cargos por el brigadier Danilo Sena y por el profesor de secundaria Armando Acosta y Lara. Entre los miembros más activos del grupo paramilitar aparecían también los civiles Miguel Sofía y Pedro Crossa Cuevas, los comisarios Hugo Campos Hermida y José Pedro Macchi, el inspector Víctor Castiglioni y los subcomisarios Raúl La Paz y Óscar Delega.

EL DÍA D

El 16 de marzo de aquel año, importantes dirigentes tupamaros celebraban una tumultuosa reunión. De ella saldría lo que se conocería como Plan Hipólito, que consistía básicamente en un ataque concebido como fulminante contra el Escuadrón de la Muerte. El plan, preparado a partir de las confesiones de Bardesio, debía esperar para ser ejecutado a que se concretara la segunda fuga colectiva de presos del penal de Punta Carretas, producida con éxito el 12 de abril. El 13 tiene lugar un paro general convocado por la central sindical CNT, seguido de una multitudinaria marcha por 18 de Julio. Y el 14 los tupamaros lanzan su ofensiva contra los paramilitares.

La decisión de tal “ofensiva” fue objetada y hasta fuertemente rechazada por algunos de los dirigentes del MLN, pero predominaron las posiciones de la columna 15, la más desarrollada militarmente. Alberto Candán Grajales, que resultara muerto el 14 de abril, llegó a sostener en aquella reunión que las ejecuciones planificadas no implicarían un aumento cualitativo de la represión. En la otra punta, Mauricio Rosencof, que había interrogado a Bardesio, sostenía que con la difusión de las actas del interrogatorio bastaba, al tiempo que José Mujica insistía en que entrar en guerra con el Escuadrón era un error político. Raúl Sendic, a su vez, anunció a uno de sus compañeros en los montes de Queguay que el MLN no contaba con cuadros combatientes suficientes para resistir el muy probable embate del Ejército. Eleuterio Fernández Huidobro, que integraba la dirección tupamara, fue uno de los más críticos: “El garrafal error contenido en el plan que produjo los hechos del 14 de abril desató un proceso totalmente distinto (...), previsible aunque fuéramos ciegos ante tanta evidencia. Tan ciegos que desde unos días antes estaba previsto que esa misma noche, la del 14 de abril, nos entrevistaríamos con Wilson Ferreira para discutir con él aspectos referidos al futuro a la luz de las enormes novedades políticas”,* recordó años después el actual senador.

Durante la mañana del 14 de abril mueren ametrallados por comandos tupamaros el subcomisario Óscar Delega y su chofer el agente Carlos Leites, el ex subsecretario del Ministerio del Interior Armando Acosta y Lara y el capitán de corbeta Ernesto Motto. Pasado el mediodía la Policía toma por asalto una casa en la calle Amazonas y otra en la calle Pérez Gomar. En la primera fusilan a la pareja de tumaparos Luis Martirena e Ivette Giménez y capturan a Fernández Huidobro y David Cámpora. En el segundo operativo efectivos policiales fusilan a Alberto Candán, Horacio Rovira, Gabriel Schroeder y Armando Blanco. Otros dos militantes mueren en enfrentamientos. La derrota del MLN había comenzado.

* En la nuca. Eleuterio Fernández Huidobro. Banda Oriental, Montevideo, 2001.

Carlos Caillabet
Brecha
Publicadas por Memoria Viva


04/11/07

Actuación Escuadrones de la Muerte en Uruguay

Por primera vez el "Escuadrón de la Muerte" será investigado por la Justicia Penal uruguaya Documento secreto de EEUU revela cómo mataron a Héctor Castagnetto en 1971, cuyo cuerpo nunca apareció Serpaj pedirá el martes a la Justicia que se investigue la desaparición del estudiante de Agronomía Héctor Castagnetto, ocurrida en agosto de 1971. Dicha desaparición fue confirmada por la Comisión para la Paz que concluyó que el joven fue secuestrado el 17 de agosto de ese año en Avenida Italia y Propios y llevado posteriormente a una casa de la calle Araucana para ser ejecutado en la madrugada del día siguiente. En uno de los documentos desclasificados, un representante de la Embajada de EEUU cuenta una conversación con el ministro del Interior, Danilo Sena, a quien expresa su preocupación por los alegatos de la "prensa marxista" sobre la implicancia norteamericana en actividades antiterroristas. En torno a la formación de los "escuadrones de la muerte", el funcionario dice que no enjuiciaría lo desarrollado en Uruguay tomando en cuenta "la responsabilidad del gobierno en la superación de la subversión".

Otro documento desclasificado señala que Argentina, Brasil y Paraguay apoyaron económicamente la creación de grupos antiterroristas clandestinos en Uruguay. El estudiante Castagnetto fue detenido por dos funcionarios del Departamento 5 de Información e Inteligencia y trasladado a inmediaciones del Hotel Carrasco, luego se lo llevó a un rancho de la calle Araucana para ser ejecutado. El cadáver habría sido entregado al capitán de marina Jorge Nelson Nader Curbelo, quien lo trasladó al Puerto y lo arrojó al agua en lugar no determinado.

Presentarán documentos secretos de EEUU como prueba al abrir el "Caso Castagnetto"

El crimen se produjo antes de la dictadura y no puede ampararse en la Ley de Caducidad. La Comisión para la Paz confirmó la desaparición en su informe final. El diputado Lorenzo Rovira denunció el caso como uno de los delitos del Escuadrón de la Muerte. Informes desclasificados por el Departamento de Estado confirman implicancia de los gobiernos de Pacheco Areco y Bordaberry, como el apoyo que los paramilitares recibían de Argentina, Brasil y Paraguay. Pedirán que se cite a políticos y civiles de la época. Dos documentos secretos desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano se constituyen en una de las pruebas que presentará ante un juez penal el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) el martes, para pedir que se esclarezca la desaparición del estudiante Héctor Castagnetto en 1971.

Castagnetto desapareció el 17 de agosto de ese año, luego de ser secuestrado por un Escuadrón de la Muerte integrado por civiles, policías y militares que tenían importantes cargos funcionales en los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry. Los documentos fueron enviados al Departamento de Estado en Washington, fueron redactados desde la Embajada de Estados Unidos en Montevideo el 29 de setiembre de 1971 y el 1º de diciembre de 1972. En ambos se reconoce la responsabilidad del Estado en las acciones del Escuadrón de la Muerte. La desaparición de Castagnetto fue confirmada por la Comisión para la Paz, que en su informe final concluyó que el joven fue secuestrado aquel 17 de agosto en Avenida Italia y Propios, llevado a un chalé en El Pinar y a una casa de la calle Araucana, para ser ejecutado en la madrugada del día siguiente.

En un documento, el representante de la Embajada cuenta una conversación del 27 de setiembre de 1971 con el entonces ministro del Interior, brigadier Danilo Sena, a quien expresa su preocupación por los alegatos de la "prensa marxista" sobre la implicancia norteamericana en actividades antiterroristas. "Acerca del antiterrorismo, y en particular la formación de 'Escuadrones de la Muerte' como táctica, dije que no enjuiciaría lo desarrollado en Uruguay, tomando en cuenta la responsabilidad del GOU (gobierno uruguayo) en la superación de la subversión", reconoce el diplomático (ver nota adjunta). El documento de diciembre de 1972 señala que Argentina, Brasil y Paraguay apoyaron económicamente la creación de grupos antiterroristas clandestinos en Uruguay, pero advierte que las acciones de los Escuadrones de la Muerte "despiertan algunas simpatías públicas hacia las víctimas izquierdistas".

La denuncia de Lorenzo

En 1985, poco después de reinstitucionalizado el país, el diputado Nelson Lorenzo Rovira, de la Izquierda Democrática Independiente (IDI), Frente Amplio, y el abogado José Luis Baumgartner presentaron ante el Juzgado Penal de 8º Turno una denuncia penal contra los crímenes del Escuadrón de la Muerte. En el escrito judicial se responsabiliza al grupo parapolicial de los asesinatos de Manuel Antonio Ramos Filippini (31 de julio de 1971) y de Ibero Gutiérrez (28 de febrero de 1972), y por las desapariciones de Abel Adán Ayala (16 de julio de 1971) y Héctor Castagnetto (17 de agosto de 1971).

También se sindica al Escuadrón de la Muerte como responsable de una serie de atentados perpetrados contra los domicilios de los doctores Arturo Dubra, Alejandro Artucio, María Esther Gilio y Manuel Liberoff. Se utilizaron bombas fabricadas con gelinita proporcionada por el SIDE de Argentina. En la denuncia se implicaba como "posibles implicados" a Carlos Pirán, Santiago de Brum Carbajal, Jorge Nelson Nader Curbelo, Pedro Antonio Mato, Danilo Sena, Walter Machado, Víctor Castiglioni, Jorge Grau Saint Laurent, Campos Hermida y Nelson Bardesio, entre otros.

Las acciones del Escuadrón de la Muerte fueron confesadas por Nelson Bardesio, fotógrafo y agente policial, secuestrado por el MLN-Tupamaros el 24 de febrero de 1972, pocos días antes de que Juan María Bordaberry sustituyera a Jorge Pacheco Areco en la Presidencia de la República. También el subcomisario Mario Benítez, quien había operado con Bardesio en el Escuadrón, denunció la existencia del grupo paramilitar y sus integrantes al entonces senador Juan Pablo Terra, quien informó de todos los detalles al entonces ministro de Educación y Cultura, Julio María Sanguinetti. El propio Sanguinetti, como Presidente de la República luego de la dictadura, amparó en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado todos los atentados, asesinatos y desapariciones adjudicadas al Escuadrón de la Muerte antes del golpe de Estado de 1973.

El joven Héctor Castagnetto

En una carta publicada por el diario La Hora el 22 de mayo de 1987, ya terminada la dictadura, Blanca da Rosa, la madre de Héctor Castagnetto, denunciaba con dolor la impune desaparición de su hijo y narraba detalles de la vida de aquel joven estudiante de Agronomía. "20 de mayo de 1952, nació en Tacuarembó. Era rubio, muy blanco, de ojos claros. Creció y vivió feliz, contento como todos los niños que están protegidos por el amor materno, que es inconmensurable, no mide esfuerzos ni diferencia, y tiene la fuerza de una invencible tormenta", escribía Blanca. "A los tres años empezó a padecer asma infantil, que fue vencida a los 10 años; por suerte ya no faltaba más a clase por motivos de salud. A medida que crecía fue exteriorizando su vocación: excelente dibujante, amante de la historia, de la geografía, etc." "Era además muy cristiano, siempre oraba y tomó su primera comunión. Siguió creciendo, desarrollando sus propios pensamientos y formó su personalidad. Era un muchachito modesto, comunicativo, muy alegre, buen observador, muy sincero, fiel a sus amigos, de sentimientos muy puros, no odiaba a nadie".

La madre cuenta en su carta abierta que el 4 de octubre de 1969, policías de particular entraron a su casa y la llevaron junto a su hijo Héctor a la Jefatura de Policía en San José y Yi. Preguntaban por su hija, Blanca, quien había estado dos meses en prisión por una volanteada sobre la financiera Monty. Héctor tenía entonces 17 años de edad y estudiaba en la Facultad de Agronomía. En la sede de Jefatura los separaron. Mientras la madre dormía en una celda, en otra interrogaban al menor de edad, quien terminó siendo internado en el instituto de menores Alvarez Cortez. Dos años después sería secuestrado y desaparecido.

El capitán Nader se lo llevó

En la mañana del 17 de agosto de 1971, Héctor Castagnetto salió de su casa para entregar unos discos que había vendido el domingo en la feria de Tristán Narvaja. Se lo esperaba a almorzar. Sobre las 10.00 de la mañana se lo vio en Malvín. No se supo más de él. Dos semanas después, en su edición del 30 de agosto de 1971, el diario Acción destacaba como un "misterio" las desapariciones de los estudiantes Abel Ayala (Medicina) y Héctor Castagnetto (Agronomía). "Dos posibilidades caben: 1) Los dos jóvenes pasaron efectivamente a la clandestinidad. 2) Fueron secuestrados por la organización derechista", decía. Sobre Castagnetto, Acción explicaba: "Un domingo el joven se dirigió a la feria de Tristán Narvaja a efectos de vender discos y, de regreso a su hogar, manifestó que había sido seguido por algunos desconocidos. Entonces, de acuerdo con lo trascendido habría manifestado que tenía la información de que era el "número tres" en la lista del "Comando Caza Tupamaros".

En su testimonio a los Tupamaros, el fotógrafo Nelson Bardesio relata: "Castagnetto fue detenido en Propios y Avenida Italia, por dos funcionarios del Departamento 5 de la Dirección de Información e Inteligencia. De allí, fue trasladado a las inmediaciones del Hotel Carrasco, luego a un rancho abandonado, ubicado en la calle Araucana, donde permaneció hasta la otra noche, oportunidad en la cual fue entregado en Pasaje Hanson y Propios al capitán de marina Jorge Nelson Nader Curbelo, quien, trasladándolo al puerto, arrojó su cadáver al agua en lugar aún no determinado". Bardesio sostuvo que en la detención, traslados, torturas, muerte y desaparición de Castagnetto intervinieron, entre otros, Miguel Sofía, el capitán de navío Jorge Nader y el inspector de policía Víctor Castiglioni. Los tres eran miembros del Escuadrón de la Muerte. *

Publicadas por Memoria Viva

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Ilustración: Gabriel Carbajales

( fragmentos del artículo de Gabriel Carbajales)

Todos ellas y todos ellos viven y no perdonan. Ni perdonarán.

Todos nos siguen enseñando que la vida es lucha y que atrás de las apariencias, sigue habiendo Bordaberrys, Acosta y Lara, Dan Mitrione y otras ratas semejantes, conspirando, advirtiendo, amenazando, sembrando silenciosamente el terrorismo de estado como si éste fuese la panacea inexpugnable del sistema, no como lo hacían hace cuarenta años, pero sí listos para repetir si “de arriba” les llega la orden de la “obediencia debida” de una casta de mal nacidos que únicamente se arrepentirá de haberlo sido cuando Nicolás Gropp, Norma Carmen Pagliano, Luis Martirena, Ivette Jiménez, Alberto Candán Grajales, Horacio Rovira, Gabriel Schroeder, Armando Blanco, Luis Alberto Mendiola, Ricardo González Gómez, José Abreu, Elman Fernández, Raúl Gancio, Justo Sena, Rubén López y Héctor Cervelli, se nos aparezcan –y se les aparezcan-- al frente de la muchadumbre enfurecida que no olvidará ninguno de estos nombres y muchos otros, hijos de un pueblo de laburantes amantes de la paz y la hermandad entre iguales, pero no de privilegios ni despóticos mesianismos de engaño y opresión.

¡Vida eterna y amor revolucionario sincero para los caídos en abril de 1972!!!.
¡Revolución social y juicio y castigo al sistema del egoísmo y la impunidad!!!.

Gabriel –Saracho- Carbajales, Montevideo, 14 de abril de 2012.

 

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