Uruguay: A dos meses de la prescripción: 143 causas y solo 22 procesados.

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

 

CONTRARELOJ: 


PUBLICADO EN CARAS Y CARETAS 2/9/2011

ROGER RODRIGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy


Justicia-ya.jpg

Las organizaciones de derechos humanos subrayaron que el “¿Dónde Están?” no prescribirá hasta que no exista una respuesta. El Poder Ejecutivo dio a conocer una nómina de 143 causas judiciales denunciadas por 475 víctimas en 24 juzgados, en los que sólo 2 civiles y 20 represores han sido procesados. Los poderes del Estado siguen sin cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a dos meses de la prescripción de los delitos de la dictadura.

 

 

En la Plaza Cagancha, sobre la pared norte de la sede de la Suprema Corte de Justicia, los rostros de los desaparecidos se fueron sobreimprimiendo, uno a uno, el pasado martes, durante el acto de conmemoración del Día Internacional del Detenido-Desaparecido. Ningún juez, magistrado o autoridad del sistema judicial estaba a esa hora en el edificio estatal. La pared gritaba en silencio, sin que el sistema le prestara oídos. El frío de aquella noche era cálido en comparación con la desidia del Estado.

 

La declaración que los familiares y los hijos de los desaparecidos leyeron frente al monumento a la Libertad fue contundente: “¿Dónde están?, las preguntas no prescriben hasta que no se tienen respuestas” (…) “Es imposible perdonar lo que no se conoce” (…) “No están secuestrando la memoria. Nos están torturando la democracia. Nos quieren desaparecer la justicia. Nos quieren prescribir la verdad. ¡Ni una sola excusa que encubra delitos de lesa humanidad!”, proclamaron.

 

A sólo dos meses de la eventual fecha de prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar en Uruguay, las organizaciones no gubernamentales le dieron una voz de altera al Estado, a su Poder Ejecutivo, a su Poder Judicial y a su Poder Legislativo, para que actúen en cumplimiento de la sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos que impone esclarecer el Caso Gelman y obliga a  “dejar sin efectos” la ley de caducidad que amparó los crímenes de la dictadura.

 

Sordo de sin razón, el Poder Ejecutivo dio a conocer ese mismo día un informe en el que se reconoce oficialmente una nómina de causas, víctimas y resoluciones judiciales sobre casos de desaparición forzada o asesinatos durante el período del terrorismo de Estado en Uruguay. De 143 causas judiciales denunciadas en 24 juzgados de todo el país, por 475 víctimas, familiares u organizaciones, sólo se han determinado 26 procesamientos que implican a dos civiles y 20 militares y policías (ver cuadro adjunto).

 

En su comunicado oficial, el gobierno explicó que la nómina surgía de un complejo trabajo de compaginación de diversas fuentes elaborado por la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, aunque advirtió que ignoraba si la información era completa o abarcaba la totalidad de las causas existentes, debido a la “dispersión de la información existente al respecto”, ya que no todas las causas pasaron por Presidencia de la República y no se ha elaborado un índice específico del tema en el Poder Judicial.

 

El Poder Ejecutivo confirma la falta de voluntad política que el Estado ha tenido sobre las violaciones a los derechos humanos a más de 26 años de la reinstitucionalización del país. Durante los tres primeros gobiernos electos luego de la dictadura (Sanguinetti-Lacalle-Sanguinetti) no se tuvo en cuenta el tema, que simplemente se amparó en la Ley de Caducidad, y desde el gobierno de Jorge Batlle, cuando se creó la Comisión para la Paz, hasta la fecha (11 años que incluyen a las dos administraciones del Frente Amplio), no se ha “concentrado” la información sobre el tema.

 

La señal de reconocimiento del actual gobierno, se suma a la resolución del presidente José Mujica con la que se revocaron los actos institucionales por los que se ampararon en la Ley de Caducidad las denuncias de violaciones a los derechos humanos, pero lo hecho por el Poder Ejecutivo no alcanza a dar cumplimiento a lo impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su condena a Uruguay por su desconocimiento a los convenios internacionales que el Estado ha suscrito.

 

 

El Estado “debe disponer”

 

¿Qué hará el Estado uruguayo para cumplir con lo resolución de la Corte de Derechos Humanos de la OEA?, es la pregunta cuya respuesta aguardan las organizaciones sociales y no gubernamentales que observan con preocupación como el reloj de las prescripciones avanza hacia el próximo 1º de noviembre, fecha en que se cumpliría el plazo máximo que dispone el Poder Judicial para actuar sobre las causas de derechos humanos, cuando todo parece indicar que el sistema político dejará que transcurra el tiempo para que una nueva “lógica de los hechos” imponga ahora un “punto final”.

 

Sin embargo, lo que está en juego trasciende la conveniencia o la indiferencia con la que el sistema político está reaccionando ante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e implica a la responsabilidad que el Estado uruguayo tiene con el derecho internacional y el cumplimiento de los convenios suscritos. Las acciones del Poder Judicial, las inacciones del Poder Legislativo y las ambigüedades del Poder Ejecutivo están determinando un posicionamiento del Estado que tendrá consecuencias externas e internas.

 

La sentencia de la Corte Interamericana estableció que la Ley de caducidad no puede seguir siendo un obstáculo para la investigación del Caso Gelman (y los demás casos de derechos humanos) y que “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.

 

Si el Estado uruguayo (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no “disponen” acciones para que se acate lo que establece ese párrafo 254 de la sentencia de la Corte de Derechos Humanos de la OEA (es decir, que no pueden prescribir los delitos de la dictadura, ni pueden considerarse cosa juzgada, ni puede alegarse la irretroactividad de las leyes), se estarían incumpliendo el mandato de un organismo internacional al que Uruguay está sometido.

 

Dejar el tema a la suerte de lo que los jueces puedan disponer, sería en los hechos “habilitar un largo proceso de apelaciones, recurso de queja y de inconstitucionalidad que llevaría a que en los hechos se mantengan obstáculos similares a los que han impedido durante muchos años la acción sin limitaciones del sistema judicial”, advierte un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Pit-Cnt, para quien es el propio Estado, que por un cuarto de siglo cerró las puertas de los tribunales a las víctimas, el que debe abrir sin limitaciones ni obstáculos esas puertas.

 

“El tema de la impunidad, marcó la agenda política desde hace más de un cuarto de siglo. Para no resolverlo, el sistema político ensayó innumerables conductas políticas. Quienes hoy pretenden hacer retroceder el reloj de esta historia, ya sea realizando lecturas antojadizas de la Sentencia o teniendo intenciones de cumplirlas a medias, poco contribuirán a que el prestigio de Uruguay a nivel internacional, no quede una vez  más afectado y en cuestión”, señala el artículo firmado por el Raúl Olivera Alfaro en la publicación “Trabajo y Utopía” de la central sindical.

 

Mientras tanto, algunos fiscales y jueces siguen actuando en una carrera contra el tiempo y han acelerado las citaciones de testigos e indagados en sus juzgados, aunque en otras sedes judiciales los casos parecen haber quedado congelados a la espera de una señal de los poderes del Estado. Las víctimas y denunciantes de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, por su parte, también esperan que, al decir del tema compuesto por Ismael Collazo, a contra reloj la vida siga buscando la verdad.

 

 

Causas, víctimas y victimarios

 

Juzgado                      Causas                  Víctimas/          Procesados/

actuante                                            Denunciantes            indagados/

                                                                                            condenados

 

Penal 1º  Turno                     18                           108                            2

Penal 2º  Turno                       5                             24                            0

Penal 3º Turno                      15                             32                            1

Penal 4º Turno                        9                             10                            0

Penal 5º Turno                        8                             37                            0

Penal 6º Turno                        6                               6                            0

Penal 7º Turno                      19                             54                            4

Penal 8º Turno                        8                             13                            2

Penal 9º Turno                      13                             62                            0

Penal 10º Turno                      6                             14                            2

Penal 11º Turno                      3                               6                            2

Penal 12º Turno                      7                               7                            0

Penal 13º Turno                      3                               9                            0

Penal 14º Turno                      2                               2                            0

Penal 19º Turno                      5                             60                          11

Penal 20º Turno                      1                               2                            0

1º Turno Pando                      1                               5                            0

4º Turno Maldonado              2                               2                            0

2º Turno Maldonado              4                               4                            0

Fray Bentos                            3                               3                            0

Paso De los Toros                  1                               1                            2

Paysandú                                1                             11                            0

Salto                                      1                               1                            0

Flores                                     2                               2                            0

TOTAL                                143                            475                          26*

 

 

 

* Nota: Dos civiles han sido condenados en dos causas: el dictador Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blancos. También tienen doble sentencia los militares Gregorio Álvarez y José Nino Gavazzo. El resto de los procesamientos implican a Tranquilino Machado, José Araújo Umpiérrez, Enrique Rivero, Carlos Calcagno, Nelson Bardesio, Pedro Fleitas, Miguel Dalmao, José Chialanza, Juan Carlos Larcebeau, Ricardo Arab, José Sande, Ricardo Medina, Luis Maurente, Ernesto Rama, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Juan Carlos Gómez.

 

Enviado por MarysYic

Etiquetado en Uruguay y sus cosas

Comentar este post