Uruguay: Ahora le tocó a La Paloma
No cesan las sorpresas. Cuando aún resuenan las críticas y los reclamos por los anuncios oficiales de que se autorizó la construcción del puente sobre la laguna Garzón, y que se extirparía la Dirección Nacional de Medio Ambiente de la cartera correspondiente, ahora se confirma un acuerdo para transformar el puerto de La Paloma en una terminal multimodal.
Los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Turismo y Deporte junto a la Intendencia de Rocha, firmaron un acuerdo para habilitar al puerto balneario en la operativa de transporte de madera con destino de Fray Bentos.
Lo insólito es que todo se hizo sin la participación del Ministerio de Medio Ambiente ni de las poblaciones locales. Se enteran ahora por el anuncio realizado por el alcalde de La Paloma a los medios.
No se realizaron estudios de impacto ambiental, ni de impactos sociales y económicos, instancias que resultan elementales y siempre previas a la toma de decisiones. Es obvio que no se trata de un olvido. El acuerdo hay que interpretarlo como resultado del convencimiento de las autoridades actuantes, de que las nuevas actividades que se desplegarán por las rutas 9 y 15 -y en terminal portuaria- no tendrán impactos de significación en la zona. Aunque saben que implicará reconstruir la ruta de acceso a La Paloma para tránsito pesado, ensanchar cuatro puentes, instalar y construir en el puerto balneario zonas de acopio de grandes volúmenes de madera.
Sin entrar en la consideración de si el puerto de La Paloma deber cumplir un papel bien diferente al actual como motor de desarrollo local, lo que resulta asombroso es constatar el retroceso que estamos experimentando en nuestro país en materia de política ambiental gubernamental.
La creación del Ministerio de Medio Ambiente en mayo de 1990 y la aprobación de la ley de Evaluación del Impacto Ambiental en enero de 1994 (y su reglamentación) son, por sí solos, logros muy significativos para el país, porque en su momento demostraron una madurez política de conducir los destinos nacionales por caminos con mejor planificación, mayor discusión y participación, y fortalecidos con criterios técnicos y conocimiento empíricos.
Este marco legal e institucional ha sido y es la mejor garantía de que disponemos para tratar de evitar que se cometan errores y atropellos, tanto de parte de particulares como del propio Estado o de los gobiernos locales.
No entendemos cómo la cartera de Turismo entiende que esta actividad esencialmente de transporte y acopio de mercadería (un cuarto de millón de toneladas de madera por año) no impactará negativamente sobre las pretensiones de La Paloma, de continuar desarrollándose como uno de los mejores balnearios del país. Debería ser el primero en exigir la realización de los estudios correspondientes, para conocer qué se debería esperar con la realización de este proyecto.
En cuanto a la población local, no se puede admitir que con todo el camino que se ha intentado recorrer en la última década en materia de promover la participación ciudadana y la gobernanza -como mecanismos idóneos para impulsar un paradigma de desarrollo más justo y sustentable- desde el propio gobierno nacional y el rochense, ante un proyecto de la envergadura del que se propone, se haya privado a la comunidad local de su legítimo derecho a opinar e incidir en la toma de decisiones.