Uruguay: Algunas confusiones.

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

 

Enviado por Amarelle:

 

Confusión presidencial:en lugar de transformar los cuarteles en escuelas como hizo la Revolución Cubana una vez que disolvió las FFAA y mando oficiales y soldados para sus casas,con esta propuesta se LLEVAN LOS ESTUDIANTES A LOS CUARTELES,con milicos ADENTRO !

 

 

Consejo de Ministros

Mujica propone que cuarteles aporten locales para la UTU

  • José-Mujica

 

Martes 01 de noviembre de 2011 

El presidente de la República, José Mujica, insistió ayer ante sus ministros en que lo más urgente son los niños y adolescentes que se encuentran postergados y excluidos del sistema educativo formal.

DIARIO LA REPUBLICA

Durante la sesión del Gabinete Social de ayer, uno de los temas centrales fue el vinculado con la situación de la enseñanza, tanto sobre las 42 propuestas para reformar la educación pública que realizó ante el Parlamento el ministro Ricardo Ehrlich como por la controversia entre la directora del Liceo Bauzá y el director general de Secretaría del Ministerio de Educación, Pablo Álvarez.

Al comienzo de la sesión Mujica dijo que deben diseñarse herramientas para construir una “política de Estado”, en un tema en el cual existe una disparidad de enfoques para alcanzar un gran acuerdo nacional.

Planteó la urgencia de poner en marcha las “voluntades” y alcanzar los “consensos” necesarios que permitan un gran acuerdo nacional en educación tomando como base el Plan Nacional de Educación.

Mujica insistió en que la situación más urgente es la de los niños y adolescentes que se encuentran rezagados y fuera del sistema educativo; por ello aseguró que su inclusión social es una prioridad.

El mandatario planteó a los ministros que integran la comisión que analiza las propuestas para la enseñanza que también incluyan a representantes del INAU y la UTU.

En ese marco, el jefe de Estado planteó una propuesta referida a la posibilidad de unificar el marco de acción de las UTU de El Cerro y Paso de la Arena, cuya capacidad se encuentra colmada, y recurrir a la interacción, en este caso con el Cuartel de La Paloma de Santín Carlos Rossi y La Boyada. La intención es que la dependencia militar aporte sus instalaciones para ampliar el cupo de ambos locales de estudio y se amplíe también la oferta educativa, además con la participación del Mides.

El mandatario planteó ampliar los cursos de oficios en manualidades que podrían dictarse en esos espacios o locales cedidos por el Ministerio de Defensa a través de un acuerdo con otros organismos gubernamentales.

Por otro lado, el ministro Ehrlich se refirió a que el director de Educación, Pablo Álvarez, le había presentado su renuncia por el incidente que protagonizó al subir a su cuenta personal de Facebook un video en el cual aparece la directora del Liceo Bauzá, Graciela Bianchi, entablando una discusión con alumnos de ese centro de enseñanza.

Tanto Ehrlich como Mujica destacaron la actitud de Álvarez de reconocer que había cometido un “error” y lo ratificaron en su cargo. Mujica planteó que Álvarez traslade sus disculpas a la directora del Bauzá.

En tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad, Social, Eduardo Brenta, añadió un elemento más a la discusión al recordar que la directora Bianchi encabezó una serie de protestas contra el gobierno por la inclusión de los escribanos en el Sistema Nacional de Salud, e incluso cuestionó públicamente al entonces ministro de Salud, Daniel Olesker.POL 3 Consejo De MInistro

OBSERVATORIO

* El Ministerio de Salud Pública, la Universidad de la República, la Federación Uruguaya de la Salud, el Sindicato Médico y la Federación Médica del Interior lanzarán hoy el “observatorio de recursos humanos”, cuyo cometido será dar respuestas a las distintas necesidades que se plantean para la formación y capacitación del personal que demanda y requiere el sector de salud en todo el país.

Por otro lado, el ministro de Salud, Jorge Venegas, se refirió a la reciente firma del contrato para adquirir nueva flota destinada al fortalecimiento del proceso de descentralización en áreas como la vigilancia epidemiológica, salud rural, prevención y promoción de la salud.

Mujica saludó a Lula

* Enterado de que el ex presidente de Brasil deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia a partir del 31 de octubre para tratarse un cáncer de laringe, el presidente Mujica envió su saludo a Lula con el deseo de pronta recuperación, a través de su secretaría privada, informó ayer el sitio oficial de la Presidencia uruguaya. El ex mandatario brasileño supo el sábado 29 de la existencia de un tumor a raíz de exámenes a los que fue sometido en el Hospital Sirio Libanés de San Pablo.

El Presidente de Uruguay, que tiene una larga amistad con Lula, le hizo llegar su mensaje a través de la Secretaría del Instituto Ciudadanía, creado por el ex presidente. Precisamente, a raíz de las múltiples manifestaciones y salutaciones de solidaridad, el referido instituto creó una dirección de correo para facilitar tales comunicaciones: saudelula@icidadania.org. Según se informa desde el Instituto, Lula ha cancelado toda actividad formal hasta enero del próximo año.

 

 

Confusión del alto mando militar: no se esta preguntando si personalmente el oficial Aguerre recibió ordenes, se esta preguntando sobre lo que hizo LA INSTITUCION FFAA CON DETENIDOS SECUESTRADOS QUE AUN NO HAN APARECIDO, se esta preguntando QUIENES DIERON LAS ORDENES DE ASESINAR PRISIONEROS EN LA TORTURA, DE TORTURAR, VEJAR Y VIOLAR PRISIONEROS.Y SE ESTA PREGUNTANDO TAMBIEN QUIENES LO HICIERON, o acaso Aguerre tenia vacaciones y tampoco escucho nunca ningún comentario de nadie. Por lo demás, no se llama "APREMIOS" se llama lisa y llanamente torturas, vejaciones y asesinatos.

 

 

Gral. Aguerre, Jefe del Ejército

“Nunca recibí la orden de apremiar a nadie”

"Hay un tiempo para todo; un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo de guerra y un tiempo de paz". Su padre estuvo preso los 12 años de la dictadura. Ayer reunió a 13 generales del arma

Escrito por: LUIS CASAL BECK - Lcb.mvd@gmail.com

Miércoles 02 de noviembre de 2011
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Hacía muchos meses que los generales del Ejército no eran convocados por su comandante para abordar asuntos centrales de la agenda institucional. El nuevo jefe, general Pedro Aguerre, a pocas horas de haber asumido, reunió a trece generales, iniciando una nueva etapa que se inscribe en lo que él denomina “el espíritu de Aragón”.

“Hoy (por ayer) realizamos la primera reunión. Estuvieron presentes los generales Milton Ituarte y Felicio de los Santos, que cumplen destinos en el exterior. No pudo asistir el general Raúl Gloodtdofsky, que es el jefe de la misión de la ONU en la frontera entre India y Paquistán, pero con quien estuvimos en contacto. Usted sabrá que el general Daniel Castellá se recupera muy satisfactoriamente de un problema de salud.

¿ Esto implica un cambio respecto al estilo de conducción de su antecesor?

Al final de mis palabras, recordaba el lunes al Eclesiastés del Antiguo Testamento. Todo tiene su tiempo. Cada comandante imprime un sello personal a su gestión. Lo que buscamos es ser lo más receptivos posible a los problemas internos de la fuerza, y a los exteriores, a los de la sociedad toda.

¿ Es eso lo que usted denominó en su pasaje por la dirección del Instituto Militar de Estudios Superiores, como “el espíritu de Aragón?

En una institución tan noble como esta, que está cumpliendo los 200 años, es abrir instancias de diálogo, en un marco de respeto y obediencia. El Ejército es una institución verticalista. Tenemos el privilegio de portar las armas que nos son entregadas por la República para cumplir con la ley y defender las instituciones. Existe una cadena de 15 mil eslabones, solidificados en una ética y un sentido del honor.

¿ Por dónde pasan los cambios por usted proclamados?

En esta primera etapa se están produciendo algunos cambios en los destinos. En febrero, habrá otros. Hoy (por ayer) a la hora 10, el general Luis Pérez (sin destino desde el 3 de mayo) asumió la dirección del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) y el Comando de la Enseñanza Militar, que también comprende a la Escuela Militar y al Instituto Militar de las Armas y Especialidades. El general Sergio D´Oliveira, que estaba al frente del IMES, pasó a ser el jefe del Estado Mayor, relevando al general José Burone, que el próximo jueves de mañana asume la dirección del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen). Por la tarde, en Minas, el general Neris Corbo se hará cargo del comando de la División IV que estaba a mi cargo hasta el lunes pasado. También fueron impuestos los inspectores de las cinco armas del Ejército.

¿Y la hoja de ruta trazada, por dónde sigue?

Existen proyectos de reforma, estudios de Estado Mayor. Se ha conocido hace poco una propuesta de modernización de la defensa militar, elaborada por el Estado Mayor de la Defensa. Todo, naturalmente, va a estar sujeto a la política de defensa nacional y a la política militar que defina el gobierno.

¿ Cómo lo condiciona el hecho de que su padre haya estado preso durante los 12 años de la dictadura, siendo usted oficial?

Somos nosotros y nuestras circunstancias, siempre. Pero, mi padre es mi padre y yo soy yo. En mi casa me enseñaron el valor de la palabra, y una forma ética de estar en y con el mundo. Eso lo agradecí al asumir, al igual que a nuestra enseñanza pública, que nos hizo ciudadanos republicanos, laicos, respetuosos de las ideas y de las creencias.

En una entrevista realizada hace muchos años por César di Candia al general Hugo Medina, este, reconoció que en determinado momento mando torturar. En sus años de oficial, usted recibió la orden de apremiar a un detenido?

Jamás. Nunca recibí la orden de apremiar a nadie. No somos robots. Esa fue la realidad de la enorme mayoría de los oficiales. Existen generalizaciones, mucho dolor en quienes fueron afectados y sus familiares, por eso la necesidad de mirar hacia el porvenir, sin olvidar; buscando reencuentros, en un país en paz, que transite por los caminos de la justicia y de la tolerancia.

La Republica

DIFUNDEN MILES DE DOCUMENTOS. INCLUYEN HALLAZGO ULTIMO EN EL BATALLON 14

Presidencia amplía Investigación Histórica sobre los desaparecidos

Presidencia de la República presentó ayer una ampliación de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. El informe incorpora documentos desconocidos sobre el sistema represivo en dictadura, entre ellos un informe firmado por el entonces alférez Miguel Dalmao sobre su labor como oficial S2.

Escrito por: DIARIO LA REPUBLICA

Miércoles 02 de noviembre de 2011
Dalmao. Un documento aparece con su firma, como jefe del S2.

La ampliación de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos, en base al trabajo desarrollado entre 2007 y 2011 por los equipos de antropólogos e historiadores de la Udelar, determinan la aparición de nuevos documentos y detalles sobre el accionar represivo de la dictadura uruguaya.

El informe detalla el trabajo del equipo de antropólogos en predios militares tras la información aportada por “fuentes oficiales y no oficiales”, entre ellos, los efectuados en el Batallón de Infantería Nº 14 de Toledo, donde recientemente fueron hallados los restos de un ciudadano detenido-desaparecido y el hallazgo de pequeños fragmentos de restos óseos, cuyo origen aún no fue determinado.

En tanto, la investigación del equipo de historiadores incluye el análisis de más de 1.500 documentos de 17 organismos estatales, sobre la acción represiva contra ocho organizaciones políticas en el Uruguay y la región, y la ampliación de la información sobre los 175 uruguayos desaparecidos, por la actuación ilegítima del Estado.

La documentación analizada permite determinar: el universo de las víctimas; el traslado ilegal de prisioneros desaparecidos desde Argentina a Uruguay; la historia de niños y adolescentes secuestrados, desaparecidos temporalmente y posteriormente recuperados; el viaje de oficiales de la Armada (entre ellos, Jorge Tróccoli) a la República Argentina en plena ofensiva contra el GAU y el MLN en 1977; el conocimiento de los oficiales del Servicio de Información y Defensa (SID) de las operaciones contra el grupo Montoneros en Uruguay; y el desarrollo de la “Operación Morgan” contra el Partido Comunista, entre otros.

El reservorio documental incluye, además, algunos documentos útiles para la dilucidación de procesos judiciales, entre ellos, un informe firmado por el general Miguel Dalmao, actualmente procesado por el homicidio de Nibia Sabalsagaray, en su calidad de oficial S2 (Información) del Batallón de Transmisiones Nº 1 (hoy Batallón de Comunicaciones Nº 1).

El 11 de julio de 1974, doce días después de la muerte de Sabalsagaray en las entrañas de la unidad militar, el entonces alférez Dalmao remitió un documento al SID, en su calidad de oficial S2, donde narra los detalles del interrogatorio al cual fue sometido un repartidor del semanario “9 de febrero”, cuyo redactor responsable tenía “vinculaciones con la sedición”. Dalmao ha insistido durante el proceso que, por su calidad de alférez, no tenía potestad para interrogar presos políticos.

En este sentido, el director del equipo de historiadores, Álvaro Rico, destacó que el hallazgo de nuevos documentos significa no solo la voluntad gubernamental de continuar la investigación, sino comprobar la existencia de documentos en los archivos estatales del período de la dictadura y definir el “carácter sistemático, planificado e institucional de la represión dictatorial”. “Hemos venido avanzando en la reconstrucción histórica sobre la represión y sus distintos períodos”, dijo Rico a LA REPÚBLICA.

La Republica

Uruguay: Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. Equipo coordinado por Alvaro Rico.

 

 

Cuando una adolescente pinto con spray en un Ministerio fue enviada a la justicia y poco falto que se la acusara de "terrorista", sin embargo, los representantes de "las fuerzas del orden" destrozan bienes públicos y la sanción se limita a algunos jefes. La pregunta que muchos se hacen si siguen las protestas es quien va a reprimir a los policías que vandalizan instalaciones publicas.

 

Policías rompen relojes de control de entrada; sancionan a jerarcas

Reestructura. Mandos medios prevén que fracasará por falta de personal

E. BARRENECHE / P. MELENDREZ

La rotura de relojes biométricos de control de entrada y salida de funcionarios, es un ejemplo práctico de la "resistencia al cambio" que hay en la Policía a la reestructura que promueve el ministro Eduardo Bonomi.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a El País que policías que se oponen a los controles estrictos de horarios -les impide realizar el Servicio 222- destrozaron los relojes que leen huellas dactilares ubicados en la sede de la cartera y en comisarías.

Agregaron que la rotura de los aparatos derivó en sanciones a comisarios.empty.gif

"Hay resistencia al cambio" dentro de la Policía, que se traduce en críticas a la disminución de las horas topes del Servicio 222 y a la aplicación de los relojes biométricos -huellas dactilares-", reiteró la fuente ministerial.

El nuevo jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, asumió ayer en el cargo en reemplazo de Walder Ferreira, y dijo que no hay fecha prevista para la reestructura, ya que los cambios se deben realizar de forma "muy responsable" y "atendiendo las necesidades de los recursos humanos y de la población".

Consultado sobre las críticas hacia el nuevo esquema, Fernández dijo que "siempre hay alguna resistencia a lo nuevo", pero destacó que hay conciencia sobre que la sociedad "ha evolucionado mucho", y la Policía debe adaptarse a los cambios.

"No vamos a salir corriendo. Sabemos que la inseguridad es un gran problema, lo tenemos muy claro y vamos a atacarlo desde todos los ángulos posibles", dijo Fernández.

"Como todo proceso lleva su tiempo. Nosotros manejamos recursos humanos, no números. Por lo tanto, esto lleva un trabajo serio y responsable, porque el apuro lo va a sufrir la población", insistió Fernández.

Por otro lado, el nuevo jefe de Policía de Montevideo dijo que en su gestión se mantendrán, por ejemplo, los operativos de saturación.

"No vamos a abandonar ninguno de los procedimientos que estamos utilizando actualmente. Vamos a sumar procedimientos y no descartamos ninguna posibilidad dentro del marco de la ley", sentenció.

RESPONSABILIDADES. Falta de personal, incertidumbre sobre los roles de los oficiales en la nueva estructura y la desaparición de la Dirección de Investigaciones, son las principales críticas que surgen desde la interna policial a los cambios que pretende aplicar Bonomi.

El pasado lunes 31, durante el acto de imposición de mando de 15 oficiales superiores, el ministro Bonomi anunció los cambios que se efectuarán en la Jefatura de Policía de Montevideo a partir de fin de año y advirtió que no ascenderán aquellos oficiales que se opongan a las reformas.

Con respecto a la reestructura en la Jefatura, las fuentes ministeriales expresaron que se procura dar mayores responsabilidades a los mandos medios policiales en el combate al delito y que "haya más policías en la calle. Eso genera resistencia".

En tanto, fuentes policiales indicaron a El País que las principales críticas a la reestructura que pretende aplicar el Ministerio del Interior en la Jefatura capitalina provienen de mandos medios -jefes de zona y comisarios- quienes deberán cargar con mayores responsabilidades funcionales en el nuevo organigrama.

Además, los mandos medios se quejan de la escasez de personal. Solo en la Dirección de Seguridad -donde funcionan las 24 comisarías montevideanas- faltan 800 policías. En 2009, la Dirección de Seguridad contaba con 3.600 efectivos. Actualmente esa cifra cayó a 2.800 uniformados.

Desde el Ministerio del Interior se anunció que ingresarán unos 300 nuevos efectivos, de los cuales 200 de ellos son soldados que aceptaron pasar a la Policía. También se señaló que se han inscripto civiles para integrar la fuerza.

Desde la interna policial también hay cuestionamientos hacia el gobierno por no modificar la ley de pases en comisión, ya que existen 1.500 policías de la Jefatura capitalina en otros organismos.

CUATRO ZONAS. Los cambios en la Jefatura implican la creación de cuatro zonas operativas -cada una contará con seis comisarías-, tendrá un grupo de investigaciones y algunas actividades de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Montevideo pasarán a Crimen Organizado.

Bonomi también creará la figura del "oficial del caso", para el seguimiento de los procedimientos en esas zonas.

Según las fuentes, los jefes de zona dejarán de tener los privilegios de realizar una tarea meramente administrativa y tendrán que ocuparse de aspectos operativos.

Agregaron que desde la Dirección Nacional de Policía le exigirán rendimientos a cada zona y que se deberán elaborar estadísticas sobre la cantidad de delitos denunciados y los aclarados.

Las fuentes dijeron que entre los comisarios existe disconformidad, ya que trascendió que el Ministerio del Interior elabora un proyecto para que el 50% de los 24 comisarios de Montevideo sean elegidos por selección -designados en forma directa- y el otro 50% por concurso y por derecha.

Desde la Policía se cuestiona a Interior por no respetar el sistema de ascensos "naturales", lo cual "genera descreimiento y desmotivación" en la oficialidad, dijeron las fuentes.

La eliminación de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura también genera críticas, ya que desaparece una repartición con 117 años de historia especializada en investigar delitos como hurtos y rapiñas, delitos de "cuello blanco" y tráfico de pasta base, entre otros.

Dentro de la Policía sí se ve con beneplácito la creación del "oficial del caso" porque permitirá realizar un seguimiento más exhaustivo de las investigaciones y la instalación de un nuevo sistema de comunicaciones entre los móviles.

También se valora la adquisición de 60 camionetas y 210 patrulleros; la compra de vehículos rusos para la Guardia Republicana y el arribo de armas modernas para la fuerza.

Además se le reconoce a Bonomi haber apoyado a la Policía en momentos críticos y haber dado un lugar a la Dirección de Policía que en gobiernos anteriores era una "mera figura decorativa".

Interior busca inversores

El Ministerio del Interior buscará en Europa inversores interesados en la construcción de un centro penitenciario con capacidad para 2.000 internos en el predio del penal de Punta de Rieles. La proyectada cárcel se construirá en base a lo que prevé la ley de Participación Público Privada (PPP) aprobada en el pasado mes de julio.

"Vamos a buscar inversores allí", expresó el jerarca de Interior

Ayer, el director general de secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, viajó a Madrid para presentar en un evento iniciativas de obras públicas con apoyo de privados.

Luego, el jerarca se trasladará a Rusia para conocer las nuevas tecnologías en armas y estrategias de seguridad que existen en ese país.

La cifra

1.500 Es la cantidad de policías de la Jefatura en comisión. Quinientos de ellos en otras instituciones

ajenas a seguridad pública.

Control satelital a vehículos policiales

En unos 15 días, todos los vehículos de la Jefatura de Policía de Montevideo estarán controlados por un sistema satelital que permitirá determinar su ubicación y fiscalizar el consumo de combustible, según aseguró a El País el director general de secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera.

Ayer, el sistema comenzó a ser instalado en los móviles de Radio Patrulla, informó Carrera. El mecanismo, denominado Sisconve, es una adaptación de Ancap de un método de control que se aplica a nivel internacional desde hace 15 años.

Carreras explicó que en base a un software especial y un sistema de GPS, además de detectar la ubicación de los vehículos, también se podrá "controlar el consumo de combustible". A mediados de septiembre, la Jefatura de Policía de Montevideo inició una investigación administrativa en el Cuerpo de Abastecimiento y Mantenimiento Automotriz (Cayma), dependencia que suministra nafta a los móviles policiales. El objetivo es determinar los motivos de un faltante de combustible mediante supuestas maniobras con vales. La Jefatura capitalina investiga por estos hechos a más de 10 policías subalternos, a la vez que hay una indagatoria judicial a cargo de la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti.

El Ministerio del Interior decidió suprimir el Cayma. La idea es firmar un convenio con talleristas para que se ocupen del mantenimiento de la flota. Ese nuevo mecanismo está a estudio del Tribunal de Cuentas de la República, y se pretende ponerlo en marcha cuanto antes, dijo Carrera.

El País Digital

 

Lo mejor para no olvidar el pasado es que sepa donde están los desaparecidos y que todos los asesinos de prisioneros y torturadores,violadores y saqueadores sean juzgados "Mirar hacia adelante" dejando de lado todo eso "del pasado" es que los familiares sepan la verdad y que las victimas vean que se ha hecho justicia.

 

asuncion aguerre


Lo mejor para no olvidar el pasado es que sepa donde estan los desaparecidos y que todos los asesinos de prisioneros y torturadores, violadores y saqueadores sean juzgados "Mirar hacia adelante" dejando de lado todo eso "del pasado" es que los familiares sepan la verdad y que las victimas vean que se ha hecho justicia.

Nueva era en el Ejército

General Aguerre: “No olvidar” el pasado y “mirar hacia adelante”

"Yo lo que quiero es tener un país en paz, en el que ustedes se sientan orgullosos de su Ejército. Que muchos no lo sienten. Y tienen razón. Cambiémoslo. Ayúdenme"

Martes 01 de noviembre de 2011 | 5:41

En una conferencia de prensa realizada al término de la ceremonia de asunción, el comandante Pedro Aguerre dijo que sintió “tristeza y dolor” al enterarse de que habían aparecido restos humanos en el Batallón 14 que corresponderían a un detenido-desaparecido. Aseguró que si tenía “alguna información” de la dictadura la daría a conocer de inmediato al gobierno, subrayando su “absoluta confianza y respeto” en la Justicia y su condición de “republicano”.

LUIS CASAL BECK (Lcb.mvd@gmail.com)
“Comprendo el dolor de los familiares”, afirmó. Sobre el hallazgo en el Batallón Nº 14 dijo que “debemos manejarlo con el respeto que nos gustaría que lo manejaran si fuera familiar nuestro. Siento dolor. Siento tristeza. Siento que debemos mirar hacia adelante. No olvidarnos”. Aguerre sostuvo que “son los productos de nuestras experiencias, me parece importante” y afirmó que “la información que tenga es información que voy a dar… porque si yo tuviera un desaparecido sería el primero también en buscar una respuesta. Si yo tengo información que entiendo que sirve para pacificar a nuestro país, y que sirva para que ustedes sientan que el Ejército es parte de ustedes también, yo la voy a compartir”. Dijo que tiene “ganas de hacer y aportar”, que le va a presentar ideas a sus mandos superiores. Que tendría “abiertas las puertas de su despacho”. Además se comprometió a ayudar al sector más sumergido de su fuerza. Inquirido acerca de si pensaba que el Ejército debía pedir perdón por los hechos que protagonizó en el pasado, Aguerre no descartó esa posibilidad, señalando que ese pasado común de la sociedad uruguaya estuvo signado por los desencuentros, y lo que procurará es avanzar por “los caminos de la paz”, sabiendo que “no somos dueños de la verdad; esta debe construirse”. “Yo lo que quiero es tener un país en paz, un país pacificado. Un país en el que ustedes se sientan orgullosos de su Ejército. Que muchos no lo sienten. Y tienen razón. Cambiémoslo. Ayúdenme. Tengo voluntad de trabajo”, sostuvo.

Interrogado sobre los problemas más acuciantes de la coyuntura, el flamante titular del Ejército dijo que ocho mil de los 15 mil integrantes de esa rama castrense se encuentran hoy bajo el nivel de pobreza, lo que constituye un gran desafío.

“Vivir en tolerancia”

En el acto de investidura como comandante del Ejército, Aguerre rompió con la tradición de leer el discurso de inicio de gestión. En un mensaje de 8 minutos, tuvo palabras de “agradecimiento” en primer lugar para “mi familia, donde aprendí que es más importante la palabra empeñada que la palabra escrita, y lo que es la tolerancia”, señaló. A escasa distancia, entre los invitados, se encontraba su padre, el coronel Pedro Aguerre, de 84 años, que estuvo preso durante la dictadura (1973-1985) por defender las instituciones democráticas.

En la breve ceremonia encabezada por el presidente José Mujica, y en la que se hicieron presentes, entre otras autoridades civiles y militares, el Vicepresidente Danilo Astori y el titular de la cartera de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, Aguerre evocó la educación en valores (“de vivir en armonía y en tolerancia”) que recibió en la escuela y en el liceo públicos a los que concurrió, tanto en Tacuarembó, donde nació hace 58 años, como en Montevideo.

Señaló que el Ejército, en cuyas filas hizo toda su carrera a lo largo de casi cuatro décadas hasta llegar al grado de general, “es una institución de honor”, que ha cometido “errores como todos”, y que se trata de “15 mil eslabones, unidos”. Poco antes, Fernández Huidobro le entregó los símbolos del mando. A partir de ese momento Aguerre pasó a ser comandante en jefe de la institución, con el grado de general de Ejército.

En el inicio del acto el comandante saliente, general Jorge Rosales, que condujo a esta rama militar en los últimos cinco años, leyó su mensaje final, en el que hizo un balance primario del período. “La tarea no fue sencilla, quedaron muchos problemas sin resolver”, dijo. Subrayó como un hecho positivo de su etapa “la mecanización alcanzada en la fuerza”, la capacitación e instrucción de su personal; la forma en que ha desempeñado las misiones asignadas en el exterior, lo que ha convertido al Ejército uruguayo “en referente en el mundo”, por parte de Naciones Unidas.

Rosales dijo que habían sido resueltos en esos cinco años los problemas de equipamiento.

En referencia a los “hechos del pasado”, dijo que “afectan moralmente a la fuerza” y convierten a sus miembros en “rehenes de hechos lamentables ocurridos hace 30 años”. En los últimos años, la Justicia penal ha procesado con prisión a varios oficiales del Ejército por violaciones a los derechos humanos en la etapa autoritaria.

Rosales manifestó asimismo su desazón porque “el Ejército es sometido a una falta de valorización permanente” y es blanco de “agravios y condenas públicas”.

JEFES DE ARGENTINA Y BRASIL PRESENTES

* En la ceremonia cumplida ayer en el Comando del Ejército se hicieron presentes los titulares de los ejércitos de Argentina y de Brasil, con los que existen en el presente fluidas relaciones que se han materializado en distintas maniobras conjuntas y en el cotidiano relacionamiento en las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.

Por Argentina estuvo presente el teniente general Alberto Pozzi, que es Jefe del Estado Mayor del Ejército; y por Brasil, el general Enzo Martins Peri, comandante general del Ejército.

Brasil tiene actualmente un Ejército de 330 mil hombres. En Argentina, que elimino el servicio militar obligatorio y tiene un Ejército profesional, sus efectivos llegan a los 78 mil.

 

DECLARACION DE DONDE ESTAN?- Francia
 
 
« ¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos ! »                                                                          Gustavo A. Bécquer  
 
Los integrantes y amigos de la Asociación ¿Dónde están ? siguen perplejos y consternados las discusiones internas  del FA sobre las medidas a tomar para impedir  que el 1° de noviembre, día en que se venera a los muertos, se declaren prescriptibles los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar.  
 
 
Para quienes hemos defendido sin concesiones la defensa de los derechos humanos, para quienes las consignas de Verdad, Justicia y Nunca más, nunca fueron meras palabras, sino condiciones imprescindibles para la reconstrucción democrática de nuestro pais, no podemos sino esperar que estos pricipios sean respetados y que los crímenes del Terror de Estado sean sometidos a la Justicia.
 
 
 Reclamamos a todas las fuerzas políticas constituyentes del Frente Amplio, y muy especialmente a sus más altas autoridades, que logren un acuerdo que impida que, durante el ejercicio de un gobierno dirigido por el Frente amplio, démos a América Latina y al mundo entero la tristísima imagen de un Uruguay donde la impunidad triunfa sobre la justicia y los Derechos del hombre.  Eso sucederá si llegamos al 1° de Noviembre sin haber impedido categóricamente que los crímenes cometidos por el Terror de Estado puedan ser catalogados como prescriptibles.
 
 
Los desaparecidos pertenecen a la memoria de la Patria.
 
 
 Sindicalistas, maestros, hombres de cultura, militantes sociales, dieron sus vidas o sufrieron torturas y vejámenes sin nombre, por construir el país que hoy vive en democracia. Olvidar ese pasado tan reciente de lucha de todo un pueblo por su honor y su dignidad, es comprometer seriamente el futuro político del Frente Amplio y de la democracia.
 
 
No debemos abandonar a los desaparecidos y a sus familiares, no debemos olvidar los crímenes cometidos contra ellos, no debemos olvidar a los asesinos que nunca han pedido perdón por sus crímenes y que esperan prepotentes  la vergonzosa prescripción.
 
 
Seguiremos preguntando ¿Donde están ?, seguiremos reclamando Verdad y Justicia. Solicitamos a la comunidad política responsable de los destinos del país un pronunciamiento inmediato y sin ambigüedad alguna sobre la imprescriptibilidad de los crímenes del Terror de Estado
 
 
.Quedan muy pocos días para salvar el honor del Frente Amplio y del Estado uruguayo, y para que la memoria de los desaparecidas no sea una vez más humillada y olvidada. ¡No dejemos solos a los desaparecidos !¡No a la impunidad !
 
 
¡Por la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos por la dictadura! 
 
 
                                      Asociación Dónde Están, París octubre 2011.
 
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Del Comité del Frente Amplio en  Francia: "Jorge Carrozzino"
 

Comunicado:
 
Recibimos el siguiente Comunicado del Comité del Frente Amplio "Jorge Carrozzino" - París, el cual apoyamos y compartimos totalmente e invitamos a los comités de base hermanos del interior y exterior a analizar el contenido del mismo y en su caso apoyarlo y difundirlo masivamente por la red de base de datos. El tiempo corre y la prescripción podría aplicarse a partir del próximo mes de noviembre.
 
 
 Nuestro saludo solidario a  los compañeros  del Comité del Frente Amplio "Jorge Carrozzino"- París.
 
El Comité de Base del Frente Amplio en México "Gral. Víctor Licandro"
 
 Comunicado del Comité del Frente Amplio "Jorge Carrozzino"
 
 Paris, 4 de octubre 2011  
 
 El 24 de febrero de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicto Sentencia en el caso Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y María Macarena Gelman García contra la República Oriental del Uruguay.
 
 
Velando por el cumplimiento del Tratado de Derechos Humanos, la CIDH condeno a nuestro país a cumplir diferentes obligaciones, una de ellas es que El Estado uruguayo debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos asi que para la identificación y sanción de los responsables de los mismos.
 
 
El Código Penal uruguayo prevé 20 años de prescripción para el delito de homicidio,  pudiendo ser ampliados en un tercio en función de las agravantes del caso, lo que establece un máximo de 26 años y ocho meses, lo que lleva a que los delitos comunes prescriban en noviembre próximo.
 
La sentencia  (*) de la CIDH especifica , a texto expreso, que no debe aplicarse la Ley de Caducidad «ni ningún instrumento jurídico análogo como la PRESCRIPCION ». la no retroactividad de la ley penal o la cosa juzgada.
 
 
El Estado Uruguayo debe cumplir con dicha sentencia, sin embargo se empeña en “esquivar” su aplicación con interpretación de leyes no solo en el ámbito jurídico, sino también es materia de debate, entrando en el terreno político de las concepciones y los valores de quienes las interpretan a título personal, cuando su rol es, sin duda alguna, estatal.
 
 
El cumplimiento a cabalidad por el Estado Uruguayo de la sentencia de la CIDH, no vulnera ninguna autonomía y/o separación de poderes, ni implica el ejercicio de ninguna presión ilegitima que el Estado reclame una interpretación o una aplicación determinada. Es decir en todas sus consecuencias juridicas e institucionales.
 
 
 LAS VIOLACIONES A LOS DDHH COMETIDAS EN EL MARCO DEL TERRORISMO DE ESTADO NO SON DELITOS COMUNES, SON DE LESA HUMANIDAD, Y POR LO TANTO SON IMPRESCRIPTIBLES.
 
 
Hecho que no resistiría ninguna discusión, pero lamentablemente la realidad es otra, responsables de violaciones de DDHH han sido procesados por homicidio especialmente agravado en lugar de serlo por «desaparición forzada».
 
 
Por los motivos antes mencionados nuestro Comité exige que la dirección del FA adopte una posición clara a fin que el gobierno del FA instrumente rápidamente las medidas adecuadas para cumplir con la sentencia de la CIDH e impedir la prescripción de los delitos cometidos durante el periodo Terrorismo de Estado en nuestro pais.
 
 
* Sentencia de la CIDH - Publicada en el Diario Oficial Urugayo el 29/06/011
 
http://www.impo.com.uy/bancodatos/sentencia.htm

Uruguay

El parlamento aprueba una histórica ley para combatir la impunidad

Amnistía Internacional

El Parlamento uruguayo ha aprobado en la madrugada de hoy una ley que representa un importante paso hacia la justicia para las numerosas víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
 
La nueva ley elimina los efectos de la ley de amnistía de 1986 (conocida como Ley de Caducidad), que protegía a la policía y al personal militar del enjuiciamiento por violaciones de derechos humanos, y revoca las normas sobre prescripción que habrían impedido que las víctimas formulasen denuncias penales a partir del 1 de noviembre.
 
“Con la aprobación de esta nueva ley, el Parlamento de Uruguay ha dado un histórico paso adelante en la lucha contra la impunidad por delitos cometidos en el pasado”, ha declarado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
 
Amnistía Internacional había solicitado a las autoridades uruguayas en reiteradas ocasiones que revocaran la ley de amnistía, que impedía el enjuiciamiento de las personas acusadas de torturas, homicidios, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1973 y 1985, antes de que se reinstaurase la democracia en el país.
 
El pasado mes de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Uruguay debía garantizar que la ley de amnistía dejaba de obstaculizar la investigación de crímenes cometidos en el pasado y que las personas responsables de las violaciones graves de derechos humanos comparecían ante la justicia. La sentencia también ordenaba a Uruguay que no aplicara ninguna ley similar que exonerase a los responsables.
 
“La decisión de hoy del Parlamento permite que Uruguay cumpla sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional y aplica en parte la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado deben responder ahora ante la justicia”, añadió Guadalupe Marengo.
 
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986 (también conocida como Ley de Caducidad), promulgada tras la reinstauración de la democracia, otorgaba al presidente la última palabra sobre los casos de violaciones de derechos humanos que podían ser investigados. La medida protegía a la policía y al personal militar de ser enjuiciados por torturas, homicidios, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas durante 11 años de régimen autoritario, hasta 1985.
En mayo de 2011 hubo un intento de anular los efectos de la Ley de Caducidad que fue derrotado por un escaso margen de votos en el Parlamento; la Ley había sido refrendada en sendas consultas populares en 1989 y 2009.
 
Ese mes la Corte Suprema concluyó que dos ex oficiales del ejército no podían ser juzgados por desapariciones forzadas porque el crimen no se incorporó a la legislación uruguaya hasta 2006 y ésta no se podía aplicar retroactivamente. Los militares fueron declarados culpables del delito común de “homicidio muy especialmente agravado”.
 
El tratamiento de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en Uruguay durante los gobiernos civiles y militares de las décadas de 1970 y 1980 como delitos comunes y no como crímenes de lesa humanidad significaba que los casos podían prescribir, y habrían prescrito efectivamente el 1 de noviembre. La nueva ley elimina esta prescripción. 

http://alainet.org/active/50448


URUGUAY: LA IMPUNIDAD 


DE CONVENIOS, PACTOS Y RETROACTIVIDADES 


Por Jorge Marrero


Pasaron exactamente 27 años para que finalmente se cumpliera con lo acordado por todos los representantes del soberano. La ley 18.831 (la que restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985) hace viable terminar con la impunidad. Finalmente el Parlamento, lugar desde el que ejercemos nuestra soberanía de manera indirecta, la mayoría ha resuelto restablecer las facultades del Poder Judicial. 


Recordamos que el 26 de octubre de 1984 (aún en dictadura) la CONAPRO aprobó lo convenido en el “El Grupo de Trabajo de la Concertación Programática” La historia, que con la complicidad de los medios masivos se ha querido tergiversar, debe ser repasada y difundida cada vez que los modernos Goebelss repiten sus falacias. 


Lo aprobado en la CONAPRO (por todos los partidos políticos) dice textualmente: 


“El gobierno de hecho ha actuado desde el 27 de junio de 1973 sin la presencia del órgano de contralor parlamentario y ha reducido por la vía normativa o de los hechos las facultades del Poder Judicial. 


Esas carencias alcanzaron especial gravedad en lo que se refiere a la violación de los Derechos Humanos, según se ha denunciado reiteradamente. 


Constituye un grave riesgo para la real vigencia de los Derechos Humanos en el futuro, mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto a la verdad de las denuncias referidas y dejar impunes los hechos que constituyeron ilícitos penales. 


Se considera necesario que todos los órganos del Estado, según sus competencias respectivas procuren el esclarecimiento de los hechos referidos. 


Sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para esclarecer los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia, será necesario dotar al Poder Judicial de los instrumentos jurídicos y reales que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación” 


Como sabemos en noviembre de ese año el Cuerpo Electoral (depositario de la soberanía) se equivocó al elegir a quienes lo representarían. La mayoría electa no cumplió con el compromiso acordado y, fieles a su clase, optaron por la impunidad que les garantizaría continuar aplicando el modelo de acumulación y reparto que el imperio y la oligarquía utilizó para su beneficio. 


Si tuvieran un mínimo de autocrítica comprenderían que fue desde 1985 que sembraron las semillas de su derrumbe. Aunque lentamente el Pueblo ha ido comprendiendo quienes, en forma indirecta, los puede   representar mejor; un largo proceso que no ha culminado pero avanza firmemente. 


Mentiras siempre 


Ahora, al verse perdidos, redoblan las mentiras: la izquierda apoyó el golpe; “visitaba” cuarteles; pactó la impunidad; desconoce los pronunciamientos populares; dio un golpe de estado técnico; etc.… Hastiado de escuchar a los delincuentes, sus cómplices y a los pusilánimes que claman “es tiempo de mirar para adelante” intentando convencernos que debemos olvidar “el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos” intentaré aportar algunos datos, que disipen el humo esparcido por los que intentan reescribir la historia como vencedores impunes. 


¿Con que autoridad moral puede el P. Nacional en general, y el herrerismo en particular, acusa a otros de “visitar cuarteles”? 

Se olvidaron del papel jugado por don Martín Recaredo (herrerista) durante el pachecato y luego junto a su viejo socio ruralista rosado. Olvidaron que fue presidente del primer Consejo de Estado de la dictadura militar; se olvidaron que luego de su muerte (1974) lo sustituyó en el cargo don Aparicio Méndez (Mov. Por la Patria) el mismo que dos años después (julio del ´76)   sustituyó a Bordaberry como presidente de la dictadura cívico militar. Ya no recuerdan que hacía Juan Antonio Chiruchi Fuentes durante   la dictadura; se olvidaron del Gral. M. Aguerrondo, su candidato en 1971; desde principios de los ´60 eterno golpista (como jefe de la policía de Montevideo - ´59 al ´63 y luego fundador de “Los tenientes de Artigas”) No sigo la lista porque no podría ocuparme de lo que realmente me interesa reseñar. 


“Cree el ladrón…” será por ello que los blancos siguen intentando responsabilizar a los demás de su pacto (Wilson con Sanguinetti-Álvarez) para intentar “blanquearse” con los milicos al patrocinar la impunidad.   


No se puede dejar pasar impunemente la reiterada mentira: “el FA pactó la impunidad, en el Club Naval”. En forma artera y tergiversada pretenden confundir, para ocultar su responsabilidad. Meten en la misma bolsa las conversaciones de los tupas con los milicos, aunque no llegaron a ningún acuerdo, con las negociaciones políticas que se dieron después de la victoria electoral del ´80 desde el Parque hotel que culminaron en los acuerdos de agosto de 1984. 


Sólo un par de “botones” Cuando (¿una mayoría circunstancial?), contra reloj, impulsaban la aprobación  del proyecto inconstitucional, se conoció el testimonio de uno de los negociadores del Club Naval, nada menos que Vicente Chiarino* (Ministro de Defensa) había “objetando el artículo 1º del proyecto presentado por el P. Nacional,, subrayando que toda referencia al acuerdo del Club Naval vinculado con ese tema carece de fundamento” Esto fue reafirmado por la Junta Ejecutiva de la Unión Cívica en un comunicado (firmado por Ciganda, otro de los negociadores) dirigido al presidente del Senado puntualizando: “…1) Rechazan en forma terminante los fundamentos expresados en la exposición de motivos y en el art. 1º… 2) Denuncia la falsedad de tal aseveración, ya que el único objetivo de los acuerdos celebrados fue asegurar la convocatoria a elecciones…” 


Para que no queden lugar a dudas. Los acuerdos de la CONAPRO fueron firmados antes de la elección del ´84; allí se expresa por escrito que los crímenes de la dictadura pasarán a la justicia. Si se hubiera pactado la impunidad ¿se debe entender que hubo un gran complot para declarar allí lo antagónico a lo pactado secretamente?  La ley de amnistía fue unas de las primeras en sancionarse y promulgarse ¿Quién que lea el artículo 5º de esa ley puede suponer que existía un pacto de impunidad con los milicos? 


En diciembre del ´84 (dos años antes de la oprobiosa noche que se votó la ley inconstitucional) un periodista de la revista argentina Siete Días pregunta: ¿De qué forma juzgarán los jueces los excesos cometidos por las FFAA?  El recién electo presidente Sanguinetti declara: “… serán juzgados por los jueces civiles. Para ser más concreto, si mañana  se investigara el horrible crimen de los diputados Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, cometidos en Bs. As., y hubiera algún militar implicado, será el Juez Penal Ordinario el tenga la causa porque se trataría de un delito común”. Repregunta el periodista: ¿La amnistía englobará también a los militares que han cometido delitos? Y afirma el electo presidente: “No señor. Hemos dejado bien claro en las reuniones del Club Naval que no habrá amnistía para los militares. Ni la planteamos nosotros ni los delegados de otros partidos” 


¿Entonces? Sólo les queda afiliarse a la teoría de un gran complot entre todos los participantes de los acuerdos del C. Naval, -mentirían por dos años y después votarían la impunidad. El problema es que el FA nunca apoyó la ley de Wilson y es inexplicable porque eligieron la inconstitucionalidad contra reloj cuando pudieron haber cumplido el supuesto pacto mucho antes y por vías legales.  La explicación está suficientemente documentada: ¡En el Club Nava NO se pactó la impunidad!   (*  Desde allí tomado del libro “Impunidad  y se todos los cuentos” de Germán Araujo) 


Julio María Sanguinetti se sumó al impresentable senador que aúlla. “Golpe de Estado técnico” este no merece perder tiempo en sus discursos, pero el ex bipresidente debería repasar su gestión. La ley declarada inconstitucional por la SCJ (único órgano habilitado para determinar la constitucionalidad de una ley) En su momento el ex gobernante señaló que "no hay democracia sin libertad de prensa" , y criticó los populismos, entre los que mencionó el peronismo argentino y el "chavismo" en Venezuela”. 


¿Casualmente? Olvidó mencionar “el sanguinettismo en Uruguay”   porque… a declaración de parte… Implícitamente, el ex aseveró que, durante su gobierno, en Uruguay, no había democracia. En 1989 (cuando se realizó el referéndum contra la 15.848) se culminaba el proceso que empezó en 1985 cuando el presidente del ejecutivo impulso las “contiendas de competencia” de la “justicia militar” contra el Poder Judicial; cuando ordenó a medina que “guardara en la caja fuerte” las órdenes de detención libradas por la Justicia y agrediendo al Poder Judicial al declarar que no estaba en condiciones de ser ecuánime y así justificar la traición a lo prometido antes de la elección. Sí Julio María sabe de “Golpes de Estado Técnicos”. 


Como prueba podemos leer en el diario La República del viernes, 16 de abril, 2010: “El ex director de Canal 5 y ex dirigente colorado José Luis Guntín aseguró que el ex presidente de la República Julio María Sanguinetti aceptó una propuesta de los directivos de los canales privados para censurar un spot publicitario en favor del "voto verde", en los días previos al referéndum contra la Ley de Caducidad, en 1989. 


Guntín presentó el pasado miércoles el libro "La vida te da sorpresas", en el cual se narra, entre otras cosas, los pormenores de un encuentro entre los directivos de los canales privados y el ex mandatario, en los días previos al referéndum. 


El hecho se encuentra dentro del capítulo "El día que Julio prohibió", según informó ayer el semanario "Búsqueda". Guntín, hombre de confianza del ex candidato presidencial colorado Enrique Tarigo, aseguró en el libro que fue convocado a una reunión urgente en el Edificio Libertad, días antes del referéndum, de la cual participaron Sanguinetti, Tarigo, el secretario de la Presidencia Miguel Angel Semino, el prosecretario de la Presidencia, Walter Nessi, y los directores de Canal 10, Jorge De Feo, y Canal 12, Horacio Scheck. 


Con la reunión se pretendía conocer su parecer sobre una pieza publicitaria enviada por la Comisión pro Referéndum, que consistía en una imagen de Sara Méndez narrando su historia y llamando a votar en favor de la derogación de la norma. "El aviso era muy efectivo en un único día de salida al aire", reflexionó Gauntín. "Lo más impactante del aviso era que, después de hablar Sara Méndez, cuando ella se quedaba callada, la cámara continuaba filmándola unos cinco segundos en silencio", recordó el ex director de Canal 5. "El silencio y los rostros preocupados aumentaron. Lo rompió De Feo, quien le habló directamente al presidente. Le dijo que si era así, bastaba una palabra suya para que esa publicidad no apareciese en ninguno de los canales. Lo miró a Scheck que asintió", y ambos aseguraron que se comunicarían con Hugo Romay (Canal 4) para lograr su adhesión. 


Sanguinetti "demoró en hablar", pero "le manifestó a De Feo que sí, (...) que no saliese el aviso de Sara Méndez. Lo dijo en tono muy bajo, apenas se oyó, pero sí de forma concluyente". "Yo estaba impactado por lo que había presenciado. Un presidente constitucional había prohibido una publicidad de la oposición. Sólo para no poner en riesgo el resultado de la votación (...) Me impresionó mucho pero me quede callado", narró Guntín”. 


También argumentan que “no hay leyes retroactivas…” “no se puede declarar nulidad de una ley”


El 22 de marzo de 1985   se sancionó la Ley Nº 15.738 que dice, en su   Artículo 1º. – “Decláranse con valor y fuerza de ley los actos legislativos dictados por el Consejo de Estado, desde el 19 de diciembre de 1973 hasta el 14 de febrero de 1985, los que se identificarán como "Decretos-Leyes", con su numeración y fecha originales.” Y en el   Art. 2º. – “Exceptúanse de esta declaración los "Decretos-Leyes" (llamados "Leyes", "Leyes Fundamentales" y "Leyes Especiales"), que a continuación se indican, cuya nulidad absoluta se declara : 


A) Las llamadas "Leyes" Nos. 14.173 (número de integrantes de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados), 14.248 (Declaración jurada de fe democrática), 14.373 (Incautación y confiscación de bienes de procesados por la justicia militar), 15.137 (Asociaciones Profesionales), 15.252 (Denominación a la Represa de "Paso de Palmar"), 15.328 y 15.385 (Convenios Colectivos), 15.530 (Huelga), 15.587 (Fuero sindical), 15.601 (Estabilidad de los Profesores de Educación Secundaria, UTU y Liceos Militares), 15.683 (Beneficios Jubilatorios para "asimilados" del Ministerio de Defensa Nacional, 15.684 y 15.705 (Compilación del Código Civil), 15.695 (Ley Forestal). 


B) Las llamadas "Leyes Fundamentales" Nos. 3 (Huelga de los funcionarios públicos), 5 y 6 (Estabilidad de los funcionarios públicos contratados), 7 (Redistribución de funcionarios públicos). 


C) Las llamadas "Leyes Especiales" Nos. 9 y 10 (Beneficios jubilatorios para cargos políticos y de particular confianza). 

Asimismo, declárase la nulidad absoluta de los artículos 93 a 99 de la llamada "Ley Especial" Nº 7, de 23 de diciembre de 1983 (cargos de particular confianza). 


En la "EXPOSICION DE MOTIVOS”   de la 15738 se declara: “El artículo 2º del Proyecto de Ley que proponemos, exceptúa de es

ta convalidación genérica a algunos actos legislativos dictados con evidente espíritu represivo, contrarios a los principios democráticos-republicanos, o con el propósito de crear privilegios o beneficios exhorbitantes para ciertas categorías de funcionarios representativos del régimen fenecido y de sus colaboradores, en clara violación del principio constitucional de la igualdad, así como sobre material de tal trascendencia, caso típico del Código Civil, que sólo pueden ser reguladas por un Parlamento representativo del Cuerpo Electoral, por cuya causa se declaran nulos o inexistentes”. 


El senado por unanimidad, la consideró viable y nunca la SCJ cuestionó su constitucionalidad. 


La inconstitucional ley de impunidad fue sancionada con posterioridad a esta ley   Y la ley de impunidad   encuadra en las excepciones del art. 2. porque se aprobó con el propósito de crear privilegios o beneficios exhorbitantes para ciertas categorías de funcionarios representativos del régimen fenecido y de sus colaboradores, en clara violación del principio constitucional de la igualdad, así como sobre material de tal trascendencia, caso típico del Código Civil, que sólo pueden ser reguladas por un Parlamento representativo del Cuerpo Electoral. (Es decir: el depositario indirecto de la soberanía) Por estos mismos motivos se pudo anular la ley infame, y si la ley 18.831, que ahora se aprobó se reputara inconstitucional -por tener efectos retroactivos-   también debería serlo aquella de febrero del ´85 


En cuanto a “los dos pronunciamientos” ya hemos abundado. 


El referéndum contra el engendro anticonstitucional que apadrinó W. Ferreira se efectuó en condiciones antidemocráticas


Además en el último intento de reformar la Constitución (SI rosado) sí fue un plebiscito; no hubieron votos a favor de la impunidad. En 2009 ¿Cuáles fueron los votos a favor de la impunidad? Asumir que el 52% que no votó rosado estaba a favor del engendro, que estaba vigente, es un disparate. ¡No se plebiscitó la impunidad! ¡Nunca existió un segundo referéndum con dos opciones! 


Igual hoy, con todo sus aparatos, siguen insistiendo con la mentira, saben que civiles y militares indignos van a tener que enfrentarse a un juez que, con el debido proceso, determinará como penar sus delitos. Mientras los responsables del terrorismo de estado, candidatos a los trajes a rayas,   se presentan como mártires; victimas en lugar de victimarios.


Jorge Marrero (Santa Rosa, Canelones )


Tomado de: TEMAS DE COMCOSUR Nº 1328 - 01/11/2011


 


ALAI, América Latina en Movimiento

2011-10-30

Uruguay

Sobre mitos prescriptibles

Emilio Cafassi

"La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene."
José de San Martín, Cuartel General de Mendoza,
4 de septiembre de 1816.
 
Las particularidades de los senderos políticos y el tipo de tránsito que cada país sudamericano realiza para intentar saldar la deuda cívica y moral que dejó el Estado Terrorista, reconocen una amplia disparidad. No así las cuestiones de principio que atraviesan, aunque los machetes jurídicos que abrirán las trillas y el oficio de los desmalezadores tendrán necesariamente una impronta local, en ocasiones paradójica. Tal vez exista cierta sinergia entre las experiencias que permita multiplicar alientos, aunque mucho más seguro es que haya vasos comunicantes que pretendan coordinar la resistencia. Si el crimen se internacionalizó mediante el Plan Cóndor, ¿cómo no va a reorganizarse la estrategia jurídica e ideológica que se propone justificarlo y velarlo?
 
Esta semana las dos orillas del Río de la Plata ascendieron unos metros en la difícil escalada sobre la impunidad, cada una en su propia topografía. En una margen, mediante la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En la otra, a través de la condena a 18 asesinos de la emblemática Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En ambas se doblegó una batería de falacias y chicanas jurídicas que, a pesar del buen resultado para desmontarlas, no convendría desestimar en adelante. Tal vez para ello sea útil conocerlas y sistematizarlas en cierta tipologización que no requiere de arduas búsquedas en hemerotecas. El núcleo duro de la propaganda terrorista puede ser hallado por cualquier ciudadano en páginas web que actúan como usinas ideológicas alimentando el discurso de la derecha, aunque luego en sus políticos se presente algo más disimulado o bien alegremente imaginativo, como el de algún vecino dominguero de esta sección del diario. Basta visitar del lado argentino el sitio de la “Asociación de abogados por la justicia y la concordia” cuya página es www.justiciayconcordia.org. Y con menos pretensiones jurídicas, del lado oriental, el del grupo “Unidos por la Libertad de los Prisioneros Políticos” en www.envozalta.org. Me adelanto a desechar cualquier posible objeción basada en que esta información incremente las visitas y lecturas de los sitios mencionados y con ello la difusión de la apología criminal. Contrariamente, considero que la visibilización de los panegiristas del genocidio y su propaganda, contribuye a debilitarlos y sobre todo a subrayar las fuentes en las que abreva la derecha para intentar la consagración de la impunidad. Intentemos entonces una desagregación mitológica:
 
Uno. El mito de la ilegalidad: se trataría de la instauración de un régimen de ausencia de “garantías básicas” y de “derechos fundamentales”, aunque no generalizado sino selectivo que recae en los militares, las fuerzas de seguridad y civiles que instauraron las dictaduras y actuaron en ellas. Selectivo o no, este mito contrasta con cualquier dato empírico de los procesos judiciales en curso, que se desarrollan bajo todas las garantías de defensa en juicio. No hay un sólo caso en el que se hayan impedido o salteado garantías procesales o ejercido violencia alguna. Tampoco se contabiliza caso alguno de violencia física por parte de familiares de víctimas, a pesar de la impunidad.
 
Dos. El mito de la venganza: se trata de la fase superior de la antigua preocupación por “mirar hacia el futuro” y por la “reconciliación”, que se funda en última instancia en la teoría de los dos demonios. Si bien vergonzante, ya que intenta resguardarse en la supuesta igualdad con sus enemigos, intentando arrastrarlos hacia la misma suerte y condena, no puede desembarazarse del peso de la desigualdad que supone por un lado una práctica garantista y respetuosa de la vida y la dignidad, mientras por el otro de su negación radical. El poder judicial no llama a secuestrar, torturar, asesinar, quitarles hijos, bienes y desaparecer los restos de los genocidas y torturadores, aunque juzgue a los perpetradores de ese tipo de crímenes. La función de las justicia no es ir juntando porotos en cada platillo de la balanza como si fuera un ejercicio de equilibrios cuantitativos sino investigar y juzgar. En ningún caso, vengar.
 
Tres. El mito de la irretroactividad, según el cual los imputados por delitos de lesa humanidad deberían ser sometidos a principios jurídicos como los de “irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada y derechos adquiridos”, tal como sostienen los abogados argentinos. Aquí el argumento consiste en considerar que se trataría de delitos comunes contra algún/os tercero/s y no de un ataque sistemático hacia la sociedad civil, que define y circunscribe el carácter de los delitos de lesa humanidad, haciéndolos estructuralmente imprescriptibles, a través de tratados internacionales y jurispruedencia al respecto. Pero aún sin ellos, en el caso de la constitución argentina, queda clara la inaplicabilidad de estos principios genéricos del derecho penal. “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29 (traición a la patria), inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas (…) las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo”. Los juicios no son contrarios a la constitución argentina (ni tampoco a la uruguaya, a juzgar por los pronunciamientos de la Corte respecto a la ley de caducidad) sino que inconstitucionales fueron las leyes de punto final y obediencia debida, dictadas por el parlamento alfonsinista y los indultos de Menem.
 
Cuatro. El mito del prejuzgamiento y el “activismo judicial”: cualquier intervención o declaración del poder judicial, y en particular de las Supremas Cortes, implicaría automáticamente prejuzgamiento. Su rol debería ser tan silente como prescindente. A la vez, los jueces actúan bajo presión del poder político y desarrollan sus acciones guiados por él. La independencia de los poderes es una larga y compleja construcción institucional cuya efectividad sólo puede verificarse a través de las intervenciones de la propia justicia. Esas intervenciones, pueden o no coincidir coyunturalmente con interpretaciones de algún otro poder del estado. En Uruguay es la ley 15.848, defendida por los genocidas y sus cómplices políticos, la que le otorga al poder ejecutivo, que es estructuralmente coyuntural, la función de gatillo de las investigaciones. En otros términos, es la propia ley de impunidad la que aherroja a la justicia sometiéndola al poder político, cosa que explica por qué la justicia se vio inerme durante los gobiernos de las fracciones políticas que en esta semana argumentaron y votaron contra la imprescriptibilidad en Uruguay.
 
Cinco. El mito de los presos políticos y su calvario infrahumano: el término preso político se tomó prestado de las propias denuncias y autodefiniciones de sus víctimas, que lo fundaban en la ausencia de reconocimiento, tratamiento y garantías judiciales. Precisamente aquellas de las que gozan, a diferencia de sus víctimas, los “denunciantes”. El carácter infrahumano resulta un énfasis propagandístico predominantemente uruguayo apoyado exclusivamente en algunas fotografías del asesino Gavazzo esposado a la cama en el Hospital Militar. Salvo esa desagradable secuencia gráfica, que refleja una sujeción aparentemente innecesaria y esperablemente excepcional e irrepetible, en todos los casos de ambas orillas los detenidos disfrutan, bajo el discutible argumento de la seguridad, de condiciones excepcionales, respecto al resto de los presos. Al punto de poder militar en pro de sus propios intereses.
 
El terrorismo de Estado se ha inscripto de manera indeleble en la historia y ya resulta imposible borrar las firmas de sus autores más prominentes, y de algunos de sus cultores y amanuenses. No es una leyenda. Lo único prescriptible son sus mitos.        
 
- Emilio Cafassi es Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.


Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Povaschuk 

Daniel Gatti
REL-UITA/Brecha
Adital

El mismo día que los diputados uruguayos terminaban adoptando la ley que restaura la "pretensión punitiva del Estado", en Brasil el Senado decidía crear una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, y en Argentina la justicia fallaba en una causa emblemática: la de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), condenando a prisión perpetua a 18 militares, entre ellos al marino Alfredo Astiz.

Al otro lado de la cordillera, también el miércoles, un juez chileno acusó a siete ex militares de ese país por el secuestro de tres uruguayos. Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pagardoy Saquieres se habían exiliado en Chile, y luego del golpe de Pinochet se escondieron en una mina abandonada. Fueron detenidos y luego desaparecidos antes de llegar al Estadio Nacional de Santiago, improvisado campo de concentración de la dictadura. El ex general Francisco Martínez, los coroneles Mateo Durruty y Lander Uriarte, el suboficial René Eloy Cruces, y los también militares Gabriel Montero, Moisés Retamal y Guillermo Vargas, son quienes enfrentan la acusación. No es nuevo para ellos. Los siete ya están procesados por otras causas similares.

De estos países del Cono Sur, Brasil es el que tiene un mayor retraso respecto al pasado reciente. Ni un militar ha marchado preso por los delitos ocurridos entre 1964 y 1985. En ese terreno, es difícil que avance: no hay consenso en el gobierno para revisar la ley de amnistía promulgada en plena dictadura, más de treinta años atrás. Pero sí podría haber avances en el conocimiento de lo sucedido. Así por lo menos piensa el gobierno. El Senado brasileño refrendó una decisión previa de la Cámara de Diputados y la noche del miércoles decidió habilitar la creación de una Comisión de la Verdad para investigar desapariciones, asesinatos y torturas. Abarcará un período bastante mayor al de la dictadura (parte de 1946, concluye en 1988), como concesión a los militares, y funcionará durante dos años, integrada por siete personas nombradas por la presidenta Dilma Rousseff, ex guerrillera y presa política.

Entre familiares de víctimas, ex presos y militantes de asociaciones humanitarias hay escepticismo respecto a lo que la comisión aportará. "La prueba de que no será significativa es que los militares no la cuestionaron demasiado. Ni siquiera llegará a esclarecer la verdad", afirma una dirigente de la ONG Tortura Nunca Más. Y agrega que Brasil se vio obligado a "hacer algo" en este terreno luego de que a fines del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenara por el secuestro y asesinato de 61 guerrilleros en los años sesenta y declarara "sin efectos jurídicos" la ley de amnistía de 1979.

Donde es más difícil encontrar dos lecturas de lo sucedido esta semana es en Argentina. Una veintena de represores de la Esma fueron juzgados por la desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh y del llamado Grupo de la Iglesia Santa Cruz, integrado entre otros por una de las fundadoras de Madres de la Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Dos de los acusados fueron absueltos y los otros 18 condenados, 12 de ellos a cadena perpetua. Entre estos últimos están Astiz y el jefe operativo de la Esma, Jorge "Tigre" Acosta.

Astiz, "el ángel de la muerte", no paró de desafiar durante el juicio oral a los sobrevivientes que lo presenciaban y hasta a los integrantes del jurado. Dos años atrás, cuando el juicio comenzó, Astiz entró a la sala de audiencias con un libro en sus manos, Volver a matar, que trata sobre la lucha contra la guerrilla. En 1998 el marino había sido destituido por unas declaraciones en las que se ufanó de ser "el mejor preparado para matar a políticos y periodistas". Fue demasiado hasta para el gobierno de Menem y lo condenaron (sin prisión) por apología del delito.

Poco después insistió: "No me arrepiento de nada. La Armada me enseñó a destruir, a poner bombas, a infiltrarme, a matar". Y tampoco tuvo reparos entonces en reconocer cómo había operado para secuestrar a la primera camada de dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo, en 1977, infiltrándolas y haciéndose pasar por hermano de un desaparecido. O en contar cómo, un año después, en plena campaña en Europa de boicot al Mundial de Fútbol de 1978, fue enviado a París para infiltrarse en un comité de refugiados argentinos. Descubierto por un sobreviviente de la Esma, logró zafar. Pensaba tal vez Astiz, al admitir todo, años atrás, que nunca sería condenado.

El miércoles, en el Tribunal Oral número 5 estaban presentes varios de los cien sobrevivientes de ese campo por el que pasaron más de 5 mil secuestrados. Todos aplaudieron de pie la sentencia contra Astiz, el Tigre Acosta y sus compinches. Astiz protestó: "Esto es terrorismo judicial".

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PAGARDOY SAQUIERES, ENRIQUE JULIO
: 21 años, estudiante, uruguayo, detenido desaparecido en Puente Alto a fines de septiembre de 1973.
 
ARIEL ARCOS: Uruguayo, detenido desaparecido en Puente Alto a fines de septiembre de 1973.

POVASCHUK GALEAZZO, JUAN ANTONIO
: 24 años, casado, uruguayo, fotógrafo, detenido desaparecido en Puente Alto, Santiago, a fines de septiembre de 1973.
 
Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Antonio Povaschuk fueron detenidos cerca de San José del Maipo en el Cajón del Maipo, probablemente el 29 de septiembre de 1973, por funcionarios de Carabineros y por efectivos del Ejército, y trasladados al entonces Regimiento de Ferrocarriles de Puente Alto. Desde entonces se desconocen sus paraderos. De acuerdo a testigos sobrevivientes, también de nacionalidad uruguaya, al 11 de septiembre de 1973, todo ellos, incluidos Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Povaschuk, se encontraban viviendo en la localidad de El Ingenio en el Cajón del Maipo. Habían viajado a Chile en calidad de exiliados políticos, pues en sus país se les vinculaba el movimiento Tupamaro.
 
Según los testigos, debido a los sucesos del 11 de septiembre de 1973, el grupo había acordado que en caso de que cualquiera fuera detenido, el resto debía huir hacia Argentina atravesando la cordillera. Por ese motivo, cuando uno de los integrantes del grupo fue detenido por Carabineros el día 20 de septiembre, los demás se precipitaron en el viaje planificado. Así, en los últimos días de septiembre de 1973, el grupo se dirigió a la localidad de El Volcán en el Cajón del Maipo, y mientras Juan Povaschuk y Ariel Arcos se adelantaron reconocer el terreno, los demás, entre los que estaba Enrique Julio Pagardoy, se refugiaron en el interior de una mina abandonada que había cerca del lugar. Al día fueron sorprendidos en ese lugar por carabineros, quienes los condujeron a la Comisaría del San José de Maipo, donde se les sometió a interrogatorios y a malos tratos.
 
En horas de esa misma noche, fueron sacados por militares del entonces Regimiento de Ferrocarriles de Puente Alto y conducidos hasta su recinto militar, donde volvieron a ser interrogados y golpeados, ahora por personas vestidas de civil. En este lugar los sobrevivientes vieron que también estaban detenidos Ariel Arcos y Juan Povaschuk. Posteriormente los militares separaron al grupo. Tres integrantes fueron conducidos
al Estadio Nacional y Enrique Pagardoy, Juan Povaschuk y Ariel Arcos permanecieron en el Regimiento. Desde entonces no se volvió a saber de ellos.
 
Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta el Consejo Superior llegó a la convicción de que Ariel Arcos, Enrique Pagardoy Saquieres y Juan Antonio Povaschuck Galeazzo desaparecieron mientras estaban privados de libertad por agentes del Estado. Por tal razón los declaró víctimas de violación de derechos humanos.

(Corporacion)

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