Uruguay: Continua debate en el parlamento
El diputado del Frente Amplio, José Bayardi, dijo que ningún legislador "es más que el partido político que lo trajo hasta acá", y que se tergiversa el dicho de José Artigas, de "mi autoridad emana de vosotros", porque fueron dichas a representantes, y no al pueblo todo. "No soy representante del pueblo blanco, ni colorado ni independiente", manifestó; "soy representante del pueblo frenteamplista que tiene en su programa de gobierno anular la ley de Caducidad. No tergiversemos el mensaje histórico del jefe de los orientales".
Bayardi sostuvo que nunca se violentó la soberanía cuando aceptamos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El abuso
La diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa dijo que su bancada está "angustiada" porque el Frente Amplio "se abusa de la mayoría" para aprobar una ley "absolutamente inconstitucional, que no cumple con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es violatoria de la soberanía".
Señaló que la bancada oficialista está mandatada por un plenario, "el Plenario del Frente Amplio, que no representa a nadie, ni siquiera a los propios frenteamplistas", y reiteró que el Partido Nacional "vive con angustia" este momento, "por lo que puede venir, si se impone la mayoría del Frente Amplio y se aprueba esta ley. ¿Qué va a pasar en el futuro, cuántas cosas más nos van a imponer, cuántas leyes violatorias de la soberanía van a salir aprobadas de este Parlamento?", se preguntó.
Piñeyrúa recordó que el presidente Mujica dijo que el Frente Amplio pagaría las consecuencias de aprobar esta ley, y aseguró que espera que, aunque este interpretativo no sea sancionado por la Cámara Baja, "el FA pague por la tentativa de violar la Constitución, Que pague, que es lo que se merece".
A continuación hizo uso de la palabra el diputado colorado Gustavo Cersósimo, que argumentó sobre la inconstitucionalidad de la ley.
Causas y consecuencias
La diputada frenteamplista Daisy Tourné aseguró no querer referirse a los aspectos jurídicos de la ley. "No creo en la explicación exclusivamente racionalista de las causas que nos llevan a levantar las manos en este plenario. Cada uno tiene una historia a través de la cual juzga y se planta en el presente".
Tourné señaló que temía "enfrascarse en discusiones jurídicas", y que, ahora "se trata de tomar opciones políticas que no encuentran espacio necesario en las leyes escritas por los hombres, sobre todo cuando vienen de tiempos pasados".
La diputada se refirió a quienes acusan al FA de "abusar de la mayoría", porque "esto no se llama mayoría circunstancial sólo porque ahora la tiene el FA, y cuando la tenían otros era absolutamente maravillosa". Tourné aseguró que, en este debate, "no hay lugar para las abstenciones", y agregó que "en el Frente Amplio no sólo en el discurso decimos que queremos ir contra la impunidad. Hacemos cosas. ¿Qué han hecho los demás? ¿Qué alternativa han propuesto?", y recordó que ningún gobierno anterior al de Tabaré Vázquez hizo uso del artículo 4º de la Ley de Caducidad, único resquicio posible para juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura.
Tourné dijo que, como frenteamplistas, se asumirán los costos políticos de aprobar esta ley. "Lo vamos a afrontar, vamos a asumir la responsabilidad", culminó.
Luego de Tourné, hizo uso de la palabra el nacionalista Pablo Iturralde. que señaló que "en política no se hace ni lo que se quiere ni lo que se puede, se hace lo que se debe".
¿No lo conoce a Juan?
El colorado Gustavo Espinosa respondió a Daisy Tourné, señalando que la bancada de su partido "no está para hacer valer las mayorías circunstanciales, está para hacer valer la democracia". El legislador opinó que "la mayoría siempre tiene razón", y se mostró preocupado porque se abre "un camino oscurantista que no le da garantías a Juan Pueblo. No estoy defendiendo la Caducidad ni mucho menos, estoy defendiendo a Juan Pueblo", sostuvo. "¿Cuándo seremos capaces de logar el reencuentro de los uruguayos?", finalizó.
Posteriormente habló el legislador Daniel Radío, del Partido Independiente, quien aseguró que "siempre" estuvo en contra de la Ley de Caducidad, pero que este texto interpretativo es violatorio de la Constitución. "Vamos a logar un clima de inseguridad jurídica", con una ley que bautizó "Hawai 5.0" porque será reconocida como inconstitucional por los cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Además, criticó los argumentos utilizados para defender esta nueva votación por sobre los pronunciamientos populares.
Montevideo Portal
"Si Semproni no vota la ley, le voy a gritar que es un traidor, pero también vengo por respeto a los 49 diputados que sí la van a votar", afirmó un frentista fuera del Palacio Legislativo, mientras otros ciudadanos concurrieron "a apoyar la Constitución", en medio de un clima casi electoral. Galería de imágenes.
Sobre las dos de la tarde comenzaron a llegar los primeros manifestantes a los alrededores del Palacio Legislativo. Algunos se concentraron en la puerta del Palacio, mientras que otros optaron por hacer la cola para ingresar a las barras. La sesión empezó a las tres y media y unos minutos después comenzó a ingresar la gente, para lo que sólo se requería cédula, dejar la matera y el bolso y pasar por el detector de metales.
Entre quienes hacían la cola para ingresar a ver la sesión de la Cámara Baja estaban Mauricio de 18 años, Diego de 19 años y Juan Pablo de 18, el único del Partido Colorado (sus dos compañeros son militantes del Partido Nacional): "Venimos para dar apoyo al respeto por la Constitución: si se aprueba esta ley se estaría violando la Constitución, por eso estamos acá", aseguró Mauricio, que junto a sus compañeros dudaron al preguntárseles si militaban orgánicamente.
Unos metros más lejos de entrar está Roberto de 70 años, 40 de ellos dedicados a la militancia en el Frente Amplio: "Si Semproni no vota la ley, le voy a gritar que es un traidor, también vengo por respeto a los 49 diputados que sí la van a votar. En esto nos embretaron los partidos tradicionales y el Frente Amplio se metió" .
Dando la vuelta esperan Lucía de 23 y su madre Mabel: "Venimos a ver si se termina todo esto y se logra que los militares sean juzgados", dijo Lucía, quien reconoció junto a su madre que llamar al plebiscito de 2009 fue "un lamentable error".
Gustavo de 43, no parece estar muy dispuesto a opinar sobre el asunto. Es robusto, está solo y es bastante reservado: "Vine porque quería tener impresión de primera mano sobre este tema complejo". Gustavo reconoció que se habló bastante en el ámbito laboral sobre el asunto, pero prefirió no dar a conocer su opinión.
En ese momento, ingresaba a sala el diputado Semproni, que se sentó en primera fila como de costumbre, mientras hablaba el primer orador, Felipe Michelini. Eran casi las cuatro de la tarde y había en sala solo 85 legisladores y un ambiente bastante distendido. Pocos minutos después llegaron a presenciar la sesión los senadores, Pedro Bordaberry, Rafael Michelini, Enrique Rubio, Luis Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga, Luis Alberto Heber, Ope Pasquet y Amorín Batlle.
"La vigencia de nuestra ley afecta nuestra dignidad y condena injustamente a las Fuerzas Armadas a cargar con una mancha indeleble", afirmaba el diputado Michelini y golpeaba la mesa.
Pablo Méndez/Montevideo Portal
El presidente José Mujica se refirió hoy, mediante su audición radial en M24, a la votación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad que se dará esta tarde en el Parlamento.
Pese a que Mujica no esta de acuerdo con el proyecto, y que ya lo manifestó a todos los diputados de la fuerza, advirtiendo de los costos que puede enfrentar el FA si lo hace, y del valor que tienen los plebiscitos sobre el tema, hoy llamó a apoyar en bloque la decisión del Plenario del FA.
"Hoy se da un hito en el parlamento, que tendrá que resolver sobre un proyecto que intenta abolir la Ley de Caducidad, pésima ley que obviamente nunca debió haber existido en su expresión, pero poco importa eso. Lo que importa es que hay una decisión política de la fuerza en su mayoría para que se siga el intento de derogación, y eso por razones de disciplina partidaria debería ser acompañado, porque más allá de este hecho de enorme importancia, no deja de tener una gran importancia para la fuerza de gobierno la unidad de acción, comprendiendo las diferencias y salvedades que existen", dijo.
"A pesar de ello, un país puede tener un gobierno malo o bueno, pero lo peor es no tener gobierno, y en parte en las condiciones del Uruguay la trabazón interna de la fuerza política puede contribuir a ello, aunque tenemos esperanza y buena fe", agregó el presidente. "Le pedimos al diputado Semproni que acompañe la decisión a pesar de sus discrepancias", concluyó.
Heridas del pasado
Mujica también realizó una severa crítica a los militares que no han aportado datos sobre el destino de los desaparecidos. "En materia de derechos humanos, los sectores de la sociedad que tienen derecho a reclamar con insistencia, son los familiares de los desaparecidos, porque naturalmente de todas las llagas del pasado esa es la peor. Tienen el deber, no sólo el derecho", manifestó.
"Sé que la información que no hemos tenido en todos estos años debe estar en la cabeza de algunos de los mandos superiores retirados de las FFAA, que nunca han buscado la forma en que esa información llegue, y de que al menos ese problema siquiera parcialmente lo saldáramos. Esa es una de las peores interrogantes que tenemos hacia el pasado, la necesidad de encontrar respuestas. Este es el problema más grave del pasado a solucionar, el que seguirá pendiendo hasta que se le dé respuesta", aclaró el mandatario.
Montevideo Portal
La votación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad acapara todas las miradas del sistema político en el día de hoy. El discutido proyecto, que pretende dejar sin efecto algunos artículos de la ley que protege judicialmente a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, no cuenta con los votos necesarios para ser aprobado en Diputados, debido a la negativa del oficialista Víctor Semproni.
Sin el voto de Semproni, el partido de gobierno no podrá aprobar el texto interpretativo, pese a lo cual hay expectativa sobre lo que pueda suceder en el Parlamento.
En la cárcel de Domingo Arena, donde se encuentran alojados 16 reclusos presos por violaciones a los derechos humanos, creen que el proyecto será aprobado y la Ley de Caducidad quedará sin efecto.
Según un artículo de Últimas Noticias, los ex represores seguirán la votación por radio, buena parte de ellos juntos en el patio.
"El presidente promueve un proyecto que es inconstitucional, ¿qué país dejamos a nuestros hijos? El gobierno comete arbitrariedades groseras que ya fueron cuestionadas por los juristas", dijo Ricardo "Conejo" Medina al matutino, que afirmó que pese a Semproni "alguna manera van a encontrar" para aprobar el proyecto.
El ex represor destacó que no le afecta lo que decida el Parlamento porque tiene una pena de 20 años. "Moriremos aquí", afirmó.
Semproni inamovible
Los legisladores y dirigentes del Frente Amplio mantuvieron ayer intensas negociaciones con el propósito de convencer al diputado Víctor Semproni que vote por la anulación de la Ley de Caducidad.
El senador Rafael Michelini tuvo una reunión en privado con Semproni, pero consultado por Montevideo Portal declinó hacer comentarios sobre el encuentro.
Semproni, sin embargo, ya anunció que no cambiará en su parecer. Para convencerlo, "la única forma es que aparezcan los tanques rusos de la Unión Soviética", afirmó Semproni a Montevideo Portal, quien señaló que a su casilla de correo llegan muchos mails de apoyo, pero también acusaciones de traidor. "Por ahora van ganando los que apoyan, yo diría que por amplio margen", señaló.
"Yo tengo por un lado el mandato del Frente Amplio, por otro lado la imprescindible necesidad de respaldar y de apoyar a mi presidente y a mi vicepresidente y en tercer lugar tengo el mandato soberano del pueblo que en dos oportunidades, me guste o no me guste, discuta incluso el procedimiento, me dijo no se debe anular la Ley de Caducidad. Ante los tres mandatos-no puedo contemplar los tres a la vez- contemplo uno que además coincide con la posición del presidente y está liquidado el tema".
"Las consecuencias o los oprobios que la ley le dejó a la ciudadanía se resuelven por la vía que ya arrancó el presidente, que es pasar a la Justicia todos los casos anulando los decretos anteriores fundado en que la ley fue declarada inconstitucional en lo interno y en lo externo. Entonces el presidente dice que los decretos que se hicieron de meter casos adentro quedan anulados por otro decreto actual y pasa todo el mundo a la Justicia, y metemos en cana a todo el que haya que meter ¿cuál es el problema?", agregó el diputado.
El legislador aclaró que no se trata de una posición personal sino que su accionar refleja el pensamiento de la lista 6009, que resolvió la decisión. "Yo hice un planteo ante nuestro Secretariado Ejecutivo, llamé a la dirección de la 6009 y pregunté ¿mantenemos la posición o la cambiamos? y me dijeron "se mantiene la posición".
Semproni quitó relevancia a la posibilidad de que se ocasionen incidentes en sala, pero no descarta la posibilidad, llegado el caso, de mantenerse en el despacho escuchando la sesión hasta que le toque el turno de argumentar. "Pero creo que va a ser una sesión respetuosa", señaló y agregó que no tiene "más remedio que defender la posición de la ciudadanía. "Aunque no me gusta. Es el mandato de la ciudadanía, respetémoslo, señor", subrayó.
Como dato anecdótico, el despacho de Semproni cuenta, este jueves, con una guardia especial en la puerta.
Montevideo Portal
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De Noticias Uruguayas en Kaos en la Red:
Semproni: esta mal informado o se hace?
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La opinión del Dr Helios Sarthou
(Opinión que hasta el momento, continúa siendo la que me resulta más coherente)
SARTHOU y LA LEY de CADUCIDAD LA IMPUNIDAD Y LA MANO EN LA TRAMPA
I
Aspectos jurídico-políticos aplicables al tema del intento aparente de anulación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, Nº 15.848 de 22 de diciembre de 1986, por el Parlamento uruguayo.
II LA FACULTAD-DEBER DE ANULACIÓN A EJERCITAR POR EL PARLAMENTO
Lo que es evidente e indiscutible es que existe un único procedimiento para extinguir la sobrevivencia pertinaz de la ley 15848 y por una vía de absoluta sinceridad y viabilidad jurídica que es la anulación de la ley Nro. 15848 por el Parlamento. Y no por artificio inconstitucional de la acción de inconstitucionalidad usurpada por el parlamento al Poder judicial como sucede con la fórmula propuesta y en trance de ser definida en una supuesta corrección del proyecto originario que en verdad permanece en su error inicial.
Es jurídicamente indiscutible que el parlamento tiene capacidad jurídica con respaldo normativo constitucional y antecedente para anular la ley 15848 y declarar así., su voluntad política. Como se ha sostenido para montar el simulacro, sosteniendo la tesis contraria, señalamos las pruebas de nuestra afirmación.
A) El artículo 85 de la Constitución en su ordinal 3º, expresa lo siguiente otorgando facultades para cumplir la anulación aludida:
“ A la Asamblea General compete .............3º.- Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República , PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y fomento de la ilustración , agricultura, industria, comercio interior y exterior “
¿Pueden existir dudas de que el Parlamento puede expedir leyes de protección de todos los derechos humanos esenciales? “¿Y que entre esos poderes al no existir límite al respecto en el texto constitucional, se puede anular una ley dictada por el propio parlamento que como en este caso otorgó la impunidad a quienes violaron los derechos humanos esenciales de la persona humana .si se nos permite la expresión pleonástica por la fuerza del concepto.-‘’?
¿Dónde está prevista la prohibición de que la protección dispuesta por la Constitución para los derechos humanos por el art. 85 se ejerza para anular una ley violatoria de ese principio tuitivo esencial?
B) En segundo término como antecedente vale señalar que tan es cierto que el Parlamento puede anular la ley de impunidad 15848 que ya anuló otras leyes y nunca se discutió la eficacia de esa anulación, cuyos efectos llegan hasta nuestros días.
Tal es el caso de la ley Nro., 15738 del 13 de marzo de 1985.
En efecto, el 13 de marzo de 1985, el Parlamento sancionó la ley Nº 15.738 que en su artículo primero declaró con fuerza de ley todas las normas jurídicas sancionadas por la dictadura. Pero en el artículo segundo, exceptuó de esa validación declarando la nulidad absoluta de 18 leyes de ese período también de la dictadura, no por ser de esa etapa ya que validó a todas las demás, sino por su contenido propio.
Pero además, fuera de la anormalidad del gobierno de facto, la ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000 declaró nula y sin valor a la ley Nº 17.189, siendo ambas leyes de la temática de protección a los consumidores.
Cabe agregar que el Parlamento tiene no sólo la facultad sino el deber de anular la ley 15848 por ser violatoria del debido respeto de las normas protectoras de los Derechos Humanos y por haber establecido la impunidad para quienes habían incurrido en los crímenes de lesa humanidad aludidos.
En efecto, la Ley de Caducidad del poder punitivo del Estado, nunca pudo en 1986 haber sido sancionada porque violaba la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad” de fecha 26 de noviembre de 1968 que entro en vigor el 11 de noviembre de 1970. Con la sanción de la ley 15848 se violaron además de esa Convención los artículos quinto y octavo de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 3 de diciembre de 1973 que prohibió la sanción de cualquier norma sancionada en contra de la persecución y castigo de las violaciones a los Derechos Humanos. Dicho articulo octavo expresa “Los Estados no adoptaran disposiciones legislativas ni tomaran medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad”.
De acuerdo a los textos referidos incurrimos en infracción lo que es motivo esencial para la anulación de la ley. Como se observara el articulo octavo alude a cualquier tipo de medida incluyendo no solo disposiciones legislativas sino medidas “de otra índole “.
Para los que sostienen que crearía un impedimento para la anulación de la ley 15848 la existencia de dos consultas plebiscitarias la prohibición de “medidas de otra índole” cierra toda posibilidad de esa interpretación. Ninguna otra medida diferente de la ley puede habilitar la negativa a anular las violaciones constituidas por los crímenes de lesa humanidad. Y lógicamente con esto queda excluida, además, toda posibilidad de amnistía o indulto en cualquier circunstancia que se conceda.
III
LA ERRÓNEA SOLUCIÓN DE LA DECLARACIÓN PARLAMENTARIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD
3. Todo hubiera sido fácil, claro e indiscutible aplicando como se dijo el articulo 85 ordinal 3 y ejercitando el poder de anulación por el parlamento, de modo de dejar extinguida la nefasta ley de impunidad.
Se señalaron otras normas anuladas que habilitan como antecedente la aplicación al caso que nos ocupa. Pero en lugar de ese camino se prefirió recorrer el camino rebuscado y retorcido mediante la utilización impropia de la inconstitucionalidad como acción lo que es absolutamente improcedente. Este nuevo proyecto aparece como alterado en función de las impugnaciones de juristas que con razón objetaron la utilización de este instituto de la inconstitucionalidad.
Contra lo que se podía pensar el nuevo texto, aunque pretendía recoger las objeciones, ratifica la utilización de la acción de inconstitucionalidad por la vía del pronunciamiento por el Parlamento, cambiando solamente algunos términos y declarando que los artículos 1,3 y 4 de la ley 15848 violan los artículos 4, 72,83 y 233 de la Constitución de la Republica y por eso carecen de valor jurídico alguno. De ello, resulta en forma evidente que el Parlamento aparece ejerciendo la función de declarar violatoria de la Constitución, los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15848 acordándole a esa inconstitucionalidad la carencia de valor jurídico alguno a las disposiciones mencionadas.
El Parlamento puede sin duda efectuar una declaración de esa naturaleza pero sin alcance alguno más que como el de una mera opinión porque el cometido del control de constitucionalidad de las normas y los efectos pertinentes a esa inconstitucionalidad solo pueden ser resueltos por el Poder Judicial con intervención de la Suprema Corte.
El nuevo texto persiste en la usurpación por el Poder Legislativo de la función de contralor de la Inconstitucionalidad de las leyes que de acuerdo al texto constitucional, -cosa que nadie discute- incumbe solamente al Poder Judicial y a su órgano máximo.
Demuestran lo expresado las siguientes precisiones:
A-El artículo 257 de la Constitución es diáfano para confirmar lo que decimos pues expresa “A la Suprema Corte de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas”. Difícil encontrar un texto tan claro para excluir toda posibilidad de sustitución del Poder Judicial por el Parlamento en el contralor y declaración de inconstitucionalidad porque el Constituyente aclaro que esa capacidad de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial era “originaria y exclusiva en la materia”.
B-A su vez el articulo 259 de la Constitución expresa “El fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y solo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado.”
Resulta claro que una segunda razón hace antagónica la conducta del Parlamento formulando una declaración de tipo general y no en un caso judicial concreto en que solo podía tener lugar la declaración cuestionada
C-Es absolutamente negativo el efecto de la declaración efectuada por el Parlamento, no solo porque no puede causar los efectos propios de una decisión competente del Poder Judicial sino también porque como sustituto de la anulación que hemos propugnado Ut Supra falla rotundamente porque deja jurídicamente en pie y con vida al texto legal de la ley de Impunidad.
Solamente se podrá intentar utilizar esa ley declaratoria del Parlamento para negar la aplicabilidad de la Impunidad en algún juicio concreto, en sede penal, que son abiertos en general por la ley o en uno nuevo. Pero el riesgo es evidente porque el reo en el juicio concreto sostendrá con éxito que esta ley declaratoria del Parlamento es inconstitucional.
De donde la ley queda en pie mas allá de la opinión adversa del Parlamento y muy difícilmente podrá ser admitida en un juicio concreto frente al autor de la violación de los Derechos Humanos Además esta claro que en ese juicio concreto deberá verse la conducta del Juez y la conducta de la Corte que es muy difícil que pudiera admitir su sustitución en la forma operada. Cuesta entender las motivaciones que pueden haber llevado a negar el recurso de la anulación por el poder del Parlamento en lugar del ejercicio de la inconstitucionalidad. Es posible que este inspirada para ser admitida por quienes se negaban en el parlamento y en la sociedad a anular la ley de impunidad. Ya hemos señalado que una segunda razón que podría manejarse refiere a quienes niegan la anulación haciendo caudal en la frustración operada en dos consultas plebiscitarias.
Es importante aclarar que los defectos constitucionales que contiene la solución parlamentaria en discusión, no se corrige con la referencia genérica al bloque de constitucionalidad, que lógicamente implica el respeto a la forma republicana de gobierno en nuestro país.
Corresponde señalar además, que el texto constitucional del artículo 257 exige pronunciarse para la tacha de inconstitucionalidad con los requisitos de la sentencia definitiva. Lo que remata, sin duda, la posibilidad de emitir sentencia por el Parlamento.
IV
LA IRRELEVANCIA EN EL PLANO JURÍDICO DE LAS FRUSTRACIONES PLEBISCITARIAS
D) La argumentación que se ha reiterado desde la prensa, estableciendo como fundamento de la no aceptación de este proyecto de ley basada como ya se dijo en la existencia de dos consultas plebiscitarias desfavorables carece de eficacia jurídica según ya vimos, porque la frustración de los dos plebiscitos no provocan ningún efecto jurídico en forma adversa a la anulación que propugnamos, solamente incide en el hecho de no haber logrado el objetivo que constituía su finalidad. Pero ninguna incidencia tiene para inhabilitar la aplicación de la anulación de la ley 15848, como hemos planteado porque la ley se mantiene en pie y solo su anulación puede terminar con su existencia. Además existe un aporte importante de las normas del derecho penal internacional, pues como lo sostuvo en Conferencia reciente el jurista español Ramón Sáez Valcárcel, (presente en el evento que tuvo lugar en nuestra ciudad sobre el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos), ninguna consulta doméstica puede desvirtuar los principios de carácter universal que consagran los Derechos Humanos. Gráficamente en la citada conferencia el profesor Sáez decía con razón que, si un plebiscito aprueba la tortura o el trabajo esclavo, ello será absolutamente inválido en razón de la vigencia preponderante de las normas tuitivas de los Derechos Humanos de carácter universal.
Algunos senadores que se resisten a apoyar esta ley, no lo hacen por las razones fundadas que hemos expresado, sino porque no estarían dispuestos a quebrar un respeto por las consultas populares realizadas y que resultaron frustradas denotando una posición negativa sobre el tema de fondo. No resulta coherente con tal posición la conducta pasiva de los mismos, cuando el presidente Vázquez, por decreto desconoció el referéndum triunfante en el tema del agua, permitiendo la continuidad de la empresa Aguas de la Costa.
V
VIRTUAL INCUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA REQUERIDA POR LA CORTE INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Se ha sostenido la necesidad de dejar sin efecto la ley de impunidad por la presión que significa la intimación que la corte internacional de derechos humanos planteó a nuestro país como consecuencia de la dilucidación de la violación de derechos humanos en el caso de Gelman.
La verdad es que la declaración parlamentaria de inconstitucionalidad de la ley para nada habrá de servir, para cubrir esa conducta que se nos intimó, porque la ley no se extingue sino que queda vigente. Solamente caso a caso, según las alternativas de cada juicio, se podrá saber el resultado que en definitiva no va ser adoptado por el juez del caso concreto sino por la Suprema Corte. La solución adoptada para nada puede satisfacer la exigencia de extinción de la ley contenida en la intimación de la Corte Internacional de Derechos Humanos en términos muy enérgicos y perentorios.
La propia intimación incluye, por lógica, la aplicación correcta de la institucionalidad del país en el cumplimiento de lo intimado.
Todo lo expresado convoca históricamente al cumplimiento de un deber ético esencial de eliminar de verdad, la impunidad de la dictadura que sobrevive a pesar del extenso lapso transcurrido.
Y esto sucedió, pese a que todos nosotros asumimos un compromiso moral de extinguir los graves atentados a la persona del ser humano.
Dr. Helios Sarthou