Uruguay: Denuncias a militares en Treinta y Tres. / Sentencia por Caso Gelman. Cinco procesados

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

 

Denuncias a militares en Treinta y Tres

El tiempo no para
imagen

31.10.2011

Un grupo de 38 personas presentó este lunes en Treinta y Tres denuncias contra militares por crímenes cometidos durante la dictadura. El diputado local Hermes Toledo dijo a Montevideo Portal que se trata de militantes comunistas que tenían entre 13 y 17 años y que fueron torturados y violados en el cuartel del departamento.

Un grupo de 38 personas presentó este lunes denuncias contra militares por crímenes cometidos durante la dictadura en el departamento de Treinta y Tres.

Según explicó a Montevideo Portal el diputado del FA en dicho departamento, Hermes Toledo, se trata de 38 ex militantes comunistas, de los cuales 29 eran menores de edad durante la dictadura.

"La mayoría de ellos tenía entre 13 y 17 años cuando fueron detenidos en abril de 1973 en el Cuartel de Treinta y Tres", explicó el legislador, recordando que la presentación de la denuncia estaba prevista en el marco de las denuncias a ser presentadas antes de que este martes prescribieran los delitos.

Toledo señaló que los denunciantes aportarán varios nombres propios de militares que participaron en los delitos, y recordó que los hechos "siempre fueron conocidos en Treinta y Tres".

El diputado explicó además que las acusaciones no corresponden exclusivamente a torturas, ya que hay casos de mujeres que afirman que fueron violadas durante su detención.

Toledo comentó además que este lunes viajó una delegación desde Montevideo, en la que viajaban varios de los denunciantes y otros dirigentes frenteamplistas que los acompañarán con una concentración en la entrada del juzgado del departamento.

Más denuncias

En tanto, otra denuncia se presentó este lunes contra militares por parte de 90 miembros del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, que fueron detenidos entre 1973 y 1985.

La demanda es patrocinada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), cuyo abogado Martín Fernández explicó a Últimas Noticias que se denuncian 90 militares que actuaron en diversos centros de detención utilizados durante la dictadura, como la casa de Punta Gorda, el Batallón 13 o las cárceles de Libertad, Punta de Rieles, Punta Carretas o Central.

 


Montevideo Portal

 

Presas de la dictadura presentaron varias denuncias por abusos y torturas

Un grupo de 28 mujeres detenidas durante la dictadura realizaron denuncias contra policías, militares, enfermeros y médicos

+ El Observador - 28.10.2011, 
  • © Archivo El Observador

     

Un grupo de 28 mujeres que estuvieron presas en la dictadura presentó este viernes denuncias contra decenas de policías, militares, médicos y enfermeros, por abusos y torturas.

“Los denunciados tuvieron activa participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los distintos establecimientos carcelarios, siendo todos ellos responsables directos e indirectos por acción u omisión de la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en forma sistemática y planificada consistentes en delitos sexuales (violencia sexual, violación, desnudez, tocamientos, entre otros)  y  torturas (tales como plantones, picana,  submarino,  entre otros), afectando su integridad física y mental y su derecho a la dignidad, principalmente, tal como surgen de los relatos que se adjuntan de cada una de las denunciantes”, señala el documento de la denuncia.

El grupo de mujeres está integrado por militantes de distintos partidos políticos y gremios, en el momento de la dictadura.

Por su parte, entre los denunciados se encuentran Jorge Silveira, José Nino Gavazzo, Gilberto Vázquez, Miguel Dalmao y Manuel Cordero, entre otros.

También se incluye a todos los oficiales y suboficiales que entre 1972  y 1985 se encontraban en los establecimientos: Penal de Punta de Rieles, 300 Carlos, Regimiento de Caballería No. 9, Cuartel Km. 14 Cno. Maldonado, Establecimiento La Tablada, Casa de Punta Gorda, Cárcel de Pueblo (Parque Rodó), Regimiento de Caballería No. 4, Hospital Militar, Artillería No. 1 (Cuartel La Paloma), Batallón de Ingenieros No. 1, Batallón de Infantería No. 5 de Mercedes, Batallón 5o. de Artillería, Cuartel de Infantería No. 7 de Salto, Cuartel No. 13, Cuartel No. 6 de Caballería.

En la denuncia se agrega que las detenidas eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose  su cuerpo como un botín de guerra.

“Todas estas prácticas realizadas no sólo buscaban destruir a las detenidas sino que también procuraban morbosamente el placer de los torturadores en sus distintas manifestaciones, ya sea tocándolas, impidiéndoles el aseo por tiempo prolongado y cuando lo permitían observándoles permanentemente y apuntándoles con un arma, realizándoles plantones totalmente desnudas, no dejándolas dormir, soltándoles perros, no brindándoles agua ni alimentos, impidiéndoles realizar sus necesidades básicas e incluso colocándole ratas en los genitales habiendo sido previamente untadas con grasa”, añade.

Que nadie festeje

Columna de opinión.

No hubo celebración. Ni manifestaciones ni nada. Apenas el coro de “nunca más” en las barras del Palacio Legislativo. Sí, es verdad: la legislatura 47 restableció el equilibrio de poderes al corregir el enorme error que había cometido la legislatura 42, luego de 9.075 días con sus noches, casi 25 años, durante los cuales reinó la impunidad, es decir, la injusticia, introducida por la peor ley de la historia uruguaya. ¿Qué habría que festejar? ¿Acaso todo este trámite le hace olvidar a alguien las muertes, las torturas, las desapariciones, los maltratos? ¿Los partos en cautiverio? ¿La búsqueda infructuosa de hijos e hijas, madres y padres, hermanas y hermanos? ¿Los vínculos rotos? ¿Hay que festejar la posibilidad de que algunas decenas de viejos de mierda vayan a la cárcel? ¿Hay que festejar la dolorosa conciencia de una sociedad dividida en dos mitades casi iguales, que se acusan una a otra de antidemocráticas?

También tuvo que ver lo largo, sinuoso y cuesta arriba del camino recorrido. El cansancio de las mentes y los cuerpos aplacaba cualquier ánimo festivo. Un referéndum, un plebiscito, varias iniciativas legislativas, congresos eternos del hoy gobernante Frente Amplio que borraban de los programas la desactivación de la impunidad o ni siquiera la preveían. Recolecciones de firmas. Discusiones agrias.

Al final, es posible que la solución alcanzada el jueves de madrugada haya sido la mejor de todas las intentadas, mejor que la derogación de la Ley de Caducidad fracasada en 1989, que el proyecto de ley interpretativa discutido en la legislatura pasada, que la anulación derrotada en las urnas en octubre de 2010 y que el segundo proyecto interpretativo, aquel que naufragó en mayo. Para desactivar el mamarracho jurídico aprobado el 22 de diciembre de 1986 no había herramientas sencillas. Ese paquete atado con alambre por un Poder Legislativo al que apresuraba la prepotencia militar, sólo podía ser liberado a lo bruto y lastimándose las manos. Pero por más fisuras que tuviera cualquiera de esas iniciativas, ninguna de ellas adolecía de una invalidez jurídica tan flagrante como la propia Ley de Caducidad. Igual, ¿da para festejar?

No hay nada que festejar porque el Frente Amplio y, en general, todo el bando que defendía la perennidad de la justicia debió disimular esas fisuras. Y porque ya está pagando el costo político de contradecir dos consultas populares en aras de consagrar principios democráticos y humanos fundamentales. No hay nada que festejar porque, con sus argumentos, el Partido Nacional y el Partido Colorado desataron cucos tan viejos que hasta el mismísimo senador Pedro Bordaberry se vio obligado a pedir disculpas. Que se menten los editoriales publicados en febrero de 1973 por el diario comunista El Popular sobre los entonces futuros golpistas, o el no procesamiento de los delitos de sangre cometidos por tupamaros exiliados y amnistiados en 1985 (¿acaso alguien prefería que regresaran para someterse a la picana?) da tantas ganas de festejar como asistir a un baile de zombies de verdad.

Pero, sobre todas las cosas, no había ni hay nada que festejar todavía porque hay desaparecidos que no aparecen, porque se desconoce la causa de muchas muertes, porque los torturadores se cruzan en la calle con los torturados sin haber sido castigados, porque hay uruguayos y uruguayas que vivirán tristes hasta el último suspiro por todo lo que sufrieron. Y porque las desapariciones, las muertes, las torturas y el sufrimiento no son festejables. La condena de los delincuentes, tampoco. Los gavazzos y los goyos y los pajaritos están donde tienen que estar, no para que festeje nadie.

No hay nada que festejar porque, después de cinco períodos de gobierno y medio, las Fuerzas Armadas nunca manifestaron arrepentimiento frente a la ciudadanía por haber demolido la democracia y aplastado tantas vidas. Porque, muy lejos de eso, el jefe del Estado Mayor, coronel aviador José Bonilla, prevé que ahora ningún represor brindará su testimonio ante la Justicia por temor a la cárcel. Porque unos cuantos abogados con sello de demócratas se aprestan a cuestionar ante la Suprema Corte la constitucionalidad de la ley. Porque ningún gobierno desde 1985 tuvo las agallas para ordenarles a las instituciones castrenses subordinadas al poder civil que le pidieran perdón a la sociedad, y a sus integrantes que confesaran o delataran aquellos crímenes. Porque al defender a esos cobardes violadores de los derechos humanos, las Fuerzas Armadas muestran su propia inutilidad. Porque los uruguayos pagan de su bolsillo sueldos y retiros de decenas o cientos de crápulas.

Cuando haya algo que festejar, nadie se dará cuenta. Será cuando nadie se preocupe por contar los días que lleva Uruguay en democracia. Será cuando a nadie le preocupe si la Justicia funciona, porque estará funcionando. Será cuando desaparezcan las Fuerzas Armadas o tengan algún sentido. Será.

Marcelo Jelen
La Diaria

Justicia procesó a militares en caso Gelman y llueven más denuncias

Sin ley de Caducidad surgen nuevos casos pero tienen futuro incierto

+ - 29.10.2011, El Observador

  •  
Una semana después del hallazgo de nuevos restos óseos y un día después de promulgada la ley que eliminó la prescripción de los delitos de la dictadura y restableció la pretensión punitiva del Estado, la Justicia dispuso cinco procesamientos por el secuestro y muerte de María Claudia García de Gelman. Al mismo tiempo, comenzaron a llover las denuncias ante los juzgados. Pero todas ellas tienen un futuro incierto.

El juez penal Pedro Salazar dispuso ayer el procesamiento con prisión de los militares retirados José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y el policía retirado Ricardo Medina por la de-saparición de García de Gelman. A todos les imputó el delito de “coautoría de homicidio muy especialmente agravado”.  Salazar no hizo lugar al pedido del fiscal Ariel Cancela de tipificar desaparición forzada, por el impedimento de hacer retroactiva la ley penal. Los oficiales ya se encuentran recluidos en la cárcel de Domingo Arena por otros delitos.

Asimismo, pidió la extradición del coronel retirado Manuel Cordero, radicado en Brasil. El magistrado no hizo lugar al pedido de procesamiento de los policías retirados Luis Maurente y José Sande Lima. 

En el auto de procesamiento al que accedió El Observador, el juez explicó que ante la falta de datos de la dictadura, las declaraciones testimoniales se “constituyen en el medio probatorio por excelencia”.

A futuro

Las investigaciones futuras dependerán de cómo cada juez aplique la ley promulgada el jueves por el presidente José Mujica y el decreto del Poder Ejecutivo que desarchivó decenas de causas. También incidirá en el futuro de las nuevas causas si la Suprema Corte de Justicia hace lugar o no a los recursos que los militares retirados ya anunciaron que interpondrán, por entender que la nueva norma es inconstitucional.

Por otro lado, el fiscal Cancela solicitó que sean reabiertos una decena de expedientes relativos a hechos ocurridos entre 1986 y 1987.  Lo hizo  de acuerdo con lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo del 1º de julio de este año.

En esa norma, Mujica dispuso la revocación de todos los actos administrativos de los gobiernos anteriores al de Tabaré Vázquez, en los que se ordenó archivar las investigaciones

De todos modos, la reapertura da el puntapié inicial a un largo proceso en el cual el magistrado actuante deberá chequear si estos hechos fueron investigados en otros expedientes. Además, dado que se denuncian hechos y no personas, la Justicia deberá solicitar información al Estado sobre quién revestía cargos jerárquicos en las unidades militares y  policiales de la época. También deben ser localizadas las personas que en su momento formularon las denuncias.

Denuncia de ex presas

A estos casos se suman otras 28 denuncias efectuadas por ex presas políticas, representadas legalmente por el ex juez Federico Álvarez Petraglia. Se trata de mujeres que al momento de su detención eran militantes de distintos partidos políticos y gremios. Denuncian que fueron torturadas y sufrieron abuso sexual.

Según el escrito, los militares cometieron delitos tales como “violencia sexual, violación, desnudez,”, así como torturas  del tipo “plantones, picana y  submarino”.

En la denuncia se solicita que sean indagados 109 militares y policías retirados, entre ellos algunos ya procesados en otras causas, como Silveira, Gavazzo, Vázquez, Miguel Dalmao, Maurente y Cordero. También se denuncia a todos los oficiales y suboficiales que en dictadura cumplían funciones en el penal de Punta de Rieles, La Tablada, Punta Gorda, Cárcel del Pueblo, hospital Militar y La Paloma.

Desde cero

Además de estas causas, el abogado Pablo Chargoñia presentó en las últimas dos semanas dos denuncias. Una de ellas –a estudio del juez Carlos García y el fiscal Cancela– refiere a 50 casos de torturas en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Las víctimas son personas que en dictadura tenían 19 o 20 años e integraban la Unión de Juventudes Comunistas.

La otra denuncia, en manos del juez Pedro Salazar y la fiscal Mirtha Guianze, refiere a 30 secuestros y torturas en el centro de torturas 300 Carlos, ubicado en el Batallón Nº 13 de camino Instrucciones.

Ambas denuncias refieren a hechos que ocurrieron durante todo el período dictatorial (1973-1985).

Chargoñia reconoció a El Observador que si los jueces aplican la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado “es muy probable que los militares apliquen excepciones de inconstitucionalidad”, y así las indagatorias se dilatarían.

Asimismo, familiares de de-saparecidos, ex presos políticos y dirigentes sindicales denunciaron en Argentina a un centenar de ex militares, ex policías y civiles, para que sean juzgados por su participación en el traslado y desaparición de uruguayos en el marco del Plan Cóndor. Procuran sortear los recursos que los ex oficiales presentarán contra la ley promulgada este jueves.


LA JUSTICIA URUGUAYA AVANZO EN LA INVESTIGACION SOBRE EL ASESINATO DE MARIA CLAUDIA GARCIA DE GELMAN

Cinco procesados por el caso Gelman


María Claudia fue secuestrada junto a su compañero, Marcelo Gelman, en Buenos Aires en 1976.

De: Pagina 12

Los acusados, que ya fueron condenados por otra causa, fueron considerados “coautores de homicidio muy especialmente agravado”. La medida se concretó luego de que el Congreso uruguayo declarara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.

Un día después de que el Congreso de Uruguay declarara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, la Justicia de ese país ordenó el procesamiento de cinco militares retirados acusados del homicidio especialmente agravado de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena Gelman, que nació en el Hospital Militar de Montevideo mientras su madre estaba en cautiverio, fue apropiada por los represores y criada por un policía uruguayo retirado. Recién supo su verdadera identidad hace once años.

El juez Pedro Salazar libró una orden de procesamiento “con prisión” sobre José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina por considerarlos “coautores penalmente responsables de homicidio muy especialmente agravado” en el caso de la mamá de Macarena Gelman, según apunta el fallo. Los cinco imputados ya fueron condenados por el asesinato de 28 opositores a las dictaduras uruguaya y argentina en el marco del Plan Cóndor. Además, el magistrado solicitó la extradición a Brasil y a la Argentina del militar retirado Manuel Cordero, quien también cumple una condena –en un penal argentino–. En tanto, desestimó los cargos de desaparición forzada pedidos por la fiscalía.

La medida tomada por el juez penal uruguayo comporta el primer paso en el proceso de juzgamiento de los represores por su responsabilidad en la privación de libertad y homicidio de María Claudia García Iruretagoyena. El juicio se llevará a cabo de manera reservada y por escrito, ya que en el país vecino no existe la figura de juicio oral y público, y por las pruebas en su contra que conforman el expediente, existen altas probabilidades de que los acusados sean condenados.

María Claudia fue secuestrada junto a su compañero, Marcelo Gelman, en Buenos Aires en 1976. Ambos fueron trasladados al centro de detención Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor –la causa que juzgó los delitos allí cometidos en Argentina acabó con altas condenas para los acusados–. Desde entonces, el camino de ambos se bifurcó. A él lo asesinaron y su cuerpo fue encontrado por el Equipo de Antropología Forense en 1989. Ella, embarazada, fue llevada por la Fuerza Aérea uruguaya hasta la sede del Servicio de Información de Defensa en Montevideo. Macarena nació en el Hospital Militar de esa ciudad y en enero de 1977 fue dejada en una canasta en la puerta de la casa de un policía, quien la crió. En 2000, la nieta del poeta supo su verdadera identidad y se cargó al hombro, junto con su abuelo, la lucha para que su país investigue qué pasó con sus madre y condene a los responsables.

Este es el primer auto de procesamiento dictado tras la aprobación, el jueves, de una norma que considera delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, todos los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura (1973-1985). De no existir tal decisión del Congreso, crímenes como el de María Claudia habrían caducado el próximo día 1º de noviembre, según decretó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del Uruguay. No obstante, voceros de la SCJ señalaron que en cualquier caso, al haberse iniciado este proceso antes de esa fecha límite, estos delitos aún no hubieran prescripto y el juicio no “estaría afectado” por esta medida.

Pero la declaración de lesa humanidad de delitos como el cometido en perjuicio de María Claudia no es el único hecho ocurrido en los últimos días que lo hizo retumbar y le agregó actualidad. Hace exactamente una semana, un grupo de antropólogos encontró restos humanos en un cuartel militar a las afueras de Montevideo mientras buscaban por orden judicial restos de desaparecidos, entre ellos los de la mamá de Macarena Gelman (ver aparte).

Cinco procesados por homicidio de María Claudia García de Gelman

Revisionismo. El presidente promulgó la ley que determina que no prescriben los delitos de terrorismo de Estado 24 mujeres denunciaron a decenas de militares por torturas y violaciones

Eduardo Delgado / Luis Pérez

El presidente Mujica promulgó la ley que deja sin efecto la Caducidad. El juez Pedro Salazar procesó a cuatro militares y un policía por el asesinato de María Claudia García y más de 20 expresas políticas presentaron una denuncia penal por abusos.

Las secuelas de las violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura (1973-1985) tuvieron ayer viernes un capítulo destacado.

Cuando en el Parlamento aún no se silenciaron los ecos de las discusiones que en Diputados y el Senado se dieron en torno a la ley que determinó que no prescriben los delitos de terrorismo de Estado cometidos hasta 1985, cuatro militares y un policía fueron procesados por el homicidio de María Claudia García de Gelman.

El juez penal Pedro Salazar procesó con prisión a los militares retirados José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira y del expolicía Ricardo Medina (todos en prisión por otros casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura) como coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado de García, la nuera del poeta argentino Juan Gelman.

El magistrado también solicitó la extradición del coronel retirado Manuel Cordero (detenido en Argentina) y no hizo lugar a los pedidos de procesamientos Luis Maurente y José Sande Lima.

El fiscal Ariel Cancela solicitó el procesamiento de todos ellos por el delito de desaparición forzada o en su defecto por homicidio muy especialmente agravado. El representante del Ministerio Público analizará si apela la decisión. Los abogados de los procesados ya tienen decidido que apelarán lo resuelto por el juez Salazar ayer viernes.

El caso de María Claudia García -secuestrada en Argentina cuando estaba embarazada de Macarena Gelman y traslada a Uruguay clandestinamente en 1976, donde fue dada por desaparecida- es uno de los de mayor repercusión nacional e internacional y el que generó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA estableciera que Uruguay debía investigar y determinar responsabilidades, sin que la ley de Caducidad lo impida.

También en la pasada jornada, un grupo de 24 expresas políticas durante la dictadura presentó una denuncia penal contra decenas de militares por delitos que califican de lesa humanidad y que incluyen violaciones y diversas formas de tortura.

Abusos. El abogado y exjuez Federico Alvarez Petraglia, quien representa a las denunciantes, dijo a El País que la particularidad es que "se trata de mujeres que estuvieron presas y soportaron torturas y abuso sexual de parte de diferentes personas".

"Acá no había combate, eran personas detenidas, desarmadas, que no representaban peligro para nadie, pero que eran sometidas a violaciones, tocamientos sistemáticos, mantenidas desnudas y obligadas a hacer sus necesidades a la vista, lo que muestra el sadismo de estas personas que con uniforme realizaban estas practicas", expresó el abogado. Alvarez Petraglia explicó que en el grupo que apoya a esta mujeres hay abogados, psicólogos y asistentes sociales que ayudaron "a que verbalizaran y pudieran llevar al papel esto que les sucedió hace 35 años".

Agregó que "hubiera existido o no esta ley de prescriptibilidad, ellas querían igual presentar la denuncia, dar este paso, ejercer su derecho a denunciar a esta gente". Reconoció que la ley aprobada esta semana "da argumento para investigar".

Ayer, en tanto, la secretaria de seguimiento de la Comisión para la Paz emitió un comunicado en que da cuenta del hallazgo el pasado 21 de octubre de restos óseos presuntamente pertenecientes a un detenido desaparecido en el Batallón 14.

Añade que cuando se obtengan resultados primarios de las pericias ordenados por la Justicia, se notificará a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos por intermedio de su representante" en esta secretaría y se convocará a conferencia de prensa.

Salto. A estos hechos se sumaron seis denuncias sobre delitos de lesa humanidad que involucran a cuatro exjerarcas de la unidad militar de Salto y también a un exmédico de las Fuerzas Armadas que fueron presentadas en la tarde de ayer viernes, en el Juzgado Penal de 4° Turno de Salto, por un grupo de personas que pertenecen al Partido Comunista y estuvieron presos durante la dictadura.

Estas denuncias irán aumentando en el correr de los próximos días y podrán llegar a una treintena, manifestó a El País el abogado patrocinante, Gustavo Bonifacio.

Explicó el abogado que tienen "identificados" a cinco participantes en las torturas, cuatro militares de la unidad local de la época "y un médico asesor de los torturadores", para agregar que los mismos hoy se encuentran "caminando libremente por las calles".

El País Digital

Sentencia por Caso Gelman

Sed lex

imagen

28.10.2011

El juez Pedro Salazar pedirá la extradición de Manuel Cordero, en el marco de la causa que investiga la desaparición de María Claudia García de Gelman. El texto de la sentencia imputa a José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina, pero no halla pruebas para Ernesto Rama, Luis Maurente y José Sande. Texto

El juez penal Pedro Salazar dictó sentencia para el caso que estudia la privación de libertad y el homicidio de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, sustracción de menor y supresión de estado civil de Macarena Gelman.


Como resultado de la investigación, Salazar procesó a José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina, por el delito de homicidio especialmente agravado en grado de coautoría. El juez no hizo lugar al pedido de caratular el caso como "desaparición forzada".

Asimismo, no se encontraron pruebas para imputar a Ernesto Rama, Luis Maurente y José Sande, y se pedirá la extradición de Manuel Cordero, preso en Argentina.

Pese a que el pedido de extradición de Cordero puede ser aceptado por la Justicia argentina, no lo concretará hasta que Cordero no cumpla pena por la causa por la que fue procesado en Argentina.


Montevideo Portal
Justicia chilena acusa a siete ex militares por desaparición de tres uruguayos durante dictadura
El juez Joaquín Billard fue el encargado de dictar la acusación contra los exmilitares por la desaparición de exiliados uruguayos que huyeron de su país por, supuestamente, pertenecer al movimiento Tupamaros.
teleSUR | 27-10-2011
La justicia chilena acusó este miércoles a siete exmilitares  por el secuestro de tres ciudadanos uruguayos que desaparecieron en septiembre de 1973 tras del golpe militar que puso en el poder al dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

El juez Joaquín Billard fue el encargado de dictar la acusación contra los exmilitares por la desaparición de Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, quienes eran exiliados uruguayos que huyeron de su país por, supuestamente, pertenecer al  movimiento Tupamaros.

Una nota del juez indica que los uruguayos "fueron sometidos a interrogatorios y torturas" en el Regimiento Ferrocarrileros y luego se ordenó su traslado al Estadio Nacional de Santiago, un conocido centro de torturas, no obstante, se desconoce ''su actual paradero".

Los tres sujetos formaban parte de un grupo de siete personas que se escondían en una mina abandonada localizada en la zona de  Cajón del Maipo, aledaña a Santiago.

Los individuos pretendían dirigirse a  Argentina, pero fueron detenidos y arrestados por la Policía chilena.

Según la sentencia, los militares Mateo Durruty Blanco, René Cruces Tapia, Francisco Martínez Benavides, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos, todos altos exoficiales del Ejército, y Guillermo Vargas Avendaño son señalados por los "secuestros calificados".

El juez  Acuña elevó la causa a estado de plenario etapa previa al dictamen de sentencia de primera instancia.

El pasado 18 de agosto la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura en Chile, mejor conocida como Comisión Valech, presentó al Gobierno un informe sobre crímenes de la dictadura de  Pinochet, que eleva a más de 40 mil las víctimas de ese régimen.

El documento actualiza otro informe de 2004, que acreditó nueve mil 800 nuevas víctimas de torturas y prisión política, que se suman a las 27 mil 255 reportadas inicialmente. Además registra 30 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados, que se agregan a los tres mil 195 certificados oficialmente.
 
De esta manera, el total de víctimas oficiales entre ejecutados, desaparecidos y torturados durante los 17 años en los que se extendió la dictadura de Pinochet (1973-1990) subió a 40 mil 280, aunque entre las agrupaciones de víctimas se estima que la cifra puede superar los 100 mil.

Actualmente la justicia chilena mantiene abiertas unas 350 causas relacionadas con desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones durante la dictadura.

Etiquetado en Uruguay y sus cosas

Comentar este post