Uruguay: El país que se quiere

Por Luciana Siri (Movimiento por un Uruguay Sustentable)

“Nos estaba costando mucho llegar a la gente y con esta movilización nos quedamos sorprendidos de la forma en que se convocó, de la conciencia popular que se está tomando”, señaló Eduardo Echeverriborda, productor de Las Palmas, una de las zonas que se encuentra en el epicentro del proyecto minero. “Eso y la diversidad que tuvo la marcha nos ha conmovido, porque es la opinión pública la que puede golpear las puertas de las autoridades para que revisen esto que es serio”, resumió. De todos modos, Echeverriborda advirtió que hasta que el grupo de productores organizados no se juntara a hacer una evaluación, las reflexiones sobre la marcha eran a título personal.

Por su parte, Arturo Abella, presidente de la Comisión de Vecinos y Amigos de La Esmeralda, subrayó el aspecto positivo que ha despertado Aratirí: “Al tener tres patas, la parte de la minera, el mineroducto y el mega puerto, el proyecto nos ha unido a todos para discutir qué país queremos”, manifestó en referencia a la alianza entre diversos sectores tales como los productores rurales, comunidades costeras y organizaciones montevideanas que se sumaron a la convocatoria de la marcha.

En esa misma línea, Ricardo Rodríguez, representante de la Unión de Vecinos de La Paloma (UVLP), manifestó que los vecinos de esa localidad se sumaron en apoyo por considerar que “este proceso que ocurre con la minera Aratirí es uno más de una serie de procesos y proyectos y actividades que van hacia un modelo de país que no es sostenible” y comparó que “así como los compañeros están enfrentando a Aratirí, nosotros en La Paloma estamos enfrentando al modelo forestal”. Rodríguez, al igual que Abella, manifestó la necesidad de cuestionar el modelo de desarrollo al cual se dirige Uruguay: “un modelo de país que pone en peligro a sus recursos naturales, la calidad de vida y de trabajo de la gente”.

De izq a der: Ricardo Rodriguez (UVLP); Carlos Sosa (FFOSE); Ervis Loiley (FFOSE); Victor Bacchetta (periodista); Fernando Becerra (productor rural); Eduardo Echeverriborda (ídem); Julio Gómez (ídem) y Federico Cantera (ídem).

El presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Carlos Sosa, explicó el apoyo del sindicato a la movilización por considerarla una herramienta clave para hacer cumplir la reforma de la Constitución, aprobada en el plebiscito de 2004, donde la ciudadanía se pronunció en defensa de los recursos hídricos como derecho humano básico. “La Constitución establece que cualquier emprendimiento que se haga en nuestro país en una cuenca acuífera tiene que ser con la participación del pueblo y de la ciudadanía, que es quien en última instancia decide si ese emprendimiento vulnera uno de los principios fundamentales que es, en primer lugar, el derecho del acceso al agua de buena calidad. De ser así, ese emprendimiento no puede ser llevado adelante”, señaló Sosa quien agregó que, “en el marco del bicentenario y en defensa de la soberanía, nuestros recursos tanto de la tierra como hídricos están siendo vulnerados (…). Nosotros como sindicato, como trabajadores, entendemos que este proyecto en el Uruguay, destroza nuestro hábitat y en última instancia va a terminar con la calidad de vida de nuestro pueblo”.

Estado de situación

El periodista Victor Bacchetta, a cargo de la moderación de la mesa, dejó en claro que no es un movimiento contra toda explotación minera sino que es una acción que cuestiona a un tipo de minería en particular surgido en las últimas décadas. Según describió, es un tipo de explotación que nace en un contexto de desarrollo tecnológico que permite la extracción con procedimientos de separación a gran escala, lo que lleva a la generación de grandes volúmenes de desechos y a una especulación muy fuerte en la medida que los commodities, las materias primas, se han incorporado al sistema financiero internacional. “Esto hace que surjan empresas y capitales interesados ante un tipo de explotación como esta que es sumamente depredadora, donde los costos ambientales son altísimos pero sumamente rentables para estas empresas porque ellas no pagan esos costos sino que los pagamos nosotros”, manifestó el periodista, quien señaló que por este motivo hay países como Costa Rica, en América Latina, que han prohibido la minería metálica a cielo abierto y también la Comunidad Europea está tomando medidas.

En América del Sur existen varias explotaciones de este tipo, en zonas casi semidesérticas como en la Cordillera, alejadas de las poblaciones. Aún así, manifestó Bacchetta, “esa minería tiene un alto impacto porque afecta las fuentes de agua que vienen de la altura y las comunidades que dependen de esa agua para su cultivo y consumo son afectadas”. Por esta razón, justificó la gran preocupación de la zona en la que se quiere instalar la minera: “en el centro del país, en el medio de la pampa húmeda, en el medio de una zona cultivada, poblada, con una población que tiene una tradición productiva y de vida”.

Otro de los aspectos que preocupa es la dinámica de la empresa que se encuentra por detrás de Aratirí (Zamin Ferrous) que es una multinacional de origen indio que genera a nivel nacional “empresas de corta vida para elaborar proyectos concretos como el de este tipo y que, una vez conseguidos los acuerdos gubernamentales, vende el proyecto”, señaló Baccheta, quien ejemplificó con una situación de este tipo y con la misma empresa ocurrida en el noreste de Brasil, en el estado de Bahía.

Aspecto de la concentración frente al Palacio Legislativo.

Agujeros

Los representantes de las organizaciones y grupos movilizados indicaron que sus argumentos más fuertes en contra del proyecto minero son tomados precisamente del informe de impacto ambiental que realizó la minera y que puede ser leído en la página de la DINAMA. Según explicaron, son muchos los aspectos que preocupan, razón por la cual, el movimiento constituyó una comisión compuesta por profesionales de diversas especialidades con el propósito de brindar un análisis reflexivo y técnico sobre lo que por ahora es la única fuente de información oficial sobre el proyecto.

Un ejemplo concreto que genera alarma es con respecto a cuál sería el futuro del pueblo de Valentines, habitado por unas 500 personas que se encontraría en el medio de la explotación minera. Según lo establecido por la propia empresa, el área de seguridad es de 1.000 metros. Sin embargo, el pueblo se encuentra a 600 metros de uno de los núcleos extractivos, en donde se explotarán 235 toneladas de explosivos cada dos días, explicó Federico Cantera, productor rural de la zona de Valentines.

Hoy el informe de la empresa se encuentra en manos de la DINAMA. Luego que termine ese proceso en el cual la DINAMA puede solicitarle a la empresa más información, se inician las instancias de divulgación y audiencia públicas, luego de los cual debe darse la definición del gobierno. Sin embargo, Bacchetta resaltó algunas contradicciones en torno a que, si bien el proyecto formalmente está en una fase de estudio, hay declaraciones de algunas autoridades políticas así como de la propia empresa que indicarían que ya hay algunos acuerdos. Como un ejemplo de esta situación, mencionó el puerto de aguas profundas por donde saldría la exportación de hierro, sobre el cual ya se decidió el lugar donde sería construido. “En rigor esa concesión no se podría hacer antes de estar aprobado el proyecto”, concluyó Bacchetta.

Los productores manifestaron su preocupación también ante la falta de garantías por parte del gobierno de brindar los controles ambientales necesarios y, llegado el caso de sancionar, de hacer que la sanción sea cumplida. Un ejemplo son los informes trimestrales que debe hacer la empresa para dar cuenta de los pozos que realiza. Para Gómez, esa información es cuestionable porque no hay forma de verificarla si no es inspeccionando el terreno, tal como quedó comprobado en días pasados. A raíz de una inspección pedida por los productores, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) encontró 68 pozos que no estaban declarados. Esto llevó a que la dirección multara a la empresa. “Sin embargo, cuando esa multa iba a ser corroborada por su monto, ante el Ministerio de Industria surgen dudas. Entonces ¿quién le asegura al Uruguay que se vaya a controlar como es debido?”, cuestionó el productor.

Actividades subvaloradas

Tanto los productores agrarios como los vecinos de las comunidades costeras no comprenden porqué se insiste en introducir una industria que pone en riesgo dos actividades productivas que han demostrado sostenibilidad en el tiempo y que aún no están desarrolladas en su máximo potencial. Fernando Becerra, productor de Durazno, enfatizó que las 120.000 hectáreas involucradas, son parte de una tierra que tiene una gran capacidad productiva que no ha sido aprovechada porque “no han habido políticas que vayan en esa dirección”. No obstante, son tierras cuidadas por generaciones, que han demostrado una gran productividad y que están “sumamente cerca de cumplir con un protocolo internacional de certificación de producción de alimentos orgánicos que casi no se encuentra ya en ninguna parte del mundo”, señaló.

En cuanto a la zona costera, Abella indicó que la terminal portuaria estaría ubicada en La Angostura, una zona donde la Laguna Negra se acerca al mar y que involucra a La Esmeralda, Aguas Dulces, Valizas y Punta del Diablo. “Es una zona altamente sensible desde el punto de vista ambiental y nosotros pensamos que este proyecto va a interrumpir el desarrollo turístico que se viene dando en la zona. El gobierno cuando elige esa zona dice que es un lugar que no tiene turismo, algo lógico porque es un predio de 5 kilómetros de costa que está en manos del Ministerio de Defensa. En todo caso, en lugar de dárselo a Aratirí, ¿porqué no pensar un plan de desarrollo turístico para esa zona, un proyecto más amigable con el ambiente, que va a generar más fuentes de trabajo y que va a repartir mucho mejor la torta?”, concluyó.