Uruguay: “El presidente se burla de la protección a la naturaleza”

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.


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Eduardo Gudynas, analista del Centro Latinoamericano de Ecología Social, habló con 180 sobre la construcción del puente en la laguna Garzón. En su análisis del “problema”, sostuvo que el impacto indirecto generará que esa zona de Rocha se vuelva un paisaje similar a los de la costa de Canelones. Además, habló sobre la opinión del presidente José Mujica, quien dijo esta semana que “no tiene sentido un paisaje natural sin hombres”.

Publicado el: 18 de febrero de 2012

Por: Emiliano Zecca

Foto: SNAP

Foto: SNAP

Para Gudynas, “el problema” de la construcción del puente en la laguna Garzón se debe abordar en dos niveles. Por un lado, un primer nivel que es el mecanismo por el cual se autorizó la obra. “El mecanismo por el cual se está aprobando el puente ha sido muy desprolijo. No se conoce ninguna resolución formal del ministerio de Medio Ambiente aprobando la obra y dando los fundamentos técnicos para eso. Hasta ahora lo que hay es una intervención presidencial sobre las potestades del ministerio de Medio Ambiente”, afirmó.

Po otra parte, Gudynas señaló que los impactos directos ylos indirectos de la construcción del puente son el otro problema. “Se pueden discutir los efectos de la estructura física del puente. Pero las consecuencias de la apertura vial al otro lado de la laguna generarán los mayores impactos, que se denominan indirectos y van a ocasionar una urbanización rápida de esa franja de la costa rochense”, explicó.

Desde la visión del especialista, el paisaje resultante de ese proceso va a ser similar a lo que hoy se puede ver en los balnearios de la costa de Canelones. “Con el aumento de la urbanización que se propone, habrá una mayor presencia de viviendas y eso aumentará la introducción de especies exóticas. Se va a afectar negativamente la fauna y flora local. Al aumentar la presencia de personas se acumula más basura, problemas en las aguas superficiales y contaminación de las cañadas. Habrá incendios ocasionales, como en otros lados, y así se irán sumando los problemas”, explicó.

Mujica y Darwin Desbocatti, “dos personajes con similitudes”

Gudynas también se refirió a las palabras del presidente José Mujica, quien dijo en su audición de esta semana que “no podemos vivir de espaldas al tesoro de la naturaleza”. “No podemos hacer cualquier cosa con ella, pero tampoco tiene sentido un paisaje natural sin hombres”, afirmó.

Para Gudynas, esa frase es similar a las que dice Darwin Desbocatti. “Uno y otro tienden a burlarse del imperativo de protección de la naturaleza. Es parte de un cierto humor cultural de la sociedad que minimiza esto, como si fuesen trabas al crecimiento económico. Ese humor se expresa de diferentes maneras. Está bien, hay diferencias entre un personaje y el otro, pero lo preocupante son las coincidencias más que las diferencias”, expresó. 

El analista dice que este tipo de frases eran muy comunes en el siglo XIX, especialmente por parte de los exploradores europeos, que repetían este discurso. “Tal vez una de las frases más conocidas de estos exploradores está basada en los viajes de Humboldt, que decía: todos estos sudamericanos están sentados sobre sacos repletos de oro, que no saben aprovechar. Insinuando que los sudamericanos son haraganes, que tienen las riquezas y no las aprovechan. Lo que estoy advirtiendo no es un reclamo de naturaleza intocada, si no es saber qué sitios del país se van a preservar para las generaciones futuras y cuáles vamos a permitir que se pierdan. Quedan muy pocas zonas remanentes para preservar para las generaciones futuras y esa franja en Rocha es una de ellas”, dijo.

Gudynas afirmó que esta situación deja en evidencia que “el aparato estatal está con serios problemas y contradicciones internas sobre cómo manejar los temas ambientales”.

180am

Constantini y los gobiernos del FA

Una historia desprolija

Escrito por: Rodrigo Abelenda
Garzón
Garzón
La reconstrucción de los hechos anteriores a la aprobación del puente sobre la laguna Garzón, y la forma en que el inversor argentino Eduardo Constantini logró la aprobación de sus proyectos inmobiliarios, evidencian desprolijidades e irregularidades administrativas.

 

A su vez, queda expuesto el doble rol que cumplieron jerarcas de la anterior administración y allegados al actual gobierno que también asesoraron a las empresas del argentino.

Cuando el empresario argentino Eduardo Constantini completó los trámites para construir un barrio privado en Rocha y obtuvo el apoyo de las autoridades políticas para construir un puente sobre la laguna Garzón –allá por 2008–, sintió que debía mostrarles a sus potenciales clientes cuán extraordinario era su logro. "Este es el primer proyecto de este estilo en la región por dos razones: regulatorias, porque no se permitían proyectos de este tipo, y segundo por la construcción del puente sobre la laguna Garzón cuyo proyecto ya fue aprobado por las autoridades correspondientes", promocionaba la página web del proyecto, casi presagiando el anuncio que el gobierno recién hizo hace dos semanas. Hoy el sitio está fuera de servicio, pero al menos desde marzo de 2010 el empresario promociona en Internet su emprendimiento –bautizado Las Garzas Blancas– tomando la construcción del puente como un hecho, a pesar de que aún no hay una aprobación formal. Lo que Constantini muestra ya como laudado a sus clientes, no obstante, tiene como trasfondo varias polémicas legales, desprolijidades administrativas y una buena dosis de presión política sobre el trabajo técnico.

Todo comienza con la adquisición del predio en donde hoy está en marcha el barrio Las Garzas Blancas, compra realizada en 2006 por la firma Jaswik sa (sociedad controlada por la firma Consultatio sa, propiedad de Constantini). Actualmente aprobado por la Intendencia y la Dinama, el emprendimiento implica el fraccionamiento de un predio de 240 hectáreas en lotes de 2 mil a 4 mil metros cuadrados y la construcción de las llamadas amenities, espacios de esparcimiento comunes como un club-house o un beach-house. "El espíritu es preservar la tranquilidad del área y particularmente la belleza natural que ofrecen el mar y sus playas, la forestación, las cárcavas, y la fauna autóctona, destinando más del 50 por ciento del terreno a espacios verdes y áreas comunes", señalaba el portal. Tranquilidad también preservada por la seguridad privada que vigilará todo el perímetro.

Sin embargo, esa aprobación municipal y ambiental no estuvo exenta de irregularidades. En abril de 2008 es Consultatio, y no Jaswik, la que se presenta ante la comuna y la Dinama para obtener las autorizaciones correspondientes. Ese proyecto promovido por Consultatio obtuvo la clasificación "B", es decir un proyecto con un impacto ambiental negativo moderado, pero que requería que el interesado presentara un informe al respecto. No obstante, la comunicación de la Dinama a la Intendencia en donde se califica a Las Garzas Blancas como un proyecto "B" nunca aparece en el expediente en trámite, lo que hubiese implicado la detención del emprendimiento hasta que no se hiciera un estudio de impacto ambiental (de hecho el ex edil nacionalista Alejo Umpiérrez denunció el extravío de esa comunicación).

Pero más tarde, concretamente en junio de 2008, aparece Jaswik –y no Consultatio– solicitando ante la Dinama que se archive aquel proyecto. Simultáneamente presenta uno nuevo que obtiene clasificación "A", que corresponde a las obras con impacto ambiental negativo no significativo, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes.

Por otra parte, a esta altura de la solicitud de permisos ambientales es un hecho que Consultatio tenía en su plantel técnico a jerarcas del gobierno. El ingeniero civil Jorge Camaño firmó en julio de 2008 la propuesta elevada por Jaswik a la Dinama para que se califique a Las Garzas como "A". Al momento de la rúbrica, Camaño figuraba como especialista de gestión ambiental de Consultatio y al mismo tiempo como director nacional de Inversiones y Planificación del MTOP, cargo que había asumido en marzo de ese año. Fue asesor ambiental de la Dirección Nacional de Hidrografía, y hoy es el director nacional de esta repartición.

Ante la probabilidad de que los "hechos, daños u omisiones" de la Intendencia y la Dinama produzcan daños al ambiente, el 25 de febrero de 2009 el estudio SPU Abogados y la asociación civil Vida Silvestre presentaron una acción de amparo contra la Dinama por tramitar dos expedientes para un mismo inversor que no realizó estudios ambientales sectoriales, desconociendo la ordenanza costera, la ley de ordenamiento territorial, y la ley de protección general del medio ambiente. Según los demandantes, los dos proyectos son similares, pero logran una diferente calificación en tiempo récord, lo que le permitió a Constantini empezar a comercializar el emprendimiento prematuramente. También se presentó acción de amparo contra la Intendencia de Rocha por realizar un contrato con un inversor que en realidad tenía una calificación diferente a la comunicada (la "B").

Por otro lado, un decreto de la Junta Departamental declaró a la zona del emprendimiento como un área suburbana, lo que le permitió a Constantini realizar fraccionamientos de dos hectáreas, permitiéndole vender mayor cantidad de lotes. Asimismo, el mvotma dio autorización ambiental sin aplicar la ley de ordenamiento territorial (número 18.308, del 18 de junio de 2008) que mantiene la prohibición de proyectar un barrio privado en un inmueble rural. Resulta que a pesar de que el aval de la comuna al emprendimiento sobrevino dos días más tarde de aprobada la ley, Las Garzas Blancas no fue afectado porque la norma se publicó el 30 de junio. La autorización firmada por la entonces directora de la Dinama, Alicia Torres, supuso otro error, pues fue otorgada a un predio ubicado en el paraje Las Garzas, un balneario situado a quilómetros de Las Garzas Blancas.

Si bien el recurso de amparo no prosperó por no encontrarse un daño ambiental inminente, en la resolución se dejó constancia de la existencia de estas "conductas administrativas más que erráticas y aparentemente tendenciosas" por parte de la Dinama y las autoridades de aquel momento (según el fallo de María Jacqueline Enrique).

La actuación de esa dirección en torno al caso Las Garzas Blancas también sacudió la interna de ese organismo ejecutor. El 19 de febrero de 2009 renunció la arquitecta Mercedes Medina después de comprobar ocularmente que la Dinama había autorizado un emprendimiento que iba a afectar severamente el sistema de cárcavas. Más recientemente, el 23 de diciembre de 2010, el emprendimiento de Constantini fue sujeto a una medida de prohibición de no innovar sobre una faja de defensa costera después de que SPU denunció la construcción del beach-house y otros amenities sobre esa zona protegida.

Del barrio al puente. Los litigios de Consultatio con los demandantes cesaron a mediados de 2011. Las construcciones en tanto continuaron. Pero faltaba la segunda parte del proyecto: el puente sobre la laguna Garzón, que fue pensado junto a Las Garzas Blancas como parte de un mismo emprendimiento. El 16 de diciembre de 2008 se firmó el acuerdo entre Jaswik, el MTOP y las intendencias de Rocha y Maldonado para construir el puente. Cabe recordar que el proyecto de construcción del puente presentado a la Dinama para su autorización ambiental lo hizo el MTOP –paradójicamente– junto con Consultatio.

Del expediente consultado por Brecha se desprende que la intención del mvotma de alejar el puente de la desembocadura –pretensión que se concretará, según lo hizo saber la ministra Graciela Muslera hace dos semanas– fue advertido a los técnicos de Consultatio desde la etapa inicial. Así, en agosto de 2008 el MTOP recomendó a Consultatio "pensar directamente en estudiar una ubicación alternativa más segura, más retirada de la desembocadura, que esté alejada de la frágil zona donde se la propone, donde demande menor complejidad de estudio y se tienda a minimizar los riesgos asumidos".

Las observaciones durante todo el proceso fueron varias. El 1 de julio de 2009, por ejemplo, la división de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dinama estimó que la información brindada por Consultatio "era básica y elemental", y encontró "desviaciones y omisiones, como probable consecuencia de no haber realizado una detallada descripción de las actividades". El departamento de gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (snap) dio un paso más y el 10 de agosto emitió opinión contraria a la construcción no ya del puente de Constantini, sino de cualquier otro. "La idea de la conexión de los dos tramos de ruta 10 mediante un puente sobre la laguna Garzón constituye una fuerte amenaza para el ecosistema. Si queremos conservarlo será necesario tomar en consideración la no construcción del puente", estableció el informe del snap.

De observación en observación se llegó a octubre del año pasado, cuando la ministra Muslera pidió nuevamente información ampliatoria. Paralelamente, el presidente Mujica solicitó un informe a Hugo Eguía, un ingeniero de su confianza. Justamente este último pedido ampliatorio de Muslera fue considerado arbitrario por Eguía, quien además criticó a la Dinama por estar "predispuesta a no aceptar otra respuesta que cambiar de lugar el puente". "La Dinama (o algunos de) han decidido no autorizar el puente en el emplazamiento de la ruta 10, independientemente de los estudios que se presenten", sentenció en el informe (véase Búsqueda, 12-I-11). El informe motivó una respuesta del actual titular de la Dinama, Jorge Rucks, por considerarlo "agraviante, incorrecto y sesgado".

El rol de Eguía en todo el proceso no se agota en asesorar al presidente sino que se desempeñó como director del estudio hidráulico del puente en la consultoría elaborada por Consultatio, según el documento al que accedió Brecha. Si bien este semanario pudo saber que se trata de un viejo amigo del presidente que brindó su opinión por fuera y nunca fue un funcionario contratado, Eguía ha actuado a favor de la empresa recomendando al MTOP un puente más corto, de 180 metros de longitud en lugar de la opción de 240 metros inicialmente discutida, lo que obviamente implica un ahorro de inversión. Así en la consultoría, Eguía concluye que "la opción del puente de 240 metros de longitud no ofrece una modificación sustancial (en términos de impactos de erosión) a la opción del puente de 180 metros, e incurre en una mayor inversión".

La impresión de Eguía de que la Dinama se oponía al puente ya se había extendido a otros actores políticos. De hecho, el 17 de diciembre de 2010 un grupo de ediles rochenses del FA dio cuenta ante la Junta Departamental local de una reunión con la Dinama en torno al tema del puente. "Las conclusiones que sacamos es que la Dinama no tiene ninguna voluntad política de resolver el tema favorablemente. (...) Lo que en realidad sí sacamos como conclusión es que la opinión del Ministerio de Obras Públicas sería de mucho peso para la decisión", dijeron según se desprende de las actas de la sesión. Relataron que cuando se reunieron con el jerarca de la Dinama (no aclaran de quién se trata) le preguntaron cuánto pesaba la opinión del MTOP, a lo que el jerarca respondió "que pesa y mucho y seguramente va a ser una cosa que va a definir de una forma u otra el tema".

Pero amén de las tensiones entre las miradas políticas y técnicas, lo cierto es que todo el proceso se detuvo en octubre pasado cuando la ministra solicitó información ampliatoria. De allí en adelante, el mvotma y el MTOP llegaron rápidamente a un proyecto de puente diferente, que ya está a punto de contar con una resolución favorable en la Dinama. Las señales contradictorias, sin embargo, siguen marcando todo el proceso pues el proyecto del puente fue anunciado sin un acto jurídico previo y con un entorno confuso. Según se anunció, el prestigioso arquitecto radicado en Nueva York Rafael Viñoly será el encargado de elaborar el proyecto. Brecha se comunicó con el profesional, quien declinó hacer declaraciones por el momento, aunque sostuvo que no ha tenido ninguna "comunicación oficial sobre esta situación", más allá de lo publicado por la prensa.
Brecha.com.uy

Puentes que separan

Columna de opinión | El puente sobre la Laguna Garzón.

Puentes que separan - la diaria | MOVUS | Scoop.it

Como es un asunto embromado, conviene arrancar con un chiste. Uno de Jerry Seinfeld, ideal para esas mañanas en que te levantás medio cheto y bastante machista. “Las mujeres se quejan de las cosas que deben hacer para llamar la atención de los hombres: los tacos altos, las medias can-can, el maquillaje. Pero es peor si sos hombre, porque no sabés qué hacer. Por eso nosotros construimos puentes, escalamos montañas, exploramos territorios ignotos… ¿Se creen que nos gusta hacer esas cosas? Nadie quiere construir un puente… ¡Es algo muy, muy difícil!”.

Al magnate inmobiliario argentino Eduardo Costantini le habrá costado poco más de cinco años. En 2007, compró 240 hectáreas en Rocha. En 2008, según él mismo le dijo al diario El País, alcanzó un “acuerdo de caballeros” con el gobierno de Uruguay y las intendencias de Maldonado y Rocha, sin ejercer sobre ellos “ninguna presión”, para construir un country de medio millar de casas cerca de la Laguna Garzón, en territorio rochense, y un puente uniéndolo con el fernandino sobre la barra de la costa atlántica. Entonces, Tabaré Vázquez presidía el país y eran intendentes Artigas Barrios y Óscar de los Santos, reelectos en 2010. Cuando el actual presidente, José Mujica, anunció la semana pasada el inminente inicio de la obra, se armó, como admitió Costantini, “un lío bárbaro”.

Seinfeld no estaba errado: el logro del empresario llama muchísimo la atención. Ocurre que la Laguna Garzón y sus alrededores se integraron en 1977 al denominado Parque Nacional Lacustre de la costa de Rocha. Se la declaró Reserva Mundial de la Biósfera en 1986, Reserva Turística Nacional en 1988 y Área Protegida en 1992. La ordenanza costera municipal de 1990 la considera “zona de interés para la conservación”. Y hace tres años la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) clasificó el proyecto de puente en la “categoría C”. Esto significa, según el decreto 349 de 2005, que antes de su aprobación debe realizarse un completísimo estudio de impacto ambiental y una consulta pública a la población local.

Los dos planteos del conflicto distorsionan bastante su comprensión. El gobierno lo presenta como una puja entre intereses “inmobiliarios” (léase especulativos) y “turísticos” (léase productivos). Las comunidades fernandinas y rochenses en las costas de la laguna lo formulan como una pelea entre conservacionistas y depredadores. Pero hay algo que llama aun más la atención, al decir de Seinfeld: que Costantini y las autoridades nacionales y departamentales hayan aprovechado todas las imprecisiones de las normas ambientales, de por sí bastante débiles, para violar el principio de precaución que las anima y, también, el sentido común.

En 2008, por ejemplo, la asesoría letrada de la Dinama recalificó el proyecto de country de Costantini, de la categoría B (impacto ambiental “de moderado a importante”) a la A (impacto “nulo a escaso”), en un trámite de apenas 27 días, y cinco meses después, el empresario firmaba el convenio con las intendencias y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Las intendencias, pícaras, ampliaron las consultas públicas a las comunidades afectadas (las cercanas a la laguna) a toda la población de los dos departamentos, donde, según una encuesta de Cifra, el apoyo al proyecto va de 64% en Maldonado a 81% en Rocha.

Al dictamen de la Dinama siguió en diciembre de 2011 otro del MTOP, según el cual el proyecto tendría “impactos ambientales negativos no significativos" y que fue pagado por Consultatio SA, la firma de Costantini. Porque, como declaró a El Espectador el director de Ambiente, Jorge Rucks, “el esfuerzo de hacer el estudio […] es parte de un proyecto y corresponde hacerlo a la empresa que lo presenta”.

Si el gobierno y el inversor están de acuerdo contra la voluntad de las comunidades, ¿qué duda puede haber sobre el resultado? Así, el Estado ha resignado hasta su función de fiscalizar, y ni siquiera consideró que el acceso vial al country circunvale la laguna en lugar de atravesarla por la costa oceánica, su eslabón ecológico más débil.

Al pronosticar los “graves perjuicios” que traerá el puente a la zona, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay manifestó su “genuina falta de confianza en la fuerza y aplicabilidad de las normativas como únicas reguladoras de las buenas prácticas” ambientales. Las autoridades nacionales y departamentales, con su comportamiento de aplanadora y hecho consumado, le dan la razón. La cosa empeora porque el gobierno se dispone a “elevar la categoría” de la débil Dinama, extirpándosela al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Pero al acercar el organismo a la Presidencia, lo que hará será restarle autonomía técnica y aumentar su dependencia del gobernante de turno.

Al final, las autoridades autorizarán el puente. Se sucederán las acciones judiciales, entre ellas una ya anunciada por el fiscal Enrique Viana. Los ánimos se caldearán. La historia volverá a repetirse: un puente separará más de lo que une. ¿A quién podría llamarle la atención?

ladiaria

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