Uruguay: Que los perdone Mongo! ¡Verdad y Justicia.!

“Le pido perdón en nombre de la Justicia”. Eso le dijo un juez argentino a Alejandra Santucho luego de tomarle declaraciones. Al principio, Alejandra no interpretó las palabras del magistrado: “Pero después entendí que me lo decía por los 35 años que habían tardado”, declaró. Sus padres, Rubén Santucho y Catalina Ginder, están desaparecidos desde 1976, y los restos de su hermana Mónica fueron hallados e identificados hace tres años.

Macarena, en diálogo con la diaria, evocó este hecho relatado en el diario argentino Página 12 del 12 de marzo para explicar que un pedido de perdón debería ser “individual y voluntario”. “No creo que tenga valor si es impuesto, sin perjuicio de que más adelante se pueda considerar y alguien decida hacerlo; éste no es el ámbito ni el momento”, señaló. Para ella la expresión “acto del perdón” para referirse a la jornada de mañana partió de la prensa. “Más bien, pienso que fue una asociación con lo que se ha dado en otros países, concretamente en Argentina. No desconozco que evidentemente alguien [en el gobierno] pudo considerarlo, pero también te tengo que decir que en un principio eso no estuvo planteado”, explicó.

Encuentro de partes

La resolución presidencial del 31 de agosto de 2011 que dotó de recursos a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, creó también una comisión interministerial encargada de supervisar el cumplimiento del fallo de la Corte IDH “Gelman vs. Uruguay”. En negociación con los querellantes, los integrantes de este grupo fueron delineando las características de las dos instancias de mañana y el texto que leerá el presidente en la sala de sesiones de la Asamblea General.

Los datos aportados a la diaria, por fuentes que participaron en ese proceso, concluyen que la intención de incluir el pedido de perdón fue planteada y argumentada únicamente por el secretario de Presidencia, Alberto Breccia. “Hicimos un pacto de reserva de las cosas que se conversaron. No le puedo asegurar que yo estuviera solo. Pero efectivamente pensaba en una asunción de responsabilidad más amplia por parte del Estado”, puntualizó el funcionario a este medio.

No obstante, el 29 de febrero Breccia había reconocido en Radio Uruguay que por esos días el tema formaba parte de la discusión y que sólo uno de los integrantes mantenía una posición contraria al resto, aunque se excusó de revelar quién por “honestidad intelectual”. El 5 de marzo, Mujica dijo a La República que en el acto hablaría “en nombre del Estado”, al tiempo de afirmar sobre el tema en cuestión que “gustarme no me gusta nada, porque el perdón es un territorio subjetivo de las cosas que se llevan adentro”.

Ese mismo día, Macarena aclaró públicamente su postura y precisó que un pedido de perdón no figura en la sentencia de la Corte IDH. En este contexto, tanto Breccia como el canciller Luis Almagro afirmaron que no se trataría de un acto de pedido de perdón, sino de reconocimiento por parte del Estado de los crímenes que padecieron los demandantes, reconocimiento que podría extenderse a todos los cometidos durante el terrorismo de Estado. Este extremo fue confirmado por Mujica en su audición radial del 8 de marzo: “Aclaramos no es otra cosa que cumplir a cabalidad y de buena fe con una decisión que tenemos que acatar. No pensamos que es una fecha definitiva ni nada por el estilo, ni un antes ni un después. Es una obligación jurídica del Estado uruguayo ante la decisión de un organismo que hemos reconocido en su momento”, señaló el mandatario.

Para este informe, Breccia aclaró que no puso sobre la mesa el pedido de perdón en representación de Mujica, sino “a título personal”, y reconoció que ya lo había sugerido “hace unos meses”, pero entendió que no tenía respaldo político de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. “Tampoco tenía sentido seguir discutiendo si Macarena estaba en contra”, concluyó.

Algo personal

Almagro no defendió en la interministerial la postura de que el Estado debía pedir perdón, ya que éste “implica el final de un camino y estamos a mitad de un camino”. Para el canciller, ese punto, como la reconciliación, recién puede buscarse “cuando hayamos resuelto todo”. “Todavía tenemos bastante por recorrer. Es muy indigno para un país estar asentando soluciones en estas materias que estén basadas en verdades ocultas o directamente en mentiras. Pero si logramos avanzar sobre verdad, justicia, memoria, reparación y nunca más, tendremos un pilar fundamental para una absoluta vigencia de los derechos humanos y una visión para que los uruguayos podamos construir para el futuro”, señaló a la diaria.

Para Almagro, que el Estado realice el reconocimiento porque una sentencia internacional lo obliga no le resta valor al gesto aunque consideró que “habría sido mejor que se hiciera en el 85”. “Se podría haber hecho en medio del juicio [en la Corte IDH], pero no habría sido justo políticamente. El acto llega en el momento justo, el momento es ahora, porque en aquella época ni siquiera había aparecido Macarena. No se podía reconocer algo que se negaba”, opinó.

El director nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda, representante del Ministerio de Educación y Cultura en la comisión, también es contrario a que el Estado pida perdón. “Hace muchos años -no había aparecido mi viejo [Fernando Miranda]-, un periodista me preguntó si estaba dispuesto a perdonar. ¿A quién? Para los familiares siempre ha sido muy difícil este tema; no es que no estemos dispuestos a perdonar, es que es un tema individual, subjetivo. El perdón se pide en todo caso, y yo lo doy o no lo doy. Además, al perdón lo han embretado con la reconciliación, lleva una especie de mea culpa total: todos somos responsables, pero ninguno es culpable”, reflexionó.

Miranda valoró que es “valiente” que el presidente “se haya propuesto, o por lo menos planteado, la posibilidad de pedir perdón”, pero enfatizó en que “en esta instancia” no es lo correcto. “En el caso de Mujica, pesan muchas cosas, su historia pesa. Él no puede perder su historia y tampoco yo puedo perderme de la mía. Mujica pensó que debería pedir perdón y lo entiendo, absolutamente lo entiendo, pero estoy muy convencido de que no debería hacerlo. No es el gobierno de José Mujica, sino el Estado uruguayo el que asume la responsabilidad”, indicó.

Ajustado a derecho

Sobre la significación de las ceremonias de mañana, los tres jerarcas subrayaron que se cumplirá “estrictamente” con la sentencia. Y eso es lo que espera Macarena: “No puede ser un antes y un después, pero para determinadas cosas puede enmarcar un punto a partir del cual se construyan otras cosas con otro marco. Y para eso, lo primero en todo esto es el reconocimiento”. “Si es ajustado a la sentencia, es reparatorio”, agregó.

Al ser consultado sobre si el reconocimiento será específico del caso Gelman o de todas las víctimas del terrorismo, Almagro indicó que el fallo refiere a lo primero, pero que “es muy difícil separarlo de lo que pasaron otros”. “Obviamente, habrá referencias a esas otras circunstancias que pasaron esas otras víctimas y la sociedad en general. Pero no se puede hacer referencias genéricas a violaciones de derechos humanos. No son tantos desaparecidos, tantos torturados... Cada uno es un ser humano, una cara, un nombre, una vida, una familia y un entorno social”, adelantó.

El dictamen de la Corte IDH establece que “el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso, refiriéndose a las violaciones establecidas en esta Sentencia”. Continúa diciendo que el acto deberá ser una “ceremonia pública conducida por altas autoridades nacionales y con presencia de las víctimas del presente caso”.

El texto ordena también que el Estado debe “acordar con las víctimas o sus representantes la modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento, así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización”. Añade que deberá ser difundido a través de medios de comunicación y, para su realización, el Estado cuenta con el plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia, lo cual ocurrió el 24 de marzo de 2011.

En el siguiente numeral fija que, en el mismo plazo, el Estado deberá descubrir, “en un lugar con acceso público del edificio del SID, una placa con la inscripción de los nombres de las víctimas y el período en que estuvieron allí detenidas ilegalmente”. Macarena explicó que el acto y la colocación de la placa son dos instancias diferenciadas y no necesariamente debieran estar ligadas una con la otra, pero consideró “lo más lógico y conveniente” reunirlas en un mismo día.

Te estoy mirando

El presidente de la Corte IDH, Diego García Sayan, explicó en entrevista con la diaria que con el acto “se busca que, partiendo del principio de la continuidad de los Estados, más allá de las especificidades de cada coyuntura y régimen político, el Estado se responsabilice por las violaciones de derechos humanos que se cometan desde la función pública”. “El reconocimiento tiene un sentido básicamente simbólico frente a las víctimas y un sentido de contribuir a un esfuerzo de no repetición, dando una señal en el sentido de que, más allá de las coyunturas, la historia gratifica o castiga con la memoria a quienes violen los derechos humanos”, agregó.

El magistrado precisó que los pedidos de perdón realizados en otros países de la región se han incluido “al margen” de lo que establece la Corte, la cual sólo fija los aspectos generales. “Con esto [los actos] se da un paso muy importante para la reconciliación entre quienes sienten que sus derechos fueron afectados por autoridades del Estado y todos los demás actores que pudieran existir, que requiere siempre medidas de reparación, sólidas y perdurables”, enumeró.

A través de los informes periódicos, la Corte supervisa el cumplimiento del acto y de los otros aspectos de la sentencia. Indicó que siempre “quedan pendientes de ejecución, especialmente lo que tiene que ver con la investigación”, pero que los aspectos relacionados al pago de reparaciones y los reconocimientos públicos “por lo general se cumplen”. “La Corte no encuentra una lógica de confrontación, sino una de colaboración. No hay una lógica de manejar la sentencia como una afrenta a la soberanía, sino como parte del sistema jurídico nacional”, valoró.

El presidente de la Corte IDH estará “atento” al desarrollo del acto. “Como juez estoy obligado a guardar un prudente silencio. Pero sí, esperar que la información que le llegue a la Corte no sólo complete los requerimientos de la sentencia sino, lo que es más importante, el propósito de reparación que están buscando las víctimas en este caso y que por todas las señales públicas, que yo mismo veo, el gobierno también está buscando concretar”, interpretó.

Concurrirán a "verificar" que el Estado cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman

La organización de Madres y familiares de detenidos desaparecidos concurriá este martes 21 de marzo al acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman contra Uruguay.

Según confirmaron desde la organización a El Observador la presencia de familiares será para acompañar a la hija de María Claudia García de Gelman (desaparecida en 1976), Macarena Gelman.

En esta oportunidad el presidente José Mujica pronunciará un discurso en nombre del Estado en el Parlamento y estarán presentes los tres poderes. También estarán presentes los comandantes de las Fuerzas Armadas.

Tras un plenario realizado en la noche del domingo, Familiares resolvió estar presente en el acto, no como una señal de apoyo al gobierno ya que consideran "que está haciendo lo que debe hacer al cumplir con la sentencia", sino "para acompañar a Macarena en un día muy especial".

Además este lunes se conoció el decreto que fue firmado el viernes pasado donde se autoriza la transmisión en cadena nacional de radio y televisión del acto.

El acto comenzará a las 16:00 horas en la Sala de la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo.

"Más histórico sería que, ante tanta barbarie, la Justicia pudiera investigar y penalizar el crimen, el Estado abriera todos sus archivos para permitirlo, el Parlamento legislara sobre los crímenes de lesa humanidad y los ministros de Justicia así lo admitieran, las Fuerzas Armadas revelaran el paradero de los desaparecidos y se constituyera la Comisión Nacional de Derechos Humanos con potestades para garantizar que aquello no se repita… Recién entonces se cumpliría la condena impuesta por la Organización de Estados Americanos (OEA)."

Pedir no significa que se reciba. Hasta la Iglesia Católica, con larga experiencia en conceder perdones y últimamente con inclinación a solicitarlos, plantea desde hace siglos varios requisitos para ser perdonado. Entre ellos, el “dolor de los pecados” (reconociendo que no son equivalentes un verdadero arrepentimiento y una aflicción causada por el temor al castigo), el “propósito de enmienda” y el cumplimiento de la satisfacción o penitencia correspondiente, además de la obvia declaración de las faltas y la incluso más obvia declaración de que se desea el perdón. Como se ve, los responsables del terrorismo de Estado deben varias materias, y en todo caso no han manifestado públicamente nada parecido a la voluntad de ofrecer disculpas.

Pero por algún motivo -o quizá por varios, en una mezcla de malentendidos, facilismos, buenas intenciones y también de las otras-, hace semanas que se habla de un “acto de perdón” en relación con la ceremonia que se realizará mañana, en el Palacio Legislativo, como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el “caso Gelman”. Como si alguien fuera a perdonar en vivo y en directo, cuando la idea manejada y desechada fue que el perdón se pidiera (ver las páginas 10 y 11).

Lo que el Estado uruguayo debe hacer es un acto de “reconocimiento de responsabilidad” en el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman. Eso le ordenó la Corte IDH, por hallar que no había cumplido las obligaciones asumidas al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Esa Corte, que es parte del sistema de la Organización de Estados Americanos, no juzga la conducta de las personas o de las organizaciones guerrilleras, sino la de los Estados, más precisamente la de aquellos que le han reconocido expresamente competencia para juzgarlos mediante la aceptación voluntaria de tratados internacionales, de modo que no hubo aquí una intervención violatoria de nuestra soberanía ni nada por el estilo. Y carece de sentido la idea de que este reconocimiento de responsabilidad estatal debería ser acompañado por otro, a cargo de representantes del MLN-Tupamaros o de cualquier otro “demonio”.

Hubiese sido mejor que el Estado uruguayo decidiera libremente lo que la Corte IDH le mandó hacer (incluyendo la anulación de los efectos de la Ley de Caducidad), pero las cosas son como son, y una vez que estuvo planteada la obligación en lo referido al “caso Gelman” surgió la idea de un reconocimiento de responsabilidad genérico, que abarcara todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura.

Es cierto que hubo asunciones anteriores de esa responsabilidad, más o menos explícitas, en el fundamento de las decisiones estatales que otorgaron distintas formas de reparación a víctimas de la dictadura, en las conclusiones de la Comisión para la Paz formada por Jorge Batlle y en la investigación histórica sobre los detenidos desaparecidos, la dictadura y el terrorismo de Estado, que comenzó a publicarse durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Pero la Corte IDH las halló insuficientes.

Lo que no tiene asidero, y revela un profundo desconocimiento del derecho nacional e internacional, es rechazar la idea de que el Estado asuma esa responsabilidad, alegando que los crímenes fueron perpetrados por un gobierno ilegítimo. Cometer, durante más de una década, delitos de lesa humanidad mediante el aparato estatal no es comparable con el acto aislado de un intruso.

Algunas -pocas- decisiones de la dictadura fueron anuladas en 1985, y se ha impugnado sin éxito la validez de otras -como las relacionadas con el endeudamiento externo-, pero en la amplísima mayoría de los casos prevalece el criterio de la continuidad institucional, y es obvio que si el Estado uruguayo hubiera declarado su ajenidad a todos los actos de gobierno dictatoriales (incluyendo, por ejemplo, las asignaciones de presupuesto, el cobro de impuestos, el pago de jubilaciones, los ascensos de funcionarios, las devaluaciones y los cambios de unidad monetaria), el país habría ingresado en una situación de total caos.

Es justamente por ese criterio de continuidad institucional que mañana veremos algo muy extraño: cuando el Estado asuma su responsabilidad por actos de terrorismo de Estado, entre los representantes estatales habrá numerosas víctimas de esos crímenes, empezando por el presidente José Mujica.

En general, es muy común que las instituciones asuman su continuidad: a nadie le llama la atención que un club de fútbol señale cuántas veces ganó determinado campeonato, con independencia de que en cada ocasión fueran distintas sus autoridades; ni que un Estado declare que ha sido pionero en tal o cual avance, aunque el partido gobernante cuando eso sucedió actúe desde hace tiempo en la oposición. O que el diario El País, en su momento decidido defensor y propagandista de la dictadura, calificara de “inaceptable” el fallo de la Corte IDH en su editorial del domingo 11 de este mes.

Del mismo modo, la tesis de que una institución no puede pedir perdón, porque hacerlo -al igual que perdonar- implica un proceso subjetivo individual, no suele tener su equivalente cuando se producen expresiones de “satisfacción” u “orgullo” -sentimientos también individuales y subjetivos- en nombre del Estado o, ya que estamos, del Ejército.

Siempre se trata, por supuesto, de gestos simbólicos: aun si aceptáramos que una institución pueda pedir perdón, sería muy difícil concebir que alguien pudiera perdonar a una institución como tal.

En resumidas cuentas, lo que importa es que se asuma la responsabilidad estatal. Eso implica, como lo establece el mismo fallo de la Corte IDH, un compromiso de poner el aparato del Estado -el mismo que se usó antes para cometer atrocidades- al servicio de la reparación y la prevención, que abarcan, por supuesto, acciones judiciales y la remoción de obstáculos para que éstas se lleven a cabo, pero también el acceso a la información y la preservación de la memoria, requisitos para que la sociedad comprenda lo que ocurrió y asuma un auténtico “nunca más”, con la firme decisión de fortalecer la democracia en todas sus dimensiones. Como dijo Mujica el jueves 15, en la presentación del libro Yo también tengo mi historia, “los Estados no tienen amor”, y “eso lo tienen que poner las personas, los seres humanos”.

martes 20 de marzo de 2012

21 DE MARZO ACTO OBLIGADO Y DIA DE LA POESÍA

Respuesta del Mau Mau al artículo de Jorge Zabalza

Pa' tratar de desmentir la injusta acusación del querido tocayo de que "soy bueno pa' dar filo", voy a referirme a su reciente artículo dónde monopoliza su resentimiento por las molestias e incomodidades que le causaron nuestras gloriosas, aguerridas y patrióticas FFAA bi-centenarias, y apenas cita a los mandantes en una escueta frase, casi al final:"....para disimular su verdadera estrategia, la defensa a ultranza de los privilegiados, de las empresas extranjeras y de los dueños del Uruguay".  

Los milicos no importan, hay que machacar pa' que la gente comprenda, quien es el enemigo, quien pone a los milicos pa' apaliar al pueblo cada vez más hambreado, ese es el quid de la cuestión, el cangrejo que está abajo de la piedra, la 5ª pata del gato. Por eso hay plata pa' la defensa (del latifundio) y no pa' la educación. (No me gusta avivar giles que después se me hacen contras, decía el Mago).- Por eso vengo insistiendo en el valor de la incógnita que he despejado en la ecuación: doblar el brazo armado de la oligarquía, ese es el imprescindible 1er. paso sin el cual no puede haber ningún cambio posible, que en esencia es el reparto más justo de la renta, X que nadie abre la bolsa X las buenas, caso contrario no serían necesarios los fierros pa' asaltar; bastaría mostrar una lista de votación.- No debemos distraer las energías participando de éste show mediático, que no pasa de cortinas de humo pa' mantener la gilada esperanzada y distraída, generando plusvalía y pagando impuestos.-Hay que pasar lista pa' ver cuantos somos, hacer una vaquita pa' comprar la herramienta y ponerse a hacer, en vez de conversar.- 

Aunque Cuba fracasó al no bancar el "bloqueito" de U$S 100.000.000.000 ; nos mostró que el camino es dar el primer paso.- Aparte de esa carencia el resto del artículo del tocayo es aceptable. Lo califico con un bueno/regular.- 

MAU-MAU