Uruguay: Seguridad pública, armas y proceso de escalada (4)

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

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Uruguay: Seguridad pública, armas y proceso de escalada (1,2 y 3)


Seguridad pública, armas y proceso de escalada (4)

 

La escalada delictiva*
http://4.bp.blogspot.com/-nuvYfHes3o4/Tw5Ekg5M3XI/AAAAAAAAC0U/SAqloyHQ-PE/s1600/gun.jpgSi bien es común pedir auxilio al término escalada en el discurso político de la seguridad, su uso suele emplearse de modo demagógico y precisamente como herramienta para propiciar una "escalada delictiva" que se pretende combatir. Porque la noción de "escalada" alude a dos actores enfrentados que van dando pasos cualitativos sucesivos hacia el recrudecimiento de un enfrentamiento. Esa sucesión está marcada por el distanciamiento perceptivo de las cualidades morales del oponente y la disociación bien/mal. El rasgo distintivo de este proceso es la deshumanización y la demonización del oponente, en momentos previos al asalto destructivo. El proceso de escalada puede avanzar hacia el camino de la mutua destrucción y posee la cualidad de parapetarnos en una serie de mecanismos colectivos primitivos, capaces de volver a poblaciones enteras vulnerables a la manipulación carismática desde el poder y a la identificación con soluciones violentas. Parafraseando a Reich: el proceso de escalada hace que las masas deseen el fascismo.
Pensar no la delincuencia como actor separado, sino como vínculo de los delincuentes individualmente y como clases sociales, con el estado y el resto de la sociedad tiene un inconveniente analítico: "la delincuencia" (percibida como un todo indiferenciado, como "la droga", "la mafia", "la subversión") se presenta ante la percepción pública como un actor sin voz, sobre el cual se vuelcan expectativas y atribuciones de intenciones pero del cual no se escucha otra respuesta que los actos materiales interpretados por el discurso de la seguridad. En un extremo puede decirse que todo proceso de escalada, en tanto deshumanizador y negador del oponente como actor legítimo tiende a quitarle voz o a reinterpretar el discurso del oponente como un hacer manipulador, pero en este caso, el discurso de la delincuencia no es un ente metalingüístico perceptible públicamente (aunque sea despreciado o se pretenda no atenderlo), porque su voz no existe. Hablar sobre la delincuencia, desde el discurso de la seguridad, es hablar sobre un fantasma. 
En el comienzo de los procesos de escalada, se verifica un endurecimiento de posiciones en torno a una diferencia que prueba ser resistente a la resolución. Si bien se habla de olas delictivas capaces de asolar a la sociedad uruguaya desde hace mucho (recuerde el lector que parte del discurso de la transición democrática de los dictadores militares en los años 1983-1984 consistía en decir que si dejaban el gobierno en manos de civiles y restituían los derechos humanos a los ciudadanos, una ola de delincuentes asolaría a Montevideo; eso explica la legitimidad que tuvo durante el primer gobierno democrático que inicia en 1985, la detención masiva y el acoso policial a hombres jóvenes y pobres, o vinculados a la movida del rock, percibida entonces como contracultural) y si bien las cifras oficiales parecen mostrar que la tasa de delitos no era menor en 1990 que en 2011, es a partir de la llegada de la izquierda al gobierno que se desata un proceso de escalada en materia de seguridad pública. Porque precisamente uno de los puntos clave del discurso triunfal de la izquierda fue la relación entre pauperización absoluta y delito, que describimos en una nota anterior. Al llevar adelante políticas sociales neoliberales, focalizadas en los sectores más vulnerables (en lugar de políticas universales), elevando el nivel de vida de esos sectores apenas por encima del mínimo para su sostén biológico, pero manteniendo a las clases trabajadoras en condiciones de pauperización y sobre todo favoreciendo un proceso económico concentrador de la riqueza, el resultado paradójico es la intensificación de la pauperización relativa, de la sensación de fracaso y del delito contra la propiedad. El conflicto por la propiedad privada se muestra resistente a las soluciones.
Se pasa entonces a distintas etapas de la escalada conflictiva: discusión a la interna de los partidos burgueses con representación parlamentaria, pero sin diálogo con las clases sociales empobrecidas, sin un interés de comprensión de la lógica y los valores que impulsan la acción delictiva. La derecha política y los medios masivos de difusión que controla, presionan para generar sensaciones de miedo. Y más allá de las sensaciones de miedo, la gente lo vive en carne propia, sobre todo por el incremento de rapiñas, que dejan huellas traumáticas en las víctimas. 
Luego llega la etapa de las acciones. Ya no se trata (nunca se trató) de dialogar con la delincuencia, de comprender científicamente su lógica, sino de combatirla efectivamente. Para ello se prueba toda una serie de medidas, incluso al borde de la ley y del respeto por los derechos humanos, como son las ocupaciones policiales masivas de los barrios más pobres, que causan pánico en parte de la población, sobre todo en los niños. 
Se van consolidando estereotipos del delito y se da lugar a coaliciones contra el delito: los partidos políticos y distintos actores buscan alianzas para implementar acciones represivas eficaces. La imagen de los delincuentes está por el suelo, y arrastra en la caída a la imagen de los pobres. A nivel popular avanza la idea de estafa inherente a la política social de ayuda a los pobres: "los ayudamos y ellos nos roban y no quieren trabajar". Todos caen en la misma bolsa y se intensifican los fenómenos de discriminación a los pobres en distintos espacios sociales. Algunas medidas estatales de segregación espacial (expulsión de indigentes de las zonas turísticas) van generando aceptación pública de la violación de la dignidad humana de los pobres, sobre todo de aquellos cuya miseria es más visible. Esto no tiene nada que ver con los hechos, no se percibe que la tasa de delitos puede ser igualmente alta a la interna de los aparatos de seguridad estatal, de los trabajadores que ganan salario mínimo y de los empresarios de distintos sectores: el chivo expiatorio ya está elegido.
Escenario futuro: juntos hacia el abismo
Esta escalada puede continuar. Los últimos días de 2011 y los primeros de 2012 fueron un ejemplo. La flexibilización judicial en la interpretación de la defensa propia para toda una serie de casos de comerciantes que mataron a asaltantes y supuestos asaltantes, y el discurso contradictorio del gobierno, que por un lado le pedía a la población que no usara las armas para defenderse y por otro lado tuvo figuras políticamente notables que dijeron lo contrario (por no mencionar a figuras también notables de la oposición de derecha), generaron miedo y actitudes defensivas tanto en los delincuentes como en las potenciales víctimas. De tal modo que los asaltos y robos se han vuelto más violentos, en la medida que la apuesta es mucho mayor: el delincuente sabe que la víctima lo puede esperar armado y que si lo mata probablemente sea exonerado judicialmente de culpa, de ahí que también se arma y ante la menor duda hiere o mata a la víctima. Los pasos siguientes, en estos conflictos son conocidos: despersonalización de los delincuentes y la clase social de pertenencia, atribuyéndosele todos los males del universo, en una interpretación maniquea del conflicto como una lucha del bien contra el mal; la elaboración de estrategias de ataque y amenazas, que en el caso de la lucha contra la delincuencia implica la posibilidad de la formación de grupos parapoliciales de seguridad, fenómeno que en Brasil se reconoce como el de las "milicias": ante la inoperancia percibida en el estado para resolver este problema planteado en términos falsos, y que no se resuelve con la pura y dura represión, los ciudadanos están dispuestos a pagar extra por su seguridad, generando entes cuya lógica de ganancia es precisamente el recrudecimiento del conflicto, pudiendo degenerar en prácticas mafiosas (de amenazas y ataques a los ciudadanos que no paguen por esa seguridad). 
Si el conflicto se acentúa, y esto es posible ante la perspectiva electoral de un nuevo triunfo de la izquierda, seguido por el retorno de una derecha radicalizada en torno a la represión del delito, es posible pensar un escenario en el cual todo esto no haga más que empeorar. Porque para enfrentar un grado de violencia sistematizado desde el estado y posiblemente de los aparatos privados de seguridad, los delincuentes sólo tendrían como opción la asociación para el delito, la formación de pequeñas o grandes mafias, con capacidad de respuesta armada, recambio de miembros, control de las cárceles, corrupción policial e influencia política. ¿Futurología? Véase el devenir de esta cuestión en los países centroamericanos. Llegados a este punto, entramos en una lógica de guerra, con ataques destructivos limitados contra las zonas de la ciudad donde residen los delincuentes, pasando a un intento de fragmentación del mismo a través del uso de la violencia masiva. La reclusión de poblaciones de delincuentes pobres (desempleados y trabajadores pobres) en cárceles privadas que funcionan como empresas privadas con trabajo esclavo subsidiadas por el estado, resuelve el problema del gasto público y abre un espacio para el mayor aprovechamiento capitalista del fenómeno.
Este camino de la represión puede llevarnos a la autodestrucción como sociedad, no en el sentido físico, porque aún en estos escenarios violentos, las personas logran organizarse para sobrevivir, pero sí en el sentido identitario. Podemos llegar a ser muy diferentes a como somos, aceptando grados de violencia privada y estatal inéditos, por lo menos desde los años 1970s, naturalizando el uso de la fuerza física para la resolución de los conflictos.
Desde el punto de vista psicológico, el terror a la delincuencia genera reacciones primitivas en la población: deseos de represión, necesidad de seguridad (falsa) en torno de figuras fuertes que transmitan la imagen de padre castigador, aceptación pasiva de liderazgos carismáticos y mesiánicos (típicamente derechistas, pero no sólo). El miedo recluye a las personas en sus hogares, profundiza la brecha entre las clases sociales, estigmatiza a los diferentes y especialmente a los pobres y nos vuelve supervivientes en lugar de ciudadanos. En este escenario, asistiremos a la muerte de la república, de las garantías procesales y de los derechos humanos.
Escenario futuro: reducción de riesgos y daños
Un signo de la época es la resignación ante el neoliberalismo. La estrategia económica que más o menos encubiertamente apunta a la concentración de los recursos del lado de la oferta parece una verdad en sí, sobre todo por la resistencia que los actores sociales por ella beneficiada son capaces de oponer, contando con apoyos internacionales aplastantes. 
De ahí que la continuidad de la izquierda neoliberal en el poder o el ascenso improbable de una centro-derecha democrática que no quieran cuestionar la política económica neoliberal y pretendan asistir pasivamente a la erosión de las riquezas nacionales en manos de los grandes capitales trasnacionales a cambio de algunas migajas impositivas y del acomodo de su aparato político en cargos públicos y en la obtención de concesiones de compras estatales, depende de su capacidad para llevar adelante una política sobre la delincuencia que a la vez que pueda contener el fenómeno no se exceda en el uso de la mano derecha del estado, porque las consecuencias son penosas y sobre todo electoralmente inconvenientes (o muy convenientes para la derecha de tradición autoritaria).
La única opción posible es la que, tomando prestada la categoría liberal que se utiliza para designar una de las estrategias posibles en la lucha contra las drogas, llamaremos "reducción de riesgos y daños". Si el sistema económico no puede o no quiere ser modificado y si la estrategia de acumulación tampoco quiere tocarse, la delincuencia como fenómeno masivo es un mal que vino para quedarse y al cual tendremos que acostumbrarnos.
Los riesgos se reducen con medidas del lado de las víctimas: desmonetarización de los intercambios, compra de sistemas domésticos de seguridad, restricción de las actividades a horarios y zonas seguras, presencia policial disuasoria (no armada) en las calles, colaboración vecinos/policía. Los daños se reducen con una política judicial orientada a la contención de las víctimas: apoyo psicológico, posibilidad de condena a los victimarios que incluya la reparación material y moral de la víctima; penas alternativas y trabajo social en relación con los delincuentes primarios y los no violentos, apoyo a la capacitación y reinserción laboral de los presos.
Escenario futuro: la improbable revolución socialista
Aquí nos encontramos con un problema teórico que en parte define lo que es el estado actual de nuestra cultura: la muerte de la izquierda. Es decir, si bien hay entidades políticas que se identifican con el término (incluso así lo hemos utilizado en los párrafos anteriores), ora han caído en el pragmatismo neoliberal, convirtiéndose en una especie de derecha high tech humanista, ora se han automarginado del gobierno en la forma de grupúsculos nostálgicos del socialismo autoritario y estatal. En el primer caso, el pasaje a una izquierda demagógica les ha permitido "ganar la confianza de los inversores" (es decir de las clases sociales altas y sus actores organizados), a su vez que, manipulando la mística revolucionaria, obtener el apoyo electoral de las clases perjudicadas por el neoliberalismo, forzando el lenguaje hasta el extremo de presentar propuestas francamente conservadoras y reaccionarias como funcionales al cambio social o cuando esto no es posible como acumulaciones capitalistas necesarias para el cambio social (según el discurso de la elite de los grupos ex-marxistas para tranquilizar y alinear a los militantes de base en torno a aberraciones ideológicas como el TLC con Estados Unidos o el fomento de la megaminería a cielo abierto y la agricultura industrializada extensiva).
Los intelectuales de izquierda también han muerto. Siguiendo la misma bifurcación anterior, ora se han llamado al silencio desde la posición de la decepción y el desencanto, volviéndose tecnócratas funcionales a la acumulación del capital y/o a la gestión estatal, sin costado revolucionario alguno, ora se han aferrado, sobre todo los más viejos, al dogmatismo anarquista o leninista, perdiendo actualidad su pensamiento. Un pensamiento de izquierda actual tiene que poder lidiar con la incertidumbre del mundo actual, enriquecerse con los logros materiales y teóricos de las experiencias del socialismo real y del anarquismo real del siglo XX pero sin sostenerlos como proyecto copiado de sí, no sólo porque su puesta en práctica implica derramar un mar de sangre, sino porque en sí ya no son deseables en tanto los horrores del totalitarismo comunista no fueron "errores" sino necesidades funcionales del socialismo estatal, del mismo modo que el comunitarismo anarquista, demasiado parecido a la renuncia monástica cristiana, no logró ir más allá del nivel sectario y tuvo en ocasiones devenires autoritarios carismáticos. Algo salió mal en lo metodológico, sin dudas, pero también a nivel del deseo, que llevó a que sociedades enteras, luego de sacrificarse para lograr un mundo nuevo, terminaran reproduciendo lo peor del viejo. El rol de los intelectuales de izquierda debería ser doble y simultáneo: práctico, articulando prácticas sociales que se generan constantemente (piénsese en los cañeros de Bella Unión, ocupando tierras y recreando prácticas agrícolas y comunitarias colectivistas, o en los grupos ambientalistas espontáneos y localizados que hasta tanto son cooptados y disgregados por la izquierda partidaria son capaces de cuestionar lo cotidiano y con ello la lógica de la acumulación capitalista) pero que se diluyen y no se asocian ni multiplican por falta de horizonte, y teórico precisamente en el sentido de la creatividad teórica, en la generación de esas utopías y horizontes no del todo realizables pero orientadores de las prácticas actuales.
La delincuencia es un fenómeno que no puede reducirse a sus dimensiones morales, a una simple carencia de recursos en términos absolutos o al consumismo. Tiene que ver en última instancia con la forma en que una sociedad genera su riqueza. Decir que se hace una redistribución de la riqueza y enarbolar como prueba algún porcentaje de salario real o las prestaciones sociales a los sectores más sumergidos, no es más que un enunciado demagógico en términos de un pensamiento y una práctica de izquierda. Se trata de llegar a cuestionar el modo de producción de la riqueza y su sentido. Y esto implica lucha de clases, conflictos de intereses y cierto desafío al sentido común, que posiblemente no pueda ser llevados a cabo por los partidos políticos, por su lógica mercantilista electoral.
En el marco del sistema capitalista, al menos tal como está actualmente formulado, la delincuencia es un problema que no tiene solución, más allá de algunas medidas paliativas. Por otro lado, ya no digamos un sistema social alternativo, sino las imágenes proféticas que lo anuncian y que refuerzan la producción de su deseo, están aún por nacer.
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* Para describir el proceso de escalada nos basamos en el modelo de nueve etapas de Glasl (hardening, debates and polemics, actions not words, images and coalitions, loss of face, strategies of threats, limited destructive blows, fragmentation of the enemy, together into the abyss), según la versión de Thomas Jordan en "Glasl's Nine-Stage Model Of Conflict Escalation"  www.perspectus.se/tjordan/Escalationmodel.html


El vichadero

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