Uruguay: Seguridad pública, armas y proceso de escalada

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Seguridad pública, armas y proceso de escalada (1)

 

La mala nueva sociológica es que la violencia privada contra las personas, para el robo de sus propiedades, es un proceso estructural de largo plazo que probablemente no tenga solución dentro del modo de producción capitalista y muy seguramente no la tenga en la estrategia de acumulación neoliberal actualmente hegemónica. A lo sumo, se puede abrigar la esperanza de la "reducción de riesgos y daños", pero no mucho más. Y en el peor caso, asistiremos a la intensificación de un proceso de escalada en una guerra contra la delincuencia que es también una variante espontánea de la guerra de clases que todos quisieran ignorar.
ANÉCDOTA (o "Sinécdoque", o "Yo estuve en el tiroteo en Tres Cruces")
Foto de la galería de Grendelkhan
22:30 de un día previo a la Navidad de 2011 en la terminal de ómnibus de Tres Cruces (Montevideo). La gente se pone de pie de modo veloz, con movimientos que evocan la "ola" que hacen los hinchas de fútbol en los estadios. Fieles a nuestro impulso gregario y más aún a nuestro instinto de supervivencia, hacemos lo mismo, creyendo que se trataba de un incendio. Vivimos como participantes, lo que Durkheim llamaba "corriente social", una comunidad de emociones y reacciones, específicamente miedo y huída, que sobrepasa nuestra voluntad individual y nos lleva por el cauce de pasos apresurados hacia las puertas de salida. Las conciencias individuales se diluyen en una especie de conciencia colectiva del peligro, que piensa y toma decisiones en un nivel sistémico supra-individual, como querría Le Bon. Al llegar a una de las puertas, uno de los hombres que huía da dos golpes muy fuertes en la cabeza de dos mujeres que se situaban a su paso, derribándolas; despejado el camino, continúa su carrera y dejando ver un revólver negro, de mediano calibre, en su mano. Luego vemos a una "policía femenina" desesperada, sin su arma reglamentaria (el lector ya habrá adivinado a qué manos fue a parar), buscando al hombre que mencionaba recién. Los acontecimientos posteriores transcurren a lo largo de la noche: tiroteo en la terminal con un bombero, una mujer y una niña heridas por las balas del hombre -identificado y perseguido como asaltante-. Luego una huída en automóvil hacia la ciudad de la costa, con toma de rehén (la dueña del auto) y un desenlace al día siguiente, con la liberación voluntaria la rehén y el supuesto suicidio del asaltante.
El destino es un espacio de lo impredecible, y apenas podemos hipotetizar desenlaces alternativos con más o menos probabilidad de ocurrencia. Pero cabe preguntarnos: ¿acaso no hubiera sido menos violento el episodio si la policía no hubiese tenido armas? Tal vez. Como tal vez un delincuente psicopático podría generar una masacre en un escenario de desarme policial. A lo que puede contra-argumentarse que prácticamente no hay registros de intervenciones delictivas armadas que se resuelvan satisfactoriamente con la presencia de uno o dos policías armados en el lugar, y que cuando estas ocasiones se dan, el balance de fuerzas se inclina a favor del estado solamente con la llegada de grupos policiales especializados en el uso de armas. 
Puede parecer un contrasentido, y seguramente lo es en relación con el sentido común, pero como veremos en las notas siguientes, la proliferación de armas y la creciente legitimación pública de su empleo contra los delincuentes posiblemente esté actuando en contra de la seguridad de la población.

Seguridad pública, armas y proceso de escalada (2)

DELINCUENCIA COMO INSATISFACCIÓN

Imagen de www.luispita.com
La pauperización relativa y no la absoluta es una variable con más fuerza a la hora de explicar el crecimiento de la delincuencia en nuestras sociedades. En el caso uruguayo el crecimiento sostenido del PIB se ha dado sobre la base de políticas económicas de concentración de la riqueza, principalmente a través de la prevalencia de actividades productivas primarias y extractivas (ganadería y agricultura), merced a los buenos precios internacionales en la primer década de la década de 2000 hasta el presente. Esa concentración de la riqueza, que hunde su raíz en la forma en que la misma se produce, se acompañó, con el ascenso de la izquierda al gobierno, por una serie de políticas sociales focalizadas en los sectores marginalizados, cuya distancia cultural y material relativa en relación con la media de la población hacía temer por la seguridad pública. En este sentido, más allá de las intenciones honestas que pudiera tener éste o aquél gobernante o técnico de alto, medio o bajo rango, las políticas públicas de los gobiernos de izquierda progresista son hijas del neoliberalismo: compensar el daño generado por la política económica concentradora a través de acciones focalizadas en los sectores más desesperados, por debajo de la línea del hambre. Tal como surgen en EEUU de la mano de los neoconservadores (las políticas sociales focalizadas de los 1990s), hacían en un comienzo énfasis en el control social de los beneficiarios: dinero y prestaciones sociales "con contrapartida", consistente muy básicamente en la institucionalización estatal de los hijos (en la escuela pública, el ministerio del interior y los hospitales públicos) y en la participación de proyectos de empleo temporario (para integrar a la población marginal al circuito formal y sus pautas culturales). La tradición humanista y la conveniencia electoral de la izquierda impidieron que los controles fueran suficientemente duros en cuanto al cumplimiento de las contrapartidas (según cifras oficiales, sólo 1 de cada 5 beneficiarios acepta participar en los proyectos de empleo temporario). La derecha política local, más inclinada a la represión policial directa de las poblaciones empobrecidas, acusa injustamente a esa debilidad de la "mano derecha del estado" durante los gobiernos de izquierda como responsable del crecimiento de la delincuencia. Sin embargo, nuestra hipótesis es la contraria. En los hechos, esta política pública focalizada tuvo un efecto de control social positivo para el estado, no en la suspensión de la delincuencia -porque no se remitió a sus causas- pero sí en términos de la desmovilización política de los sectores marginalizados, caldo de cultivo tanto para opciones políticas de la ultra-derecha como de la ultra-izquierda. A mediados de la década del 2000, estas poblaciones, sobre todo en la capital Montevideo, se habían movilizado haciendo cortes de calle, quemas de goma y protestas en reclamo de políticas sociales inmediatas, apoyados en varios casos por grupos de la izquierda revolucionaria. Una vez que las mismas fueron implementadas, las familias de los más pobres se redujeron a su ámbito privado y dejaron las calles.
Pero pauperización relativa quiere decir por lo menos dos cosas, en este contexto: primero que no basta con subsidiar la olla de los más pobres y elevarles el ingreso cerca o mínimamente por encima de lo necesario para comprar el alimento mínimo indispensable para no ver a sus hijos sufrir la desnutrición, y permitirles acceder a servicios básicos de educación y salud, para que estén conformes. Segundo, que no son esos sectores sociales, contrariamente a lo que irradia la TV, la única cuna de la delincuencia contra la propiedad privada: por lo menos la tercera parte de la población carcelaria tenía empleo -y muchos de ellos empleo formal-  (según fuentes oficiales uruguayas en 2011) en el momento en que cometieron los delitos que los llevaron a la cárcel, y muchos de ellos no eran habitantes de cantegriles o villas miseria. 
A nuestro modo de ver, el problema radica en que la cultura hegemónica orienta a las personas hacia la satisfacción de sus necesidades a través de niveles de consumo sólo accesibles por una minoría de la población. La obtención individual de ganancias a través del trabajo y el mercado como medio de acceso a los bienes materiales, a los artefactos supuestamente diseñados para la satisfacción de esas necesidades, se revela como un camino absolutamente ineficaz para las grandes mayorías. Porque si el sistema económico está centrado en la concentración de la riqueza del lado de la oferta, es decir, vulgarmente hablando, del lado de los ricos, de los inversores, el resultado es la imagen actual: 1 de cada 3 trabajadores son informales (contratados sin aportes jubilatorios ni derechos laborales), y 7 de cada 10 trabajadores tienen un salario mensual insuficiente para el pago del alquiler de su casa. Y la vida es ahora, sobre todo para los jóvenes que pueblan las cárceles. Justamente son esas poblaciones marginadas y proletarizadas pobres, las que tienen una performance educativa más baja y las más vulnerables a los mensajes consumistas de los medios masivos de comunicación. Entonces, la pauperización relativa genera insatisfacción de los deseos de consumo generados por el mercado y los medios de comunicación. A esto se suma que el diseño publicitario del deso se articula en torno a la generación de una insatisfacción permanente, por lo cual el acceso a las zapatillas de U$S 200, o al teléfono celular de U$S 500, generan en sí un vacío libidinal (porque sencillamente no satisfacen las necesidades de comunicación ni aceptación social que prometen, ni generan un sentido existencial ni una identidad personal suficiente para sostener a los consumidores, que en realidad se consumen en ese acto) cuyo fondo actúa como resorte que impulsa a nuevos actos delictivos para acceder a otras mercancías o versiones mejoradas de las mismas, en una carrera sin fin. Se trata de pseudo-satisfactores, diría Max-Neef. A esto se suma que el acceso tramposo al consumo de esas mercancías (que convierte en "giles" y "buchones" a los que se desloman trabajando para comprarlas) genera una diferenciación identitaria, una identificación con la cultura carcelaria y una consiguiente construcción de subcultura delictiva, con sus propias expresiones léxicas, musicales, estéticas, que funciona como nucleamiento y estímulo para los nuevos delincuentes.

Seguridad pública, armas y proceso de escalada (3)

VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y GUERRA DE CLASES
Foto de Rodoluca
Con frecuencia encontramos funcionarios estatales de nivel medio y medio-alto, pertenecientes a la izquierda gobernante, que honestamente expresan su desazón por el crecimiento de la delincuencia contra la propiedad privada. La hipótesis de la "sensación de inseguridad" o "sensación térmica", para referirse a la inflación de la percepción ciudadana de la peligrosidad y del aumento del número de delitos, en relación con las cifras reales, a causa de la sobre-exposición de los mismos en los medios masivos de difusión, mayormente controlados por grupos económicos de raigambre derechista, si bien tiene un grado importante de certidumbre (es decir, la generación del terror a la delincuencia es una acción política y markética innegable) ha ido perdiendo vigencia en la medida que los números que maneja el estado han ido incrementándose también. Incluso el intento gubernamental de controlar políticamente las oficinas y los procedimientos que generan las cifras oficiales de delitos es una confirmación de aquel dato. Aquellos funcionarios parten de la noción de la delincuencia como resultado de la pobreza en el sentido de pauperización absoluta y suponen, desacertadamente, que superado que hayan las familias los niveles mínimos de ingreso para situarse por encima de la "línea de la pobreza", pudiendo satisfacer apenas sus necesidades nutricionales, sumado al apoyo de las políticas públicas focalizadas en la solución de sus problemas de vivienda y acceso a los servicios públicos de salud y educación, la delictividad se desplomaría. Pero como afirmamos antes, la delincuencia contra la propiedad privada resulta de un tipo de exlusión distinto: la pauperización o deprivación relativa. Cuando las personas alcanzan el mínimo para su sustento biológico pero ven lejana la posibilidad de acceder a los bienes materiales que la cultura de su sociedad les impone como condición para la auto-aceptación y la aceptación de sus pares, la posibilidad de obtener esos bienes por vías ilegales se hace presente. Por ello decíamos antes que de ningún modo es correcto estigmatizar a los sectores marginales y a los más pobres en general por el incremento de hurtos y rapiñas, sino que son también las clases de trabajadores (formales incluso) pobres las que funcionan como entorno para la aparición de ese tipo de delitos.
Son también esas clases sociales integradas por familias no proletarizadas y familias proletarizadas pobres, las principales víctimas de la delincuencia contra la propiedad. Dicha actividad económica se guía también por un principio económico: maximización de ganancias con menor esfuerzo. Si bien las familias pobres tienen menos bienes materiales pasibles de robo, la escasez material también implica poca seguridad de sus casas y en general de su barrio. A su vez, la convivencia en éstos con los delincuentes les infunde suficiente temor como para no señalarlos públicamente, lo cual cierra el círculo de ganancias de los mismos. Si bien en las manifestaciones "contra la inseguridad", que reducen el concepto a la seguridad personal y de las propiedades contra el asalto y el latrocinio (dejando de lado todas las otras necesidades humanas), se destacan por su capacidad de organización y movilización las personas de las clases medias altas y altas, es importante tener en cuenta que los pedidos de "mano dura" contra la delincuencia y los discursos contrarios a los Derechos Humanos -que en Uruguay tienen un peso extraordinario, lo que explica, entre otras cosas, el largo tiempo de apoyo a la impunidad para los delitos de lesa humanidad la última dictadura cívico-militar contra los opositores políticos- están lejos de circunscribirse a una elite afortunada económicamente y temerosa de los pobres, como puede creerse: es en las clases más pobres donde también se ambienta el apoyo al autoritarismo estatal, a las soluciones estrictamente policiales, que históricamente ha sido capitalizado por la derecha más radical.
Cuando decimos "guerra de clases" aludimos evidentemente al concepto marxista, que las tradiciones castellanas mencionan como "lucha de clases". Sin embargo, como no nos interesa ser fiel a ninguna doxa, lo interpretamos en un sentido amplio. Marx veía acertadamente que la delincuencia, en términos económicos, era una lucha por la redistribución de la plusvalía, es decir, del valor generado por el trabajo en la producción de mercancías, valor que es apropiado legalmente por los dueños (y hoy día gestores, accionistas, etc.) de los medios de producción, y a través de la delincuencia, reapropiado por proletarios y desempleados. "Guerra de clases" o "lucha de clases" es una noción que se utiliza más estrictamente para referirse a acciones organizadas por militantes de cada clase social, conscientes de su pertenencia a tal o cual clase, y de los intereses de la misma. En una interpretación más amplia, podríamos ver a la delincuencia contra la propiedad privada también como una forma de la guerra de clases, solo que desorganizada, frecuentemente individualista, sin conciencia del sentido político de su acción, sin un horizonte utópico más allá de la heladera llena. Así entra en esta noción una forma de delincuencia que le hace tanto o más daño a una sociedad: la "delincuencia de cuello blanco", cometida por personas acaudaladas, vinculadas generalmente a las operaciones fraudulentas en el sistema financiero, cuyos delitos suelen ser enmarcados en un código penalmente benigno y cuyas consecuencias suelen ser el endeudamiento del estatal.
Tanto la delincuencia contra la propiedad privada por parte de los pobres como por parte de los ricos traen consecuencias muy negativas para la convivencia social, pero ambas son de algún modo reapropiadas por diversos actores políticos, para hacerlas funcionales al sistema político y al sistema social en su conjunto. No se trata tanto de la voluntad individual sino la generación de flujos, de opciones funcionales que pueden ser visualizadas por los actores y ocupadas por ellos en la medida que son favorables al desempeño de sus roles. En el caso de la delincuencia de cuello blanco, la denuncia de la misma fue claramente capitalizada por la izquierda política para llegar al gobierno, pero eventualmente puede serlo por la derecha, siempre que se logre generar un candidato y un programa "contra la corrupción" creíble, que personalice los delitos (en personas o grupos capitalistas estigmatizables) pero que no cuestione radicalmente el funcionamiento del sistema financiero ni del capitalismo en general, aunque eventualmente proponga medidas más o menos efectivas para el control del juego de capitales. El sostén financiero de los partidos políticos gracias a los aportes empresariales, y la tendencia creciente a solicitar apoyo directo a los grandes empresarios para la realización de políticas públicas, hacen pensar que nuestra hipótesis respecto a que las campañas contra la corrupción de empresarios y gobernantes no pasará de algún que otro cambio cosmético, por una necesidad funcional precisamente de los partidos y de los gobiernos. 
En el caso de la delincuencia de los pobres contra la propiedad privada, el discurso público humanista que pudo apreciarse en parte de la primera administración de izquierda en Uruguay (2004-2009) no logra sostenerse demasiado tiempo en la medida que parte de una hipótesis falsa: la de la relación directa entre pobreza absoluta y delincuencia. Encima si la financiación de políticas públicas focalizadas en los sectores más pobres se hace sobre la base de un incremento dramático de las cargas impositivas sobre los sectores asalariados, como es el caso uruguayo, el discurso y sobre todo la práctica anti-delictiva "con la mano izquierda el estado" tuvo pocas posibilidades. El segundo gobierno de izquierda prueba en este momento trabajar, siguiendo la misma metáfora de Bourdieu, con las dos manos, la izquierda (políticas de apoyo a los pobres) y la derecha (represión policial a los pobres), pero los resultados también son exiguos. El tercer gobierno de la izquierda tendrá que apoyarse mucho más en la acción represiva, generando una (costosa e inefectiva materialmente, aunque efectiva simbólica y políticamente) intensa presencia policial en las calles de las principales ciudades, y pagará un costo alto en pérdida de los votantes típicos de la izquierda: clases medias y medias bajas con alto nivel educativo, que son justamente los generadores de opinión que favorecieron el crecimiento de la izquierda cuando ésta no tenía acceso a los medios masivos de comunicación, que solían colocarlos a la misma altura moral que los delincuentes. Se abrirá entonces la posibilidad del retorno de la derecha política y su tradicional mano dura contra la delincuencia.
Pero más allá de los casi anecdóticos avatares de la política partidaria, es notable que la delincuencia de los pobres cumple con una función de integración moral y aceptación del statu quo. Es decir, es completamente funcional, dentro de ciertos límites, al funcionamiento del sistema capitalista en términos simbólicos -sin obviar que en términos económicos también genera un mercado informal de mercancías robadas y drogas, altamente lucrativo, que cuenta con inversores de clases altas-. Parafraseando a Foucault y su oposición a la instalación de tribunales revolucionarios, diríamos que el terror político que generan los medios de comunicación, y el que generan los hechos delictivos en sí -nótese que la principal preocupación de los gestores de la seguridad pública es abatir el número de rapiñas, por su alto impacto psicológico en la población-, sumado a la implantación de un discurso simplista según el cual el delito se combate exclusivamente con políticas represivas, desligando la génesis del delito de toda explicación sociológica, genera una neutralización de la guerra de clases, de tal modo que ésta, en lugar de orientarse "hacia arriba", apunta hacia abajo y hacia los costados. Fuera de la metáfora espacial: el discurso de la inseguridad genera un terror político que divide a las clases populares en proletarizados y no proletarizados y los hace combatir entre sí. Se guardan así las condiciones de vida de los dueños de los medios de producción y se relegitima el orden actual de las cosas. 
La delincuencia contra la propiedad privada, tanto la de cuello blanco como la de los pobres, está enraizada en una posición estructural en el sistema social: la pertenencia a clases sociales específicas, que se generan por el modo en que se produce la riqueza. Si bien en última instancia siempre encontraremos a una persona con sus opciones morales propias, las mismas están determinadas por condicionantes materiales que las limitan y pesan en la decisión. Las políticas de "redistribución de la riqueza" no pasan de un slogan para la manipulación política de los pobres o de un error conceptual muy bien intencionado -según quién las enuncie y practique- pero en la medida que no logran afectar la estructura de las clases sociales, porque no logran modificar el modo de producción de la riqueza (propiedad, gestión, sistemas de trabajo, sentido de la producción, etc.) no son efectivas ni en la disminución real de la pobreza ni de la delincuencia. Y en cualquier caso, su efectividad es aún menor cuando no sólo permanece incambiado el modo de producción, sino que la estrategia de acumulación del capital es el neoliberalismo.

El vichadero

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