Uruguay: Sigue sobrando una ley

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

 

Por un plan de lucha por la anulación de la ley de impunidad

 

Año XXVI - N° 325 - 30 de Junio de 2011

 

30924 1420382838663 1505442787 1065154 303562 nLuego de la multitudinaria marcha del 20 de Mayo, el hecho más llamativo es que mientras proliferan los debates entre juristas y abogados, sobre “cómo cumplir el fallo de la Corte Interamericana” que cuestiona la ley de caducidad, la movilización popular brilla por su ausencia.

Luego del repudio generado en amplios sectores de las bases del Frente Amplio a la política del ‘triunvirato’ de Mujica-Astori-Vázquez, de mantenimiento de la ley de impunidad, los partidos que habían promovido el ‘proyecto interpretativo’ –en lugar de impulsar una gran campaña por la anulación– se pasaron al bando contrario.

Ahora proclaman la necesidad de que el gobierno anule los actos administrativos que condujeron al archivo de unas 80 causas, que se ‘derogue’ la ley de caducidad (no su anulación) y que se instrumente alguna vía –legislativa o judicial– para evitar la prescripción de los delitos, que podría ocurrir en noviembre.

 

Por un plan de lucha

Centrar la atención en los “caminos jurídicos alternativos”, en las negociaciones en la dirección del FA, y en los recursos de los abogados, conduce a las organizaciones populares a una completa parálisis.

Es necesario convocar una deliberación para aprobar un plan de acción, manteniendo la exigencia de la anulación lisa y llana de la ley de caducidad.

Proponemos a la Plenaria Memoria y Justicia, al Frente por Verdad y Justicia, a Hijos, y a todos los organismos que luchan por el juicio y castigo, que se convoque un Congreso de lucha contra la Impunidad para debatir y aprobar una campaña y un plan de lucha, basado en la movilización popular, independiente del gobierno.

Por cárcel común a todos los asesinos y torturadores.

Anulación de la ley de impunidad.

 

¿ANULAR O DEROGAR?

El PCU se pasó al programa de Mujica y Semproni?

Tanto las declaraciones de Juan Castillo a Brecha (27/5), como el editorial de El Popular (3/6), revelan el abandono de la reivindicación de la ley de impunidad.

Castillo deja muy clara su postura cuando reconoce que “parece que la gente quiere desligarse de este tema. Nosotros también. La única forma de terminar con esto es que se busque el mecanismo para que esta ley desaparezca y la justicia actúe”.

El dirigente del PCU y coordinador del PIT-CNT apoya a continuación “que el Parlamento derogue la ley y que, paralelamente, el Poder Ejecutivo proceda a revocar los actos administrativos de los gobiernos colorados que impidieron investigar unas 80 causas”.

¡Esta era la posición de Mujica y Astori, que dieron en llamar la “doctrina Risso”1, y que fue rechazada por el propio Plenario del Frente Amplio hace poco más de un mes!

La política del PCU (editorial del 3/6) pasó a ser el impulso a “una ley podría (para) consagrar este régimen de excepción de la prescripción o lisa y llanamente declararlos delitos de lesa humanidad o imprescriptibles”; que el “Poder Ejecutivo (revoque) todos los actos administrativos que ampararon casos en la Ley de Caducidad” y la “conformación de una Comisión de la Verdad, con amplias potestades y con una integración que refleje a la mayor cantidad posible de sectores sociales, religiosos y políticos”.

En lugar de tomar nota que el gobierno y la dirección del Frente Amplio están por el mantenimiento de la impunidad, y convocar a la movilización, la dirección del PCU vuelve a insistir en acuerdos con Mujica y en tratativas en la cúpula de la coalición centroizquierdista.

Por este camino se fue al gigantesco fracaso del proyecto interpretativo, y se va camino a tropezar nuevamente con la misma piedra.

Ya el editorial de El Popular del 13/5 mostraba que para el PCU la unidad del FA estaba por encima de la cuestión de la impunidad: “ (…) solo cabe recordar una definición que Rodney Arismendi siempre recomendó y aplicó: ‘El límite del debate ideológico en la izquierda es la unidad”.

La dirección del PCU mutila y hasta tergiversa la frase de R. Arismendi, que no se refería al debate político y sobre el programa, sino al debate “ideológico”.

La cita completa plantea que el conjunto de los militantes de izquierda “(...) formamos organizaciones con filosofías diversas; unos vamos hasta el socialismo, otros no. Unos nos inspiramos en el marxismo-leninismo, otros son revolucionarios antiimperialistas avanzados. Otros tienen determinados matices en cuanto a su concepción de la revolución, y de los cambios y de las salidas para el país. Pero estamos unidos en torno a una cuestión esencial; y por esa cuestión esencial debemos unir al pueblo y lanzarlo al combate y los límites de la lucha ideológica están condicionados a los limites de la unidad”.

Es decir, la política frentepopulista de alianza con la burguesía pretendía ser justificada en el “combate” por el programa (la “cuestión esencial” en torno a la cual se concretaba la unidad).

Para Rodney Arismendi las diferencias “ideológicas” eran irrelevantes para la etapa actual, porque partía precisamente de una concepción ‘etapista’, antes de plantearse la cuestión del socialismo la clase obrera debía aliarse a la burguesía “nacional” para cumplir un programa “democrático-burgués”.

La dirección del PCU le ha dado una vuelta de tuerca incluso más frentepopulista a la frase de Arismendi: la unidad está incluso por encima de la defensa del programa (no ya del debate ideológico entre distintas corrientes de izquierda sobre la “concepción de la revolución” o sobre el socialismo). El planteo de El Popular indica que el PCU está dispuesto a morir abrazado al gobierno, como consecuencia de su incapacidad de abandonar el frentepopulismo, la política de alianza con la burguesía supuestamente “progresista”.

Por este camino está condenado a repetir el camino del “Partido de la Refundación Comunista” de Italia, que se pulverizó por su integración al gobierno centroizquierdista de Prodi.

 

R. F.

1 Por la posición del Dr. Martín Risso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

 

La “inconstancia” de Constanza

Rafael Fernández

 

El gobierno aprobó –a pedido de la organización ‘HIJOS’– la anulación de los actos administrativos de los gobiernos colorados y blanco, que habían amparado algunas causas judiciales en la “ley de caducidad”.

Se trata de unas 88 causas. Desde el punto de vista jurídico ya se ha instalado la discusión sobre qué efecto tiene esta resolución del gobierno, desde quienes afirman que es ilegal o inconstitucional (en particular, los defensores de los represores) a quienes aseguran que permitiría reabrir dichas causas y enjuiciar a los genocidas.

Por otra parte, la sentencia de la Suprema Corte declarando que los crímenes cometidos por los milicos no son de “lesa humanidad” –y por lo tanto podrían prescribir en noviembre– le viene como anillo al dedo a la estrategia de Mujica de “unidad nacional” y pacto con los mandos militares.

Por esta vía, la anulación de los actos administrativos de los anteriores gobiernos puede tener escaso o nulo efecto. En este contexto, algunos juristas e incluso algunos partidos del Frente Amplio (como el PCU) centran la atención en la cuestión de la prescripción, planteando que el parlamento apruebe alguna ley sobre el tema.

Cabe recordar que el llamado ‘proyecto interpretativo’ incluía un artículo que dejaba en suspenso las prescripciones durante todo el período en que había estado vigente la ley de caducidad.

Ese artículo fue probablemente la principal razón por la cual Mujica no quería esa ley –cuyos efectos en otros sentidos eran dudosos, porque incluso podían ser considerados inconstitucionales por la justicia. En una reciente charla organizada por el PS, la senadora del MPP y politóloga Constanza Moreira descartó impulsar una ley que establezca la no prescripción de los crímenes de la dictadura: “Francamente no veo que el Poder Legislativo pueda tener aliento, energía y capacidad para transitar por una iniciativa del propio Poder Legislativo otra vez” (El País, 30/11).

Para Moreira, esto “solo será posible” “si viene del Poder Ejecutivo”. Para la senadora, “si el Poder Ejecutivo lo manda, otro será el posicionamiento de la bancada parlamentaria frenteamplista”. La senadora del MPP había sido muy crítica con Mujica y Astori, y hasta había declarado que “estaba en juego la unidad” del Frente Amplio por la negativa a votar el proyecto interpretativo. Ahora capitula ante Mujica y tira la toalla. Mónica Xavier (PS) tuvo una postura similar, “La mejor solución será aquella que obtenga el mayor consenso político. No queremos volver a fracasar” (ídem). Constanza intenta esconder su capitulación, con un argumento ‘politológico’: el parlamento sería un poder subordinado al Poder Ejecutivo en el régimen político actual. Moreira afirma que “la famosa autonomía de poderes no coloca a los tres poderes en situación de igualdad”, sino que el Poder Ejecutivo “es el que manda”.

No cabe dudas que a la bancada del MPP la “manda” el gobierno, y eso incluye a la senadora Moreira, que también señala que “El Poder Judicial es un poder político (…) y no una suerte de poder autónomo. Tenemos una Justicia relativamente subordinada”. Si esto es así, entonces el fallo de la Suprema Corte declarando que los delitos prescriben… se corresponden con la política de Mujica!

La senadora ‘crítica’ se ha disciplinado al mandato del que ‘manda’. Que no es Mujica, sino el capital financiero internacional. Mujica es apenas el peón de turno.

Constanza Moreira señala que el FA sólo actuaría unido si el proyecto lo envía el presidente, ni se le pasa por la cabeza convocar a la movilización popular para enterrar la impunidad.

 

Tomado de

Tribuna de los trabajadores

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